La otra cara de la sustitución de cultivos

Al tiempo que el Gobierno y las Farc dieron a conocer un acuerdo para implementar un plan piloto en sustitución de cultivos ilícitos en el municipio de Briceño (Antioquia), representantes de los quince consejos de comunidades negras que habitan en Tumaco (Nariño) daban cuenta de su experiencia con los cultivos de coca y los distintos programas que por décadas los gobiernos han impulsado para erradicarla. La información venida de La Habana produjo tanta emoción como dudas en los participantes del Foro de Sustitución de Cultivos y Desarrollo Territorial, propuesto por la ONG alemana Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol). En parte les ilusiona el cambio, pero también les revive las frustraciones del pasado.

Tumaco es el municipio con mayor número de cultivos ilícitos del país. Según el Observatorio de Drogas de Naciones Unidas, las plantaciones de coca allí superan las 8.000 hectáreas, de poco más de 69.000 que han sido identificadas en todo el territorio nacional por ese organismo. “La coca vino de afuera. La trajo a Tumaco la gente que se desplazó en la década de los 90 del Putumayo, donde el Gobierno realizó el plan de intervención con fumigaciones de glifosato”, explica Jhonifer Cuero, un joven de 31 años que es representante legal del Consejo Comunitario del Río Caunapí, en área rural del municipio, cuya extensión es de 9.000 hectáreas.

“La gente que venía de Putumayo alquiló o compró tierras y empezó a plantar. Venían con semillas y plata. Al principio la gente no les compró la idea. Había mucho miedo a lo que pudiera pasar. Pero la quiebra de muchas familias por las deudas con los bancos y el fracaso con los proyectos productivos de cacao y palma que el Gobierno había impulsado, fueron llevando a que los hijos de los campesinos se metieran en eso. Además, esa gente regalaba las semillas, pagaba buenos jornales y ayudaba para que los cultivos prosperaran, mientras que en las plantaciones de palma se trabajan catorce horas por un mínimo, haciendo el trabajo de una mula”, agrega Apolinar Granja, de 60 años y representante del Consejo Comunitario Recuerdo de Nuestros Ancestros del Río Mexicano, un territorio colectivo que tiene tituladas más de 13.000 hectáreas.

“Con esos proyectos productivos de palma sembramos 700 hectáreas. Nos endeudamos con el Banco Agrario, pero al rato los fumigaron y el 60 % del cultivo se dañó. Les cogió la plaga de la pudrición de cogollo. Eso frustró a mucha gente, que volvió a la coca. Los bancos ni siquiera nos refinanciaron las deudas y el Gobierno nos abandonó a nuestra suerte. Si nos hubieran apoyado en el proceso organizativo, hubiéramos tenido fuerza para enfrentar esas crisis. Lo intentamos también con el cacao y el coco, pero el precio se cayó y no había mercado para venderlo. Y también quedamos embarcados. En esas, yo me puse a la tarea de buscar una salida y encontré la pimienta. Tengo unos cultivos de dos años y me están funcionando, pero ese fue un esfuerzo individual”, dice Carlos Enrique Ampudia, de 60 años y representante del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, que tiene tituladas más de 19.000 hectáreas.

“En el municipio de Tumaco no ha habido proceso de sustitución de cultivos ilícitos. Lo que ha habido es desfile de instituciones. Aquí andan en camioneta los funcionarios públicos, los palmeros y los traquetos. Los líderes andamos a pie o en moto. Entonces no hay que culpar a la coca de pervertir a la sociedad. Gracias a la coca, muchas personas son profesionales o han conseguido su carro. Aquí la única sustitución que funcionaría es hacer una redistribución de tierra entre los campesinos o un saneamiento de títulos, pero sobre todo traer educación. Hacen falta vías, alumbrado, salud, la red de comercio, pero sobre todo educación. Es por falta de ella que nos han sometido desde hace 500 años”, expresa Jhonifer Cuero, quien reconoce que hoy tiene una deuda con un banco de más de $70 millones que pidió para invertir en palma y coco.

