La lucha de las mujeres rurales para acceder a créditos

“No hace mucho una señora en Boyacá me contó que llevaba casi 13 años sin salir de su finca porque no tenía a qué, mientras que en su casa tenía mucho trabajo entre cuidar al marido, criar a los hijos y ver por el cultivo”, dice Nelly Velandia, una lideresa campesina de este departamento que lleva 30 años buscando el reconocimiento del trabajo y los derechos de las mujeres rurales en Colombia.

Nelly ha tenido que ir hasta la casa de mujeres ya adultas para pedirles permiso a sus padres o esposos para que las dejen participar en talleres o a ser parte de organizaciones. También les ha dicho a muchas de ellas que no es cierto que no trabajan porque “solo se dedican al cuidado del hogar”.

Ella y las más de seis mil integrantes de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas (Anmucic) son parte de los 5,8 millones de mujeres que de acuerdo con el DANE viven y trabajan en el campo en Colombia, es decir, el 48,1 % de la población rural.

Esta Asociación ha reclamado porque las mujeres rurales son la población más afectada por la pobreza, la de menor acceso a empleo formal y a la que le han asignado históricamente todas las tareas no remuneradas del cuidado y del hogar.

(Le puede interesar: “Sin la participación de nosotras, la democracia no va”: mujeres del Cauca)

Según el último informe del DANE sobre la situación de las mujeres rurales en el país, en 2020 casi cuatro de cada diez mujeres se encontraban en situación de pobreza multidimensional, un índice que no solo mide los ingresos económicos, sino el acceso a servicios básicos. Esta cifra es bastante mayor que la de las mujeres urbanas, con una diferencia de 24,7 puntos porcentuales.

También tiene otras cifras que demuestran la brecha entre hombres y mujeres en el campo: en 2020, la tasa de ocupación laboral de las mujeres fue del 29,2 %, mientras que la de los hombres fue del 68,8 %. Es decir, que solo tres de cada diez mujeres rurales en edad de trabajar tienen un empleo frente a siete de cada 10 hombres. Esta es la cifra más baja registrada en los últimos 10 años. A esto se suma que en los primeros cuatro meses de 2021 aumentó el número de mujeres en actividades de trabajo no remunerado, cifra que alcanzó el 92,9 %.

Para la profesora Norma Villarreal, doctora en sociología y una de las abanderadas de los estudios sobre mujeres rurales en Colombia, los mayores obstáculos para esta población son de carácter estructural y están relacionados con la división sexual del trabajo.

“Se sigue considerando que los hombres están destinados al trabajo productivo, que es el que representa un ingreso económico, y que a las mujeres se les debe asignar el trabajo reproductivo: reproducen la vida, las condiciones básicas como comida, salud y crianza, y todo lo necesario para que los hijos se desarrollen como una fuerza de trabajo para la familia y la sociedad”, explica.

Por estos estereotipos de género no se considera que las mujeres requieran tierra o tengan acceso a créditos para trabajarla. Esos imaginarios, según explica Villarreal, inevitablemente han permeado el funcionamiento del Estado. “Si bien antes las leyes no decían concretamente ‘no hay tierra para mujeres’, no las contemplaban como posibles adjudicatarias hasta 1988 con la Ley 30, con la que asociaciones de mujeres como Anmucic presionaron para que las mayores de 16 años, jefas de hogar, tuvieran derecho a la tierra o que la formalización fuera para la pareja y no solo para el varón”.

Sin embargo, añade, los prejuicios siguen generando que los funcionarios no cumplan las normativas o que estas se detengan “porque las políticas suelen estar sujetas a los cambios gubernamentales”.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en 2017, fueron formalizados 5.419 predios a hombres y solo 3.102 a mujeres. Durante el gobierno de Iván Duque, según cifras del Ministerio de Agricultura, el panorama mejoró porque 15.248 familias con jefatura femenina fueron beneficiarias de la formalización de tierras (56,3 % del total), pero según la ANT, en este período han sido formalizadas 75.339 hectáreas para ellas, un 43 % del total de área formalizada. Esto quiere decir que hay más mujeres beneficiarias, pero se les asigna menos tierra que a los hombres.

Tener la tierra, además, no significa tomar las decisiones sobre esta. El DANE encontró que en el 69,8 % de las Unidades de Producción Agropecuaria del país las decisiones sobre la tierra son tomadas solo por hombres.

