“La restitución no puede generar nuevas víctimas”: Andrés Castro

¿Qué encontró en materia de restitución de tierra al llegar a la dirección, en septiembre de 2018?

El balance es muy positivo. Lo que encontramos es que se habían restituido más de 300.000 hectáreas y que el número de beneficiarios pasó los 40.000. Lo que vinimos a hacer es a mantener esta política pública y buscar acelerar los procesos. La idea es cumplirles a las víctimas y terminar el ejercicio. En cuanto a la ruta individual, en la etapa administrativa encontramos algunas dificultades, como las zonas que no están microfocalizadas; es decir, que no tienen condiciones de seguridad y de orden público para adelantar la restitución.

Lea: “Política de restitución de tierras no ha cambiado”: Andrés Castro

¿En qué zonas exactamente?

Esto ocurre en Arauca; el Catatumbo, en Norte de Santander; en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar; en la cuenca del Pacífico. Hay muchos territorios en Chocó, Valle, Cauca y Nariño, en municipios como Tumaco, y algunas zonas del Putumayo, Caquetá, Meta y Casanare. Allí tenemos unas 25.000 solicitudes individuales, que se han presentado desde 2011 hasta la fecha, y no tenemos las condiciones para tramitarlas.

Existe la tesis de que muchos de los crímenes contra líderes sociales tienen de fondo temas de tierras.

Nosotros no hemos visto que haya una relación causa-efecto en la formulación de una solicitud y la amenaza a un líder social. Desde Restitución hemos hecho acompañamiento de esas víctimas, facilitando esquemas de protección a través de la Unidad Nacional de Protección, el envío de alertas tempranas a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio del Interior, a través del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección (PAO).

¿No observa entonces una relación entre violencia contra líderes y procesos de restitución de tierras?

Cuando hemos validado las situaciones, no hemos podido encontrar un nexo causal. No podemos estigmatizar la política de restitución diciendo que inmediatamente la solicitan, reciben amenazas. Lo que sí creo es que hay que mejorar las acciones preventivas y, obviamente, como parte del Gobierno, tengo una preocupación muy grande de que ocurran estas situaciones en el territorio.

En este primer año del gobierno Duque, ¿cuál es el balance que hace en materia de restitución?

Hemos mantenido el proceso. Se han restituido más de 20.000 hectáreas y el número de beneficiarios de la Ley es de unos 5.000 en estos primeros doce meses. Pero yo veo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras como una política pública que se planteó a diez años y no en términos de “esto hizo el Gobierno anterior y esto hizo este Gobierno”. Ellos tuvieron siete años y a mí me quedan tres. Yo veo esto como un proceso integral en el que el objetivo es uno solo: cumplirles a las víctimas.

¿Qué sigue?

La meta es terminar la etapa administrativa de los procesos, pasarles a los jueces y magistrados las demandas y seguir en el cumplimiento de órdenes judiciales y en la articulación interinstitucional. Además, nos hemos puesto en la tarea de buscar caminos para acelerar el proceso y superar los cuellos de botella que se han planteado. Y tenemos un tema muy importante que estamos adelantando con el acompañamiento de la Procuraduría, que es la revisión de los actos administrativos y los expedientes con los que se negaron inscripciones. Esa es una tarea que inició el Gobierno anterior. Nosotros este año estamos haciendo las del 2018 y la Procuraduría tiene casos especiales, en determinados territorios, donde quiere hacer una revisión específica. Vamos a revisar unos 3.500 casos uno a uno. Lo que queremos es estar seguros de que no se les violaron derechos a personas que efectivamente habían sufrido un despojo.

Usted ha dicho que le quedan menos de tres años. ¿Cree que la Ley de Víctimas debe prorrogarse?

El potencial en restitución, desde el punto de vista campesino, son unas 500.000 hectáreas; y en la ruta colectiva, son 2’000.000, es decir, hay 2’500.000 hectáreas por restituir. Lo que hasta hoy se ha logrado es mucho más que lo que cualquier proceso históricamente ha hecho en Colombia. Ni el Incoder ni el Incora tuvieron estos resultados. Con esto le quiero decir que tengo una visión optimista y estoy confiado en que al final de la vigencia de la Ley habremos cumplido con todos los procesos administrativos y estarán en manos de los jueces todas las demandas de restitución que se han solicitado. Ya el tiempo que se demore en salir la última sentencia de restitución, para eso no se necesita la Unidad, porque fue creada con una vocación transitoria.

¿Entonces, si no se necesita la Unidad, no debería prorrogarse su existencia?

Considero que no se debe prorrogar. Lo que va a pasar es que la Unidad Administrativa Especial de Gestión en Restitución de Tierras entrará a liquidación, mientras yo seguiré tramitando los casos pendientes, los que no tengo muy microfocalizados, los que no logren un acuerdo con las comunidades étnicas sobre el ejercicio de caracterización, porque eso tiene una complejidad.

¿Quiere decir que en 2021, cuando se cumplan los diez años de vigencia de la Ley, la Unidad debe cerrar sus puertas?

Lo que voy a hacer de aquí al 10 de junio de 2021 es recibir solicitudes y darles trámite. Después de ese día no recibo ni una más.

¿Y qué va a pasar con las zonas que no fueron microfocalizadas?

Es un tema delicado, porque son considerables: 25.000 solicitudes equivalen al 16 %, en las que no sé qué hacer, cómo tramitar. El criterio de la microfocalización es muy válido porque garantiza la no repetición, pero de pronto para esos territorios podríamos pensar en la compensación como método de restitución. Si no puedo lograr que la persona vuelva al predio, lo que puedo es ofrecerle otro predio equivalente, en otro lado.

Lo escuché decir que el enfoque de la restitución de tierras no es buscar responsables. Me causa curiosidad que en un tema como el despojo de tierras el Estado no quiera identificar a quienes le han quitado la tierra a la gente...

Yo veo la restitución como una medida de reparación, en la que se supera ese hecho. Cuando uno define la propiedad privada, alguien resulta perdiendo: el que reclama el predio y por razones jurídicas no se le restituye, o el tercero de buena fe al que le toca devolverlo. Yo veo que es más complejo y no hay que ponerlo en blanco y negro. No es víctima y victimario, no es despojado y despojador. En la mitad hay un montón de gente que, en un país donde la informalidad sobre la propiedad de la tierra ha sido tan alta, puede resultar afectada por un acto injusto.

Pero con ese enfoque muchos despojadores, personas que se beneficiaron personalmente de la guerra, podrán salir impunes y sin asumir responsabilidades...

Las tienen que asumir, pero no con la Unidad de Restitución de Tierras. Yo le doy traslado a la autoridad competente, a la Fiscalía, a los jueces. Por eso digo que la naturaleza de este proceso no es penal, es civil y administrativo, porque resuelve temas de propiedad. Una de las lecciones que deja es la necesidad de una jurisdicción agraria, donde se resuelvan estos casos. Pero la naturaleza de esta entidad no es la de hacer justicia. Yo sí identifico actores, pero son otras autoridades las que deben resolver quién fue el que se benefició de la guerra. Nosotros enviamos a los jueces, al Centro de Memoria Histórica, a la Comisión de la Verdad, pero no resuelvo eso, ni esa es la naturaleza del proceso. La filosofía, el espíritu que anima esto, es la reparación integral a las víctimas.

Muchos violentólogos han sostenido que la tierra es una de las causas de la guerra, ¿qué opina de esta interpretación?

Soy un convencido de que la tierra fue el motivo del conflicto y que el dominio sobre la propiedad fue causante de nuestra tragedia. En el Gobierno estamos comprometidos con esta causa, con cumplirles a las víctimas, pero la experiencia nos dicta que esto no ha sido un tema de buenos y malos, y este proceso no puede generar nuevas víctimas.

Es decir, usted es un convencido de la existencia del conflicto armado...

El artículo 3° de la Ley de Víctimas habla la existencia del conflicto armado. Es decir, su existencia está reconocida. Ahora, también hay un debate académico y político, del cual no quiero participar.

Le puede interesar: La encrucijada de la política de restitución de tierras

Para nadie es un secreto que los más duros enemigos que tiene el proceso de restitución de tierras son del Centro Democrático, personas cercanas al partido de Gobierno, como la senadora María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie. ¿Se ha sentido respaldado por ellos?

Yo trabajo por el cumplimiento de la Ley y de la misión que me encomendaron. Soy un convencido de que estos procesos tienen sentido y de que el Gobierno está comprometido con esto. Estos procesos son de única instancia. Sobre eso, la Corte ya se pronunció, dijo que hace parte del Sistema de Justicia Transicional, que es un derecho fundamental que tienen las víctimas a ser reparadas. Y no me salgo de ese ordenamiento. Entonces lo que yo estoy buscando es mejorar el proceso. Trato de entender la lógica de la senadora Cabal y del señor Lafaurie. Les he dicho que nos sentemos a revisar el proyecto de ley que ella presentó para crear la segunda instancia, que volvía a invertir la carga de la prueba, y en ese aspecto pienso que eso no es viable. No se puede desnaturalizar el proceso de restitución. Quiero entender dónde puedo mejorar mi proceso en la etapa administrativa. Reconozco, por ejemplo, que la senadora propuso un tema de garantía de los intervinientes, eso podría mejorarse. Es decir, para mejorar el proceso, bienvenidos, pero para tumbarlo no.

