La población flotante de Tumaco

Cuando Angie* llegó a su nuevo hogar, sólo vio mangle y fango. Tenía ocho años y había salido con su abuelita del que hasta entonces había sido su terruño: el corregimiento Chajal, en zona rural de Tumaco (Nariño). “Salimos desplazadas por un grupo”, dice sin mencionar cuál, y recuerda que el nuevo panorama era una invasión de unas cuantas casas en una zona de baja mar, a orillas del océano Pacífico, en la parte urbana del mismo municipio, pero muy alejada de la parte turística.

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Su casa estaba sobre lo que fue un manglar, en una madera que habían conseguido, y aislada con paredes y techo de plástico. No había baños. Tampoco había agua, por lo que tocaba ir a comprarla al barrio vecino, Nuevo Milenio, y cargarla hasta “la invasión”, como la llamaba Angie.

Poco tiempo después de que ella llegó, más o menos en el año 2006 llegó Rosa*, una mujer que comparte el desplazamiento forzado. Ella salió de su finca, cercana a la frontera con Ecuador, cuando el mayor de sus hijos iba a ser reclutado por otro grupo armado que no se atreve a mencionar. Dejó sus animales, sus cultivos, su casa y se fue a vivir a Tumaco, donde una conocida generosamente les dio posada a ella y a sus hijos.

“Lotes a 40 mil pesos”, le contó un primo que estaban ofreciendo en un barrio nuevo. Ella no lo pensó dos veces, fue al barrio, pagó, pidió que le regalaran una relimpia (residuos de madera) y se fue a vivir en un cuartico parecido al de Angie y su abuela. Así fueron llegando todos, cada día más y más víctimas del conflicto, que en Nariño alcanzó su punto más álgido en 2007, cuando se reportaron 55.049 víctimas.

Ese lugar de los lotes baratos es el barrio Familias en Acción en la comuna 5 de Tumaco. Alberga alrededor de 250 familias, el 98 % desplazadas a causa de la guerra. Es una cifra estimada, pues la población es flotante, no sólo porque literalmente viven en palafitos de madera sobre el mar, sino también porque constantemente se van unos y llegan otros.

Llegan más a pesar de que las calles del barrio son una mezcla de madera, basura y barro que se lleva el agua cada vez que sube la marea, que hay “puja”, como dicen los pobladores. Tampoco hay agua ni electricidad constante, de hecho, este barrio no está reconocido por la administración municipal.

Eso no ha impedido que la comunidad se organice y que, con ayuda de la cooperación internacional, logre empezar el camino de la exigencia de derechos para la satisfacción de los servicios básicos. El barrio cuenta con una Junta de Acción Comunal (JAC) que funciona bajo los parámetros de estos organismos, es decir, están definidos los cargos y hay relevo de los integrantes.

Sin embargo, en un lugar en el que no hay presencia institucional de ningún tipo es muy complicado hacer gestiones importantes. Las respuestas, entonces, llegaron por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y otras organizaciones como la Pastoral Social. El Acnur ha acompañado el proceso de Familias en Acción en la integración local urbana, pero dadas las condiciones del barrio, se hacía muy difícil dar soluciones duraderas sin el apoyo del Estado, por lo tanto se implementó una estrategia de protección y prevención del desplazamiento intraurbano, teniendo en cuenta las dinámicas de violencia que se empezaron a presentar a medida que la población crecía.

Entonces, las iniciativas culturales fueron la excusa para iniciar con el trabajo comunitario. Esta comunidad, en su mayoría afrodescendientes de zonas de ríos y de mar, así como de la costa pacífica, se vieron motivados por la danza y el deporte. Ese fue el comienzo para el fortalecimiento comunitario, la participación de todas las generaciones. Tanto así que se conformó el grupo de arrullos del barrio, con la participación de mujeres mayores y con algunos jóvenes. Esto hizo parte de una estrategia de acción concertada.

La capacidad de organización continuó entonces con las capacitaciones a la JAC en temas de derechos humanos, derechos de las víctimas y mecanismos de exigibilidad de derechos. La JAC se empezó a organizar alrededor de comités para poder llevar a cabo la estrategia. Por ejemplo, hay comités de salud, vivienda, educación, jóvenes y generación de ingresos, así como dos líderes por cada cuadra. La priorización de necesidades por cada comité arrojó varias líneas que se centraron en los niños, jóvenes y servicios públicos.

Los niños del manglar

Cuando Angie tenía 15 años ya se había ido para Bogotá huyendo de la violencia, había dejado su barrio y a su novio, quien a su vez se había ido para el Ejército. A los 16 quedó embarazada de su primera hija, decidió volver a su barrio y retomar la relación con su antiguo novio. Estuvo dedicada a su hija hasta que volvió al colegio, esta vez al bachillerato nocturno y acelerado. En su último año volvió a quedar en embarazo.

Su hija mayor tiene cinco años, la menor tiene uno y ella 21. Se graduó en un colegio al que llegaba cruzando varias calles principales, saliendo del fango del barrio y caminando a veces sola. ¿Qué quedaba para los niños más pequeños?

La mayoría de los padres del barrio Familias en Acción se dedican a actividades informales, como prestación de servicios domésticos, mototaxismo o concheo (recolección de moluscos) y pesca, por lo que los niños pequeños quedaban a la deriva, al cuidado de amigos, abuelos o tíos, y no se garantizaba ni la atención ni la comida a los más pequeños.

El Acnur, con la mano de obra de la comunidad, lograron construir el hogar infantil agrupado, a la vez que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dio la dotación necesaria. En alianza con el ICBF lograron la contratación de los alimentos y de cuatro madres comunitarias que atienden a la primera infancia. Cada madre atiende en promedio a 12 niños.

Ahora los niños tienen tres comidas al día y atención permanente. También tienen una escuelita donde continuar cuando terminan su etapa en el jardín. Antes de que empezara a operar, hace apenas cuatro meses, a los niños les tocaba andar hacia la escuela en un territorio que está siendo disputado por grupos delictivos organizados.

La lucha por el agua y contra el agua

Cuando llega la puja, los niños no pueden ir al colegio. “Hasta aquí nos da el agua”, dice un poblador señalando la altura de sus muslos. Se interrumpen las actividades, empiezan los problemas que vienen con el agua represada: animales, mosquitos y enfermedades.

Al llegar “el quiebre”, cuando baja la marea, se lleva las tablas, el aserrín y la basura. Queda la humedad y toca empezar de cero. La naturaleza recobra lo suyo. Entonces, el barrio vuelve a ser un asentamiento sin reconocimiento legal y, por lo tanto, sin acceso y atención estatal para mejorar las calles por las que tienen que transitar diariamente las más de 900 personas del barrio.

El agua salada que abunda contrasta con el agua dulce que escasea. El acceso a un sistema de agua se logró trabajar con Acnur, pero no como una solución definitiva. Se hicieron sistemas de almacenamiento de agua con un diseño del socio implementador Opción legal, más de 180 familias tienen forma de almacenar el agua y usarla en sus casas. Aunque esto solo funciona cuando llueve, logra mitigar un poco la siempre complicada búsqueda del elemento.

Los jóvenes y su tiempo libre

“Los jóvenes del barrio están abandonados”, sentencia Angie, aunque ella no se siente así y por eso hace parte del comité de juventud. Este grupo logró organizar campeonatos de fútbol femenino y masculino, y actividades culturales en favor del aprovechamiento del tiempo libre, sin embargo, están desmotivados.

Las jóvenes, una gran parte, tienen hijos a temprana edad, “nos embarazamos a los 16 o 17 años, ya tenemos hijos y maridos”, narra Angie, por lo que pierden el interés de trabajar por la comunidad y por ellas mismas como grupo. Los hombres, algunos, estudian en la noche y trabajan en un aserrío vecino en el día, pescan o conchean. ¿Y los que no, los que tienen tiempo libre? El miedo es que terminen siendo informantes (campaneros), mensajeros y encomenderos de los grupos armados o empiecen a consumir alcohol y drogas.

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Una alternativa es la ebanistería El Saber, que tiene como objetivo promover y desarrollar actividades de carácter económico y social relacionados con ebanistería, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados. Actualmente, se benefician seis jóvenes entre 14 y 22 años.

“Si un muchacho ve que le está yendo bien en la ebanistería, le va a decir a otro y así generan ingresos y no se van por el mal camino”, dice el ebanista, también desplazado de cercanías del río Mira. La idea es no dejarlos ir a la guerra, nunca más de ninguna manera, y poder mejorar la economía de la gente. Las mujeres, resalta el ebanista, son excelentes para lijar y detallar los muebles o puertas, por lo que también quiere que se vinculen al proyecto.

Al barrio no le faltan ganas de trabajar, pero tampoco problemas. Lo que falta son soluciones institucionales. ¿Reubicarlo o legalizarlo? La gente no se quiere ir, hicieron la vida después de la guerra ahí, construyeron comunidad en los cimientos fangosos. Piden respuestas como víctimas y como comunidad.

Las cosas van mal, pero hay esperanza, Angie lo resume: “Acá no me siento tan segura, a pesar de que tengo mi casita y ya la voy a terminar. Me siento insegura porque cuando mi novio llegó del Ejército le pusieron problema acá. Y uno ve mucha gente que entra, que sale, y quieren venir a agarrarlo a uno, y uno sin saber quién es. Da miedo. Pero yo hasta morir me quedo aquí en mi barrio. Aquí he vivido todo, el miedo, hambre, caídas, levantadas, desalojos. Ahora que el barrio ya está así, ¿cómo nos vamos a ir?”.

*La identidad de las personas de esta historia fue reservada por razones de seguridad.

Cuando Angie* llegó a su nuevo hogar, sólo vio mangle y fango. Tenía ocho años y había salido con su abuelita del que hasta entonces había sido su terruño: el corregimiento Chajal, en zona rural de Tumaco (Nariño). “Salimos desplazadas por un grupo”, dice sin mencionar cuál, y recuerda que el nuevo panorama era una invasión de unas cuantas casas en una zona de baja mar, a orillas del océano Pacífico, en la parte urbana del mismo municipio, pero muy alejada de la parte turística.

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Su casa estaba sobre lo que fue un manglar, en una madera que habían conseguido, y aislada con paredes y techo de plástico. No había baños. Tampoco había agua, por lo que tocaba ir a comprarla al barrio vecino, Nuevo Milenio, y cargarla hasta “la invasión”, como la llamaba Angie.

Poco tiempo después de que ella llegó, más o menos en el año 2006 llegó Rosa*, una mujer que comparte el desplazamiento forzado. Ella salió de su finca, cercana a la frontera con Ecuador, cuando el mayor de sus hijos iba a ser reclutado por otro grupo armado que no se atreve a mencionar. Dejó sus animales, sus cultivos, su casa y se fue a vivir a Tumaco, donde una conocida generosamente les dio posada a ella y a sus hijos.

“Lotes a 40 mil pesos”, le contó un primo que estaban ofreciendo en un barrio nuevo. Ella no lo pensó dos veces, fue al barrio, pagó, pidió que le regalaran una relimpia (residuos de madera) y se fue a vivir en un cuartico parecido al de Angie y su abuela. Así fueron llegando todos, cada día más y más víctimas del conflicto, que en Nariño alcanzó su punto más álgido en 2007, cuando se reportaron 55.049 víctimas.

Ese lugar de los lotes baratos es el barrio Familias en Acción en la comuna 5 de Tumaco. Alberga alrededor de 250 familias, el 98 % desplazadas a causa de la guerra. Es una cifra estimada, pues la población es flotante, no sólo porque literalmente viven en palafitos de madera sobre el mar, sino también porque constantemente se van unos y llegan otros.

Llegan más a pesar de que las calles del barrio son una mezcla de madera, basura y barro que se lleva el agua cada vez que sube la marea, que hay “puja”, como dicen los pobladores. Tampoco hay agua ni electricidad constante, de hecho, este barrio no está reconocido por la administración municipal.

Eso no ha impedido que la comunidad se organice y que, con ayuda de la cooperación internacional, logre empezar el camino de la exigencia de derechos para la satisfacción de los servicios básicos. El barrio cuenta con una Junta de Acción Comunal (JAC) que funciona bajo los parámetros de estos organismos, es decir, están definidos los cargos y hay relevo de los integrantes.

Sin embargo, en un lugar en el que no hay presencia institucional de ningún tipo es muy complicado hacer gestiones importantes. Las respuestas, entonces, llegaron por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y otras organizaciones como la Pastoral Social. El Acnur ha acompañado el proceso de Familias en Acción en la integración local urbana, pero dadas las condiciones del barrio, se hacía muy difícil dar soluciones duraderas sin el apoyo del Estado, por lo tanto se implementó una estrategia de protección y prevención del desplazamiento intraurbano, teniendo en cuenta las dinámicas de violencia que se empezaron a presentar a medida que la población crecía.

Entonces, las iniciativas culturales fueron la excusa para iniciar con el trabajo comunitario. Esta comunidad, en su mayoría afrodescendientes de zonas de ríos y de mar, así como de la costa pacífica, se vieron motivados por la danza y el deporte. Ese fue el comienzo para el fortalecimiento comunitario, la participación de todas las generaciones. Tanto así que se conformó el grupo de arrullos del barrio, con la participación de mujeres mayores y con algunos jóvenes. Esto hizo parte de una estrategia de acción concertada.

La capacidad de organización continuó entonces con las capacitaciones a la JAC en temas de derechos humanos, derechos de las víctimas y mecanismos de exigibilidad de derechos. La JAC se empezó a organizar alrededor de comités para poder llevar a cabo la estrategia. Por ejemplo, hay comités de salud, vivienda, educación, jóvenes y generación de ingresos, así como dos líderes por cada cuadra. La priorización de necesidades por cada comité arrojó varias líneas que se centraron en los niños, jóvenes y servicios públicos.

Los niños del manglar

Cuando Angie tenía 15 años ya se había ido para Bogotá huyendo de la violencia, había dejado su barrio y a su novio, quien a su vez se había ido para el Ejército. A los 16 quedó embarazada de su primera hija, decidió volver a su barrio y retomar la relación con su antiguo novio. Estuvo dedicada a su hija hasta que volvió al colegio, esta vez al bachillerato nocturno y acelerado. En su último año volvió a quedar en embarazo.

Su hija mayor tiene cinco años, la menor tiene uno y ella 21. Se graduó en un colegio al que llegaba cruzando varias calles principales, saliendo del fango del barrio y caminando a veces sola. ¿Qué quedaba para los niños más pequeños?

La mayoría de los padres del barrio Familias en Acción se dedican a actividades informales, como prestación de servicios domésticos, mototaxismo o concheo (recolección de moluscos) y pesca, por lo que los niños pequeños quedaban a la deriva, al cuidado de amigos, abuelos o tíos, y no se garantizaba ni la atención ni la comida a los más pequeños.

El Acnur, con la mano de obra de la comunidad, lograron construir el hogar infantil agrupado, a la vez que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dio la dotación necesaria. En alianza con el ICBF lograron la contratación de los alimentos y de cuatro madres comunitarias que atienden a la primera infancia. Cada madre atiende en promedio a 12 niños.

Ahora los niños tienen tres comidas al día y atención permanente. También tienen una escuelita donde continuar cuando terminan su etapa en el jardín. Antes de que empezara a operar, hace apenas cuatro meses, a los niños les tocaba andar hacia la escuela en un territorio que está siendo disputado por grupos delictivos organizados.

La lucha por el agua y contra el agua

Cuando llega la puja, los niños no pueden ir al colegio. “Hasta aquí nos da el agua”, dice un poblador señalando la altura de sus muslos. Se interrumpen las actividades, empiezan los problemas que vienen con el agua represada: animales, mosquitos y enfermedades.

Al llegar “el quiebre”, cuando baja la marea, se lleva las tablas, el aserrín y la basura. Queda la humedad y toca empezar de cero. La naturaleza recobra lo suyo. Entonces, el barrio vuelve a ser un asentamiento sin reconocimiento legal y, por lo tanto, sin acceso y atención estatal para mejorar las calles por las que tienen que transitar diariamente las más de 900 personas del barrio.

El agua salada que abunda contrasta con el agua dulce que escasea. El acceso a un sistema de agua se logró trabajar con Acnur, pero no como una solución definitiva. Se hicieron sistemas de almacenamiento de agua con un diseño del socio implementador Opción legal, más de 180 familias tienen forma de almacenar el agua y usarla en sus casas. Aunque esto solo funciona cuando llueve, logra mitigar un poco la siempre complicada búsqueda del elemento.

Los jóvenes y su tiempo libre

“Los jóvenes del barrio están abandonados”, sentencia Angie, aunque ella no se siente así y por eso hace parte del comité de juventud. Este grupo logró organizar campeonatos de fútbol femenino y masculino, y actividades culturales en favor del aprovechamiento del tiempo libre, sin embargo, están desmotivados.

Las jóvenes, una gran parte, tienen hijos a temprana edad, “nos embarazamos a los 16 o 17 años, ya tenemos hijos y maridos”, narra Angie, por lo que pierden el interés de trabajar por la comunidad y por ellas mismas como grupo. Los hombres, algunos, estudian en la noche y trabajan en un aserrío vecino en el día, pescan o conchean. ¿Y los que no, los que tienen tiempo libre? El miedo es que terminen siendo informantes (campaneros), mensajeros y encomenderos de los grupos armados o empiecen a consumir alcohol y drogas.

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Una alternativa es la ebanistería El Saber, que tiene como objetivo promover y desarrollar actividades de carácter económico y social relacionados con ebanistería, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados. Actualmente, se benefician seis jóvenes entre 14 y 22 años.

“Si un muchacho ve que le está yendo bien en la ebanistería, le va a decir a otro y así generan ingresos y no se van por el mal camino”, dice el ebanista, también desplazado de cercanías del río Mira. La idea es no dejarlos ir a la guerra, nunca más de ninguna manera, y poder mejorar la economía de la gente. Las mujeres, resalta el ebanista, son excelentes para lijar y detallar los muebles o puertas, por lo que también quiere que se vinculen al proyecto.

Al barrio no le faltan ganas de trabajar, pero tampoco problemas. Lo que falta son soluciones institucionales. ¿Reubicarlo o legalizarlo? La gente no se quiere ir, hicieron la vida después de la guerra ahí, construyeron comunidad en los cimientos fangosos. Piden respuestas como víctimas y como comunidad.

Las cosas van mal, pero hay esperanza, Angie lo resume: “Acá no me siento tan segura, a pesar de que tengo mi casita y ya la voy a terminar. Me siento insegura porque cuando mi novio llegó del Ejército le pusieron problema acá. Y uno ve mucha gente que entra, que sale, y quieren venir a agarrarlo a uno, y uno sin saber quién es. Da miedo. Pero yo hasta morir me quedo aquí en mi barrio. Aquí he vivido todo, el miedo, hambre, caídas, levantadas, desalojos. Ahora que el barrio ya está así, ¿cómo nos vamos a ir?”.

*La identidad de las personas de esta historia fue reservada por razones de seguridad.