La verdad sobre cómo el periodismo ha narrado la guerra
La Fundación Guillermo Cano y la Fundación para la Libertad de Prensa le entregaron a la Comisión de la Verdad un informe sobre la labor de los periodistas que durante décadas retrataron el conflicto armado. Las estigmatizaciones y la autocensura, las principales afectaciones.
Colombia en Transición
Desde 1977 hasta 2019, de acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 160 periodistas fueron asesinados en Colombia. Solo en 2019, se presentaron 509 agresiones. Ejercer el periodismo en este país es correr un alto riesgo, aún más para quienes trabajan en las regiones y han dedicado su vida a narrar cómo el conflicto armado ha afectado los territorios.
Para mostrar una parte de esta verdad y con el fin de que el país conozca las afectaciones a los periodistas, la Fundación Guillermo Cano y la FLIP, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la financiación del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz, elaboraron un informe, para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en el que se analiza el rol de los medios y sus trabajadores en el cubrimiento de la guerra. Lo hicieron a partir de las miradas de cien periodistas, editores y directores de medios de Arauca, Caquetá y Córdoba, donde se encuentran los índices más altos de violencia contra estos profesionales. Decenas de ellos fueron asesinados o amenazados en estos departamentos por la información que estaban publicando. Y lo más grave: la mayoría de los casos siguen en la impunidad. Como resultado de ese constante amedrentamiento, según el informe, hubo una ruptura de los tejidos comunicativos de las comunidades, que se tradujo en innumerables obstáculos a la hora de desarrollar esta labor.
Este documento, conocido por este diario, y que fue entregado este lunes a la Comisión de la Verdad, hace énfasis en las estigmatizaciones, un tipo de violencia invisibilizada que han padecido los periodistas en sus funciones, pero también como sujetos políticos. En un punto concuerdan los entrevistados: en zonas en conflicto cubrir determinada fuente acarrea ciertos peligros, sobre todo cuando se decide hacer pública su postura política o se hace una investigación en profundidad.
Un periodista en Caquetá, por ejemplo, cuenta cómo por hacer trabajo sobre las comunidades donde las Farc hicieron presencia fue intimidado por miembros de la fuerza pública, quienes le adjudicaron la categoría de aliado del grupo guerrillero: “Como parte de mi trabajo como periodista logré tener una interlocución con ellos, yo conocí el Bloque Sur, entrevisté a unos comandantes. Salí con una entrevista de, en ese entonces, el encargado del Frente 15, pero entonces eso me generó unos problemas verracos acá, porque cuando hablé con el general me preguntó y me reclamó”.
Las estigmatizaciones, denuncian, se traducen en seguimientos. Unas emisoras comunitarias de Arauca dicen que por su labor han tenido que lidiar con presiones de la fuerza pública: “Por ejemplo, el año pasado un capitán que la policía nos hizo un seguimiento con fotos, con Sijín, me imagino que telefónica también, porque hemos tenido choques porque la información la damos más desde la versión de las comunidades, no la de ellos. Entonces los pone bravos”. Y quienes se atreven de hablar de su militancia en público también sufren las consecuencias. Algunos señalan haber sido desplazados, encarcelados bajo supuestos cargos de rebelión y constantemente amenazados por los grupos armados legales e ilegales.
Por otro lado, si bien los periodistas de estos tres departamentos se refirieron a algunos episodios de censura directa que vivieron en el pasado por los grupos armados ilegales o incluso por los dueños de los medios de comunicación para los que trabajan, en el informe se resalta un fenómeno aún más preocupante: la autocensura. Los periodistas callan también por “la compleja relación de los medios con los poderes políticos locales y la precariedad de condiciones laborales dignas para los periodistas locales en Colombia”.
Es una autocensura ligada a la ausencia de condiciones para hacer investigación periodística. Los entrevistados dijeron haber encontrado en ella una estrategia de protección que les permitió seguir con su vida y con su carrera. Así lo expresa uno de los periodistas de Córdoba: “Los medios acá somos campeones en autocensurarnos. Yo lo reconozco y sin pena, porque el don más preciado que uno tiene que preservar es la vida y si uno se mete con ciertos temas pues la va a poner en peligro. En Córdoba nos autocensuramos muchísimo, nadie tiene que decirte ‘Mira, de este tema no hables’. Tú no te metes con lo que te puede generar polémica, tú no te metes con las estructuras paramilitares que siguen vivas acá, tú no te metes con los testaferros de los paramilitares, tú no te metes con estos grupos al margen de la ley que están vigentes, no te metes con los hilos del poder que de pronto se unen con un alcalde que tú sabes que es aliado de ellos”.
Lo más grave, afirman, es cuando el silencio no solo se apodera de ellos sino también de las comunidades y los servidores públicos. Aunque en los medios nacionales pareciera que solo en Bogotá suceden los hechos más graves, la verdad es que en los demás departamentos la situación de orden público es crítica, pero son pocos los que se atreven a denunciarlo. “No solo a pobladores que aprendieron a permanecer en silencio como forma casi tradicional para salvaguardar la vida o la tranquilidad, sino incluso de funcionarios públicos que no visibilizan realidades sociales complejas para no tener problemas. La autocensura así adquiere altos niveles, ya no como un asunto del silencio de la fuente y de la dificultad de su registro, sino de la comunicación entre ellas”, agrega el informe.
Una revisión del oficio
Esta verdad que el periodismo le entregó a la Comisión para su informe final también tiene otro objetivo, además de contar las victimizaciones: ilustrar las prácticas que, en ocasiones, llevaron a los reporteros a ser parte civil responsable del conflicto armado. El periodista visto como “una figura inmersa, nunca ajena, al conflicto y sus dinámicas”, que también alcanzó a degradarse en medio de las balas.Por eso preguntas como por qué se elige una noticia, cómo se manejan las fuentes o la manera en que se abordan los temas son relevantes. La mayoría de los entrevistados, por ejemplo, insiste en que, a pesar de haber diversificado la agenda para incluir temas de corrupción, medio ambiente o iniciativas comunitarias de paz, se les ha impuesto una narrativa parcializada desde los medios nacionales y la constante de la violencia.
Las grandes cadenas de medios siguen construyendo la agenda a partir del centralismo, de lo que a criterio de Bogotá es noticia en cada departamento. Y como en las regiones históricamente se ha padecido el conflicto, los contenidos se han enfocado en las alteraciones de orden público. Así lo explica un periodista: “El tema de las notas es todo lo negativo, puro orden público. Usted propone una nota y lo más seguro es que no salga, las fiestas de Arauca o cosas así que le dan realce al departamento no las aceptan. Aceptan: tres muertos, cuatro heridos, que una bomba, que un hostigamiento. Entonces a nosotros también nos dicen: ‘Es que el departamento tiene mala imagen por usted’, entonces me toca entrar a explicar a la gente que no es culpa mía (…) Y eso pues nos ha perjudicado bastante. No solamente a uno como corresponsal, porque a uno le pagan las notas, sino al departamento”.
Otra de las verdades que cuentan es que, dentro de los mismos hechos de violencia, las agendas de los medios nacionales fijan unas prioridades que, según ellos, no tienen en cuenta a la población civil. De hecho, tienen un papel protagónico las afectaciones a la infraestructura de las empresas por las pérdidas económicas, por encima de las dolencias de los más pobres y alejados de los cascos urbanos.
“Un tema que es prácticamente cerrado de Arauca [en los medios nacionales] es la corrupción. Fíjese que es tanto así que cuando vuelan el oleoducto Caño Limón-Coveñas todos los medios nacionales inmediatamente salen a hacer un despliegue grandísimo, pero el país entero no conoce que aquí se pierden miles de millones de pesos por la corrupción. Eso no le interesa al país. Al país le interesan solamente las muertes de Arauca, le interesa la cifra de soldados muertos de Arauca y el número de voladuras del Oleoducto y nada más. Y hoy en día sí hay una afectación de la guerra otra vez, pero tal vez me atrevo a decir yo que la corrupción está carcomiendo el departamento más que la propia guerra. Y de eso no se habla”, agrega otro reportero.
Sobre su responsabilidad en la publicación de contenidos bélicos, los periodistas también reconocieron que hubo errores. Aunque hasta hoy no ha habido una sentencia en contra de un medio de comunicación, según el informe, “en mayo de 2015, en sentencia contra tres miembros del Bloque Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín aseguró que El Meridiano, de Córdoba, diario tradicional del departamento, sirvió como instrumento para divulgar y propagar el ideario de los grupos paramilitares, justificar el fenómeno, lo que lo hace responsable ante la ley”.
Los reporteros que participaron en esta publicación pidieron no revelar sus nombres. Hoy, después de tres años de firmado el Acuerdo de Paz, siguen teniendo miedo por la crítica situación de orden público y el surgimiento de nuevas estructuras armadas. Sin embargo, como asegura una periodista de Caquetá, contar lo que les ha pasado en la guerra es también una manera de hacerle frente a la impunidad que ha atravesado sus afectaciones: “Queremos que la Comisión de la Verdad lo sepa, pero también el resto del país. En mi departamento acabaron con la vida de muchos colegas y hasta ahora no hay autores materiales ni intelectuales. Si dejamos que esto quede así, esta historia se seguirá repitiendo y cada día será más difícil ejercer esta labor”.