En lo que tiene que ver con el caso del Consejo Comunitario Los Cardonales de Guacoche, ¿qué significado tiene la demanda que fue llevada ante los jueces de restitución de tierras?

Nosotros hacemos dos tipos de restituciones, que son algo similares pero tienen sus diferencias. Una es la restitución individual, que en general es a campesinos que fueron despojados o fueron obligados a abandonar sus tierras por fenómenos de violencia en el territorio. Y hay una restitución colectiva, étnica, que aplica para comunidades indígenas y negras, y tiene otra lógica. Diría que la idea es reivindicar al Estado con esas comunidades. En la ruta étnica está la idea de ese reconocimiento de las comunidades en sus territorios, y como es una reparación colectiva, que no define propiedad individual, las medidas de reparación integral van más allá de darle una solución de vivienda, un proyecto productivo. En el caso de los Cardonales específicamente, uno podría pensar que en el departamento del Cesar solo hay indígenas y resulta que no. Este es un consejo comunitario afro y queda a quince minutos de Valledupar. Con la presentación de la demanda se culminó la etapa de acompañamiento administrativa, la cual termina con un acto de confianza en la que la Unidad asume la representación jurídica de la comunidad y nos convertimos en parte del proceso.

¿En cifras, cuál es el panorama de restitución de tierras en el Cesar?

Hemos recibido 7.300 solicitudes de restitución en nuestra oficina territorial Cesar-La Guajira. De esas, 1.088 son de La Guajira y el resto son del Cesar. El 81 % de esas solicitudes se han tramitado y se han decidido de fondo. Y tenemos pendientes 1.100 solicitudes, de las cuales 160 están suspendidas, y el resto, que equivalen a unas 900, son la meta de este año. Cumplido esto, terminaremos con toda la etapa administrativa. Hemos llevado más de 1.300 procesos ante los jueces de restitución de tierras y tenemos 200 sentencias en los dos departamentos. El balance es positivo.

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¿Qué encontró en materia de restitución de tierra al llegar a la dirección, en septiembre de 2018?

El balance es muy positivo. Lo que encontramos es que se habían restituido más de 300.000 hectáreas y que el número de beneficiarios pasó los 40.000. Lo que vinimos a hacer es a mantener esta política pública y buscar acelerar los procesos. La idea es cumplirles a las víctimas y terminar el ejercicio. En cuanto a la ruta individual, en la etapa administrativa encontramos algunas dificultades, como las zonas que no están microfocalizadas; es decir, que no tienen condiciones de seguridad y de orden público para adelantar la restitución.

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¿En qué zonas exactamente?

Esto ocurre en Arauca; el Catatumbo, en Norte de Santander; en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar; en la cuenca del Pacífico. Hay muchos territorios en Chocó, Valle, Cauca y Nariño, en municipios como Tumaco, y algunas zonas del Putumayo, Caquetá, Meta y Casanare. Allí tenemos unas 25.000 solicitudes individuales, que se han presentado desde 2011 hasta la fecha, y no tenemos las condiciones para tramitarlas.

Existe la tesis de que muchos de los crímenes contra líderes sociales tienen de fondo temas de tierras.

Nosotros no hemos visto que haya una relación causa-efecto en la formulación de una solicitud y la amenaza a un líder social. Desde Restitución hemos hecho acompañamiento de esas víctimas, facilitando esquemas de protección a través de la Unidad Nacional de Protección, el envío de alertas tempranas a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio del Interior, a través del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección (PAO).

¿No observa entonces una relación entre violencia contra líderes y procesos de restitución de tierras?

Cuando hemos validado las situaciones, no hemos podido encontrar un nexo causal. No podemos estigmatizar la política de restitución diciendo que inmediatamente la solicitan, reciben amenazas. Lo que sí creo es que hay que mejorar las acciones preventivas y, obviamente, como parte del Gobierno, tengo una preocupación muy grande de que ocurran estas situaciones en el territorio.

En este primer año del gobierno Duque, ¿cuál es el balance que hace en materia de restitución?

Hemos mantenido el proceso. Se han restituido más de 20.000 hectáreas y el número de beneficiarios de la Ley es de unos 5.000 en estos primeros doce meses. Pero yo veo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras como una política pública que se planteó a diez años y no en términos de “esto hizo el Gobierno anterior y esto hizo este Gobierno”. Ellos tuvieron siete años y a mí me quedan tres. Yo veo esto como un proceso integral en el que el objetivo es uno solo: cumplirles a las víctimas.

¿Qué sigue?

La meta es terminar la etapa administrativa de los procesos, pasarles a los jueces y magistrados las demandas y seguir en el cumplimiento de órdenes judiciales y en la articulación interinstitucional. Además, nos hemos puesto en la tarea de buscar caminos para acelerar el proceso y superar los cuellos de botella que se han planteado. Y tenemos un tema muy importante que estamos adelantando con el acompañamiento de la Procuraduría, que es la revisión de los actos administrativos y los expedientes con los que se negaron inscripciones. Esa es una tarea que inició el Gobierno anterior. Nosotros este año estamos haciendo las del 2018 y la Procuraduría tiene casos especiales, en determinados territorios, donde quiere hacer una revisión específica. Vamos a revisar unos 3.500 casos uno a uno. Lo que queremos es estar seguros de que no se les violaron derechos a personas que efectivamente habían sufrido un despojo.

Usted ha dicho que le quedan menos de tres años. ¿Cree que la Ley de Víctimas debe prorrogarse?

El potencial en restitución, desde el punto de vista campesino, son unas 500.000 hectáreas; y en la ruta colectiva, son 2’000.000, es decir, hay 2’500.000 hectáreas por restituir. Lo que hasta hoy se ha logrado es mucho más que lo que cualquier proceso históricamente ha hecho en Colombia. Ni el Incoder ni el Incora tuvieron estos resultados. Con esto le quiero decir que tengo una visión optimista y estoy confiado en que al final de la vigencia de la Ley habremos cumplido con todos los procesos administrativos y estarán en manos de los jueces todas las demandas de restitución que se han solicitado. Ya el tiempo que se demore en salir la última sentencia de restitución, para eso no se necesita la Unidad, porque fue creada con una vocación transitoria.

¿Entonces, si no se necesita la Unidad, no debería prorrogarse su existencia?

Considero que no se debe prorrogar. Lo que va a pasar es que la Unidad Administrativa Especial de Gestión en Restitución de Tierras entrará a liquidación, mientras yo seguiré tramitando los casos pendientes, los que no tengo muy microfocalizados, los que no logren un acuerdo con las comunidades étnicas sobre el ejercicio de caracterización, porque eso tiene una complejidad.

¿Quiere decir que en 2021, cuando se cumplan los diez años de vigencia de la Ley, la Unidad debe cerrar sus puertas?

Lo que voy a hacer de aquí al 10 de junio de 2021 es recibir solicitudes y darles trámite. Después de ese día no recibo ni una más.

¿Y qué va a pasar con las zonas que no fueron microfocalizadas?

Es un tema delicado, porque son considerables: 25.000 solicitudes equivalen al 16 %, en las que no sé qué hacer, cómo tramitar. El criterio de la microfocalización es muy válido porque garantiza la no repetición, pero de pronto para esos territorios podríamos pensar en la compensación como método de restitución. Si no puedo lograr que la persona vuelva al predio, lo que puedo es ofrecerle otro predio equivalente, en otro lado.

Lo escuché decir que el enfoque de la restitución de tierras no es buscar responsables. Me causa curiosidad que en un tema como el despojo de tierras el Estado no quiera identificar a quienes le han quitado la tierra a la gente...

Yo veo la restitución como una medida de reparación, en la que se supera ese hecho. Cuando uno define la propiedad privada, alguien resulta perdiendo: el que reclama el predio y por razones jurídicas no se le restituye, o el tercero de buena fe al que le toca devolverlo. Yo veo que es más complejo y no hay que ponerlo en blanco y negro. No es víctima y victimario, no es despojado y despojador. En la mitad hay un montón de gente que, en un país donde la informalidad sobre la propiedad de la tierra ha sido tan alta, puede resultar afectada por un acto injusto.

Pero con ese enfoque muchos despojadores, personas que se beneficiaron personalmente de la guerra, podrán salir impunes y sin asumir responsabilidades...

Las tienen que asumir, pero no con la Unidad de Restitución de Tierras. Yo le doy traslado a la autoridad competente, a la Fiscalía, a los jueces. Por eso digo que la naturaleza de este proceso no es penal, es civil y administrativo, porque resuelve temas de propiedad. Una de las lecciones que deja es la necesidad de una jurisdicción agraria, donde se resuelvan estos casos. Pero la naturaleza de esta entidad no es la de hacer justicia. Yo sí identifico actores, pero son otras autoridades las que deben resolver quién fue el que se benefició de la guerra. Nosotros enviamos a los jueces, al Centro de Memoria Histórica, a la Comisión de la Verdad, pero no resuelvo eso, ni esa es la naturaleza del proceso. La filosofía, el espíritu que anima esto, es la reparación integral a las víctimas.

Muchos violentólogos han sostenido que la tierra es una de las causas de la guerra, ¿qué opina de esta interpretación?

Soy un convencido de que la tierra fue el motivo del conflicto y que el dominio sobre la propiedad fue causante de nuestra tragedia. En el Gobierno estamos comprometidos con esta causa, con cumplirles a las víctimas, pero la experiencia nos dicta que esto no ha sido un tema de buenos y malos, y este proceso no puede generar nuevas víctimas.

Es decir, usted es un convencido de la existencia del conflicto armado...

El artículo 3° de la Ley de Víctimas habla la existencia del conflicto armado. Es decir, su existencia está reconocida. Ahora, también hay un debate académico y político, del cual no quiero participar.

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Para nadie es un secreto que los más duros enemigos que tiene el proceso de restitución de tierras son del Centro Democrático, personas cercanas al partido de Gobierno, como la senadora María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie. ¿Se ha sentido respaldado por ellos?

Yo trabajo por el cumplimiento de la Ley y de la misión que me encomendaron. Soy un convencido de que estos procesos tienen sentido y de que el Gobierno está comprometido con esto. Estos procesos son de única instancia. Sobre eso, la Corte ya se pronunció, dijo que hace parte del Sistema de Justicia Transicional, que es un derecho fundamental que tienen las víctimas a ser reparadas. Y no me salgo de ese ordenamiento. Entonces lo que yo estoy buscando es mejorar el proceso. Trato de entender la lógica de la senadora Cabal y del señor Lafaurie. Les he dicho que nos sentemos a revisar el proyecto de ley que ella presentó para crear la segunda instancia, que volvía a invertir la carga de la prueba, y en ese aspecto pienso que eso no es viable. No se puede desnaturalizar el proceso de restitución. Quiero entender dónde puedo mejorar mi proceso en la etapa administrativa. Reconozco, por ejemplo, que la senadora propuso un tema de garantía de los intervinientes, eso podría mejorarse. Es decir, para mejorar el proceso, bienvenidos, pero para tumbarlo no.

En lo que tiene que ver con el caso del Consejo Comunitario Los Cardonales de Guacoche, ¿qué significado tiene la demanda que fue llevada ante los jueces de restitución de tierras?

Nosotros hacemos dos tipos de restituciones, que son algo similares pero tienen sus diferencias. Una es la restitución individual, que en general es a campesinos que fueron despojados o fueron obligados a abandonar sus tierras por fenómenos de violencia en el territorio. Y hay una restitución colectiva, étnica, que aplica para comunidades indígenas y negras, y tiene otra lógica. Diría que la idea es reivindicar al Estado con esas comunidades. En la ruta étnica está la idea de ese reconocimiento de las comunidades en sus territorios, y como es una reparación colectiva, que no define propiedad individual, las medidas de reparación integral van más allá de darle una solución de vivienda, un proyecto productivo. En el caso de los Cardonales específicamente, uno podría pensar que en el departamento del Cesar solo hay indígenas y resulta que no. Este es un consejo comunitario afro y queda a quince minutos de Valledupar. Con la presentación de la demanda se culminó la etapa de acompañamiento administrativa, la cual termina con un acto de confianza en la que la Unidad asume la representación jurídica de la comunidad y nos convertimos en parte del proceso.

¿En cifras, cuál es el panorama de restitución de tierras en el Cesar?

Hemos recibido 7.300 solicitudes de restitución en nuestra oficina territorial Cesar-La Guajira. De esas, 1.088 son de La Guajira y el resto son del Cesar. El 81 % de esas solicitudes se han tramitado y se han decidido de fondo. Y tenemos pendientes 1.100 solicitudes, de las cuales 160 están suspendidas, y el resto, que equivalen a unas 900, son la meta de este año. Cumplido esto, terminaremos con toda la etapa administrativa. Hemos llevado más de 1.300 procesos ante los jueces de restitución de tierras y tenemos 200 sentencias en los dos departamentos. El balance es positivo.

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