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El Ministerio de Justicia presentó una propuesta que ha levantado las alarmas entre varios sectores encargados de las sanciones propias que tendrá que imponer el próximo año la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a quienes están acogidos en ese tribunal de paz.
El borrador de la iniciativa, que conoció en su totalidad Colombia+20 y que se viene cocinando desde hace algunos meses, propone dos componentes para esas sanciones. Uno de ellos -el que más alerta produjo- fue la creación de unas “Zonas de Restauración y Reintegración Comunitaria (ZRRC)”, inspiradas en lo que se conoció como Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, en donde se concentraron los excombatientes de las FARC en su tránsito a la vida civil.
Según el documento de 24 páginas en el que participó el Viceministerio de política criminal y la Dirección de Justicia Transicional de Minjusticia, estas zonas “servirán como espacios específicos para el cumplimiento de sanciones que incluyan restricciones de libertad y otros derechos” y “proporcionarán un entorno controlado y seguro” donde los sancionados puedan recibir “capacitación técnica y formación integral, participar en actividades restaurativas y desarrollar proyectos comunitarios que beneficien directamente a las víctimas”.
Todo esto para cumplir con los TOAR, como se conocen los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador y Restaurador que deberán hacer los comparecientes para reparar a las víctimas.
Las sanciones propias son uno de los tres tipos de sanciones que puede imponer la JEP (las otras dos son las penas alternativas y las ordinarias), y son impuestas a quienes reconozcan de forma exhaustiva su responsabilidad en los hechos más graves cometidos durante el conflicto armado.
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La propuesta agrega que los comparecientes estarán sujetos a medidas de restricción de movimiento y, donde “se restringirá la libertad de circulación” y que tendrá “vigilancia supervisada por un equipo multidisciplinario que garantice el cumplimiento de las condiciones de sanción (…) y que la restricción no implicará condiciones penitenciarias tradicionales, sino un régimen basado en principios restaurativos y de dignidad humana”.
Aun con esa última salvedad, este punto preocupa porque, de acuerdo con expertos que negociaron el Acuerdo de Paz y excombatientes, se trataría de una iniciativa que va en contra de lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016, donde no se habla de una restricción de movimiento -es decir, de una cárcel como se conoce-, sino de una restricción efectiva de libertad, en la que los sancionados cumplen unas funciones sin estar concentrados en un solo lugar.
Diego Martínez, exintegrante de la comisión jurídica que negoció los Acuerdos de La Habana, resalta que aunque es muy positivo que existan puentes entre el Ministerio de Justicia y la JEP, las zonas que se quieren crear son un modelo de confinamiento rural que van en contravía a lo que dice el Acuerdo de Paz.
“Llevábamos un año sin que el Gobierno pudiese articular con el tribunal el tema de sanciones propias, así que este es un paso enorme, pero esas Zonas de Restauración y Reintegración Comunitaria se presentan como un modelo de confinamiento rural que puede ser equiparable a colonias penales, y esto contradice fundamentalmente la naturaleza de la sanción restaurativa y afecta la reincorporación de los firmantes, porque es un régimen que no está plasmado en La Habana, que se asemeja a los sistemas de justicia penal, y este no está no es una jurisdicción penal, sino de restauración”, explica.
Este diario conversó con varios excombatientes de las FARC, quienes afirmaron que esa propuesta es parecida a las “colonias agrícolas” que propuso Iván Duque durante su gobierno, cuando quiso hacer “correcciones” al Acuerdo de Paz. “No necesariamente tienen que ser cárceles con barrotes, puede haber mecanismos de reclusión distintos; pueden ser unos centros de colonias agrícolas, pero tiene que haber una proporcionalidad en la sanción”, dijo entonces Duque.
Para Martínez, el documento confunde lo que son las sanciones propias con los TOAR. Mientras las primeras son mecanismos que aborda directamente la JEP mientras que los TOAR son iniciativas de los mismos firmantes a efectos de ir cumpliendo la sanción.
“El documento confunde ambos términos. Lo que debe hacer el Ministerio de Justicia no es proponer actividades o proyectos para esos TOAR, sino poner al servicio de la JEP toda la infraestructura y acciones de implementación del Acuerdo de Paz para que se cumplan las sanciones, pero es el tribunal el que debe definir su contenido (…) En el borrador parece que los roles cambian y eso es un desconocimiento no diría de la Ministra de Justicia, sino de sectores del Ministerio”, explica Martínez.