Ese río de barreras estructurales ha desembocado en que las mujeres tampoco tengan acceso a servicios financieros, entre ellos los créditos. De las 13.973 Unidades de Producción Agropecuaria que recibieron un crédito financiero, el 26,5 % fue otorgado a una mujer y el 73, 5 % a un hombre, de acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria.

Educación financiera

Luz Elena Reyes nació y se crió en la vereda Tranquilandia, de Aracataca (Madgalena), pero como consecuencia del conflicto vivió la mitad de su vida fuera del campo. Ella y su familia salieron desplazados en 2000 por el actuar de las Autodefensas Unidas de Colombia y retornaron 19 años después cuando les restituyeron la tierra porque, dice, “el campo te da lo que el pueblo te quita”.

Luz Elena sostiene que una de las mayores dificultades que ha vivido es acceder a un crédito. “Uno puede tener la voluntad de pagar, pero a veces ponen tanto obstáculo para sacar el préstamo que uno se desanima. Parece que hay muchas entidades todavía que piensan que porque uno es mujer le va a quedar grande la responsabilidad”, añade.

Para Catalina Jiménez, directora del proyecto de empoderamiento para mujeres y jóvenes rurales Profem, hay tres aspectos que se deben tener en cuenta para resolver este problema en Colombia. El primero es la falta de educación financiera para mujeres rurales; segundo, la poca oferta de créditos para esta población que no tiene propiedades que respalden su capacidad de pago, y tercero, la falta de garantías para los bancos de que estas mujeres van a poder pagar.

Profem es una iniciativa de Desarrollo Internacional Desjardins (DID), una organización del banco cooperativo canadiense del mismo nombre, que promueve el acceso a servicios financieros para poblaciones desfavorecidas en países en desarrollo. El Gobierno de Canadá aporta recursos económicos para la asistencia técnica en este programa que busca contribuir a la solución de las tres barreras planteadas por Jiménez.

Para iniciar crearon el taller Mis Finanzas Cuentan, en alianza con el Ministerio de Agricultura, para que más de mil mujeres al mes aprendan herramientas básicas para determinar cuánta plata tienen, cómo deben gastarla y cómo pueden ahorrar.

“La diferencia entre hombres y mujeres es que los hombres tienen más acceso a programas de formación, pero se ha comprobado que las mujeres somos mejores manejando las finanzas y el 65 % de las decisiones de compra en los hogares las toman las mujeres. Para resolver ese vacío, creamos una plataforma virtual que fuera accesible desde las zonas más apartadas del país”, señala Jiménez.

El mexicano Gerardo Almaguer, presidente y gerente general del DID, dice que este aporte es fundamental porque es igual o más importante el acceso a la información sobre cómo administrar los recursos que los recursos mismos:

“Las comunidades rurales requieren un acompañamiento integral. No solo es asegurarnos de que puedan adquirir unos recursos, sino de que tengan habilidades para hacer un buen manejo de estos. Si no los acompañamos con las herramientas para una toma de decisiones adecuada, corremos el riesgo de hacerles un daño más que un beneficio”.

Con las capacitaciones desarrolladas desde abril de este año se han beneficiado a 5.518 mujeres rurales, de las cuales 2.434 ya se han graduado. También tienen una alianza con la Compañía Nacional de Chocolates para educar a asociaciones cacaoteras en el manejo de sus finanzas.

Además, cada mes desarrollan dos programas de manera presencial que han beneficiado a municipios priorizados por el Acuerdo de Paz en Magdalena, Boyacá, Meta, Sucre y Cundinamarca.

El valor del trabajo femenino

Diana Nier contesta el teléfono desde Fundación (Magdalena) y pide que le hagamos las preguntas mientras ella va adelantando “sus cosas”. De fondo se oye el choque de platos y ollas. Es santandereana de nacimiento, pero se crió en zona rural de Curumaní (Cesar), porque a su papá le salió trabajo para cuidar una finca allá, y desde esa época se quedó en la costa. Ella es una de las beneficiarias.

En sus palabras, la capacitación fue maravillosa: “Por un lado, aprendí muchas cosas para llevar las cuentas de la alimentación del hogar, pero también es muy útil en los negocios, para llevar las cuentas con una unidad productiva que tengo con tilapia y mojarra, y con las ventas por catálogo que hago en Fundación”.

Por las dificultades de conectividad, Diana y su grupo del taller se reunían en la biblioteca para terminar el apartado virtual. “Las herramientas que nos daban eran guías para llevar los gastos, los costos y el ahorro, y todo eso de manera ordenada. Nos dieron unos formatos donde uno lleva todas esas cuentas, son unos cartoncitos. Mi hijo me hizo una planilla igual en el computador y yo la voy llenando cada mes”, añade.

