La paz: entre avances e incumplimientos

Unas de cal y otras de arena. Es lo que se puede decir del informe presentado ayer sobre avances y retos, por no decir incumplimientos, en la implementación del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y la desmovilizada guerrilla de las Farc, con corte al mes de mayo, elaborado por la Secretaría Técnica del Comité de Verificación Internacional, que integran CINEP y CERAC, y que dirigen los expresidentes Felipe González, de España, y José Mujica, de Uruguay. En el documento se hace un llamado de atención sobre la persistencia de la violencia en contra de líderes sociales y las dificultades que existen para adaptar la respuesta estatal hacia un enfoque de protección colectivo y preventivo, antes que reactivo e individual.

En este sentido, el informe considera fundamental reconocer y no minimizar la situación que se vive en materia de seguridad, planteando que es necesario ajustar la nueva institucionalidad que en garantías se ha puesto en marcha y adaptarla a un plan de presencia estatal con vocación de permanencia en los territorios. También se debe desarrollar un proceso de modernización de la Policía y fortalecimiento de las autoridades civiles departamentales y municipales, para que puedan cumplir a cabalidad con sus responsabilidades en la materia.

En el análisis del punto uno del Acuerdo, sobre la Reforma Rural Integral, si bien se consigna que buena parte de las acciones están planeadas a mediano y largo plazo, se llama la atención de que la aprobación normativa ha sido incompleta y no se utilizaron al máximo las posibilidades que brindaba el mecanismo legislativo especial (fast track). “Solo una ley, la de innovación agropecuaria, fue aprobada por el Congreso, y otras, entre ellas la propia ley de tierras, que debe modificar la legislación vigente en la materia, no ha sido aún presentada, aunque sus diferentes versiones han generado una amplia polémica en la que se aprecian intereses y posiciones divergentes en un país donde el control de la tierra ha sido sinónimo de poder político, económico y social”, dice el informe.

Y se destaca el incumplimiento en otros instrumentos normativos necesarios para posibilitar la reforma rural, como la ley de creación del Sistema de Catastro Multipropósito, que no surtió todo el trámite bajo el fast track y fue radicada de nuevo ante el Congreso a finales de abril, siendo incierto su futuro. Algo similar sucede con el proyecto de ley sobre baldíos en Zonas de Reforma Forestal y sobre la creación de la Jurisdicción Agraria. Con este panorama, reconoce que hay incertidumbre frente al Gobierno entrante en lo que tiene que ver con “la posibilidad de concluir los procesos en curso y de respaldar el ejercicio de planificación y sus resultados concertados”.

Lea: Cambio de Gobierno: logros y retos para el desarrollo rural

Lo mismo aplica en el punto dos del Acuerdo sobre “participación política: apertura democrática para construir la paz”. Hay logros como haber sacado adelante el Estatuto de Oposición y se valora positivamente la participación del nuevo partido FARC en las elecciones de marzo pasado. Igualmente, se destaca la puesta en marcha de los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia (en sus capítulos departamentales) y la expedición del Decreto 660, que reglamenta el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, y el despliegue de operativos y acciones por parte del Gobierno para brindar mejores condiciones de seguridad, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto.

Precisamente, considerando que aún es prematuro evaluar los efectos concretos de esas nuevas instancias y acciones, es que se llama la atención sobre la protección de esas comunidades y de los mismos líderes sociales. Ahora, teniendo en cuenta que el objetivo final es romper el vínculo histórico que ha existido en el país entre armas y política, el informe establece, en el aspecto electoral, la necesidad de una reforma política que reduzca la enorme abstención y asegure mayor transparencia en las elecciones. Y recalca el tema pendiente de las 16 curules en la Cámara de Representantes como una medida de reparación para los territorios más afectados por la guerra.

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Por cierto, en momentos en que el nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero, encendió la polémica por su propuesta de regular la protesta social, el informe habla de “la importancia de la movilización social por su potencial democratizador, que debe ser protegido por el Estado para que las organizaciones territoriales puedan expresar sus demandas y que sean atendidas por las autoridades correspondientes”. E incluso reconoce que en el último trimestre, en este punto de participación política no se avanzó significativamente, en gran medida por la coyuntura electoral y las dificultades del Gobierno para sacar adelante proyectos en un Congreso a punto de finalizar su período.

En lo que tiene que ver con el punto tres: Fin del conflicto, el ítem más destacado es el cumplimiento total del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y la dejación de armas. Sin embargo, revela que el Mecanismo Tripartito de Verificación registró 64 hechos que constituyeron infracciones o violaciones al cese al fuego, la mayoría (54) leves, por lo que en ningún momento este estuvo en riesgo. Más allá de la entrega de esas armas, quedan tareas pendientes, como la finalización de entrega de bienes por parte de las Farc, la extracción de 158 caletas y la construcción de los tres monumentos en homenaje a la paz.

Los problemas se ven en lo que es la reincorporación de los excombatientes a la vida civil. El informe reconoce avances como la conformación del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, pero advierte que la captura de Jesús Santrich con fines de extradición y la decisión de Iván Márquez de no posesionarse como senador “ponen en vilo las curules ya asignadas, lo que amenaza lo pactado respecto a participación política”.

Una situación que tiene rebote en cuanto al aspecto de la seguridad jurídica, pues se habla de preocupaciones entre los excombatientes en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), teniendo en cuenta no solo lo de la captura de Santrich, sino también el traslado de Márquez al Espacio Territorial de Miravalle, Caquetá, y la salida de Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”, de este, por lo que se sugiere “acelerar por parte del Gobierno nacional mecanismos que permitan asegurar la situación legal de los excombatientes, garantizando acreditaciones y suspensión de órdenes de captura”.

Lea también: El difícil camino de la FARC al Congreso

El informe toca otros temas sensibles, como la entrega de los menores reclutados (135 salieron de los campamentos), haciendo alusión a que persisten dudas en la ciudadanía respecto a que sea la totalidad de ellos. Y en el punto cuatro del Acuerdo, el de solución al problema de las drogas ilícitas, plantea que en el primer año y medio de implementación, el avance se ha dado principalmente en los programas de sustitución y erradicación de cultivos de uso ilícito, y en el programa de desminado humanitario, mientras que los programas de prevención del consumo y la lucha contra la cadena del narcotráfico cuentan con muy pocos avances materiales.

La Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación considera prioritario “incentivar los programas de sustitución y considerar la erradicación como última instancia para eliminar las hectáreas cultivadas con coca”. Y advierte que uno de los mayores riesgos lo representa la posible falta de garantías de seguridad en los territorios donde se desarrolla dicha sustitución, refiriendo además que uno de los retrasos más significativos frente a lo pactado es la suspensión de sanciones penales contra los pequeños cultivadores.

Sobre el punto quinto del Acuerdo, el del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, se acepta que es una las discusiones más complejas, pues sintetiza los compromisos con la centralidad de las víctimas y con la seguridad jurídica de los excombatientes. Y ahí también descubre avances y retrocesos, reseñando inconvenientes técnicos y administrativos en la puesta en marcha de varios de los mecanismos creados, y en la definición de sus competencias, como es el caso de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

En síntesis, el llamado es a atender el espíritu del Acuerdo Final, para garantizar la seguridad jurídica de los procesados y proteger los derechos de las víctimas.

Por último, se registran los avances relativos a los instrumentos de financiación e implementación de lo pactado, pero se insiste en que para garantizar la estabilidad financiera y administrativa de la implementación, es necesario reformar la Ley 152 de 1994 referente al Plan Nacional de Desarrollo para asegurar la sostenibilidad financiera y administrativa del Acuerdo. Y un gran lunar está en las medidas de transparencia, pues a la fecha del informe el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) no estaba funcionando y se habían registrado dificultades en su desarrollo.

Unas de cal y otras de arena. Es lo que se puede decir del informe presentado ayer sobre avances y retos, por no decir incumplimientos, en la implementación del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y la desmovilizada guerrilla de las Farc, con corte al mes de mayo, elaborado por la Secretaría Técnica del Comité de Verificación Internacional, que integran CINEP y CERAC, y que dirigen los expresidentes Felipe González, de España, y José Mujica, de Uruguay. En el documento se hace un llamado de atención sobre la persistencia de la violencia en contra de líderes sociales y las dificultades que existen para adaptar la respuesta estatal hacia un enfoque de protección colectivo y preventivo, antes que reactivo e individual.

En este sentido, el informe considera fundamental reconocer y no minimizar la situación que se vive en materia de seguridad, planteando que es necesario ajustar la nueva institucionalidad que en garantías se ha puesto en marcha y adaptarla a un plan de presencia estatal con vocación de permanencia en los territorios. También se debe desarrollar un proceso de modernización de la Policía y fortalecimiento de las autoridades civiles departamentales y municipales, para que puedan cumplir a cabalidad con sus responsabilidades en la materia.

En el análisis del punto uno del Acuerdo, sobre la Reforma Rural Integral, si bien se consigna que buena parte de las acciones están planeadas a mediano y largo plazo, se llama la atención de que la aprobación normativa ha sido incompleta y no se utilizaron al máximo las posibilidades que brindaba el mecanismo legislativo especial (fast track). “Solo una ley, la de innovación agropecuaria, fue aprobada por el Congreso, y otras, entre ellas la propia ley de tierras, que debe modificar la legislación vigente en la materia, no ha sido aún presentada, aunque sus diferentes versiones han generado una amplia polémica en la que se aprecian intereses y posiciones divergentes en un país donde el control de la tierra ha sido sinónimo de poder político, económico y social”, dice el informe.

Y se destaca el incumplimiento en otros instrumentos normativos necesarios para posibilitar la reforma rural, como la ley de creación del Sistema de Catastro Multipropósito, que no surtió todo el trámite bajo el fast track y fue radicada de nuevo ante el Congreso a finales de abril, siendo incierto su futuro. Algo similar sucede con el proyecto de ley sobre baldíos en Zonas de Reforma Forestal y sobre la creación de la Jurisdicción Agraria. Con este panorama, reconoce que hay incertidumbre frente al Gobierno entrante en lo que tiene que ver con “la posibilidad de concluir los procesos en curso y de respaldar el ejercicio de planificación y sus resultados concertados”.

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Lo mismo aplica en el punto dos del Acuerdo sobre “participación política: apertura democrática para construir la paz”. Hay logros como haber sacado adelante el Estatuto de Oposición y se valora positivamente la participación del nuevo partido FARC en las elecciones de marzo pasado. Igualmente, se destaca la puesta en marcha de los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia (en sus capítulos departamentales) y la expedición del Decreto 660, que reglamenta el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, y el despliegue de operativos y acciones por parte del Gobierno para brindar mejores condiciones de seguridad, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto.

Precisamente, considerando que aún es prematuro evaluar los efectos concretos de esas nuevas instancias y acciones, es que se llama la atención sobre la protección de esas comunidades y de los mismos líderes sociales. Ahora, teniendo en cuenta que el objetivo final es romper el vínculo histórico que ha existido en el país entre armas y política, el informe establece, en el aspecto electoral, la necesidad de una reforma política que reduzca la enorme abstención y asegure mayor transparencia en las elecciones. Y recalca el tema pendiente de las 16 curules en la Cámara de Representantes como una medida de reparación para los territorios más afectados por la guerra.

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Por cierto, en momentos en que el nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero, encendió la polémica por su propuesta de regular la protesta social, el informe habla de “la importancia de la movilización social por su potencial democratizador, que debe ser protegido por el Estado para que las organizaciones territoriales puedan expresar sus demandas y que sean atendidas por las autoridades correspondientes”. E incluso reconoce que en el último trimestre, en este punto de participación política no se avanzó significativamente, en gran medida por la coyuntura electoral y las dificultades del Gobierno para sacar adelante proyectos en un Congreso a punto de finalizar su período.

En lo que tiene que ver con el punto tres: Fin del conflicto, el ítem más destacado es el cumplimiento total del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y la dejación de armas. Sin embargo, revela que el Mecanismo Tripartito de Verificación registró 64 hechos que constituyeron infracciones o violaciones al cese al fuego, la mayoría (54) leves, por lo que en ningún momento este estuvo en riesgo. Más allá de la entrega de esas armas, quedan tareas pendientes, como la finalización de entrega de bienes por parte de las Farc, la extracción de 158 caletas y la construcción de los tres monumentos en homenaje a la paz.

Los problemas se ven en lo que es la reincorporación de los excombatientes a la vida civil. El informe reconoce avances como la conformación del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, pero advierte que la captura de Jesús Santrich con fines de extradición y la decisión de Iván Márquez de no posesionarse como senador “ponen en vilo las curules ya asignadas, lo que amenaza lo pactado respecto a participación política”.

Una situación que tiene rebote en cuanto al aspecto de la seguridad jurídica, pues se habla de preocupaciones entre los excombatientes en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), teniendo en cuenta no solo lo de la captura de Santrich, sino también el traslado de Márquez al Espacio Territorial de Miravalle, Caquetá, y la salida de Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”, de este, por lo que se sugiere “acelerar por parte del Gobierno nacional mecanismos que permitan asegurar la situación legal de los excombatientes, garantizando acreditaciones y suspensión de órdenes de captura”.

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El informe toca otros temas sensibles, como la entrega de los menores reclutados (135 salieron de los campamentos), haciendo alusión a que persisten dudas en la ciudadanía respecto a que sea la totalidad de ellos. Y en el punto cuatro del Acuerdo, el de solución al problema de las drogas ilícitas, plantea que en el primer año y medio de implementación, el avance se ha dado principalmente en los programas de sustitución y erradicación de cultivos de uso ilícito, y en el programa de desminado humanitario, mientras que los programas de prevención del consumo y la lucha contra la cadena del narcotráfico cuentan con muy pocos avances materiales.

La Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación considera prioritario “incentivar los programas de sustitución y considerar la erradicación como última instancia para eliminar las hectáreas cultivadas con coca”. Y advierte que uno de los mayores riesgos lo representa la posible falta de garantías de seguridad en los territorios donde se desarrolla dicha sustitución, refiriendo además que uno de los retrasos más significativos frente a lo pactado es la suspensión de sanciones penales contra los pequeños cultivadores.

Sobre el punto quinto del Acuerdo, el del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, se acepta que es una las discusiones más complejas, pues sintetiza los compromisos con la centralidad de las víctimas y con la seguridad jurídica de los excombatientes. Y ahí también descubre avances y retrocesos, reseñando inconvenientes técnicos y administrativos en la puesta en marcha de varios de los mecanismos creados, y en la definición de sus competencias, como es el caso de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

En síntesis, el llamado es a atender el espíritu del Acuerdo Final, para garantizar la seguridad jurídica de los procesados y proteger los derechos de las víctimas.

Por último, se registran los avances relativos a los instrumentos de financiación e implementación de lo pactado, pero se insiste en que para garantizar la estabilidad financiera y administrativa de la implementación, es necesario reformar la Ley 152 de 1994 referente al Plan Nacional de Desarrollo para asegurar la sostenibilidad financiera y administrativa del Acuerdo. Y un gran lunar está en las medidas de transparencia, pues a la fecha del informe el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) no estaba funcionando y se habían registrado dificultades en su desarrollo.