La sustitución voluntaria en Briceño es posible

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (Unodc), en asocio con el Gobierno de Colombia, presentan hoy el Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2017. En Viena, sede de esta agencia de la ONU, ya se ha sostenido que el debate debe situarse en los derechos de las familias cultivadoras y no en la cantidad de “matas sembradas”. Quizás por eso, a propósito de la entrega de dicho reporte, vale la pena compartir la experiencia de Briceño, un pequeño municipio del norte de Antioquia donde el desafío es hacer sostenible en el tiempo los avances logrados en erradicación voluntaria de coca.

Entre mayo y junio de 2017, cientos de familias de once veredas de Briceño que se comprometieron con el programa de sustitución voluntaria arrancaron sus matas de coca. Naciones Unidas hizo visitas a las fincas y comprobó que la comunidad cumplió su palabra. Posteriormente, otras 24 veredas acabaron con toda la coca que había sembrada en la zona rural de este municipio. Al principio nadie creía que esto se lograra, pero un esfuerzo conjunto en el que participaron muchos actores ha venido mostrando que al menos aquí la sustitución voluntaria es más benéfica, incluyente, respetuosa de derechos humanos y más eficaz que la erradicación forzada, aun cuando requiere tiempo.

En los primeros meses de este año, más de 120 asambleas comunitarias y mesas temáticas se efectuaron, al tiempo que se conformó una estructura local de funcionamiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

También lea: Sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, en veremos

La Agencia de Renovación del Territorio (ART) también desplegó su accionar en terreno y avanzó en la construcción de los ocho pilares del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). A través de acuerdos con la población se pudo avanzar en pequeñas inversiones comunitarias que están en ejecución. Además, con el plan 50/51 se busca arreglar las carreteras. La Alcaldía, por su parte, ha hecho convenios de mejoramiento de algunas vías terciarias y de la vía que une a Briceño con Yarumal, lo que, aun siendo insuficiente, está en marcha.

De las medidas de urgencia acordadas en el Plan de Atención Inmediata para las familias que dejaron atrás su dependencia económica de la coca, el Gobierno Nacional materializó la asistencia alimentaria, consistente en un pago bimensual durante un año, el cual ya se cumplió. Todas las veredas ahora están ad portas de culminar dicho período. Unos “filtros de exclusión” aplicados al principio del proceso causaron inconformismo; sin embargo, una comisión municipal de planeación participativa abordó uno a uno los casos para garantizar que los recursos llegaran a quienes cumplieron los requisitos establecidos. Este punto ameritó un esfuerzo por bancarizar a la población, llevando el Banco Agrario hasta la cabecera municipal.

La asistencia técnica solicitada llegó, con retraso, a comienzos de 2018. Avanzó mediante un convenio en el cual participan la Unodc y Asdesebri, una asociación local de productores de café que empaca uno de los mejores granos del país y que se proyecta para tener una red de tiendas con su producto. Para prestar este servicio, esta asociación hizo una selección abierta y destinó técnicos para elaborar diagnósticos prediales y acompañar a las familias en la identificación y planeación de sus proyectos.

Por otra parte, en los últimos 15 días se hizo la entrega de un conjunto de materiales y artículos para el establecimiento de huertas y otras iniciativas de seguridad alimentaria, por un valor de $1’800.000 a las primeras 775 familias de las más de 2.700 que se vincularon a este proceso. Esto permitió a la gran mayoría de las personas de estas comunidades recuperar la confianza en el programa. “Ya pensábamos que esto se había detenido, pero llegó”, decían algunos excocaleros al momento de recibir dichos elementos.