Una de las enseñanzas que más le generó impacto fue el valor económico que tiene su trabajo en el hogar. “Nos enseñaron que todo se debe incluir. Con eso aprendí que está mal decir ‘yo no hago nada, yo no trabajo’, porque cada cosita que uno haga en la casa es un trabajo que vale. Yo lo socialicé aquí en la casa para que el esposo y los hijos supieran eso, lo valoraran y colaboraran a pesar de que son varones y no niñas”, explica.

Luz Elena también participó. Y le pareció tan buena idea que inscribió a su hermana, a su mamá y a dos tías. “Es que uno tiene muchos proyectos, pero a veces desconoce mucho sobre las finanzas. Ya con esto si uno es organizado, se da cuenta en qué se gana una plata. Antes uno no sabía cómo se la gastaba”. Con el taller aprendió a llevar las cuentas ordenadas en una libreta y entendió que no debe gastar más de lo que gana para procurar guardar un ahorro.

También se dio cuenta de que las dificultades de acceso a créditos no solo las había vivido ella. Por eso el programa Profem le apostó a resolver el problema de acceso de las mujeres rurales a estos servicios financieros incidiendo desde los bancos.

“Si uno les pregunta cómo está su cartera dicen que está 50 % hombres, 50 % mujeres, pero a las mujeres les dan créditos de menor monto y de corto plazo”, explica Catalina Jiménez. “Entonces estamos trabajando con los bancos para que entiendan esta clientela, para que tengan productos para ellas”. Un ejemplo es el programa Cuentas Sin Cuento, que están desarrollando con la Fundación Bancolombia en Tolima, Cauca, Risaralda y Boyacá.

(También puede ver: Los autorretratos de la memoria de las mujeres desplazadas del Cauca)

Además de todo esto, el DID destinó 2 millones de dólares para brindarles a los bancos las garantías al momento de prestarles dinero a quienes no cumplen los requisitos normales. “Como es un requisito por ley tener garantías y muchas de las mujeres no cuentan con propiedades que las respalden, nosotros les asignamos un cupo a los bancos y así queremos demostrar que las mujeres y jóvenes rurales pueden cumplir con los créditos”, explica Jiménez.

Para Gerardo Almaguer, este tipo de iniciativas contribuyen a resolver la deuda histórica que el mundo tiene con las mujeres rurales. “Estamos perdiendo una gran oportunidad como países al no crear las condiciones para permitir el desarrollo del 100 % de la capacidad de las mujeres rurales. Nosotros hemos constatado que los flujos aportados por las mujeres son los que permiten sostener el día a día de la familia. Mientras que las cosechas se demoran de cuatro a seis meses para que el señor pueda obtener ingresos, es la mujer la que mantiene el día a día de la familia”, asegura.

Para la profesora Villarreal, este tipo de capacitaciones pueden representar empoderamiento y autonomía para la mujer: “La pobreza en las mujeres tiene que ver con la falta de acceso a la tierra y medios productivos, por lo que se ha dado un cuello de botella: no tienen acceso a instrumentos financieros porque no tienen garantías de pago y hay barreras de carácter institucional”. Si todos estos límites se rompen, coinciden ella y Almaguer, se beneficia el hogar y la sociedad.

Pese a las iniciativas de cambio, tanto Almaguer, como Nelly, Norma, Luz Elena y Diana coinciden en que las causas de los problemas de las mujeres rurales son estructurales y una transformación real va a tomar tiempo. Para Nelly, son varias las batallas que se deben dar. “Empieza por uno. A mí me pusieron a escoger o la organización o la casa, y elegí la organización y me tocó irme de la casa. Fue duro, pero lo asumí, sin un peso y con el trasteo fiado”, recuerda.

Es difícil, dice, pero cree que eso es parte de la lucha contra el machismo. Cuenta que en la asociación muchas de las mujeres han decidido separarse cuando los esposos se oponen a su defensa de los derechos. “Por eso nos han señalado de ‘abandona maridos’, brujas y hasta vagabundas”.

La otra batalla es por la implementación por parte del Estado de las leyes y los pactos logrados: “Es muy lamentable que nosotras trabajando tanto tiempo, tanta lucha, tanta insistencia y que no haya respuestas. Vamos para 20 años de la Ley de las Mujeres Rurales, que nos la luchamos muchísimo y que parecía una luz en el camino, pero a hoy no hay nada”, dice.

