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Entre 1999 y 2004 los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y algunos municipios de Huila y de Antioquia sufrieron el accionar paramilitar y narcotraficante del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia. Fueron 119 masacres y alrededor de 3.400 hechos de desplazamientos forzados (individuales y colectivos) los que cometió este grupo. Con esa estela de violencia y de memoria viva en las comunidades, cabía preguntarse por qué este grupo logró tener tanto control en el suroccidente de Colombia, cómo surgió, cómo se financió y quiénes lo apoyaron.
Esas son las preguntas que responde el informe Bloque Calima de las AUC: depredación paramilitar y narcotráfico en el suroccidente colombiano, en su segunda entrega, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). En este documento, explica Álvaro Villarraga, coordinador general de este informe y director de Acuerdos de la Verdad del CNMH, se explora la memoria desde los testimonios de casi 200 exparamilitares (que debían ser rasos, es decir, sin mando) que no entraron en la Ley de Justicia y Paz, sino en la justicia ordinaria, pero que aportan verdad en el marco de la Ley 1424 de 2010, Acuerdos de la Verdad. Con estas contribuciones, los procesados pueden obtener beneficios tales como la libertad.
Luisa Fernanda Hernández, relatora principal de esta investigación, explica los hallazgos más relevantes de este informe, pero además cuenta que en la presentación que hicieron en Cali (Valle del Cauca), Santander de Quilichao y Popayán (Cauca), las comunidades y los líderes y lideresas denuncian que los hechos se están repitiendo. Es decir, que la memoria histórica a la que contribuye este informe no está en el pasado. Afirman, incluso, que cuando informan a la Fuerza Pública no toman acciones para proteger la vida, y las víctimas son asesinadas donde hay presencia de la Policía y del Ejército. No sienten confianza en el Estado.
¿Quiénes aportaron testimonios para la construcción de este informe?
Entrevistamos alrededor de 200 paramilitares, de los que tomamos una muestra de 99 relatos. Buscamos que fueran relatos que dieran cuenta de la operación del Bloque en distintas, que hubieran operado en ámbito urbano y rural, que hubieran desempeñado distintos roles (patrulleros, campaneros, enfermeros, escoltas). Ahí evidenciamos algo importante y es que no todas las personas que se acogieron a esta ley eran rasos, no todos eran personas que simplemente habían hecho parte del grupo sin cometer hechos violentos y sin tener roles de mando. Acá nos encontramos con personas que habían sido comandantes de contraguerrilla en el grupo paramilitar o comandantes de grupo o de escuadra. Es decir, en este mecanismo también entraron personas con roles importantes que se desmovilizaron como si fueran rasos.
¿Por qué incluyeron esos relatos?
También los incluimos porque, a pesar de que ellos no deberían haber sido beneficiados por esta ley, sí aportaron relatos muy importantes.
¿Cómo fue el proceso con las víctimas?
Simultáneamente el equipo de investigación empezó a acoplar las contribuciones voluntarias, es decir, los testimonios de las víctimas, de organizaciones sociales, de actores del territorio que conocieron de cerca el accionar paramilitar o que pudieran dar luces sobre el contexto del conflicto armado o la acción de las guerrillas. También testimonios que se recogieron por medio de entrevistas, talleres o entrevistas colectivas.
El gran hallazgo del informe es la complicidad de la Fuerza Pública con el Bloque Calima. ¿En qué consistió esa alianza?
Empezamos a identificar modalidades de articulación con la Fuerza Pública a partir de los relatos de los desmovilizados. Entonces empezaron a aparecer varios relatos que hablaban de la permisividad de la Fuerza Pública para movilizar las tropas, el armamento o las remesas. Pero también empezamos a evidenciar relatos donde, por ejemplo, se mostraba cómo las autoridades, cuando recibían denuncias sobre el accionar paramilitar, avisaban al grupo paramilitar con el fin de que quienes denunciaban fueran asesinados. También entregaban información sobre personas presuntamente vinculadas a grupos guerrilleros.
En total se documentan ocho modalidades que tienen que ver con la omisión y la articulación activa en la comisión de hechos violentos.
También hablan de que hubo recompensas por parte de los paramilitares.
Lo que se demuestra en los relatos es que hubo pagos por parte del Bloque Calima a integrantes de la Fuerza Pública. Se daban comisiones económicas por el hecho de permitir el paso de las tropas o cuando llegaban a instalarse en un municipio, como en el caso de Buenaventura, les pagaban a ciertos policías para que se hicieran los de la vista gorda frente a la presencia armada de estas personas.
Otro punto clave es la relación del Bloque Calima con el narcotráfico. En el informe se dice que no puede separarse el accionar paramilitar del narcotraficante.
Lo que se busca mostrar en el informe es que el Bloque Calima tuvo una relación estructural con el narcotráfico. Se muestra cómo, para los casos de Valle y Cauca, fueron capos del narcotráfico quienes financiaron al bloque paramilitar. “Don Diego” (en Valle) y “Gordolindo” (en Cauca) fueron quienes asumieron los costos de nómina, alimentación, transporte, armamento y demás para los “paras”. Eso desde el comienzo. Desde antes de la aparición pública del Bloque, los narcotraficantes fueron el puente de articulación en las AUC y la fuerza pública. Ellos mismos lo dicen, que gracias a “Don Diego” se pudieron establecer contactos con el Ejército y la Policía para facilitar el ingreso
Pero la financiación cambió.
Luego las operaciones del Bloque se financiaron de distintas formas a partir de actividades relacionadas con el narcotráfico. Lo que sucede es que en algunos momentos el bloque dependió directamente de los capos y luego, cuando “H.H.” asume la comandancia, al parecer ganaron un poco de autonomía y lo que hicieron fue "diversificar" el grupo de narcotraficantes de los que obtenían ingresos, así como las actividades. Ya no solo cobraban gramaje por la cocaína que salía al Pacífico, sino que cobraban por seguridad a narcos, por el cuidado de las rutas, por la compra de la pasta de coca, manejaron directamente laboratorios y el transporte de la droga. Después, con la disputa entre “Don Diego” y (Wilber) Varela, el Bloque fue presionado por Machos y Rastrojos para colaborar a uno u otro bando, pero no quiso aceptar la solicitud, entonces se convirtieron en objetivo militar de estos grupos. Hubo purgas internas y empezaron a intentar sacar la droga por otros lugares como Nariño.
Esa es una de las causas del debilitamiento del Bloque, pero también mencionan ofensivas por parte de la misma Fuerza Pública.
Sí, por esa guerra Machos – Rastrojos, los principales comandantes habían sido amenazados y se habían ido de la región. Eso causó homicidios internos por esa ausencia de comandantes. Para ese momento se intensificó el accionar de la Fuerza Pública y esa persecución afectó al Bloque Calima.
¿Después de una alianza, una persecución?
Lo que mostramos es que las formas de articulación con la Fuerza Pública nunca desaparecieron del todo, pero a partir de 2002, con la Política de seguridad democrática se intensifica la persecución y eso hace que en departamentos como Cauca, en el que no había sido tan fuerte la articulación la Fuerza Pública, la presencia del Bloque Calima se disminuya mucho y se centre en los puntos de financiación.
También evidencian las irregularidades de la desmovilización, ¿cuáles fueron repetitivas en este grupo?
La conclusión más grande es que en Galicia (Bugalandre) no se desmovilizaron todas las personas que hacían parte del Bloque Calima en 2004. Muchas de las personas que estaba activos habían sido trasladados por “H.H.” para desmovilizarse con el Bloque Bananero; otros no quisieron desmovilizarse y pasaron a otros bloques que seguían vigentes, como el Bloque Centauros, Bloque Libertadores del Sur; otras que habían desertado se habían vinculado a ejércitos privados del narcotráfico y, para cumplir con la cuota pactada con el Gobierno, según nos dijo que pagador del Bloque Calima, que fue una de las personas que se desmovilizó como raso, nos plantea que unas 100 personas fueron vinculadas para desmovilizarse.
¿Las comunidades cómo recibieron este informe que presentaron precisamente en el territorio?
Las víctimas valoran el informe, lo reconocen, pero dicen que los hechos se siguen repitiendo: asesinatos de líderes y lideresas, amenazas a organizaciones sociales y desapariciones. De hecho, en Santander de Quilichao nos decían. “no sabemos cuáles van a ser las próximas víctimas, pero de los que estamos acá saldrán próximas víctimas”. Y se refieren a las dinámicas de conflicto en general. Desafortunadamente en muchas de estas zonas no ha mermado la presencia de actores ilegales armados. A pesar de que no se han dado incursiones de gran magnitud como las que se presentaron con el Calima, el efecto que genera en las comunidades de incertidumbre, zozobra y miedo, se mantiene. Y no ven muchas perspectivas de que la situación mejore con el nuevo gobierno.