De todo el país, Briceño es el único municipio donde se han dado pasos concretos con los exrecolectores de coca, no sin inconformismos. Ha habido un gran retraso de parte del Gobierno para cumplirle a este sector, que al no ser atendido puede irse a otras partes en busca de empleo (y generalmente se ocupa en lo mismo que hacía antes). Un grupo de 56 jóvenes del núcleo Palmichal, contratados desde febrero, han recibido algún pago por trabajar en obras comunitarias. Los demás jóvenes, quienes en su mayoría ya tienen su propia familia, están a la expectativa. Lo grave es que la oferta de estudio y empleo para ellos sigue siendo precaria.

También lea: Siguen asesinando a líderes de sustitución de cultivos ilícitos

Ahora se tiene previsto pasar a la etapa de los proyectos productivos. Las federaciones nacionales de cacao y café han establecido viveros en puntos claves de núcleos veredales. De hecho, hace una semana arribaron las primeras plántulas de cacao a la vereda Chirí para sembrarlas donde antes hubo cultivos de coca.

Ahora bien, a pesar de que hay técnicos visitando las casas de los excocaleros, la comunidad aún no tiene certeza de cuándo comenzarán a llegar los apoyos de los proyectos de ciclo corto y de largo plazo contemplados en el acuerdo con el Gobierno.

Parte de las demoras se deben a la elaboración de protocolos en Bogotá, a que las decisiones se centralizaron y a que el anterior gobierno fue consiguiendo los fondos a medida que el programa avanzaba. De hecho, al hablar con la comunidad, las quejas mas frecuentes son la lentitud y los “cuellos de botella” no destrabados todavía. Problemas estructurales como la falta de tierras, por ejemplo, no se han resuelto a pesar de la decisión de la Agencia de Tierras de situar 136 subsidios para comprarle predios a familias sin tierra.

Para que la sustitución sea sostenible se requiere que los campesinos sean propietarios y así tengan dónde desarrollar sus proyectos productivos. Sólo dos de los beneficiarios podrían concretar la compra de dos predios en los próximos dos meses, a pesar de que cuentan con el subsidio desde hace dos años.

Entre las preocupaciones se mantiene vigente la situación de seguridad del territorio, sobre todo por el contexto en que se desenvuelve el conflicto en los municipios aledaños. Hay aspectos que han preocupado a comunidades y autoridades, sin embargo, funcionarios y técnicos del programa se desplazan por las veredas sin que hayan existido dificultades para ellos. La garantía de seguridad y protección del territorio es un reclamo en todas partes. Sin embargo, las instituciones no pueden inmovilizarse, por cuanto esto sólo les serviría a quienes no son partidarios de la continuidad de este proceso.

Una inquietud mayor entre todos los actores comprometidos con la sustitución voluntaria emprendida por el pueblo briceñita es la sostenibilidad de la misma. El mero cambio de unas plantas por otras es insuficiente y erróneo. Hasta ahora nadie ha resembrado coca allí y en las asambleas nadie se manifiesta proclive a dicho retorno. Aun así, no se puede cantar victoria todavía. Los resultados se harán visibles sólo si los compromisos se cumplen, haciendo, eso sí, ajustes para agilizar trámites y desembolsos. Hay que ampliar la mirada hacia la reconversión socioeconómica del territorio en su conjunto, incluyendo más a las mujeres y un mejor enfoque comunal, superando las soluciones individuales.

“Sin disparar un tiro”, como dice Sergio Conti, un poeta de la región, y más bien ganando legitimidad, se “suprimió la coca que existía” en Briceño. Corresponde al gobierno del presidente Iván Duque tomar lecciones de esta experiencia, con todo y sus defectos.

También lea: Sustitución de cultivos: ¿una lucha que Colombia da sola?

Revisar los aprendizajes con esta comunidad de pequeños agricultores que ha sido duramente victimizada, junto con las instituciones pertinentes del sector agropecuario y del posconflicto. Seguro encontrará que el desarrollo alternativo es un proceso lento, sí, pero más eficaz, más seguro y sostenible que la erradicación forzada cuando de economías campesinas se trata. Al fin y al cabo estamos hablando de desarrollo territorial, de cerrar brechas socioeconómicas y de mejorar las condiciones de vida del campesinado.