“No hace mucho una señora en Boyacá me contó que llevaba casi 13 años sin salir de su finca porque no tenía a qué, mientras que en su casa tenía mucho trabajo entre cuidar al marido, criar a los hijos y ver por el cultivo”, dice Nelly Velandia, una lideresa campesina de este departamento que lleva 30 años buscando el reconocimiento del trabajo y los derechos de las mujeres rurales en Colombia.

Nelly ha tenido que ir hasta la casa de mujeres ya adultas para pedirles permiso a sus padres o esposos para que las dejen participar en talleres o a ser parte de organizaciones. También les ha dicho a muchas de ellas que no es cierto que no trabajan porque “solo se dedican al cuidado del hogar”.

Ella y las más de seis mil integrantes de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas (Anmucic) son parte de los 5,8 millones de mujeres que de acuerdo con el DANE viven y trabajan en el campo en Colombia, es decir, el 48,1 % de la población rural.

Esta Asociación ha reclamado porque las mujeres rurales son la población más afectada por la pobreza, la de menor acceso a empleo formal y a la que le han asignado históricamente todas las tareas no remuneradas del cuidado y del hogar.

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Según el último informe del DANE sobre la situación de las mujeres rurales en el país, en 2020 casi cuatro de cada diez mujeres se encontraban en situación de pobreza multidimensional, un índice que no solo mide los ingresos económicos, sino el acceso a servicios básicos. Esta cifra es bastante mayor que la de las mujeres urbanas, con una diferencia de 24,7 puntos porcentuales.

También tiene otras cifras que demuestran la brecha entre hombres y mujeres en el campo: en 2020, la tasa de ocupación laboral de las mujeres fue del 29,2 %, mientras que la de los hombres fue del 68,8 %. Es decir, que solo tres de cada diez mujeres rurales en edad de trabajar tienen un empleo frente a siete de cada 10 hombres. Esta es la cifra más baja registrada en los últimos 10 años. A esto se suma que en los primeros cuatro meses de 2021 aumentó el número de mujeres en actividades de trabajo no remunerado, cifra que alcanzó el 92,9 %.

Para la profesora Norma Villarreal, doctora en sociología y una de las abanderadas de los estudios sobre mujeres rurales en Colombia, los mayores obstáculos para esta población son de carácter estructural y están relacionados con la división sexual del trabajo.

“Se sigue considerando que los hombres están destinados al trabajo productivo, que es el que representa un ingreso económico, y que a las mujeres se les debe asignar el trabajo reproductivo: reproducen la vida, las condiciones básicas como comida, salud y crianza, y todo lo necesario para que los hijos se desarrollen como una fuerza de trabajo para la familia y la sociedad”, explica.

Por estos estereotipos de género no se considera que las mujeres requieran tierra o tengan acceso a créditos para trabajarla. Esos imaginarios, según explica Villarreal, inevitablemente han permeado el funcionamiento del Estado. “Si bien antes las leyes no decían concretamente ‘no hay tierra para mujeres’, no las contemplaban como posibles adjudicatarias hasta 1988 con la Ley 30, con la que asociaciones de mujeres como Anmucic presionaron para que las mayores de 16 años, jefas de hogar, tuvieran derecho a la tierra o que la formalización fuera para la pareja y no solo para el varón”.

Sin embargo, añade, los prejuicios siguen generando que los funcionarios no cumplan las normativas o que estas se detengan “porque las políticas suelen estar sujetas a los cambios gubernamentales”.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en 2017, fueron formalizados 5.419 predios a hombres y solo 3.102 a mujeres. Durante el gobierno de Iván Duque, según cifras del Ministerio de Agricultura, el panorama mejoró porque 15.248 familias con jefatura femenina fueron beneficiarias de la formalización de tierras (56,3 % del total), pero según la ANT, en este período han sido formalizadas 75.339 hectáreas para ellas, un 43 % del total de área formalizada. Esto quiere decir que hay más mujeres beneficiarias, pero se les asigna menos tierra que a los hombres.

Tener la tierra, además, no significa tomar las decisiones sobre esta. El DANE encontró que en el 69,8 % de las Unidades de Producción Agropecuaria del país las decisiones sobre la tierra son tomadas solo por hombres.

Ese río de barreras estructurales ha desembocado en que las mujeres tampoco tengan acceso a servicios financieros, entre ellos los créditos. De las 13.973 Unidades de Producción Agropecuaria que recibieron un crédito financiero, el 26,5 % fue otorgado a una mujer y el 73, 5 % a un hombre, de acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria.

Educación financiera

Luz Elena Reyes nació y se crió en la vereda Tranquilandia, de Aracataca (Madgalena), pero como consecuencia del conflicto vivió la mitad de su vida fuera del campo. Ella y su familia salieron desplazados en 2000 por el actuar de las Autodefensas Unidas de Colombia y retornaron 19 años después cuando les restituyeron la tierra porque, dice, “el campo te da lo que el pueblo te quita”.

Luz Elena sostiene que una de las mayores dificultades que ha vivido es acceder a un crédito. “Uno puede tener la voluntad de pagar, pero a veces ponen tanto obstáculo para sacar el préstamo que uno se desanima. Parece que hay muchas entidades todavía que piensan que porque uno es mujer le va a quedar grande la responsabilidad”, añade.

Para Catalina Jiménez, directora del proyecto de empoderamiento para mujeres y jóvenes rurales Profem, hay tres aspectos que se deben tener en cuenta para resolver este problema en Colombia. El primero es la falta de educación financiera para mujeres rurales; segundo, la poca oferta de créditos para esta población que no tiene propiedades que respalden su capacidad de pago, y tercero, la falta de garantías para los bancos de que estas mujeres van a poder pagar.

Profem es una iniciativa de Desarrollo Internacional Desjardins (DID), una organización del banco cooperativo canadiense del mismo nombre, que promueve el acceso a servicios financieros para poblaciones desfavorecidas en países en desarrollo. El Gobierno de Canadá aporta recursos económicos para la asistencia técnica en este programa que busca contribuir a la solución de las tres barreras planteadas por Jiménez.

Para iniciar crearon el taller Mis Finanzas Cuentan, en alianza con el Ministerio de Agricultura, para que más de mil mujeres al mes aprendan herramientas básicas para determinar cuánta plata tienen, cómo deben gastarla y cómo pueden ahorrar.

“La diferencia entre hombres y mujeres es que los hombres tienen más acceso a programas de formación, pero se ha comprobado que las mujeres somos mejores manejando las finanzas y el 65 % de las decisiones de compra en los hogares las toman las mujeres. Para resolver ese vacío, creamos una plataforma virtual que fuera accesible desde las zonas más apartadas del país”, señala Jiménez.

El mexicano Gerardo Almaguer, presidente y gerente general del DID, dice que este aporte es fundamental porque es igual o más importante el acceso a la información sobre cómo administrar los recursos que los recursos mismos:

“Las comunidades rurales requieren un acompañamiento integral. No solo es asegurarnos de que puedan adquirir unos recursos, sino de que tengan habilidades para hacer un buen manejo de estos. Si no los acompañamos con las herramientas para una toma de decisiones adecuada, corremos el riesgo de hacerles un daño más que un beneficio”.

Con las capacitaciones desarrolladas desde abril de este año se han beneficiado a 5.518 mujeres rurales, de las cuales 2.434 ya se han graduado. También tienen una alianza con la Compañía Nacional de Chocolates para educar a asociaciones cacaoteras en el manejo de sus finanzas.

Además, cada mes desarrollan dos programas de manera presencial que han beneficiado a municipios priorizados por el Acuerdo de Paz en Magdalena, Boyacá, Meta, Sucre y Cundinamarca.

El valor del trabajo femenino

Diana Nier contesta el teléfono desde Fundación (Magdalena) y pide que le hagamos las preguntas mientras ella va adelantando “sus cosas”. De fondo se oye el choque de platos y ollas. Es santandereana de nacimiento, pero se crió en zona rural de Curumaní (Cesar), porque a su papá le salió trabajo para cuidar una finca allá, y desde esa época se quedó en la costa. Ella es una de las beneficiarias.

En sus palabras, la capacitación fue maravillosa: “Por un lado, aprendí muchas cosas para llevar las cuentas de la alimentación del hogar, pero también es muy útil en los negocios, para llevar las cuentas con una unidad productiva que tengo con tilapia y mojarra, y con las ventas por catálogo que hago en Fundación”.

Por las dificultades de conectividad, Diana y su grupo del taller se reunían en la biblioteca para terminar el apartado virtual. “Las herramientas que nos daban eran guías para llevar los gastos, los costos y el ahorro, y todo eso de manera ordenada. Nos dieron unos formatos donde uno lleva todas esas cuentas, son unos cartoncitos. Mi hijo me hizo una planilla igual en el computador y yo la voy llenando cada mes”, añade.