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Y agrega: “Las sanciones propias deben ser cumplidas en libertad en la medida en que los firmantes están en proceso de reincorporación o algunos de ellos o incluso tienen trabajos a nivel político. Le doy un ejemplo, el trabajo de desminado es algo que se está adelantando en varias zonas del país. Los firmantes pueden ir determinados días a determinadas horas a cumplir con esa sanción y esa actividad, pero vuelven luego a sus actividades normales. No están confinados ni tienen restricción de movimiento”.
Zonas estarían ubicadas en áreas con alta afectación por el conflicto
El otro tema que preocupa es la ubicación que tendrían estas Zonas de Restauración y Reintegración Comunitaria, pues, según el documento, se realizaría “en áreas rurales o semiurbanas con alta afectación por el conflicto armado”. Y aunque el documento no lo diga, este diario pudo corroborar que se trataría de 41 zonas.
“El Estado nunca pudo garantizar la seguridad de los ETCR, me parece muy paradójico que pretenda nuevas zonas de reincorporación cuando no fue capaz de tener esas garantías”, explica Martínez.
El documento dice, que las “áreas residenciales” serían “espacios de alojamiento para los comparecientes con condiciones dignas y seguras, en donde se restringirá la libertad de circulación” y que existirían espacios de capacitación y trabajo “para la formación vocacional, la educación básica y el desarrollo de oficios”.
Sobre los trabajos restaurativos contenidos en el borrador se indica que los proyectos se deben hacer en consulta con las comunidades y víctimas y se delinean propuestas como la rehabilitación de infraestructura (reparación de escuela, caminos rurales, entre otros), proyectos ambientales como reforestación o servicios sociales como brigadas educativas y de salud.
También programas de alfabetización, talleres sobre derechos humanos y resolución de conflictos y sesiones individuales y grupales de terapias psicosociales para el manejo de traumas, fortalecimiento emocional y desarrollo de empatía. “Las ZRRC fomentarán encuentros periódicos entre los comparecientes, las víctimas y las comunidades, organizados bajo la dirección de mediadores capacitados en justicia restaurativa”, dice el borrador.
Las ZRRC estarían supervisadas, según el texto, por “representantes de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la JEP, la Subdirección del Sistema Restaurativo de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, el Ministerio de Justicia y las ONGs que deseen hacer parte del proceso”.
El segundo componente del documento es una propuesta sobre conferencias que incluyan una fase inicial de diálogo entre comparecientes y víctimas que permitan “identificar y consensuar modelos de acuerdos que incluyan medidas de reparación mediante las cuales las víctimas vean satisfechos sus derechos”. Esos modelos, dice el borrador, serán presentados ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP que evaluará su pertinencia.
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Los espacios tendrán mediadores capacitados que serán formados “no solo aspectos técnicos, como la mediación y la gestión de conflictos, sino también el desarrollo de una sensibilidad cultural y psicosocial que permita actuar en diferentes contextos”.
De acuerdo con información que conoció este diario, este jueves, 26 de diciembre, se dará una nueva reunión para seguir discutiendo la propuesta. En febrero deberá decirse a fondo sobre estos lineamientos.
Colombia+20 consultó con la JEP sobre su postura frente al borrador entregado por el Minjusticia, pero el tribunal dijo que por ahora no se pronunciaría y solo envió una escueta respuesta en la que decía: “Esa propuesta formulada en la mesa técnica deberá ser estudiada en su momento por la JEP”.
El Ministerio de Justicia presentó el borrador el pasado jueves en la sede de esa cartera, en un encuentro que tuvieron cara a cara las entidades nacionales que conforman la Instancia de Articulación entre el Gobierno, que deben facilitar la implementación de las sanciones propias.
Esa instancia llevaba seis meses sin reunirse -la última sesión fue en mayo y la anterior en febrero pasados-.En la reunión estuvieron, entre otros, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, presidente de la JEP; el secretario ejecutivo de jurisdicción, Harvey Suárez, Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, el viceministro (e) de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Diego Olarte, y Gloria Cuartas, directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz.
El encuentro se dio un día después de que Ramelli se encontró con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. “Queremos articular, mucho más, el Ejecutivo y la JEP en la perspectiva de la verdad y la reparación real de las víctimas de la violencia en Colombia”, escribió Petro en su cuenta de X (antes Twitter).
Se espera que el próximo año la JEP imponga las primeras sanciones propias.
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