La verdad que aún nos debe la ley de Justicia y Paz

Tras revisar 51 sentencias proferidas por tribunales de Justicia y Paz entre 2009 y 2017, la radiografía es más bien desoladora. La mitad de estos fallos tienen graves vacíos, en muchos de ellos no se determinaron ni los móviles de los crímenes ni las circunstancias precisas de estos o la identificación plena de todos los responsables, más allá de los alias que usaban en las organizaciones ilegales. Además, en algunos expedientes los comandantes procesados del paramilitarismo o de las guerrillas no tenían la información completa sobre los delitos perpetrados por sus hombres y, a pesar del reconocimiento de responsabilidad, sus “verdades” resultaron incompletas y problemáticas. No es todo. En casi todas las sentencias fue el testimonio de los postulados la principal fuente probatoria para impartir condenas o solicitar nuevas investigaciones.

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Estas son las principales conclusiones de una detallada investigación del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y el Instituto de Salud Pública de esa institución. El análisis cuantitativo de datos sobre la verdad judicial generada en el marco de la Ley de Justicia y Paz descubrió que, muy a pesar de logros para las víctimas, como el develamiento de más de 5.500 fosas comunes en todo el territorio nacional, son todavía muchas las deudas de este sistema de justicia transicional. No solo porque el denominado capítulo de la “paraeconomía” sigue siendo muy incipiente, sino porque la calidad de los fallos proferidos por los tribunales de Justicia y Paz de Bogotá, Medellín y Barranquilla no es la deseable para cerrar definitivamente las heridas de la guerra.

Los ocho investigadores que adelantaron el estudio elaboraron un modelo compuesto por cuatro variables para medir la calidad de la verdad judicial obtenida. Las variables escogidas fueron la determinación de los móviles para la comisión del delito, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, los responsables del crimen y la prevalencia de los testimonios de los postulados y las víctimas. En ese contexto, tan solo una de las 51 sentencias revisadas resultó de “alta calidad”. La mayoría fueron consideradas de “calidad media” debido a sus vacíos o falencias. Un resultado preocupante que cobra relevancia hoy, justo cuando el gobierno de Iván Duque busca fórmulas para reestructurar la Jurisdicción Especial para la Paz, columna vertebral del acuerdo de paz con las Farc. En total, los 51 fallos revisados agrupan 6.928 hechos criminales.

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De ese universo, se contabilizaron 576 señalamientos distribuidos así: 210 contra el Ejército Nacional, 187 contra empresas o empresarios concretos, 171 contra miembros de la Policía y 8 más contra miembros de la Armada. Todos por su presunta colaboración con las autodefensas, en su mayoría. En el capítulo sobre la identificación de los motivos de esos crímenes, la investigación señala que en el 58% de los casos se logró determinar los móviles de los perpetradores, es decir en 4.013 casos. Sin embargo, en el 42% restante, es decir, en 2.915 hechos no se pudo establecer la causa de esos delitos, lo cual constituye un problema no solo en materia de verdad judicial sino de verdad histórica. A su turno, en el 77% de los casos se especifican las circunstancias de tiempo, modo y lugar, pero en el 23% restante (1.571 episodios) esto no fue posible.

El informe no se pone con rodeos: “Enciende una alarma en materia de derechos a las víctimas”. Y añade: “La ausencia de una descripción de las circunstancias en los relatos constitutivos de verdad judicial impide que las víctimas cuenten con la información necesaria sobre sus casos particulares y, en consecuencia, les niega la posibilidad de controvertir el relato, privilegiando así la versión del condenado”. Con hallazgos aún más inquietantes. Tan solo en el 12 % de los hechos judicializados en Justicia y Paz (849 de 6.928 juzgados) se realiza una identificación total y completa de los autores materiales, mientras que en el 88 % restante “no se realiza una debida individualización de aquellos”. Es más, en 3.097 episodios las sentencias no dejaron claros ni los nombres ni los alias de los criminales, y en 2.982 estos datos estaban incompletos.

Resulta muy difícil hablar de verdad cuando lo más básico para encontrarla -saber los nombres e identificación de los perpetradores- no se logra determinar. Pero, además, la investigación documentó que en 8 de cada 10 hechos judicializados por Justicia y Paz la fuente principal que soportó las sentencias fueron los testimonios de los postulados. En 1.735 hechos juzgados en estas 51 sentencias no se incluyen evidencias distintas a los testimonios de los desmovilizados. Una cifra inquietante. En opinión de los investigadores, en 3.032 hechos de violencia la calidad de los hallazgos judiciales fue “baja”, en 3.086 fue “media” y tan solo en 90 fue “alta”. Dicho de otro modo, menos de 100 episodios de crímenes paramilitares sí fueron aclarados en su totalidad y con altos estándares para satisfacción de las víctimas. Los demás no llegaron a estos niveles óptimos.

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En relación con las posibles redes de apoyo de los desmovilizados, el estudio encontró que en 43 de las 51 sentencias analizadas se dejó constancia explícita de señalamientos contra miembros del Ejército como colaboradores de las autodefensas. Pero, “al tener como fuente principal el testimonio (del postulado, de la víctima o de ambos), el señalamiento muchas veces hereda las dificultades de este medio probatorio”, advierte el documento. Un escenario problemático para hallar la verdad. De todas maneras, en total 210 integrantes del Ejército resultaron mencionados en 43 expedientes, pero solo el 54% de ellos fue identificado plenamente. En 69 casos los nombres y apellidos fueron dados de forma incompleta, hay 21 más sin clasificar y en 6 episodios solo se dieron los alias de los uniformados.

En 171 de los señalamientos el rango de los presuntos involucrados quedó registrado en las sentencias. En el 53 % de los casos se responsabilizó a tenientes, sargentos, capitanes, cabos, soldados e intendentes. Tan solo en el 7 % de los hechos investigados “se trataba de militares con rango de oficiales insignia, entre los que había 14 generales de la República”. En el mayor número de acusaciones se relacionan a los militares con el bloque Catatumbo de Salvatore Mancuso y las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, así como el frente Héctor Julio Peinado que operó en el sur del Cesar y el bloque Mineros. “Se destaca la presunta pertenencia de miembros señalados del Ejército a la Brigada 30, con sede en Cúcuta; la Brigada 14, ubicada en Puerto Berrío (Antioquia); la Brigada 17, ubicada en la región de Urabá, y la Brigada Sexta, ubicada en Ibagué”.

Sobre los integrantes de la Policía salpicados en estos procesos, la investigación reveló que en 21 de las 51 sentencias aparecen graves señalamientos contra 171 de ellos como parte de la estructura de apoyo de los paramilitares. En el 59 % de estos hechos la identificación de los policías ha sido integral y en la mayoría de los expedientes los presuntos responsables de estas asociaciones ilícitas serían capitanes y tenientes. Tan solo se hallaron 14 acusaciones contra coroneles. Finalmente, en 20 de los 51 fallos de Justicia y Paz se identificaron 187 empresas o empresarios que habrían patrocinado estos ejércitos ilegales. “Cada uno de los señalados lo es en relación con un solo hecho de los judicializados en las sentencias de Justicia y Paz y ninguno de aquellos, a la fecha, es mencionado en más de una sentencia”, sostiene el documento.

Los sectores comercial, ganadero, arrocero y de transporte agrupan el mayor número de señalamientos en los fallos. De acuerdo con los investigadores, los bloques Catatumbo, Córdoba, Pacífico, Cacique Nutibara y Bananero fueron los que más nexos tuvieron con el empresariado mencionado en Justicia y Paz. Antioquia, Tolima, Córdoba, Chocó y Norte de Santander fueron los departamentos más afectados por estas alianzas criminales. Este ejercicio académico también encontró otra conclusión preocupante: de los 576 señalamientos contra terceros como supuestos patrocinadores de la violencia paramilitar en su mayoría, tan solo se pidieron investigaciones por parte de los magistrados en 191 episodios. En síntesis, a pesar de los avances, las condenas o las confesiones, Justicia y Paz sigue en deuda con Colombia.

Un debate que resulta muy pertinente en esta coyuntura en la cual la incertidumbre ronda la jurisdicción creada para cerrar el conflicto armado por cuenta de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP. Este domingo el presidente Iván Duque sostuvo, por ejemplo, que no se puede renunciar a la persecución penal de todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos para procesar solamente a los máximos responsables. Justamente fue eso lo que ocurrió en Justicia y Paz, un modelo de justicia transicional que tampoco fue la panacea. De todas maneras, esta investigación, coordinada por Claudia Media Aguilar de CITpax, el decano de Ciencias Políticas de la Javeriana Luis Fernando Múnera y el profesor Andrés Dávila, aporta nuevos elementos a la controversia.

Tras revisar 51 sentencias proferidas por tribunales de Justicia y Paz entre 2009 y 2017, la radiografía es más bien desoladora. La mitad de estos fallos tienen graves vacíos, en muchos de ellos no se determinaron ni los móviles de los crímenes ni las circunstancias precisas de estos o la identificación plena de todos los responsables, más allá de los alias que usaban en las organizaciones ilegales. Además, en algunos expedientes los comandantes procesados del paramilitarismo o de las guerrillas no tenían la información completa sobre los delitos perpetrados por sus hombres y, a pesar del reconocimiento de responsabilidad, sus “verdades” resultaron incompletas y problemáticas. No es todo. En casi todas las sentencias fue el testimonio de los postulados la principal fuente probatoria para impartir condenas o solicitar nuevas investigaciones.

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Estas son las principales conclusiones de una detallada investigación del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y el Instituto de Salud Pública de esa institución. El análisis cuantitativo de datos sobre la verdad judicial generada en el marco de la Ley de Justicia y Paz descubrió que, muy a pesar de logros para las víctimas, como el develamiento de más de 5.500 fosas comunes en todo el territorio nacional, son todavía muchas las deudas de este sistema de justicia transicional. No solo porque el denominado capítulo de la “paraeconomía” sigue siendo muy incipiente, sino porque la calidad de los fallos proferidos por los tribunales de Justicia y Paz de Bogotá, Medellín y Barranquilla no es la deseable para cerrar definitivamente las heridas de la guerra.

Los ocho investigadores que adelantaron el estudio elaboraron un modelo compuesto por cuatro variables para medir la calidad de la verdad judicial obtenida. Las variables escogidas fueron la determinación de los móviles para la comisión del delito, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, los responsables del crimen y la prevalencia de los testimonios de los postulados y las víctimas. En ese contexto, tan solo una de las 51 sentencias revisadas resultó de “alta calidad”. La mayoría fueron consideradas de “calidad media” debido a sus vacíos o falencias. Un resultado preocupante que cobra relevancia hoy, justo cuando el gobierno de Iván Duque busca fórmulas para reestructurar la Jurisdicción Especial para la Paz, columna vertebral del acuerdo de paz con las Farc. En total, los 51 fallos revisados agrupan 6.928 hechos criminales.

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De ese universo, se contabilizaron 576 señalamientos distribuidos así: 210 contra el Ejército Nacional, 187 contra empresas o empresarios concretos, 171 contra miembros de la Policía y 8 más contra miembros de la Armada. Todos por su presunta colaboración con las autodefensas, en su mayoría. En el capítulo sobre la identificación de los motivos de esos crímenes, la investigación señala que en el 58% de los casos se logró determinar los móviles de los perpetradores, es decir en 4.013 casos. Sin embargo, en el 42% restante, es decir, en 2.915 hechos no se pudo establecer la causa de esos delitos, lo cual constituye un problema no solo en materia de verdad judicial sino de verdad histórica. A su turno, en el 77% de los casos se especifican las circunstancias de tiempo, modo y lugar, pero en el 23% restante (1.571 episodios) esto no fue posible.

El informe no se pone con rodeos: “Enciende una alarma en materia de derechos a las víctimas”. Y añade: “La ausencia de una descripción de las circunstancias en los relatos constitutivos de verdad judicial impide que las víctimas cuenten con la información necesaria sobre sus casos particulares y, en consecuencia, les niega la posibilidad de controvertir el relato, privilegiando así la versión del condenado”. Con hallazgos aún más inquietantes. Tan solo en el 12 % de los hechos judicializados en Justicia y Paz (849 de 6.928 juzgados) se realiza una identificación total y completa de los autores materiales, mientras que en el 88 % restante “no se realiza una debida individualización de aquellos”. Es más, en 3.097 episodios las sentencias no dejaron claros ni los nombres ni los alias de los criminales, y en 2.982 estos datos estaban incompletos.

Resulta muy difícil hablar de verdad cuando lo más básico para encontrarla -saber los nombres e identificación de los perpetradores- no se logra determinar. Pero, además, la investigación documentó que en 8 de cada 10 hechos judicializados por Justicia y Paz la fuente principal que soportó las sentencias fueron los testimonios de los postulados. En 1.735 hechos juzgados en estas 51 sentencias no se incluyen evidencias distintas a los testimonios de los desmovilizados. Una cifra inquietante. En opinión de los investigadores, en 3.032 hechos de violencia la calidad de los hallazgos judiciales fue “baja”, en 3.086 fue “media” y tan solo en 90 fue “alta”. Dicho de otro modo, menos de 100 episodios de crímenes paramilitares sí fueron aclarados en su totalidad y con altos estándares para satisfacción de las víctimas. Los demás no llegaron a estos niveles óptimos.

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En relación con las posibles redes de apoyo de los desmovilizados, el estudio encontró que en 43 de las 51 sentencias analizadas se dejó constancia explícita de señalamientos contra miembros del Ejército como colaboradores de las autodefensas. Pero, “al tener como fuente principal el testimonio (del postulado, de la víctima o de ambos), el señalamiento muchas veces hereda las dificultades de este medio probatorio”, advierte el documento. Un escenario problemático para hallar la verdad. De todas maneras, en total 210 integrantes del Ejército resultaron mencionados en 43 expedientes, pero solo el 54% de ellos fue identificado plenamente. En 69 casos los nombres y apellidos fueron dados de forma incompleta, hay 21 más sin clasificar y en 6 episodios solo se dieron los alias de los uniformados.

En 171 de los señalamientos el rango de los presuntos involucrados quedó registrado en las sentencias. En el 53 % de los casos se responsabilizó a tenientes, sargentos, capitanes, cabos, soldados e intendentes. Tan solo en el 7 % de los hechos investigados “se trataba de militares con rango de oficiales insignia, entre los que había 14 generales de la República”. En el mayor número de acusaciones se relacionan a los militares con el bloque Catatumbo de Salvatore Mancuso y las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, así como el frente Héctor Julio Peinado que operó en el sur del Cesar y el bloque Mineros. “Se destaca la presunta pertenencia de miembros señalados del Ejército a la Brigada 30, con sede en Cúcuta; la Brigada 14, ubicada en Puerto Berrío (Antioquia); la Brigada 17, ubicada en la región de Urabá, y la Brigada Sexta, ubicada en Ibagué”.

Sobre los integrantes de la Policía salpicados en estos procesos, la investigación reveló que en 21 de las 51 sentencias aparecen graves señalamientos contra 171 de ellos como parte de la estructura de apoyo de los paramilitares. En el 59 % de estos hechos la identificación de los policías ha sido integral y en la mayoría de los expedientes los presuntos responsables de estas asociaciones ilícitas serían capitanes y tenientes. Tan solo se hallaron 14 acusaciones contra coroneles. Finalmente, en 20 de los 51 fallos de Justicia y Paz se identificaron 187 empresas o empresarios que habrían patrocinado estos ejércitos ilegales. “Cada uno de los señalados lo es en relación con un solo hecho de los judicializados en las sentencias de Justicia y Paz y ninguno de aquellos, a la fecha, es mencionado en más de una sentencia”, sostiene el documento.

Los sectores comercial, ganadero, arrocero y de transporte agrupan el mayor número de señalamientos en los fallos. De acuerdo con los investigadores, los bloques Catatumbo, Córdoba, Pacífico, Cacique Nutibara y Bananero fueron los que más nexos tuvieron con el empresariado mencionado en Justicia y Paz. Antioquia, Tolima, Córdoba, Chocó y Norte de Santander fueron los departamentos más afectados por estas alianzas criminales. Este ejercicio académico también encontró otra conclusión preocupante: de los 576 señalamientos contra terceros como supuestos patrocinadores de la violencia paramilitar en su mayoría, tan solo se pidieron investigaciones por parte de los magistrados en 191 episodios. En síntesis, a pesar de los avances, las condenas o las confesiones, Justicia y Paz sigue en deuda con Colombia.

Un debate que resulta muy pertinente en esta coyuntura en la cual la incertidumbre ronda la jurisdicción creada para cerrar el conflicto armado por cuenta de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP. Este domingo el presidente Iván Duque sostuvo, por ejemplo, que no se puede renunciar a la persecución penal de todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos para procesar solamente a los máximos responsables. Justamente fue eso lo que ocurrió en Justicia y Paz, un modelo de justicia transicional que tampoco fue la panacea. De todas maneras, esta investigación, coordinada por Claudia Media Aguilar de CITpax, el decano de Ciencias Políticas de la Javeriana Luis Fernando Múnera y el profesor Andrés Dávila, aporta nuevos elementos a la controversia.