Una de las enseñanzas que más le generó impacto fue el valor económico que tiene su trabajo en el hogar. “Nos enseñaron que todo se debe incluir. Con eso aprendí que está mal decir ‘yo no hago nada, yo no trabajo’, porque cada cosita que uno haga en la casa es un trabajo que vale. Yo lo socialicé aquí en la casa para que el esposo y los hijos supieran eso, lo valoraran y colaboraran a pesar de que son varones y no niñas”, explica.

Luz Elena también participó. Y le pareció tan buena idea que inscribió a su hermana, a su mamá y a dos tías. “Es que uno tiene muchos proyectos, pero a veces desconoce mucho sobre las finanzas. Ya con esto si uno es organizado, se da cuenta en qué se gana una plata. Antes uno no sabía cómo se la gastaba”. Con el taller aprendió a llevar las cuentas ordenadas en una libreta y entendió que no debe gastar más de lo que gana para procurar guardar un ahorro.

También se dio cuenta de que las dificultades de acceso a créditos no solo las había vivido ella. Por eso el programa Profem le apostó a resolver el problema de acceso de las mujeres rurales a estos servicios financieros incidiendo desde los bancos.

“Si uno les pregunta cómo está su cartera dicen que está 50 % hombres, 50 % mujeres, pero a las mujeres les dan créditos de menor monto y de corto plazo”, explica Catalina Jiménez. “Entonces estamos trabajando con los bancos para que entiendan esta clientela, para que tengan productos para ellas”. Un ejemplo es el programa Cuentas Sin Cuento, que están desarrollando con la Fundación Bancolombia en Tolima, Cauca, Risaralda y Boyacá.

(También puede ver: Los autorretratos de la memoria de las mujeres desplazadas del Cauca)

Además de todo esto, el DID destinó 2 millones de dólares para brindarles a los bancos las garantías al momento de prestarles dinero a quienes no cumplen los requisitos normales. “Como es un requisito por ley tener garantías y muchas de las mujeres no cuentan con propiedades que las respalden, nosotros les asignamos un cupo a los bancos y así queremos demostrar que las mujeres y jóvenes rurales pueden cumplir con los créditos”, explica Jiménez.

Para Gerardo Almaguer, este tipo de iniciativas contribuyen a resolver la deuda histórica que el mundo tiene con las mujeres rurales. “Estamos perdiendo una gran oportunidad como países al no crear las condiciones para permitir el desarrollo del 100 % de la capacidad de las mujeres rurales. Nosotros hemos constatado que los flujos aportados por las mujeres son los que permiten sostener el día a día de la familia. Mientras que las cosechas se demoran de cuatro a seis meses para que el señor pueda obtener ingresos, es la mujer la que mantiene el día a día de la familia”, asegura.

Para la profesora Villarreal, este tipo de capacitaciones pueden representar empoderamiento y autonomía para la mujer: “La pobreza en las mujeres tiene que ver con la falta de acceso a la tierra y medios productivos, por lo que se ha dado un cuello de botella: no tienen acceso a instrumentos financieros porque no tienen garantías de pago y hay barreras de carácter institucional”. Si todos estos límites se rompen, coinciden ella y Almaguer, se beneficia el hogar y la sociedad.

Pese a las iniciativas de cambio, tanto Almaguer, como Nelly, Norma, Luz Elena y Diana coinciden en que las causas de los problemas de las mujeres rurales son estructurales y una transformación real va a tomar tiempo. Para Nelly, son varias las batallas que se deben dar. “Empieza por uno. A mí me pusieron a escoger o la organización o la casa, y elegí la organización y me tocó irme de la casa. Fue duro, pero lo asumí, sin un peso y con el trasteo fiado”, recuerda.

Es difícil, dice, pero cree que eso es parte de la lucha contra el machismo. Cuenta que en la asociación muchas de las mujeres han decidido separarse cuando los esposos se oponen a su defensa de los derechos. “Por eso nos han señalado de ‘abandona maridos’, brujas y hasta vagabundas”.

La otra batalla es por la implementación por parte del Estado de las leyes y los pactos logrados: “Es muy lamentable que nosotras trabajando tanto tiempo, tanta lucha, tanta insistencia y que no haya respuestas. Vamos para 20 años de la Ley de las Mujeres Rurales, que nos la luchamos muchísimo y que parecía una luz en el camino, pero a hoy no hay nada”, dice.