Escuche el pódcast sobre el riesgo de los periodistas que trabajan en zonas de guerra:
Desde 1977 hasta 2019, de acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 160 periodistas fueron asesinados en Colombia. Solo en 2019, se presentaron 509 agresiones. Ejercer el periodismo en este país es correr un alto riesgo, aún más para quienes trabajan en las regiones y han dedicado su vida a narrar cómo el conflicto armado ha afectado los territorios.
Para mostrar una parte de esta verdad y con el fin de que el país conozca las afectaciones a los periodistas, la Fundación Guillermo Cano y la FLIP, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la financiación del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz, elaboraron un informe, para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en el que se analiza el rol de los medios y sus trabajadores en el cubrimiento de la guerra. Lo hicieron a partir de las miradas de cien periodistas, editores y directores de medios de Arauca, Caquetá y Córdoba, donde se encuentran los índices más altos de violencia contra estos profesionales. Decenas de ellos fueron asesinados o amenazados en estos departamentos por la información que estaban publicando. Y lo más grave: la mayoría de los casos siguen en la impunidad. Como resultado de ese constante amedrentamiento, según el informe, hubo una ruptura de los tejidos comunicativos de las comunidades, que se tradujo en innumerables obstáculos a la hora de desarrollar esta labor.
Este documento, conocido por este diario, y que fue entregado este lunes a la Comisión de la Verdad, hace énfasis en las estigmatizaciones, un tipo de violencia invisibilizada que han padecido los periodistas en sus funciones, pero también como sujetos políticos. En un punto concuerdan los entrevistados: en zonas en conflicto cubrir determinada fuente acarrea ciertos peligros, sobre todo cuando se decide hacer pública su postura política o se hace una investigación en profundidad.
Un periodista en Caquetá, por ejemplo, cuenta cómo por hacer trabajo sobre las comunidades donde las Farc hicieron presencia fue intimidado por miembros de la fuerza pública, quienes le adjudicaron la categoría de aliado del grupo guerrillero: “Como parte de mi trabajo como periodista logré tener una interlocución con ellos, yo conocí el Bloque Sur, entrevisté a unos comandantes. Salí con una entrevista de, en ese entonces, el encargado del Frente 15, pero entonces eso me generó unos problemas verracos acá, porque cuando hablé con el general me preguntó y me reclamó”.
Las estigmatizaciones, denuncian, se traducen en seguimientos. Unas emisoras comunitarias de Arauca dicen que por su labor han tenido que lidiar con presiones de la fuerza pública: “Por ejemplo, el año pasado un capitán que la policía nos hizo un seguimiento con fotos, con Sijín, me imagino que telefónica también, porque hemos tenido choques porque la información la damos más desde la versión de las comunidades, no la de ellos. Entonces los pone bravos”. Y quienes se atreven de hablar de su militancia en público también sufren las consecuencias. Algunos señalan haber sido desplazados, encarcelados bajo supuestos cargos de rebelión y constantemente amenazados por los grupos armados legales e ilegales.
Por otro lado, si bien los periodistas de estos tres departamentos se refirieron a algunos episodios de censura directa que vivieron en el pasado por los grupos armados ilegales o incluso por los dueños de los medios de comunicación para los que trabajan, en el informe se resalta un fenómeno aún más preocupante: la autocensura. Los periodistas callan también por “la compleja relación de los medios con los poderes políticos locales y la precariedad de condiciones laborales dignas para los periodistas locales en Colombia”.
Es una autocensura ligada a la ausencia de condiciones para hacer investigación periodística. Los entrevistados dijeron haber encontrado en ella una estrategia de protección que les permitió seguir con su vida y con su carrera. Así lo expresa uno de los periodistas de Córdoba: “Los medios acá somos campeones en autocensurarnos. Yo lo reconozco y sin pena, porque el don más preciado que uno tiene que preservar es la vida y si uno se mete con ciertos temas pues la va a poner en peligro. En Córdoba nos autocensuramos muchísimo, nadie tiene que decirte ‘Mira, de este tema no hables’. Tú no te metes con lo que te puede generar polémica, tú no te metes con las estructuras paramilitares que siguen vivas acá, tú no te metes con los testaferros de los paramilitares, tú no te metes con estos grupos al margen de la ley que están vigentes, no te metes con los hilos del poder que de pronto se unen con un alcalde que tú sabes que es aliado de ellos”.
