Las cifras sobre los niños y la guerra

Según las cifras que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde 1999 hasta febrero de 2015 su programa de atención especializada para niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales ha atendido a 5.730 menores. A su vez, el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, del Ministerio de Defensa, dice que en ese mismo lapso han sido recuperados 5.474 niños. Y la Defensoría del Pueblo reporta que desde 2004 hasta 2014 se han emitido 246 informes de riesgo, en los cuales se enumeran amenazas o casos de reclutamiento en 470 municipios de Colombia.

Y aunque tanto Bienestar Familiar como el Mindefensa y la Defensoría informan también que en los últimos años se ha registrado un descenso en el número de niños reclutados y recuperados, así como en el número de municipios con informes de riesgo, lo cierto es que las estadísticas siguen siendo preocupantes y demuestran la magnitud del problema del reclutamiento de menores por parte de las guerrillas y las bandas criminales en Colombia. Una situación que cobra mayor relevancia de cara al proceso de paz que adelanta el Gobierno con las Farc en La Habana.

La Consejería Presidencial de Derechos Humanos señala que 177 de los municipios del país (el 15,8%) presentan alta probabilidad de ocurrencia de reclutamiento y que entre 2013 y 2015 se ha tenido conocimiento de 233 casos o amenazas sobre reclutamiento, utilización de menores en hechos de guerra o violencia sexual contra ellos. A su vez, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reveló que entre 1985 y febrero de 2015, se han registrado 7.629 personas por el hecho victimizante de vinculación a los grupos armados al margen de la ley.

“Nuestra medición se basa en que los únicos que reclutan son las Farc y el Eln, porque son actores del conflicto. El número de alertas por reclutamiento cayó. La alerta es a la hora en que se comiencen a conocer otras cifras sobre el uso de niños en actividades ilegales en zonas de minería, en tráfico de estupefacientes y de rentas ilegales por bandas delictivas u otras formas de organización criminal”, advirtió Guillermo Rivera, consejero presidencial para los Derechos Humanos.

Sin embargo, ante el anuncio de las Farc de que entregarán 13 menores que hoy hacen parte de su organización, Rivera indicó que, si se tiene en cuenta que la legislación colombiana considera como niños o adolescentes a los menores de 18 años y esa guerrilla habla de devolver a los de menos de 15 años, es lógico pensar que son muchos más los menores que hoy hacen parte de sus filas. “Para el Gobierno, ese gesto es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente. Lo que necesitamos es un compromiso de no reclutar y devolver a los menores de 18 años”, enfatizó el funcionario.

En cuanto a la disminución que muestran las estadísticas de Bienestar Familiar (del 21% en niños atendidos desvinculados del conflicto entre 2010 y 2013) y el Ministerio de Defensa (entre 2007 y 2012 se ha presentado una reducción del 56% en el número de niños recuperados de las filas guerrilleras, al pasar de 475 a 208), Rivera apunta que es difícil decir si estos fenómenos tienen algo que ver con la situación militar de las Farc o del Eln. “La reducción de los indicadores que tenemos la atribuimos a una mayor presencia estatal y de la política de prevención del reclutamiento”, concluyó.

Un aspecto que dificulta la toma de medidas tiene que ver con que el delito de reclutamiento ilícito es poco denunciado, específicamente por temor a represalias por parte de los actores armados; por dificultades de acceso a la justicia, como lejanía física a las instituciones públicas; por “normalización” del reclutamiento como hecho recurrente, es decir, que se convierte en una acción normal dada la reiteración de las hostilidades a lo largo de los años, y por la “naturalización” del conflicto armado y sus diversas formas de violencia, que generan patrones sociales que consideran la violencia como métodos útiles en los procesos de crianza y control social. Asimismo, saber cuántas personas menores de 18 años integran un grupo armado ilegal requiere información de cada grupo.

El reto es grande. El Conpes 3673 concluyó que los niños y adolescentes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad tienen mayor riesgo frente al reclutamiento, la utilización y la violencia sexual ejercida por grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos organizados, y le ordenó a la llamada Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial —ente adscrito a la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos— identificar cuáles son los territorios donde se presentan las condiciones de riesgo que inciden directamente en la probabilidad de que estos niños y adolescentes sean reclutados y utilizados. La idea es trabajar en estrategias de prevención temprana y en protección. Sin duda, una tarea que hoy se hace urgente, además de la de movilizar a la sociedad para que la violación de los derechos de los niños y niñas sea rechazada y reportada.

Según las cifras que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde 1999 hasta febrero de 2015 su programa de atención especializada para niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales ha atendido a 5.730 menores. A su vez, el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, del Ministerio de Defensa, dice que en ese mismo lapso han sido recuperados 5.474 niños. Y la Defensoría del Pueblo reporta que desde 2004 hasta 2014 se han emitido 246 informes de riesgo, en los cuales se enumeran amenazas o casos de reclutamiento en 470 municipios de Colombia.

Y aunque tanto Bienestar Familiar como el Mindefensa y la Defensoría informan también que en los últimos años se ha registrado un descenso en el número de niños reclutados y recuperados, así como en el número de municipios con informes de riesgo, lo cierto es que las estadísticas siguen siendo preocupantes y demuestran la magnitud del problema del reclutamiento de menores por parte de las guerrillas y las bandas criminales en Colombia. Una situación que cobra mayor relevancia de cara al proceso de paz que adelanta el Gobierno con las Farc en La Habana.

La Consejería Presidencial de Derechos Humanos señala que 177 de los municipios del país (el 15,8%) presentan alta probabilidad de ocurrencia de reclutamiento y que entre 2013 y 2015 se ha tenido conocimiento de 233 casos o amenazas sobre reclutamiento, utilización de menores en hechos de guerra o violencia sexual contra ellos. A su vez, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reveló que entre 1985 y febrero de 2015, se han registrado 7.629 personas por el hecho victimizante de vinculación a los grupos armados al margen de la ley.

“Nuestra medición se basa en que los únicos que reclutan son las Farc y el Eln, porque son actores del conflicto. El número de alertas por reclutamiento cayó. La alerta es a la hora en que se comiencen a conocer otras cifras sobre el uso de niños en actividades ilegales en zonas de minería, en tráfico de estupefacientes y de rentas ilegales por bandas delictivas u otras formas de organización criminal”, advirtió Guillermo Rivera, consejero presidencial para los Derechos Humanos.

Sin embargo, ante el anuncio de las Farc de que entregarán 13 menores que hoy hacen parte de su organización, Rivera indicó que, si se tiene en cuenta que la legislación colombiana considera como niños o adolescentes a los menores de 18 años y esa guerrilla habla de devolver a los de menos de 15 años, es lógico pensar que son muchos más los menores que hoy hacen parte de sus filas. “Para el Gobierno, ese gesto es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente. Lo que necesitamos es un compromiso de no reclutar y devolver a los menores de 18 años”, enfatizó el funcionario.

En cuanto a la disminución que muestran las estadísticas de Bienestar Familiar (del 21% en niños atendidos desvinculados del conflicto entre 2010 y 2013) y el Ministerio de Defensa (entre 2007 y 2012 se ha presentado una reducción del 56% en el número de niños recuperados de las filas guerrilleras, al pasar de 475 a 208), Rivera apunta que es difícil decir si estos fenómenos tienen algo que ver con la situación militar de las Farc o del Eln. “La reducción de los indicadores que tenemos la atribuimos a una mayor presencia estatal y de la política de prevención del reclutamiento”, concluyó.

Un aspecto que dificulta la toma de medidas tiene que ver con que el delito de reclutamiento ilícito es poco denunciado, específicamente por temor a represalias por parte de los actores armados; por dificultades de acceso a la justicia, como lejanía física a las instituciones públicas; por “normalización” del reclutamiento como hecho recurrente, es decir, que se convierte en una acción normal dada la reiteración de las hostilidades a lo largo de los años, y por la “naturalización” del conflicto armado y sus diversas formas de violencia, que generan patrones sociales que consideran la violencia como métodos útiles en los procesos de crianza y control social. Asimismo, saber cuántas personas menores de 18 años integran un grupo armado ilegal requiere información de cada grupo.

El reto es grande. El Conpes 3673 concluyó que los niños y adolescentes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad tienen mayor riesgo frente al reclutamiento, la utilización y la violencia sexual ejercida por grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos organizados, y le ordenó a la llamada Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial —ente adscrito a la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos— identificar cuáles son los territorios donde se presentan las condiciones de riesgo que inciden directamente en la probabilidad de que estos niños y adolescentes sean reclutados y utilizados. La idea es trabajar en estrategias de prevención temprana y en protección. Sin duda, una tarea que hoy se hace urgente, además de la de movilizar a la sociedad para que la violación de los derechos de los niños y niñas sea rechazada y reportada.