La verdad de los pueblos indígenas de la Amazonía

Los pueblos indígenas de la amazonía colombiana coinciden en que pocas veces se les reconoce como víctimas del conflicto. Reclaman, incluso, que a pesar de ser una región del país en la que se han cometido desplazamientos, masacres, desapariciones y otros de tipos de violencias, su territorio no fue contemplado, si quiera, para tener un PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). Dicen que la violencia en sus resguardos ha quedado impune.

Aunque son muchas las organizaciones indígenas que tienen incidencia en los territorios, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha liderado varios procesos para que los crímenes cometidos por grupos armados se conozcan y las víctimas sean reparadas. Álvaro Piranga es el líder para la Amazonia de esta Organización y cuenta que el caso más emblemático del conflicto armado fue la masacre cometida contra los coreguajes el 25 de julio de 1997. “Ese día fueron asesinados siete compañeros indígenas dentro de su propia comunidad. Luego, meses después, el 4 de septiembre, cometieron una segunda masacre en el resguardo de San José donde asesinaron a cinco compañeros. Y en el transcurso de unos tres o cuatro años fueron asesinados 65 compañeros coreguajes en total”, mencionó el líder.

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Los relatos de las víctimas, las peticiones para que no se repitan sus hechos y sus verdades sobre lo ocurrido en el conflicto armado serán parte del Encuentro Territorial de Reconocimiento: la verdad indígena de la Amazonia, el primero de siete eventos virtuales de la Comisión de la Verdad, con los que buscan escuchar a estas comunidades de distintos departamentos que buscan hacer sus aportes sobre lo vivido en la guerra.

En el evento, que será transmitido por las redes de la Comisión de la Verdad y Colombia 2020, este jueves 28 de agosto a las 9 de la mañana, participarán Patricia Tobón, Alejandra Llano y Carolina Tez, de la Comisión de la Verdad, y los líderes Julio César López Jamioy, presidente de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac); Álvaro Piranga Cruz, consejero de la ONIC para la Amazonía; Belkis Izquierdo Torres, magistrada de la JEP; Richard Moreno, procurador étnico; Juliette de Riveiro, representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y Lizbeth Bastidas, analista y asesora de la Comisión.

Tobón explicó también que la Comisión emprendió un viaje de tres meses atravesando los ríos de la Amazonía para escuchar a los indígenas víctimas del conflicto y entender las dinámicas propias de la guerra ahora. “Ahí han estado las Farc, los paramilitares, el M-19, el Eln e incluso la Fuerza Pública (…), pero el gran problema de la Amazonía es que se tiende a pensar que allá no hubo conflicto, que a ellos no les tocó”, dijo la comisionada.

Y esta es una verdad irrefutable. De hecho, es una de las regiones del país de las que menos se tiene información. Según Tobón, la primera información registrada sobre los conflictos armados en esos seis departamentos (Amazonas, Guaviare, Putumayo, Caquetá, Vaupés y Guainía) es de 2001, a pesar de que la mayor cantidad de desplazamientos y masacres ocurrieron entre los años 1990 a 2000. Pero de eso no hay información.

Uno de los riesgos que han vivido, entre muchas otras cosas, es el peligro de exterminio y extinción que tienen a pesar de que en su territorio hay 213 de los 887 resguardos indígenas de todo el país. Aunque la Comisión está revisando la información entregada por la Unidad de Víctimas, Caquetá sería el municipio con mayor número de casos por hechos victimizantes como la desaparición forzada y los homicidios.

Piranga, por ejemplo, cuenta que su lucha porque la verdad se conozca y puedan romper lo que ellos denominan como una invisibilización de la cultura, comenzó desde hace más de una década en la que lleva trabajando por el restablecimiento de los derechos.

(Le recomendamos: ¿Cuál es el rol de la justicia indígena en los casos de la JEP?)

Humberto Mongue, de la Asociación Ticuna Cocama y Yagua de Puerto Nariño, cuenta que lo que han implementado en los 22 resguardos indígenas aledaños a este municipio es la protección de su territorio a través de medidas de vigilancia, en las que impiden la entrada de actores armados legales o ilegales. “Nuestros territorios son sagrados y ancestrales, y por la experiencia que tenemos es mejor tomar nuestras propias medidas para proteger los sitios”.

Aunque Mongue dice que no conoce muy bien el trabajo de la Comisión de la Verdad, y lo que harán por los pueblos indígenas, comenta que se han reunido con otros líderes del trapecio amazónico para organizarse y participar de la justicia transicional. Sin embargo, asegura que se ha cansado de denunciar la guerra del narcotráfico que hay en la frontera con Perú, en la que además de reclutar a jóvenes para pasar droga de un país a otro, cuando muchos hacen trabajos en el país vecino les pagan, sin avisarles previamente, “en especie”, es decir, con cargas de cocaína “para que las vendan y se cobren de ahí”.