Lo más grave, afirman, es cuando el silencio no solo se apodera de ellos sino también de las comunidades y los servidores públicos. Aunque en los medios nacionales pareciera que solo en Bogotá suceden los hechos más graves, la verdad es que en los demás departamentos la situación de orden público es crítica, pero son pocos los que se atreven a denunciarlo. “No solo a pobladores que aprendieron a permanecer en silencio como forma casi tradicional para salvaguardar la vida o la tranquilidad, sino incluso de funcionarios públicos que no visibilizan realidades sociales complejas para no tener problemas. La autocensura así adquiere altos niveles, ya no como un asunto del silencio de la fuente y de la dificultad de su registro, sino de la comunicación entre ellas”, agrega el informe.
Una revisión del oficio
Esta verdad que el periodismo le entregó a la Comisión para su informe final también tiene otro objetivo, además de contar las victimizaciones: ilustrar las prácticas que, en ocasiones, llevaron a los reporteros a ser parte civil responsable del conflicto armado. El periodista visto como “una figura inmersa, nunca ajena, al conflicto y sus dinámicas”, que también alcanzó a degradarse en medio de las balas.Por eso preguntas como por qué se elige una noticia, cómo se manejan las fuentes o la manera en que se abordan los temas son relevantes. La mayoría de los entrevistados, por ejemplo, insiste en que, a pesar de haber diversificado la agenda para incluir temas de corrupción, medio ambiente o iniciativas comunitarias de paz, se les ha impuesto una narrativa parcializada desde los medios nacionales y la constante de la violencia.
Las grandes cadenas de medios siguen construyendo la agenda a partir del centralismo, de lo que a criterio de Bogotá es noticia en cada departamento. Y como en las regiones históricamente se ha padecido el conflicto, los contenidos se han enfocado en las alteraciones de orden público. Así lo explica un periodista: “El tema de las notas es todo lo negativo, puro orden público. Usted propone una nota y lo más seguro es que no salga, las fiestas de Arauca o cosas así que le dan realce al departamento no las aceptan. Aceptan: tres muertos, cuatro heridos, que una bomba, que un hostigamiento. Entonces a nosotros también nos dicen: ‘Es que el departamento tiene mala imagen por usted’, entonces me toca entrar a explicar a la gente que no es culpa mía (…) Y eso pues nos ha perjudicado bastante. No solamente a uno como corresponsal, porque a uno le pagan las notas, sino al departamento”.
Otra de las verdades que cuentan es que, dentro de los mismos hechos de violencia, las agendas de los medios nacionales fijan unas prioridades que, según ellos, no tienen en cuenta a la población civil. De hecho, tienen un papel protagónico las afectaciones a la infraestructura de las empresas por las pérdidas económicas, por encima de las dolencias de los más pobres y alejados de los cascos urbanos.
“Un tema que es prácticamente cerrado de Arauca [en los medios nacionales] es la corrupción. Fíjese que es tanto así que cuando vuelan el oleoducto Caño Limón-Coveñas todos los medios nacionales inmediatamente salen a hacer un despliegue grandísimo, pero el país entero no conoce que aquí se pierden miles de millones de pesos por la corrupción. Eso no le interesa al país. Al país le interesan solamente las muertes de Arauca, le interesa la cifra de soldados muertos de Arauca y el número de voladuras del Oleoducto y nada más. Y hoy en día sí hay una afectación de la guerra otra vez, pero tal vez me atrevo a decir yo que la corrupción está carcomiendo el departamento más que la propia guerra. Y de eso no se habla”, agrega otro reportero.
Sobre su responsabilidad en la publicación de contenidos bélicos, los periodistas también reconocieron que hubo errores. Aunque hasta hoy no ha habido una sentencia en contra de un medio de comunicación, según el informe, “en mayo de 2015, en sentencia contra tres miembros del Bloque Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín aseguró que El Meridiano, de Córdoba, diario tradicional del departamento, sirvió como instrumento para divulgar y propagar el ideario de los grupos paramilitares, justificar el fenómeno, lo que lo hace responsable ante la ley”.
Los reporteros que participaron en esta publicación pidieron no revelar sus nombres. Hoy, después de tres años de firmado el Acuerdo de Paz, siguen teniendo miedo por la crítica situación de orden público y el surgimiento de nuevas estructuras armadas. Sin embargo, como asegura una periodista de Caquetá, contar lo que les ha pasado en la guerra es también una manera de hacerle frente a la impunidad que ha atravesado sus afectaciones: “Queremos que la Comisión de la Verdad lo sepa, pero también el resto del país. En mi departamento acabaron con la vida de muchos colegas y hasta ahora no hay autores materiales ni intelectuales. Si dejamos que esto quede así, esta historia se seguirá repitiendo y cada día será más difícil ejercer esta labor”.
Escuche el pódcast sobre el riesgo de los periodistas que trabajan en zonas de guerra: