La urgencia de la implementación

Tras suscribir finalmente un nuevo acuerdo de paz que incluyera varias de las propuestas e inquietudes de los sectores de oposición, el Gobierno debe concentrar ahora sus esfuerzos en lograr su refrendación para dar inicio cuanto antes a la implementación de lo pactado en La Habana con las Farc. Y sobre el tema hay urgencia. No sólo porque el cese el fuego bilateral y definitivo es frágil —como lo han sostenido en múltiples ocasiones los plenipotenciarios del Gobierno y como quedó demostrado en parte con el incidente de este miércoles en el sur de Bolívar—, sino también porque en los territorios comienzan a verse los riesgos y las consecuencias de la falta de acción.

Así lo dejó claro ayer el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, quien aseguró que la principal preocupación del organismo es lo que está sucediendo en términos de seguridad en las zonas de las que han salido las Farc —por cuenta del cese de hostilidades y el preagrupamiento—, a donde están llegando diferentes organizaciones criminales que se disputan las economías ilícitas.

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“Estamos observando en terreno que hay muchos grupos criminales posparamilitarismo que están entrando de varias partes del país. Hay un problema real que existe hoy en día en razón de un incremento de violencia en diferentes regiones, por falta de implementar los acuerdos de manera integral. Las Farc están agrupándose y están dejando vacíos de poder sin que se hayan transformado las economías ilícitas. La no implementación de este acuerdo está generando costos reales para la gente que vive en estos territorios”, denunció Howland e insistió en que la ventana de oportunidades para transformar la realidad de las comunidades se está cerrando.

Durante una rueda de prensa que contó con la participación de representantes de diferentes comunidades del Pacífico, el representante de la ONU especificó además que su oficina ha identificado varias zonas específicas en las que este fenómeno se está dando con claridad, como en la zona que va desde Tumaco (Nariño) hasta Guapi (Cauca) y la que comprende el departamento de Chocó incluso hasta el Urabá y Tierralta (Córdoba). “Todas estas zonas tienen movimientos en razón de vacíos de poder. En varias partes donde las Farc tenían presencia, como en El Bagre o Remedios, ahora hay espacios de confusión sobre quién tiene el poder e influencia, y eso está generando factores de violencia. Estas áreas tienen una relación fuerte con economías ilícitas y ese es el problema de la falta de implementación de los acuerdos”, explicó.

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Para Leyner Palacios, representante del comité de víctimas de Bojayá, es evidente el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra actualmente el proceso, por lo que se requieren decisiones urgentes. “Cada día que pasa es una amenaza. En Bojayá estamos expuestos a que se presenten situaciones como las del sur de Bolívar, e incluso otras mucho más graves, y eso es lo que queremos prevenir”, sostuvo.

Puede leer cómo el apoyo a la agricultura juega un papel muy importante en la recuperaciónd de Bojayá. 

El líder aseguró que las víctimas y comunidades de Chocó se sienten identificadas con el nuevo acuerdo alcanzado en La Habana e hizo un llamado a los sectores de oposición que votaron no en el plebiscito por la paz para que entiendan que, si bien esta paz no es perfecta, es la base para comenzar. “Somos conscientes de que no es un acuerdo perfecto. Nosotros mismos hicimos propuestas que quizá no fueron incluidas, pero esta es una negociación y no podemos pensar que nos van a satisfacer todo lo que queremos. Aquí tenemos la necesidad de superar el conflicto armado. Hay que entender el momento coyuntural y no se puede exponer a otra gente a que, por los caprichos y deseos de que nos incluyan cosas, tengan que vivir situaciones como las que ya hemos vivido”, resaltó.

En igual sentido se pronunció monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, quien puso sobre la mesa la urgencia de que entren en vigencia los puntos acordados en La Habana entre los equipos de paz de Farc y Gobierno. “Creemos que la paz es posible, urgente y necesaria. Es mucho más humano y políticamente correcto que ese acuerdo sea implementado lo más pronto posible. Este territorio ha sido particularmente afectado tanto por el conflicto armado como por el conflicto social y la violencia urbana que se está viviendo en este momento. Hay que empezar a ver esta paz desde una perspectiva más amplia que requiere de la acción del Estado y la sociedad civil”, señaló el obispo.

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De ahí la importancia de que el proceso de construcción de paz surja desde los territorios y se nutra del trabajo entre lo local y lo nacional, como lo señaló Yuli Palacios, representante de la corporación Pacipaz. Para ella, la clave del éxito está en que se articulen todos los procesos con las comunidades, pues es claro que existe “un divorcio entre el liderazgo central con los procesos que se llevan a cabo en las comunidades. Por eso queremos pedirle al pueblo colombiano solidaridad con todas las comunidades que han sufrido los embates de la guerra para que todos nos podamos reconciliar realmente en este contexto de implementación de los acuerdos”.

Un llamado al que se unió Leyner Palacios, quien calificó de injusto que aquellos que no han vivido en carne propia los rigores de la guerra tomen decisiones trascendentales que afectan directamente a las poblaciones que por años han tenido que enfrentar las consecuencias del conflicto armado. Desde su punto de vista, el abandono y la discriminación histórica que ha vivido Chocó son tan patentes que se vieron reflejadas incluso en la misma jornada electoral del plebiscito por la paz.
“Nuestras víctimas decían que querían votar por el Sí, pero la gente no llegó a las urnas porque no había condiciones para acceder al derecho al voto. Nuestras comunidades no pudieron opinar porque en muchos casos los puestos de votación quedaban a tres días de camino. No es justo que una población que ve esto por televisión decida sobre una situación y una realidad que nosotros vivimos día a día. No podemos condenar a nuestros hijos a que sigan viviendo la guerra que nosotros padecimos”, concluyó Palacios.