Otro de los obstáculos históricos que han tenido estas comunidades para visibilizar las violaciones de derechos humanos de las que han sido víctimas, son por las dificultades para comunicarse en lengua castellana. En la Amazonía colombiana se hablan 53 lenguas originarias de pueblos como los nukak, arijona, siona, piratapuyos, entre otros. Para ello, las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creados después del Acuerdo de Paz para la reparación y sanción de los hechos cometidos contra las víctimas, tienen un enfoque étnico con el que buscan adaptarse a estos pueblos y buscar intérpretes que les permita narrar sus relatos.

¿Pero para qué sirve el trabajo de la Comisión en estos hechos pasados? Esta entidad del sistema entregará, a finales de 2021, un informe final en el que se contará la verdad del conflicto armado a partir de versiones y testimonios de víctimas del conflicto, de excombatientes y de personas terceras. De hecho, en el trabajo que han venido adelantando, según Tobón, han encontrado que en 74 resguardos de la Amazonía se ha vivido el conflicto armado. Según la Unidad de Víctimas, hay unas 4.136 personas registradas, pero los líderes de la zona argumanetan que la cifra es mucho más alta, pero por la lejanía de muchos pueblos el acceso a ellos es complejo cuando no es presencial.

(Lea también: Afros, indígenas y pueblo rom, en la lucha por contar la verdad invisible)

Pero aunque se busque esclarecer la verdad, el conflicto no ha cesado en estos territorios. La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombia (Opiac), recordó que uno de los hechos más recientes que demuestran la persistencia de un conflicto, ocurrió el 21 de junio de este año cuando se conoció que una niña de 12 años, del resguardo Gito Dokabú – Embera Katío fue violada por ocho miembros del Ejército. La Comisión de la Verdad rechazó públicamente ese suceso y varias organizaciones se unieron para pedir justicia.

Hay muchos hechos victimizantes que han vivido esos pueblos, diferentes a los que se conoce convencionalmente en otras zonas del conflicto armado. “Muchos denuncian que eran privados de la libertad y los obligaban a desconocer sus procesos culturales e identitarios. O cuando nos cuentan que si hablaban en su idioma los castigaban, hay otros que fueron sometidos a procesos de esclavización en las caucheras y a la guerra de las fronteras (…) todas esas verdades queremos conocerlas y reconocer su posición como víctimas de la guerra”.

Los pueblos indígenas de la amazonía colombiana coinciden en que pocas veces se les reconoce como víctimas del conflicto. Reclaman, incluso, que a pesar de ser una región del país en la que se han cometido desplazamientos, masacres, desapariciones y otros de tipos de violencias, su territorio no fue contemplado, si quiera, para tener un PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). Dicen que la violencia en sus resguardos ha quedado impune.

Aunque son muchas las organizaciones indígenas que tienen incidencia en los territorios, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha liderado varios procesos para que los crímenes cometidos por grupos armados se conozcan y las víctimas sean reparadas. Álvaro Piranga es el líder para la Amazonia de esta Organización y cuenta que el caso más emblemático del conflicto armado fue la masacre cometida contra los coreguajes el 25 de julio de 1997. “Ese día fueron asesinados siete compañeros indígenas dentro de su propia comunidad. Luego, meses después, el 4 de septiembre, cometieron una segunda masacre en el resguardo de San José donde asesinaron a cinco compañeros. Y en el transcurso de unos tres o cuatro años fueron asesinados 65 compañeros coreguajes en total”, mencionó el líder.

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Los relatos de las víctimas, las peticiones para que no se repitan sus hechos y sus verdades sobre lo ocurrido en el conflicto armado serán parte del Encuentro Territorial de Reconocimiento: la verdad indígena de la Amazonia, el primero de siete eventos virtuales de la Comisión de la Verdad, con los que buscan escuchar a estas comunidades de distintos departamentos que buscan hacer sus aportes sobre lo vivido en la guerra.

En el evento, que será transmitido por las redes de la Comisión de la Verdad y Colombia 2020, este jueves 28 de agosto a las 9 de la mañana, participarán Patricia Tobón, Alejandra Llano y Carolina Tez, de la Comisión de la Verdad, y los líderes Julio César López Jamioy, presidente de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac); Álvaro Piranga Cruz, consejero de la ONIC para la Amazonía; Belkis Izquierdo Torres, magistrada de la JEP; Richard Moreno, procurador étnico; Juliette de Riveiro, representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y Lizbeth Bastidas, analista y asesora de la Comisión.

