La semilla de la reforma agraria

Desde el recordado Pacto de Chicoral, cuyo nombre corresponde a un corregimiento del Tolima donde los conservadores, liberales, arroceros, ganaderos y, en general, los latifundistas del país se reunieron para proteger sus haciendas, hasta hoy no se había hablado de una reforma rural estructural, que empiece por la distribución equitativa de la tierra. (Vea nuestro especial sobre las zonas veredales)

Entonces, el 9 de enero de 1972, los intentos de reforma agraria se perdieron y lo que vino fue una contrarreforma del presidente Misael Pastrana y los sectores dominantes del país contra los intentos del campesinado de organizarse. En esa disputa nació la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), desarticulada a lo largo del conflicto armado entre el Gobierno y las Farc.

Hoy, 45 años después de ese pacto que llevó al sector campesino a romper monte en las sabanas y las cordilleras para tener un pedazo de tierra, nuevamente se vuelve a hablar de reforma agraria en estos territorios. “Para los proyectos productivos se necesita tierra”, dice Guillermo Ríos, quien fue el comandante del frente Felipe Rincón de las Farc y el encargado de implantar las reglas de la tenencia de la tierra en la región de Lozada, en La Macarena (Meta).

“En el área de ese frente existían normas de convivencia. Allá, el 50 % era para la ganadería, el 10 % para la agricultura y el 40 % para reserva o montaña. Las normas crearon un equilibrio entre el hombre y la naturaleza”, agrega Ríos. Las reglas son reglas y en esa época la guerrilla las hacía cumplir a como diera lugar.

En algunos sitios hubo “reformistas” de la misma insurgencia, que quitaron extensiones de tierra a la mafia, y en lugares como La Macarena las entregaban a las juntas de acción comunal para que las repartieran por lotes entre los campesinos. En esos lugares con poca presencia estatal las armas fueron la ley. Tras el Acuerdo de Paz con las Farc, el Gobierno se comprometió a titular las tierras a los campesinos y a distribuir tres millones de hectáreas entre los que no tienen.

El conflicto por la tenencia de la tierra, la razón principal del conflicto armado con las Farc, es uno de los que busca solucionar el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc. También busca impulsar la política de sustitución de cultivos de uso ilícito y hacer posible la reincorporación colectiva a través de proyectos productivos agrarios a través de las Economías Sociales del Común (Ecomún), la organización de economía solidaria que agrupará a las cooperativas que los excombatientes crearon en las 26 zonas veredales. Con ese proyecto pretenden empezar a consolidar una reforma rural aplazada.

Exguerrillero de las Farc sembrando las matas de sacha inchi. /Cristian Garavito.

Naturaleza y desarrollo industrial

Si hay un hecho que haya profundizado el conflicto en Colombia es el uso de la tierra. Durante las últimas cinco décadas, los gremios sindicales y las organizaciones campesinas e indígenas se han enfrentado al modelo económico del país. En algunas regiones se ha desarrollado minería de oro y carbón, por ejemplo, y en regiones como los Llanos Orientales, el petróleo ha sido la manzana de la discordia entre el Estado, la insurgencia y unos pobladores que siguen igual o más pobres que antes de la explotación del crudo.

Los cultivos de palma aceitera son paisaje en las tierras planas de Vistahermosa (Meta). A dos horas de la cabecera municipal, en la vereda La Cooperativa, está la zona veredal de los excombatientes de los frentes 27, 43 y 22, que suman un total de 327 exguerrilleros de las Farc. Ahí, el paisaje es verde de montaña y de pequeñas plantas de sacha inchi, el producto que impulsará esta zona a través de la cooperativa Sachapaz. Se trata de una planta originaria de la Amazonia colombiana, ecuatoriana y peruana, cultivada por los indígenas en siglos pasados.

En 1980, la Universidad de Cornell de Estados Unidos estableció que las semillas del sacha inchi, o maní inca, tenían un alto porcentaje de aceite y proteínas. “A largo plazo, el objetivo es crear un referente agroindustrial. La idea es que acá se monte una planta que procese y que le dé el valor agregado a la materia prima, que es la pepa, la semilla del sacha inchi de la cual se extraen aceites y otras materias primas para la industria”, dice Bayron Yepes, exmiembro del estado mayor del bloque Oriental, hoy coordinador de la zona veredal de Vistahermosa (Meta).

Yepes es el mismo encargado de coordinar la asesoría que reciben de la única cooperativa del producto que existe en Colombia y de varios agrónomos que capacitaron a 50 exguerrilleros. Ellos ya aprendieron a cultivar y a procesar el producto, cuenta el exjefe insurgente.

Hasta ahora han sembrado dos hectáreas, pero la iniciativa está pensada para exportar los productos a varios países de Europa. “Es una salida eficaz a los cultivos de coca”, explica Yepes, pues se da seis meses después de la siembra y a partir de ahí sigue produciendo semilla durante diez años. “La semilla se seca y luego se procesa: se le quita la cascara y se acera, y de ahí se saca un aceite que tiene muchas propiedades”, comenta este hombre de 50 años que en el pasado fue un hombre de guerra.

Para garantizar la soberanía alimentaria de los excombatientes, también tienen 2.000 cachamas en un lago y 100 gallinas ponedoras en un corral de guadua. Más adentro de Vistahermosa, atravesando el Parque Nacional Natural Tinigua, queda el municipio de La Macarena. Se llega transitando la trocha que rompió las Farc durante la zona de despeje del Caguán con el fin de conectar a este municipio con su departamento: el Meta. Esa cabecera municipal fue un bastión disputado por las Farc y las Fuerzas Militares.

Proyecto de gallinas ponedoras para la soberanía alimentaria de los excombatientes de la zona veredal de La Macarena (Meta).

A diez minutos quedaba el campamento El Borugo, el sitio donde permaneció Víctor Julio Suárez, también conocido como el Mono Jojoy, máximo comandante del bloque Oriental, durante las negociaciones de paz del Caguán con Andrés Pastrana. En ese mismo territorio, en 2010, murió Suárez en un bombardeo del Ejército. Del Borugo a La Y, donde queda la zona veredal Urias Rondón, hay dos horas. Está asentada entre los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán (Caquetá), pero antes de llegar al sitio hay que levantar mucho polvo de la trocha y acompañar a un planchón que parece inalcanzable en el horizonte.

Es la serranía de La Macarena, una piedra gigante, como si fuera una pista aérea infinita. Los paisajes cambian entre sabanas, cerros y ríos. Se da yuca, maíz y plátano, pero sólo para el consumo de los campesinos. En la zona veredal Urias Rondón está Guillermo Ríos.

Él es quien habla de la reunión que ya tuvieron con empresarios de la China y de Hungría en la inspección San Juan de Lozada para saber cuáles son los intereses en los Llanos del Yarí y, también, para contarles del proyecto lechero, quizá el más grande de la región, que impulsa la cooperativa de los excombatientes de los frentes Yarí, Felipe Rincón y varias unidades móviles de las compañías Urias Rondón.

“Nosotros hemos dicho que somos de estos territorios y que vamos a seguir luchando y trabajando con las comunidades organizadamente”, dice Ríos, quien vigilaba que los finqueros (la mayoría con parcelas de máximo 200 hectáreas), tumbaran sólo cien hectáreas para sobrevivir y el resto lo destinaran a reserva y pasto para el ganado.

En la sabana extensa sí se pueden encontrar haciendas de 15.000 o 20.000 hectáreas. Esas son tierras descalcificadas, opina Ríos, el mismo que reclama tierras para que los exintegrantes del grupo armado puedan reincorporarse a la vida económica del país. “Lo que planteamos es que en esas tierras (las que le quitaron a la mafia) se deben empezar los proyectos productivos para la región. Pero como hay un acuerdo con el Estado, como están diciendo que las tierras de las Farc, listo, tome, aquí están las tierras, una finca, dos fincas. Pero insistimos en que el Estado nos debe legalizar algunas tierras, porque sencillamente en las Farc somos bastantes y debemos empezar un proyecto en alguna parte, en alguna zona”, señala.

Esa es una opción. En todo caso, en esta región la mayoría de tierras de los campesinos sólo están legalizadas por una carta de colonos que entregaron las juntas de acción comunal en su momento. No tienen títulos de propiedad. La idea de las Farc, en su tránsito a la vida política, busca vincular a Ecomún a los pobladores de esas regiones para constituir grandes industrias en zonas donde se vieron troncos de árboles con cabezas de hombres asesinados en la guerra de paramilitares, guerrilla y Fuerzas Militares.

Desde el recordado Pacto de Chicoral, cuyo nombre corresponde a un corregimiento del Tolima donde los conservadores, liberales, arroceros, ganaderos y, en general, los latifundistas del país se reunieron para proteger sus haciendas, hasta hoy no se había hablado de una reforma rural estructural, que empiece por la distribución equitativa de la tierra. (Vea nuestro especial sobre las zonas veredales)

Entonces, el 9 de enero de 1972, los intentos de reforma agraria se perdieron y lo que vino fue una contrarreforma del presidente Misael Pastrana y los sectores dominantes del país contra los intentos del campesinado de organizarse. En esa disputa nació la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), desarticulada a lo largo del conflicto armado entre el Gobierno y las Farc.

Hoy, 45 años después de ese pacto que llevó al sector campesino a romper monte en las sabanas y las cordilleras para tener un pedazo de tierra, nuevamente se vuelve a hablar de reforma agraria en estos territorios. “Para los proyectos productivos se necesita tierra”, dice Guillermo Ríos, quien fue el comandante del frente Felipe Rincón de las Farc y el encargado de implantar las reglas de la tenencia de la tierra en la región de Lozada, en La Macarena (Meta).

“En el área de ese frente existían normas de convivencia. Allá, el 50 % era para la ganadería, el 10 % para la agricultura y el 40 % para reserva o montaña. Las normas crearon un equilibrio entre el hombre y la naturaleza”, agrega Ríos. Las reglas son reglas y en esa época la guerrilla las hacía cumplir a como diera lugar.

En algunos sitios hubo “reformistas” de la misma insurgencia, que quitaron extensiones de tierra a la mafia, y en lugares como La Macarena las entregaban a las juntas de acción comunal para que las repartieran por lotes entre los campesinos. En esos lugares con poca presencia estatal las armas fueron la ley. Tras el Acuerdo de Paz con las Farc, el Gobierno se comprometió a titular las tierras a los campesinos y a distribuir tres millones de hectáreas entre los que no tienen.

El conflicto por la tenencia de la tierra, la razón principal del conflicto armado con las Farc, es uno de los que busca solucionar el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc. También busca impulsar la política de sustitución de cultivos de uso ilícito y hacer posible la reincorporación colectiva a través de proyectos productivos agrarios a través de las Economías Sociales del Común (Ecomún), la organización de economía solidaria que agrupará a las cooperativas que los excombatientes crearon en las 26 zonas veredales. Con ese proyecto pretenden empezar a consolidar una reforma rural aplazada.

Exguerrillero de las Farc sembrando las matas de sacha inchi. /Cristian Garavito.

Naturaleza y desarrollo industrial

Si hay un hecho que haya profundizado el conflicto en Colombia es el uso de la tierra. Durante las últimas cinco décadas, los gremios sindicales y las organizaciones campesinas e indígenas se han enfrentado al modelo económico del país. En algunas regiones se ha desarrollado minería de oro y carbón, por ejemplo, y en regiones como los Llanos Orientales, el petróleo ha sido la manzana de la discordia entre el Estado, la insurgencia y unos pobladores que siguen igual o más pobres que antes de la explotación del crudo.

Los cultivos de palma aceitera son paisaje en las tierras planas de Vistahermosa (Meta). A dos horas de la cabecera municipal, en la vereda La Cooperativa, está la zona veredal de los excombatientes de los frentes 27, 43 y 22, que suman un total de 327 exguerrilleros de las Farc. Ahí, el paisaje es verde de montaña y de pequeñas plantas de sacha inchi, el producto que impulsará esta zona a través de la cooperativa Sachapaz. Se trata de una planta originaria de la Amazonia colombiana, ecuatoriana y peruana, cultivada por los indígenas en siglos pasados.

En 1980, la Universidad de Cornell de Estados Unidos estableció que las semillas del sacha inchi, o maní inca, tenían un alto porcentaje de aceite y proteínas. “A largo plazo, el objetivo es crear un referente agroindustrial. La idea es que acá se monte una planta que procese y que le dé el valor agregado a la materia prima, que es la pepa, la semilla del sacha inchi de la cual se extraen aceites y otras materias primas para la industria”, dice Bayron Yepes, exmiembro del estado mayor del bloque Oriental, hoy coordinador de la zona veredal de Vistahermosa (Meta).