Y es que, según Carlos Enrique Ampudia, para que sea rentable una plantación de palma se necesitan mínimo tres hectáreas, pero la mayoría de gente no tiene más de una. “El único programa al que el Gobierno le ha apostado con inversiones sostenibles ha sido la fumigación y la erradicación forzada. Al resto de proyectos los acompaña por cinco o siete meses. ¿Usted se imagina lo que hubiéramos podido hacer con toda la plata que se la ha metido a la aspersión área? ¿Cuántas carreteras, hospitales, colegios o postes de energía habría en Tumaco? Pero el bienestar de la gente no les importa, solo sus cifras para justificar las inversiones y promover la corrupción. Porque con cada programa aparece un operador. Lo que se necesita es que la plata llegue a las comunidades sin intermediarios”, sostiene.

“La coca aquí no llegó por la puerta de atrás, llegó por la entrada principal con la complacencia de las autoridades. Eso incluso creó muchos conflictos entre los mismos consejos comunitarios. Al principio sólo trajo prosperidad, pero cuando soltaron las fumigaciones la gente se tuvo que volver a desplazar y ahí sí se disparó la violencia. También nos dañó la salud. No hay una sola persona en nuestros territorios que no tenga el glifosato en la sangre. Nuestra medicina tradicional es con remedios naturales, con plantas sagradas, y las fumigaciones las acabaron. Lo raro es que aquí se fumigaron los cultivos de la gente, los lícitos y los ilícitos, pero las plantaciones de los grandes del negocio nunca las tocaron”, concluye Apolinar Granja.

Lo dramático del panorama es que las comunidades de Tumaco llevan más de una década discutiendo fórmulas para salvar la agricultura campesina de la degradación que propone la coca. Por eso han creado plataformas como Reconpas (Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur), una iniciativa que plantea proyectos de desarrollo territorial acorde a las necesidades y posibilidades de la gente. También formularon el llamado Plan de Vida, pero aseguran que las autoridades locales y nacionales nunca los han oído. Por eso creen que la verdadera lucha contra los cultivos ilícitos tiene que ver con el desarrollo territorial y la asignación de tierras productivas a campesinos, negros e indígenas. Sólo así, consideran ellos, la paz podrá ser una realidad para las comunidades olvidadas de la Costa Pacífica colombiana.

^*@AlfredoMolanoJi

Al tiempo que el Gobierno y las Farc dieron a conocer un acuerdo para implementar un plan piloto en sustitución de cultivos ilícitos en el municipio de Briceño (Antioquia), representantes de los quince consejos de comunidades negras que habitan en Tumaco (Nariño) daban cuenta de su experiencia con los cultivos de coca y los distintos programas que por décadas los gobiernos han impulsado para erradicarla. La información venida de La Habana produjo tanta emoción como dudas en los participantes del Foro de Sustitución de Cultivos y Desarrollo Territorial, propuesto por la ONG alemana Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol). En parte les ilusiona el cambio, pero también les revive las frustraciones del pasado.

Tumaco es el municipio con mayor número de cultivos ilícitos del país. Según el Observatorio de Drogas de Naciones Unidas, las plantaciones de coca allí superan las 8.000 hectáreas, de poco más de 69.000 que han sido identificadas en todo el territorio nacional por ese organismo. “La coca vino de afuera. La trajo a Tumaco la gente que se desplazó en la década de los 90 del Putumayo, donde el Gobierno realizó el plan de intervención con fumigaciones de glifosato”, explica Jhonifer Cuero, un joven de 31 años que es representante legal del Consejo Comunitario del Río Caunapí, en área rural del municipio, cuya extensión es de 9.000 hectáreas.

“La gente que venía de Putumayo alquiló o compró tierras y empezó a plantar. Venían con semillas y plata. Al principio la gente no les compró la idea. Había mucho miedo a lo que pudiera pasar. Pero la quiebra de muchas familias por las deudas con los bancos y el fracaso con los proyectos productivos de cacao y palma que el Gobierno había impulsado, fueron llevando a que los hijos de los campesinos se metieran en eso. Además, esa gente regalaba las semillas, pagaba buenos jornales y ayudaba para que los cultivos prosperaran, mientras que en las plantaciones de palma se trabajan catorce horas por un mínimo, haciendo el trabajo de una mula”, agrega Apolinar Granja, de 60 años y representante del Consejo Comunitario Recuerdo de Nuestros Ancestros del Río Mexicano, un territorio colectivo que tiene tituladas más de 13.000 hectáreas.