*Coordinador e investigador del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (Unodc), en asocio con el Gobierno de Colombia, presentan hoy el Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2017. En Viena, sede de esta agencia de la ONU, ya se ha sostenido que el debate debe situarse en los derechos de las familias cultivadoras y no en la cantidad de “matas sembradas”. Quizás por eso, a propósito de la entrega de dicho reporte, vale la pena compartir la experiencia de Briceño, un pequeño municipio del norte de Antioquia donde el desafío es hacer sostenible en el tiempo los avances logrados en erradicación voluntaria de coca.

Entre mayo y junio de 2017, cientos de familias de once veredas de Briceño que se comprometieron con el programa de sustitución voluntaria arrancaron sus matas de coca. Naciones Unidas hizo visitas a las fincas y comprobó que la comunidad cumplió su palabra. Posteriormente, otras 24 veredas acabaron con toda la coca que había sembrada en la zona rural de este municipio. Al principio nadie creía que esto se lograra, pero un esfuerzo conjunto en el que participaron muchos actores ha venido mostrando que al menos aquí la sustitución voluntaria es más benéfica, incluyente, respetuosa de derechos humanos y más eficaz que la erradicación forzada, aun cuando requiere tiempo.

En los primeros meses de este año, más de 120 asambleas comunitarias y mesas temáticas se efectuaron, al tiempo que se conformó una estructura local de funcionamiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

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La Agencia de Renovación del Territorio (ART) también desplegó su accionar en terreno y avanzó en la construcción de los ocho pilares del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). A través de acuerdos con la población se pudo avanzar en pequeñas inversiones comunitarias que están en ejecución. Además, con el plan 50/51 se busca arreglar las carreteras. La Alcaldía, por su parte, ha hecho convenios de mejoramiento de algunas vías terciarias y de la vía que une a Briceño con Yarumal, lo que, aun siendo insuficiente, está en marcha.

De las medidas de urgencia acordadas en el Plan de Atención Inmediata para las familias que dejaron atrás su dependencia económica de la coca, el Gobierno Nacional materializó la asistencia alimentaria, consistente en un pago bimensual durante un año, el cual ya se cumplió. Todas las veredas ahora están ad portas de culminar dicho período. Unos “filtros de exclusión” aplicados al principio del proceso causaron inconformismo; sin embargo, una comisión municipal de planeación participativa abordó uno a uno los casos para garantizar que los recursos llegaran a quienes cumplieron los requisitos establecidos. Este punto ameritó un esfuerzo por bancarizar a la población, llevando el Banco Agrario hasta la cabecera municipal.

La asistencia técnica solicitada llegó, con retraso, a comienzos de 2018. Avanzó mediante un convenio en el cual participan la Unodc y Asdesebri, una asociación local de productores de café que empaca uno de los mejores granos del país y que se proyecta para tener una red de tiendas con su producto. Para prestar este servicio, esta asociación hizo una selección abierta y destinó técnicos para elaborar diagnósticos prediales y acompañar a las familias en la identificación y planeación de sus proyectos.

Por otra parte, en los últimos 15 días se hizo la entrega de un conjunto de materiales y artículos para el establecimiento de huertas y otras iniciativas de seguridad alimentaria, por un valor de $1’800.000 a las primeras 775 familias de las más de 2.700 que se vincularon a este proceso. Esto permitió a la gran mayoría de las personas de estas comunidades recuperar la confianza en el programa. “Ya pensábamos que esto se había detenido, pero llegó”, decían algunos excocaleros al momento de recibir dichos elementos.

De todo el país, Briceño es el único municipio donde se han dado pasos concretos con los exrecolectores de coca, no sin inconformismos. Ha habido un gran retraso de parte del Gobierno para cumplirle a este sector, que al no ser atendido puede irse a otras partes en busca de empleo (y generalmente se ocupa en lo mismo que hacía antes). Un grupo de 56 jóvenes del núcleo Palmichal, contratados desde febrero, han recibido algún pago por trabajar en obras comunitarias. Los demás jóvenes, quienes en su mayoría ya tienen su propia familia, están a la expectativa. Lo grave es que la oferta de estudio y empleo para ellos sigue siendo precaria.

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Ahora se tiene previsto pasar a la etapa de los proyectos productivos. Las federaciones nacionales de cacao y café han establecido viveros en puntos claves de núcleos veredales. De hecho, hace una semana arribaron las primeras plántulas de cacao a la vereda Chirí para sembrarlas donde antes hubo cultivos de coca.

Ahora bien, a pesar de que hay técnicos visitando las casas de los excocaleros, la comunidad aún no tiene certeza de cuándo comenzarán a llegar los apoyos de los proyectos de ciclo corto y de largo plazo contemplados en el acuerdo con el Gobierno.

Parte de las demoras se deben a la elaboración de protocolos en Bogotá, a que las decisiones se centralizaron y a que el anterior gobierno fue consiguiendo los fondos a medida que el programa avanzaba. De hecho, al hablar con la comunidad, las quejas mas frecuentes son la lentitud y los “cuellos de botella” no destrabados todavía. Problemas estructurales como la falta de tierras, por ejemplo, no se han resuelto a pesar de la decisión de la Agencia de Tierras de situar 136 subsidios para comprarle predios a familias sin tierra.

Para que la sustitución sea sostenible se requiere que los campesinos sean propietarios y así tengan dónde desarrollar sus proyectos productivos. Sólo dos de los beneficiarios podrían concretar la compra de dos predios en los próximos dos meses, a pesar de que cuentan con el subsidio desde hace dos años.

Entre las preocupaciones se mantiene vigente la situación de seguridad del territorio, sobre todo por el contexto en que se desenvuelve el conflicto en los municipios aledaños. Hay aspectos que han preocupado a comunidades y autoridades, sin embargo, funcionarios y técnicos del programa se desplazan por las veredas sin que hayan existido dificultades para ellos. La garantía de seguridad y protección del territorio es un reclamo en todas partes. Sin embargo, las instituciones no pueden inmovilizarse, por cuanto esto sólo les serviría a quienes no son partidarios de la continuidad de este proceso.

Una inquietud mayor entre todos los actores comprometidos con la sustitución voluntaria emprendida por el pueblo briceñita es la sostenibilidad de la misma. El mero cambio de unas plantas por otras es insuficiente y erróneo. Hasta ahora nadie ha resembrado coca allí y en las asambleas nadie se manifiesta proclive a dicho retorno. Aun así, no se puede cantar victoria todavía. Los resultados se harán visibles sólo si los compromisos se cumplen, haciendo, eso sí, ajustes para agilizar trámites y desembolsos. Hay que ampliar la mirada hacia la reconversión socioeconómica del territorio en su conjunto, incluyendo más a las mujeres y un mejor enfoque comunal, superando las soluciones individuales.

“Sin disparar un tiro”, como dice Sergio Conti, un poeta de la región, y más bien ganando legitimidad, se “suprimió la coca que existía” en Briceño. Corresponde al gobierno del presidente Iván Duque tomar lecciones de esta experiencia, con todo y sus defectos.

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Revisar los aprendizajes con esta comunidad de pequeños agricultores que ha sido duramente victimizada, junto con las instituciones pertinentes del sector agropecuario y del posconflicto. Seguro encontrará que el desarrollo alternativo es un proceso lento, sí, pero más eficaz, más seguro y sostenible que la erradicación forzada cuando de economías campesinas se trata. Al fin y al cabo estamos hablando de desarrollo territorial, de cerrar brechas socioeconómicas y de mejorar las condiciones de vida del campesinado.

*Coordinador e investigador del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos