Las afectaciones de los líderes y lideresas comunales en la guerra

Foto: Ilustración: Jonathan Bejarano

Con frecuencia, los campesinos de Colombia han tenido que lidiar o escapar de la violencia. La guerra entre los liberales y conservadores hizo que miles de campesinos huyeran de sus tierras planas y fértiles para subir a lo más alto de las montañas. Arriba, alejados cada vez más de los centros urbanos, lograron acomodarse. Entre familias y conocidos, se organizaron en equipos para resolver las necesidades básicas que el Estado no alcanzaba a garantizar. Así, poco a poco, pero juntos, fueron armando sus comunidades.

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Esta situación, aunque con matices y particularidades en cada territorio, se repitió en muchas partes del país. Así fue como, a grandes rasgos, se conformaron las tradicionales juntas de acción comunal (JAC): “El documento Conpes 1.955 reconoce que el 33 % de la infraestructura del país se debe a la acción comunal. Para los que no saben, en el país hay 64.000 JAC con más de siete millones de afiliados”, contó Guillermo Antonio Cardona, líder y fundador de la Confederación Nacional Comunal. Desde la década de los 50 cuando se institucionalizaron, aseguró, es la organización social más grande del país “y más fuerte en las zonas más alejadas”.

Por eso, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad decidió escuchar a los organismos de acción comunal, con el objetivo de explicarle su importancia al país y también las violencias de las que han sido víctimas de la guerra. Más de quince líderes y lideresas comunales fueron escuchados por miembros de la Comisión en los Espacios para una Escucha Plural, una estrategia de la Dirección para el Diálogo Social, en la que no solo se destacaron las afectaciones, sino también las estrategias para continuar con su labor en medio de la violencia, recordando que las juntas de acción comunal son el principal instrumento de construcción de convivencia en muchas regiones.

En el ciclo de diálogos “La Verdad Comunal”, como se les denominó a los espacios de conversación, Cardona recordó que “la acción comunal jugó un papel clave, porque en el único lugar donde se podían encontrar los liberales y conservadores, que se mataban cuando se veían, eran las asambleas comunales”. Desde entonces, las JAC se convirtieron en el motor de las comunidades rurales o periféricas de las grandes ciudades y también en la catapulta de la participación ciudadana y la construcción de convivencia. Su propósito, como se estipuló en la Ley 743 de 2002, ha sido “promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable” de manera autónoma.

Sin embargo, el conflicto mutó y con el auge de las guerrillas y más tarde los grupos paramilitares no tardaron en surgir las nuevas presiones sobre las JAC, al punto que sus dirigentes son perseguidos, estigmatizados y asesinados. Quienes siempre han sido el enlace entre la institucionalidad y las comunidades, agregó la comisionada María Ángela Salazar (q.e.p.d.), refiriéndose a los líderes comunales, terminaron siendo las grandes víctimas del conflicto armado.

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Las afectaciones de los líderes comunales

La guerra se ha empecinado en atacar a los líderes comunales, pero solo desde hace cuatro años, explicó Cardona, se está recaudando la información para entender la magnitud del daño. Homicidios, desapariciones, amenazas y desplazamientos hacen parte de la larga lista de victimizaciones que recuerdan. Solo en lo corrido 2020 ya hay 33 líderes comunales asesinados y 170 amenazados. El año pasado, se contabilizaron 202 homicidios y 386 amenazados, una verdadera tragedia para el funcionamiento de la democracia local, según los comunales.

A medida que pasan los años, los números van creciendo considerablemente y, por desgracia, la dirigencia comunal ha tenido que expresarse en escenarios internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas. Hasta 2016 se habían cometido 8.750 homicidios y después de la firma del Acuerdo de Paz ya suman 250.

Ahora bien, ¿por qué los líderes comunales son los más afectados del país? Para un dirigente comunal, quienes primero afectan al comunal son la clase política y los grupos armados. Ambos ejercen campañas en contra de las JAC y sus integrantes, cuando no apoyan sus posturas o accionar: “El dirigente comunal se somete al actor armado o se somete al político de turno, porque igual los chantajean: ‘si no me apoya en las elecciones, yo no llevo mejoras’. La mayor afectación sobre la dirigencia comunal la causa la clase política cuando la segrega en su propio territorio. Quienes no la apoyan comienzan a ser estigmatizados y presionados, y con ellos los grupos armados.

Un ejemplo de ello es Arauca, donde las condiciones adversas han sido un común denominador en las últimas dos décadas, de acuerdo con un líder comunal de la región. En medio del boom petrolero, el narcotráfico y los grupos subversivos cometieron todo tipo de violaciones de derechos humanos. Una de las épocas más difíciles, afirmó el mismo líder, fue desde 2000 hasta 2010, cuando el Gobierno obligó a las comunidades a hacer un empadronamiento y controles de entradas y salidas de los municipios. Los comunales sabían que si las autoridades tenían sus datos podían vigilar su trabajo, dedicado a mostrar las falencias de poder y los actos de corrupción: “En ese mismo período desapareció la junta de Tame, Arauca capital y Saravena y la Federación de Juntas, porque asesinaron al presidente. También fueron atacadas las cooperativas y las emisoras comunitarias”.

Hay otros departamentos en los que, para hablar de esas afectaciones, se necesita usar verbos en presente. Una lideresa comunal del Putumayo describió este año como uno de los más difíciles en los últimos tiempos: “Han asesinado a diez líderes y la mitad han sido comunales. El municipio más golpeado ha sido Puerto Asís. Incluso los familiares de los comunales han sido amenazados. Hay mucha preocupación, porque se están reclutando jóvenes de hijos de líderes o lideresas”.

Pero esto no es nuevo, desde el año 2000 han tenido que lidiar con la persecución, que se incrementa cada vez que el Gobierno obliga a las comunidades campesinas a erradicar la coca forzosamente. Si bien les dicen que los apoyan con programas, una vez arrancada la mata, las dejan solas. Llegan los grupos armados a chantajear, presionar, asesinar. A las juntas les dicen que son de un bando contrario y se agravan los ataques. Por eso en Putumayo se han presentado varias masacres, entre ellas, la del Tigre (1999) y El Placer (1999), del municipio del Valle del Guamuez, donde el movimiento comunal fue exterminado . “Ahora las JAC están abandonadas”, señaló la lideresa.

Un miembro de la Federación Comunal de Bogotá manifestó su preocupación porque, tras estas victimizaciones, el desarrollo social, sobre todo en el campo, se detuvo. Y es que los líderes comunales han sido grandes impulsores de la economía local y cooperativa, además de los grandes reclamantes de derechos ante el Estado: “En el último censo, el DANE tuvo que acudir a los líderes comunales para recaudar los datos, porque las autoridades no podían entrar a los territorios; es decir, han suplido al Estado. La violencia más reciente nos dañó las iniciativas agropecuarias y el trabajo político, porque con la masacre que se vino contra los líderes se nos acabó el movimiento político”.

Para el mismo líder comunal, los dirigentes comunales se convierten en objetivos de los actores del conflicto cuando deciden asumir la defensa de los recursos naturales, como los páramos y los bosques; acompañar los programas y las decisiones de la restitución de tierras, e implementar la sustitución de cultivos. Las economías ilegales, principalmente el narcotráfico, el paramilitarismo y la minería ilícita, los tienen entre ojos por defender el Acuerdo de Paz, las víctimas y denunciar la corrupción.

Por su parte, otro dirigente insistió en que los comunales están viviendo un genocidio desde hace más de tres décadas. Ahora es imposible, expresó, trabajar como líder comunal. Las juntas ya no son capaces de “presentar un derecho de petición porque inmediatamente tienen una lápida en la espalda”.

Los recuerdos de los compañeros asesinados siguen vivos. Una lideresa de la costa Caribe, quien ha sido desplazada por amenazas de grupos armados por ejercer la acción comunal en la región, narró la historia de Freddy Naranjo, líder de Aguachica (Cesar) asesinado en 2010, a quien el Estado fue incapaz de proteger a pesar de sus denuncias. Lo preocupante de la grave situación de derechos humanos, según ella, es la impunidad. Ni el caso de Naranjo ni el de centenares de líderes han sido esclarecidos: “En la Fiscalía han organizado grupos para rastrear el asesinato de los líderes comunales, pero no hemos visto resultados”. Se encuentran los autores materiales, pero no los intelectuales y los comunales temen que detrás de esos asesinatos están las denuncias de corrupción o relación con actores ilegales que han denunciado.

Sin autonomía, denunciaron varios líderes en el espacio de escucha, es más fácil que los grupos armados coopten o se apropien de los espacios comunitarios. Otro líder comunal de la región Caribe contó que las bandas heredadas del paramilitarismo, constantemente, tratan de meter sus fichas dentro de los directivos, con el objetivo de controlar la organización comunal: “Así averiguan qué hacen, quiénes están y cómo hacer que la organización facilite el accionar de esas agrupaciones armadas al margen de la ley. Caso concreto: Puerto Libertador, San José de Uré, Montelíbano, Ayapel, Buenavista, Pueblo Nuevo, Tierralta y Valencia”.

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Pero no en todos los territorios sucede lo mismo. La resistencia para evitar este fenómeno ha sido ardua. Un dirigente comunal resaltó que, aunque existen numerosas presiones, la organización y el apoyo entre las comunidades afros, indígenas y campesinas han evitado que en el Cauca los grupos armados permeen las juntas. Eso sí, su lucha por fortalecer estos espacios de la sociedad civil, agregó, les ha costado el desplazamiento de varios dirigentes.

De acuerdo con la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal, el 70 % de los desplazados del país hizo parte de una Junta de Acción Comunal. Para algunos de los dirigentes, este fenómeno también está relacionado con megaproyectos en los territorios, como el petróleo, el banano y la caña de azúcar, entre otros. Las parcelas de los campesinos sufrieron “una reforma agraria a las malas”, como repitieron varios, y tuvieron que vender o salir corriendo por intereses económicos que, en ocasiones, tenían alianzas con los grupos armados.

A pesar de estas afectaciones, los líderes comunales siguen trabajando para mejorar la calidad de vida de sus municipios y veredas, y generar condiciones de convivencia pacífica. Aunque tienen enemigos, siguen en pie por los lazos de confianza, solidaridad y reciprocidad que tejen entre ellos. Ahora trabajan el proceso de su reparación, después de haber sido catalogados como sujetos colectivos de este derecho por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

Según esta entidad, “es el proceso de reparación colectiva más grande hasta la fecha y busca brindar elementos para el fortalecimiento organizativo y la recuperación de la autogestión y de los mecanismos de participación”. Pero, principalmente, espera detener los crímenes que hasta hoy los aquejan.

*Los nombres de algunos líderes y lideresas se omitieron por seguridad.

**Este artículo se realizó en alianza entre Colombia 2020 y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.