Tobón explicó también que la Comisión emprendió un viaje de tres meses atravesando los ríos de la Amazonía para escuchar a los indígenas víctimas del conflicto y entender las dinámicas propias de la guerra ahora. “Ahí han estado las Farc, los paramilitares, el M-19, el Eln e incluso la Fuerza Pública (…), pero el gran problema de la Amazonía es que se tiende a pensar que allá no hubo conflicto, que a ellos no les tocó”, dijo la comisionada.

Y esta es una verdad irrefutable. De hecho, es una de las regiones del país de las que menos se tiene información. Según Tobón, la primera información registrada sobre los conflictos armados en esos seis departamentos (Amazonas, Guaviare, Putumayo, Caquetá, Vaupés y Guainía) es de 2001, a pesar de que la mayor cantidad de desplazamientos y masacres ocurrieron entre los años 1990 a 2000. Pero de eso no hay información.

Uno de los riesgos que han vivido, entre muchas otras cosas, es el peligro de exterminio y extinción que tienen a pesar de que en su territorio hay 213 de los 887 resguardos indígenas de todo el país. Aunque la Comisión está revisando la información entregada por la Unidad de Víctimas, Caquetá sería el municipio con mayor número de casos por hechos victimizantes como la desaparición forzada y los homicidios.

Piranga, por ejemplo, cuenta que su lucha porque la verdad se conozca y puedan romper lo que ellos denominan como una invisibilización de la cultura, comenzó desde hace más de una década en la que lleva trabajando por el restablecimiento de los derechos.

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Humberto Mongue, de la Asociación Ticuna Cocama y Yagua de Puerto Nariño, cuenta que lo que han implementado en los 22 resguardos indígenas aledaños a este municipio es la protección de su territorio a través de medidas de vigilancia, en las que impiden la entrada de actores armados legales o ilegales. “Nuestros territorios son sagrados y ancestrales, y por la experiencia que tenemos es mejor tomar nuestras propias medidas para proteger los sitios”.

Aunque Mongue dice que no conoce muy bien el trabajo de la Comisión de la Verdad, y lo que harán por los pueblos indígenas, comenta que se han reunido con otros líderes del trapecio amazónico para organizarse y participar de la justicia transicional. Sin embargo, asegura que se ha cansado de denunciar la guerra del narcotráfico que hay en la frontera con Perú, en la que además de reclutar a jóvenes para pasar droga de un país a otro, cuando muchos hacen trabajos en el país vecino les pagan, sin avisarles previamente, “en especie”, es decir, con cargas de cocaína “para que las vendan y se cobren de ahí”.

Otro de los obstáculos históricos que han tenido estas comunidades para visibilizar las violaciones de derechos humanos de las que han sido víctimas, son por las dificultades para comunicarse en lengua castellana. En la Amazonía colombiana se hablan 53 lenguas originarias de pueblos como los nukak, arijona, siona, piratapuyos, entre otros. Para ello, las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creados después del Acuerdo de Paz para la reparación y sanción de los hechos cometidos contra las víctimas, tienen un enfoque étnico con el que buscan adaptarse a estos pueblos y buscar intérpretes que les permita narrar sus relatos.

¿Pero para qué sirve el trabajo de la Comisión en estos hechos pasados? Esta entidad del sistema entregará, a finales de 2021, un informe final en el que se contará la verdad del conflicto armado a partir de versiones y testimonios de víctimas del conflicto, de excombatientes y de personas terceras. De hecho, en el trabajo que han venido adelantando, según Tobón, han encontrado que en 74 resguardos de la Amazonía se ha vivido el conflicto armado. Según la Unidad de Víctimas, hay unas 4.136 personas registradas, pero los líderes de la zona argumanetan que la cifra es mucho más alta, pero por la lejanía de muchos pueblos el acceso a ellos es complejo cuando no es presencial.

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Pero aunque se busque esclarecer la verdad, el conflicto no ha cesado en estos territorios. La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombia (Opiac), recordó que uno de los hechos más recientes que demuestran la persistencia de un conflicto, ocurrió el 21 de junio de este año cuando se conoció que una niña de 12 años, del resguardo Gito Dokabú – Embera Katío fue violada por ocho miembros del Ejército. La Comisión de la Verdad rechazó públicamente ese suceso y varias organizaciones se unieron para pedir justicia.

Hay muchos hechos victimizantes que han vivido esos pueblos, diferentes a los que se conoce convencionalmente en otras zonas del conflicto armado. “Muchos denuncian que eran privados de la libertad y los obligaban a desconocer sus procesos culturales e identitarios. O cuando nos cuentan que si hablaban en su idioma los castigaban, hay otros que fueron sometidos a procesos de esclavización en las caucheras y a la guerra de las fronteras (…) todas esas verdades queremos conocerlas y reconocer su posición como víctimas de la guerra”.