"La Paz con Legalidad del Gobierno no implementa el Acuerdo de La Habana": FARC

El partido FARC y el Gobierno Nacional tienen posiciones sustancialmente diferentes sobre el avance en la implementación del Acuerdo de Paz. Así lo dejó claro el partido de la exguerrilla mediante un comunicado en el que le salió al paso al balance que el Gobierno y la Misión de la ONU hicieron este miércoles de la política de Paz con legalidad. En su pronunciamiento, la FARC rechazó categóricamente lo dicho por el presidente Iván Duque, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila; y el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu.

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La FARC rechaza de entrada el hecho de que el Gobierno se haya referido en todo momento a su política de Paz con Legalidad y no al Acuerdo Final de La Habana. Ello porque, según el comunicado, esa política es “una simplificación grosera del Acuerdo de Paz que tiene como propósito principal instrumentalizar y acomodar el Acuerdo a los fines políticos del Gobierno actual”.

Pero la diferencia con la postura del Gobierno no es solo nominal. Contrario a lo dicho por el consejero Archila, quien resaltó los avances en materia, por ejemplo, de proyectos productivos para los excombatientes o en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la FARC sostiene que la implementación del Acuerdo “atraviesa por un período crítico y de precariedad”. Acusa al Gobierno de querer ocultar esa situación a través de una “política de simulación” sustentada en la presentación de cifras descontextualizadas. “Se le hace un bien al proceso cuando se reconoce su estado de dificultad; se le produce mayor daño, cuando se pretende ocultar la realidad”, reza la comunicación.

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Para el partido, hay temas estructurales de la implementación del Acuerdo que han sido aplazados y han quedado fuera de la agenda. Entre los que mencionaron, están la Reforma Rural Integral, la transformación del enfoque de la política contra las drogas ilícitas o las reformas políticas orientadas a garantizar una apertura democrática.  Asimismo, resaltaron que desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 180 excombatientes, y que ello devela ausencia de garantías de seguridad.

Pero en el comunicado, además de rechazar lo manifestado por el Gobierno, la FARC puso en tela de juicio la neutralidad de la Misión de Verificación de la ONU, que este miércoles acompañó y respaldó el pronunciamiento del Gobierno. Esta es la primera vez que la exguerrilla toma distancia y cuestiona la objetividad de ese organismo. “De la Misión de Naciones Unidas demandamos la mayor ponderación y el extremo rigor en sus valoraciones sobre el estado de la implementación; cualquier inclinación que varíe su condición de neutralidad en la verificación, le resta credibilidad”, se lee en el documento.

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En la declaración del miércoles, el Gobierno, a manera de preludio a la entrega del informe de la Misión de Verificación al Consejo de Seguridad de la ONU, había resaltado avances como la emisión de la ruta de reincorporación, la aprobación de 47 proyectos productivos colectivos para excombatientes o la convocatoria para ese mismo día de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, derivada del Acuerdo de Paz.

El partido FARC y el Gobierno Nacional tienen posiciones sustancialmente diferentes sobre el avance en la implementación del Acuerdo de Paz. Así lo dejó claro el partido de la exguerrilla mediante un comunicado en el que le salió al paso al balance que el Gobierno y la Misión de la ONU hicieron este miércoles de la política de Paz con legalidad. En su pronunciamiento, la FARC rechazó categóricamente lo dicho por el presidente Iván Duque, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila; y el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu.

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La FARC rechaza de entrada el hecho de que el Gobierno se haya referido en todo momento a su política de Paz con Legalidad y no al Acuerdo Final de La Habana. Ello porque, según el comunicado, esa política es “una simplificación grosera del Acuerdo de Paz que tiene como propósito principal instrumentalizar y acomodar el Acuerdo a los fines políticos del Gobierno actual”.

Pero la diferencia con la postura del Gobierno no es solo nominal. Contrario a lo dicho por el consejero Archila, quien resaltó los avances en materia, por ejemplo, de proyectos productivos para los excombatientes o en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la FARC sostiene que la implementación del Acuerdo “atraviesa por un período crítico y de precariedad”. Acusa al Gobierno de querer ocultar esa situación a través de una “política de simulación” sustentada en la presentación de cifras descontextualizadas. “Se le hace un bien al proceso cuando se reconoce su estado de dificultad; se le produce mayor daño, cuando se pretende ocultar la realidad”, reza la comunicación.

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Para el partido, hay temas estructurales de la implementación del Acuerdo que han sido aplazados y han quedado fuera de la agenda. Entre los que mencionaron, están la Reforma Rural Integral, la transformación del enfoque de la política contra las drogas ilícitas o las reformas políticas orientadas a garantizar una apertura democrática.  Asimismo, resaltaron que desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 180 excombatientes, y que ello devela ausencia de garantías de seguridad.

Pero en el comunicado, además de rechazar lo manifestado por el Gobierno, la FARC puso en tela de juicio la neutralidad de la Misión de Verificación de la ONU, que este miércoles acompañó y respaldó el pronunciamiento del Gobierno. Esta es la primera vez que la exguerrilla toma distancia y cuestiona la objetividad de ese organismo. “De la Misión de Naciones Unidas demandamos la mayor ponderación y el extremo rigor en sus valoraciones sobre el estado de la implementación; cualquier inclinación que varíe su condición de neutralidad en la verificación, le resta credibilidad”, se lee en el documento.

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En la declaración del miércoles, el Gobierno, a manera de preludio a la entrega del informe de la Misión de Verificación al Consejo de Seguridad de la ONU, había resaltado avances como la emisión de la ruta de reincorporación, la aprobación de 47 proyectos productivos colectivos para excombatientes o la convocatoria para ese mismo día de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, derivada del Acuerdo de Paz.