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Smith Duarte Cano es una mujer de 42 años, madre de dos hijas, contadora pública y especialista en gerencia de proyectos. Nació en Algeciras (Huila), una tierra que por la presencia de la columna Teófilo Forero de las Farc resistió al impacto de la guerra con bombardeos y homicidios selectivos durante cinco décadas. Duarte tenía 27 años cuando explotó un rocket en una casa cercana al aeropuerto Benito Salas de Neiva, cuyo destino, según las autoridades, sería el avión que estaba próximo a aterrizar en la mañana del 21 de abril de 2005 y en el que se transportaba el entonces presidente Álvaro Uribe. Ese día, se escuchó la explosión en el conjunto Rosales, las autoridades allanaron la casa tras el hecho y encontraron el exolosivo de fabricación americana y una pistola con silenciador.
Cuatro meses después, sindicaron a Duarte y a dos personas más, de pertenecer a la columna Teófilo Forero y de portar estas armas para atentar contra Uribe. No obstante, aunque Duarte fue capturada por los delitos de terrorismo y rebelión, el primer delito no pudo ser probado en el juicio y solo fue condenada a cuatro años de cárcel por “cómplice de rebelión”, al reconocer que era la pareja sentimental del guerrillero Hermes Triana, entonces integrante de la Teófilo Forero. El 21 de agosto de 2007, en la zona rural de San Vicente del Caguán (Caquetá), Duarte fue capturada y llevada a prisión. Mientras tanto, “James Patamala”, como conocían a su marido, murió el 25 de octubre de 2009 en una operación de la Policía Nacional, en zona rural de Puerto Rico (Caquetá).
Duarte siempre negó haber estado involucrada en el supuesto acto conspirativo contra Uribe. Por eso, se defendió en el juicio y solo pagó cuatro años de cárcel por el delito de rebelión. Una vez recuperó su libertad, el 13 de mayo de 2011, regresó al lado de su familia a su pueblo natal, Algeciras (Huila). Allí estuvo con sus dos hijas solo unos meses, hasta que empezó a ser atacada verbal y físicamente por un grupo delincuencial, que pretendía secuestrarla, según le dijeron las autoridades. Cuenta Duarte, que la prensa también impulsó el rumor de que ella guardaba una caleta de dinero de las Farc, lo que la obligó a refugiarse en Ibagué (Tolima) en donde rehízo su vida, terminó de estudiar contaduría pública y se especializó en gerencia de proyectos.
(También lea: “En Huila hay una venganza contra quienes colaboraron con las Farc”: Ramiro Durán)
Como viuda de la guerra, tras la firma del Acuerdo de La Habana, regresó al Huila para ayudar a construir la paz para su tierra. En 2017, previo a la dejación de las armas (sin que se considerara una guerrillera, “porque no lo fui”, aclara), llegó al espacio de reincorporación de Miravalle (Caquetá), muy cerca de Algeciras. Ya no estaba su esposo, Hermes, pero quería ayudar a diseñar los proyectos productivos para la reincorporación económica de los exguerrilleros que operaron entre las cordilleras central y oriental. Una de las regiones donde más intensa se vivió la guerra, porque fue una especie de retaguardia de varios de los miembros del secretariado de la entonces guerrilla de las Farc.
Se dedicó a impulsar a los exguerrilleros para ser los primeros en lograr proyectos productivos. En ese trabajo, juntaron los ocho millones de pesos que recibieron tras la dejación de las armas, en este caso 60 excombatientes, y montaron una granja integral que hoy en día tiene lagos con peces, verduras hidropónicas, aves, cerdos e invernadero. Además, generan su propia energía limpia a partir de un hidrotornillo ubicado en un cañón del río Pato, el segundo en el mundo después de otro similar ubicado en el río Támesis en el sur de Inglaterra. Luego vino el proyecto de ecoturismo que incluye el proyecto de rafting por el río Pato, el cual tiene el objetivo de articularse con una ruta de la memoria del conflicto armado en la región que empezó ahí en el espacio de reincorporación de Miravalle y terminaría en un lugar de esas montañas. No obstante, el retorno a las armas de algunos de los comandantes de la zona, como Hernán Darío Velasquez (El Paisa), dejó en veremos el proyecto. Dichas iniciativas, que se conocieron ampliamente en la región y en el país, la fueron perfilando como una líder y, según cuenta Duarte, se vinculó al partido que nació con el proceso de paz.
Meses más tarde, ya siendo militante del partido FARC, el electo alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, la contactó para proponerle dirigir la política de paz en la capital del Huila. Duarte no lo dudó, el partido de la exguerrilla le dio el visto bueno y el 1º de enero de este año se posesionó en el cargo de asesora. Sin embargo, su propósito va más allá. La semana pasada el Concejo Municipal le aprobó la “política pública de paz, reconciliación y derechos humanos de Neiva” y, en dos meses, dice, la oficina de paz se convertirá, oficialmente, en la secretaría de paz, “la primera dirigida por una militante del partido FARC”. En medio de las críticas que generó su nombramiento en los opositores al Acuerdo de Paz, no ha respondido a los señalamientos.
Colombia2020 conversó con Smith Duarte Cano sobre la reconciliación en una región donde están asesinando a los firmantes del Acuerdo de Paz y donde la siguen estigmatizando, algunos congresistas del Centro Democrático, “como si hubiese sido condenada por el supuesto intento de atentado a Uribe”, acusación que le hicieron las Fuerzas Estatales el día de la captura y que no pudieron probar en el juicio, advierte.
(También lea: Excombatientes de las Farc en Algeciras, en riesgo de muerte)
¿Cuál fue la reacción de los neivanos cuando el alcalde Gorky Muñoz hizo público su nombre como asesora de paz de la capital del Huila?
Tan pronto anunció mi nombre como parte del gabinete municipal, el Centro Democrático, en cabeza del senador Ernesto Macías, hizo unas críticas en la red social Twitter (la llamó “funcionaria terrorista”); algunas víctimas también hicieron sus críticas y eso me parece que es normal por la complejidad del tema. Pero también hubo muchos otros sectores que me apoyaron y bueno, aquí estamos.
Cómo vislumbra usted la reconciliación en el Huila, teniendo en cuenta los sectores políticos que se oponen al Acuerdo de Paz y sin olvidar que este departamento tiene muchas cicatrices del conflicto armado. Incluso, hoy día muchos excombatientes viven en los territorios donde quizá dejaron víctimas.
Aquí hay un problema grave es que las personas en proceso de reincorporación, por alguna razón, por el incumplimiento de los acuerdos de paz, han tenido que retornar a sus sitios de origen, adonde sus familias, para que les brinden apoyo, a donde operaban cuando pertenecían a las Farc como grupo armado. Entonces, eso significa que hay heridas abiertas, muy abiertas, que no han sanado porque no existen procesos de reconciliación en las regiones. Es que haber dejado las armas no significaba que a todos nos pusieron un chip y que se nos olvidó la historia, que se nos olvidó el dolor; no, tenemos que trabajar con la sociedad civil y las personas que están en proceso de reincorporación a la vida civil para parar esta violencia.
¿Cuáles son los primeros pasos que van a dar para iniciar ese proceso de reconciliación?
El primer paso que dimos fue haber activado el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia con el 70% de participación de la sociedad civil. En esta instancia tienen cabida las víctimas; el partido Farc; personas en proceso de reincorporación de otros procesos de paz; y la sociedad civil en general. Y acá nos sentamos todos para hablar sobre temas de paz y derechos humanos. Finalmente, las decisiones que se tomen en el Consejo son llevadas al Alcalde para darle el más alto nivel y tener asegurada una financiación de las actividades. Luego formulamos el “Plan de Desarrollo Territorio de Vida y Paz”, en el que se incluyó la pedagogía de paz, la implementación de los acuerdos de La Habana y la posibilidad de fortalecer con proyectos productivos a los actores.
¿Cuál va a ser la relación de Neiva con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por ejemplo?
Empezando porque ya contamos con toda esa institucionalidad en el municipio. Desde este año contamos con la Comisión de la Verdad; la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas; y se han presentado casos ante la JEP. Igualmente, estamos capacitándonos para seguir construyendo la memoria del conflicto. En este momento ya contamos con todos los sectores para trabajar por la reconciliación. Estamos teniendo apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica para que en el 2021 comencemos a generar estos espacios. La semana pasada, el Concejo Municipal aprobó la política pública de paz, derechos humanos, reconciliación y convivencia en el municipio de Neiva. Esta será nuestra carta de navegación para poder llegar a la reconciliación que necesitamos.
El Huila está entre los diez departamentos con más asesinatos de excombatientes. ¿Cómo ven esta situación, teniendo en cuenta que pueden estar sucediendo venganzas por sus acciones en el marco de la guerra, como lo han denunciado varios exguerrilleros?
Desde el punto de vista institucional, desde la jefe de la oficina de paz que soy en este momento, puedo decir que Neiva sufre de frente el rigor de la violencia después del acuerdo de paz. Primero, porque no solo tenemos reincorporados que están siendo asesinandos sino también a muchos líderes sociales. Y sufre de frente porque cada hecho de violencia en algún municipio del departamento, Neiva es el receptor de los desplazamientos masivos o individuales. Entonces, eso nos permite decir que casi el 20% de la población neivana es víctima del conflicto armado, sobre todo, por el desplazamiento forzado. Eso es algo que nos preocupa, más aún, en este momento de pandemia en donde la generación de ingresos es compleja para muchas familias y los índices de desempleo en el municipio son grandes.