Yepes es el mismo encargado de coordinar la asesoría que reciben de la única cooperativa del producto que existe en Colombia y de varios agrónomos que capacitaron a 50 exguerrilleros. Ellos ya aprendieron a cultivar y a procesar el producto, cuenta el exjefe insurgente.

Hasta ahora han sembrado dos hectáreas, pero la iniciativa está pensada para exportar los productos a varios países de Europa. “Es una salida eficaz a los cultivos de coca”, explica Yepes, pues se da seis meses después de la siembra y a partir de ahí sigue produciendo semilla durante diez años. “La semilla se seca y luego se procesa: se le quita la cascara y se acera, y de ahí se saca un aceite que tiene muchas propiedades”, comenta este hombre de 50 años que en el pasado fue un hombre de guerra.

Para garantizar la soberanía alimentaria de los excombatientes, también tienen 2.000 cachamas en un lago y 100 gallinas ponedoras en un corral de guadua. Más adentro de Vistahermosa, atravesando el Parque Nacional Natural Tinigua, queda el municipio de La Macarena. Se llega transitando la trocha que rompió las Farc durante la zona de despeje del Caguán con el fin de conectar a este municipio con su departamento: el Meta. Esa cabecera municipal fue un bastión disputado por las Farc y las Fuerzas Militares.

Proyecto de gallinas ponedoras para la soberanía alimentaria de los excombatientes de la zona veredal de La Macarena (Meta).

A diez minutos quedaba el campamento El Borugo, el sitio donde permaneció Víctor Julio Suárez, también conocido como el Mono Jojoy, máximo comandante del bloque Oriental, durante las negociaciones de paz del Caguán con Andrés Pastrana. En ese mismo territorio, en 2010, murió Suárez en un bombardeo del Ejército. Del Borugo a La Y, donde queda la zona veredal Urias Rondón, hay dos horas. Está asentada entre los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán (Caquetá), pero antes de llegar al sitio hay que levantar mucho polvo de la trocha y acompañar a un planchón que parece inalcanzable en el horizonte.

Es la serranía de La Macarena, una piedra gigante, como si fuera una pista aérea infinita. Los paisajes cambian entre sabanas, cerros y ríos. Se da yuca, maíz y plátano, pero sólo para el consumo de los campesinos. En la zona veredal Urias Rondón está Guillermo Ríos.

Él es quien habla de la reunión que ya tuvieron con empresarios de la China y de Hungría en la inspección San Juan de Lozada para saber cuáles son los intereses en los Llanos del Yarí y, también, para contarles del proyecto lechero, quizá el más grande de la región, que impulsa la cooperativa de los excombatientes de los frentes Yarí, Felipe Rincón y varias unidades móviles de las compañías Urias Rondón.

“Nosotros hemos dicho que somos de estos territorios y que vamos a seguir luchando y trabajando con las comunidades organizadamente”, dice Ríos, quien vigilaba que los finqueros (la mayoría con parcelas de máximo 200 hectáreas), tumbaran sólo cien hectáreas para sobrevivir y el resto lo destinaran a reserva y pasto para el ganado.

En la sabana extensa sí se pueden encontrar haciendas de 15.000 o 20.000 hectáreas. Esas son tierras descalcificadas, opina Ríos, el mismo que reclama tierras para que los exintegrantes del grupo armado puedan reincorporarse a la vida económica del país. “Lo que planteamos es que en esas tierras (las que le quitaron a la mafia) se deben empezar los proyectos productivos para la región. Pero como hay un acuerdo con el Estado, como están diciendo que las tierras de las Farc, listo, tome, aquí están las tierras, una finca, dos fincas. Pero insistimos en que el Estado nos debe legalizar algunas tierras, porque sencillamente en las Farc somos bastantes y debemos empezar un proyecto en alguna parte, en alguna zona”, señala.

Esa es una opción. En todo caso, en esta región la mayoría de tierras de los campesinos sólo están legalizadas por una carta de colonos que entregaron las juntas de acción comunal en su momento. No tienen títulos de propiedad. La idea de las Farc, en su tránsito a la vida política, busca vincular a Ecomún a los pobladores de esas regiones para constituir grandes industrias en zonas donde se vieron troncos de árboles con cabezas de hombres asesinados en la guerra de paramilitares, guerrilla y Fuerzas Militares.