“Con esos proyectos productivos de palma sembramos 700 hectáreas. Nos endeudamos con el Banco Agrario, pero al rato los fumigaron y el 60 % del cultivo se dañó. Les cogió la plaga de la pudrición de cogollo. Eso frustró a mucha gente, que volvió a la coca. Los bancos ni siquiera nos refinanciaron las deudas y el Gobierno nos abandonó a nuestra suerte. Si nos hubieran apoyado en el proceso organizativo, hubiéramos tenido fuerza para enfrentar esas crisis. Lo intentamos también con el cacao y el coco, pero el precio se cayó y no había mercado para venderlo. Y también quedamos embarcados. En esas, yo me puse a la tarea de buscar una salida y encontré la pimienta. Tengo unos cultivos de dos años y me están funcionando, pero ese fue un esfuerzo individual”, dice Carlos Enrique Ampudia, de 60 años y representante del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, que tiene tituladas más de 19.000 hectáreas.

“En el municipio de Tumaco no ha habido proceso de sustitución de cultivos ilícitos. Lo que ha habido es desfile de instituciones. Aquí andan en camioneta los funcionarios públicos, los palmeros y los traquetos. Los líderes andamos a pie o en moto. Entonces no hay que culpar a la coca de pervertir a la sociedad. Gracias a la coca, muchas personas son profesionales o han conseguido su carro. Aquí la única sustitución que funcionaría es hacer una redistribución de tierra entre los campesinos o un saneamiento de títulos, pero sobre todo traer educación. Hacen falta vías, alumbrado, salud, la red de comercio, pero sobre todo educación. Es por falta de ella que nos han sometido desde hace 500 años”, expresa Jhonifer Cuero, quien reconoce que hoy tiene una deuda con un banco de más de $70 millones que pidió para invertir en palma y coco.

Y es que, según Carlos Enrique Ampudia, para que sea rentable una plantación de palma se necesitan mínimo tres hectáreas, pero la mayoría de gente no tiene más de una. “El único programa al que el Gobierno le ha apostado con inversiones sostenibles ha sido la fumigación y la erradicación forzada. Al resto de proyectos los acompaña por cinco o siete meses. ¿Usted se imagina lo que hubiéramos podido hacer con toda la plata que se la ha metido a la aspersión área? ¿Cuántas carreteras, hospitales, colegios o postes de energía habría en Tumaco? Pero el bienestar de la gente no les importa, solo sus cifras para justificar las inversiones y promover la corrupción. Porque con cada programa aparece un operador. Lo que se necesita es que la plata llegue a las comunidades sin intermediarios”, sostiene.

“La coca aquí no llegó por la puerta de atrás, llegó por la entrada principal con la complacencia de las autoridades. Eso incluso creó muchos conflictos entre los mismos consejos comunitarios. Al principio sólo trajo prosperidad, pero cuando soltaron las fumigaciones la gente se tuvo que volver a desplazar y ahí sí se disparó la violencia. También nos dañó la salud. No hay una sola persona en nuestros territorios que no tenga el glifosato en la sangre. Nuestra medicina tradicional es con remedios naturales, con plantas sagradas, y las fumigaciones las acabaron. Lo raro es que aquí se fumigaron los cultivos de la gente, los lícitos y los ilícitos, pero las plantaciones de los grandes del negocio nunca las tocaron”, concluye Apolinar Granja.

Lo dramático del panorama es que las comunidades de Tumaco llevan más de una década discutiendo fórmulas para salvar la agricultura campesina de la degradación que propone la coca. Por eso han creado plataformas como Reconpas (Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur), una iniciativa que plantea proyectos de desarrollo territorial acorde a las necesidades y posibilidades de la gente. También formularon el llamado Plan de Vida, pero aseguran que las autoridades locales y nacionales nunca los han oído. Por eso creen que la verdadera lucha contra los cultivos ilícitos tiene que ver con el desarrollo territorial y la asignación de tierras productivas a campesinos, negros e indígenas. Sólo así, consideran ellos, la paz podrá ser una realidad para las comunidades olvidadas de la Costa Pacífica colombiana.

^*@AlfredoMolanoJi