Tras suscribir finalmente un nuevo acuerdo de paz que incluyera varias de las propuestas e inquietudes de los sectores de oposición, el Gobierno debe concentrar ahora sus esfuerzos en lograr su refrendación para dar inicio cuanto antes a la implementación de lo pactado en La Habana con las Farc. Y sobre el tema hay urgencia. No sólo porque el cese el fuego bilateral y definitivo es frágil —como lo han sostenido en múltiples ocasiones los plenipotenciarios del Gobierno y como quedó demostrado en parte con el incidente de este miércoles en el sur de Bolívar—, sino también porque en los territorios comienzan a verse los riesgos y las consecuencias de la falta de acción.

Así lo dejó claro ayer el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, quien aseguró que la principal preocupación del organismo es lo que está sucediendo en términos de seguridad en las zonas de las que han salido las Farc —por cuenta del cese de hostilidades y el preagrupamiento—, a donde están llegando diferentes organizaciones criminales que se disputan las economías ilícitas.

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“Estamos observando en terreno que hay muchos grupos criminales posparamilitarismo que están entrando de varias partes del país. Hay un problema real que existe hoy en día en razón de un incremento de violencia en diferentes regiones, por falta de implementar los acuerdos de manera integral. Las Farc están agrupándose y están dejando vacíos de poder sin que se hayan transformado las economías ilícitas. La no implementación de este acuerdo está generando costos reales para la gente que vive en estos territorios”, denunció Howland e insistió en que la ventana de oportunidades para transformar la realidad de las comunidades se está cerrando.

Durante una rueda de prensa que contó con la participación de representantes de diferentes comunidades del Pacífico, el representante de la ONU especificó además que su oficina ha identificado varias zonas específicas en las que este fenómeno se está dando con claridad, como en la zona que va desde Tumaco (Nariño) hasta Guapi (Cauca) y la que comprende el departamento de Chocó incluso hasta el Urabá y Tierralta (Córdoba). “Todas estas zonas tienen movimientos en razón de vacíos de poder. En varias partes donde las Farc tenían presencia, como en El Bagre o Remedios, ahora hay espacios de confusión sobre quién tiene el poder e influencia, y eso está generando factores de violencia. Estas áreas tienen una relación fuerte con economías ilícitas y ese es el problema de la falta de implementación de los acuerdos”, explicó.

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Para Leyner Palacios, representante del comité de víctimas de Bojayá, es evidente el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra actualmente el proceso, por lo que se requieren decisiones urgentes. “Cada día que pasa es una amenaza. En Bojayá estamos expuestos a que se presenten situaciones como las del sur de Bolívar, e incluso otras mucho más graves, y eso es lo que queremos prevenir”, sostuvo.

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El líder aseguró que las víctimas y comunidades de Chocó se sienten identificadas con el nuevo acuerdo alcanzado en La Habana e hizo un llamado a los sectores de oposición que votaron no en el plebiscito por la paz para que entiendan que, si bien esta paz no es perfecta, es la base para comenzar. “Somos conscientes de que no es un acuerdo perfecto. Nosotros mismos hicimos propuestas que quizá no fueron incluidas, pero esta es una negociación y no podemos pensar que nos van a satisfacer todo lo que queremos. Aquí tenemos la necesidad de superar el conflicto armado. Hay que entender el momento coyuntural y no se puede exponer a otra gente a que, por los caprichos y deseos de que nos incluyan cosas, tengan que vivir situaciones como las que ya hemos vivido”, resaltó.

En igual sentido se pronunció monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, quien puso sobre la mesa la urgencia de que entren en vigencia los puntos acordados en La Habana entre los equipos de paz de Farc y Gobierno. “Creemos que la paz es posible, urgente y necesaria. Es mucho más humano y políticamente correcto que ese acuerdo sea implementado lo más pronto posible. Este territorio ha sido particularmente afectado tanto por el conflicto armado como por el conflicto social y la violencia urbana que se está viviendo en este momento. Hay que empezar a ver esta paz desde una perspectiva más amplia que requiere de la acción del Estado y la sociedad civil”, señaló el obispo.

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De ahí la importancia de que el proceso de construcción de paz surja desde los territorios y se nutra del trabajo entre lo local y lo nacional, como lo señaló Yuli Palacios, representante de la corporación Pacipaz. Para ella, la clave del éxito está en que se articulen todos los procesos con las comunidades, pues es claro que existe “un divorcio entre el liderazgo central con los procesos que se llevan a cabo en las comunidades. Por eso queremos pedirle al pueblo colombiano solidaridad con todas las comunidades que han sufrido los embates de la guerra para que todos nos podamos reconciliar realmente en este contexto de implementación de los acuerdos”.

Un llamado al que se unió Leyner Palacios, quien calificó de injusto que aquellos que no han vivido en carne propia los rigores de la guerra tomen decisiones trascendentales que afectan directamente a las poblaciones que por años han tenido que enfrentar las consecuencias del conflicto armado. Desde su punto de vista, el abandono y la discriminación histórica que ha vivido Chocó son tan patentes que se vieron reflejadas incluso en la misma jornada electoral del plebiscito por la paz.
“Nuestras víctimas decían que querían votar por el Sí, pero la gente no llegó a las urnas porque no había condiciones para acceder al derecho al voto. Nuestras comunidades no pudieron opinar porque en muchos casos los puestos de votación quedaban a tres días de camino. No es justo que una población que ve esto por televisión decida sobre una situación y una realidad que nosotros vivimos día a día. No podemos condenar a nuestros hijos a que sigan viviendo la guerra que nosotros padecimos”, concluyó Palacios.