Las condenas contra jefes ‘paras’ que logró la Iniciativa de Mujeres por la Paz

Los testimonios de las víctimas ante Justicia y Paz prueban que el jefe paramilitar Marco Tulio Pérez, “El Oso”, cometió decenas de violaciones en un pequeño caserío del departamento de Sucre conocido como Libertad utilizando el poder que le confería su estructura armada, que mantenía un control absoluto sobre los pobladores de aquella región en donde instaló su base de operaciones.

Marco Tulio Pérez fue uno de los comandantes del Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo las órdenes directas del célebre paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo “Cadena”.

Lea: Violencia obstétrica, el horror no contado de los paramilitares en Santander

Apartes de la sentencia en la justicia ordinaria con la que fue condenado El Oso establecen que “el desplazamiento forzado del que resultaron víctimas [aquellas mujeres], fue determinado por la violencia sexual que sobre ellas se ejerció, obligándolas a desplazarse con la única finalidad de preservar su integridad y seguridad, la mayoría de las víctimas [decidieron] irse del pueblo a probar suerte en otro territorio, lejos de los malos recuerdos y las garras de la violencia que contra ellas se ejerció”.

Aunque fue condenado por desplazamiento forzado, su caso es famoso porque fue uno de los primeros excluidos de la ley de Justicia y Paz, que debía juzgar los crímenes cometidos por los paramilitares a cambio de que estos contaran toda la verdad y repararan a las víctimas. La Fiscalía logró demostrar en el proceso que El Oso no había contado toda la verdad sobre las violaciones que había tolerado entre sus hombres y que él mismo cometió, cuando los paramilitares ocuparon el pequeño caserío de Libertad.

En contexto: El Oso sale de Justicia y Paz

Detrás de esta victoria de la justicia había una importante organización de mujeres que abarca centenares de municipios y regiones del país y que desde el año 2009 acompaña y brinda asesoría jurídica a sus víctimas, en este caso puntual encargándose de hacer una fuerte labor de incidencia ante la Fiscalía para que los testimonios que probaron los crímenes de El Oso fueran documentados y juzgados. Se trata de la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP por sus siglas), que según sus fundadoras “trabaja por el empoderamiento de las víctimas en la exigibilidad de sus derechos, impulsa su participación y representación” en el marco de diferentes leyes e instancias, entre ellas la ley de Justicia y Paz que surgió con el proceso de desmovilización de los paramilitares.

Una profesional que durante una década trabajó con la Alianza IMP y comenzó a acompañar estos procesos siendo una joven abogada de 22 años, recuerda cuando viajaba al Urabá antioqueño para acompañar a las víctimas en los juicios que se llevaban contra las Autodefensas y la sensación generalizada era que los paramilitares no se habían desmovilizado, pues llegaban armados a comer al mismo restaurante en donde ellas estaban.

“Al principio era durísimo decirles a las víctimas que sus victimarios sólo pasarían ocho años en la cárcel”, contó esta abogada, describiendo una labor que sólo puede calificarse de titánica: “éramos un equipo pequeño para sostener litigio de 600 hechos, era una locura, en algún momento IMP dice ‘pues no podemos seguir con todo, es demasiado’ y teníamos también la sensación de que ya había como un procedimiento establecido, no estaba inventándose como al comienzo: ya la Defensoría del Pueblo tenía una unidad que representaba víctimas en Justicia y Paz, que lo estaba haciendo bien, la decisión fue entregar la gran mayoría de casos a la Defensoría”.

Lea también: “Puercas y bandidas”, agresiones a mujeres que hacen política en el Caribe

La Alianza IMP se concentró en visibilizar, incidir y realizar un litigio estratégico en casos que podrían ser emblemáticos por su afectación especial a las mujeres, como eventos de violencia sexual y violencias basadas en género que hubieran ocurrido en el marco del conflicto armado, pues como afirma la Alianza en un documento que resume los fallos en sus pleitos más representativos, históricamente la justicia ha entendido la violencia sexual “atribuyéndola al deseo sexual del perpetrador y desconociendo que en realidad se trata de un acto de demostración de poder, a través del cual pretende “aleccionarse” a sus víctimas”.

Para ello, como lo contó una de sus fundadoras, debían asesorar a mujeres rurales en zonas remotas del país, algunas analfabetas, que ni siquiera eran muy conscientes entre sí de haber sido víctimas de violencia, como ocurrió con algunas de las víctimas de El Oso, que eran señaladas y estigmatizadas por sus vecinos: “Nosotros duramos una semana antes reunidas con ellas trabajando en talleres, preparándolas desde todos los focos posibles, en lo jurídico, en los psicológico, como grupo, en lo individual, todas las preparaciones posibles, para que ellas supieran a qué se iban a enfrentar”, recuerda esta abogada, que cuenta cómo en muchas ocasiones tuvieron que explicar con carteleras y “dibujitos recortados” a mujeres que ni siquiera sabían leer: “esto era hacer la dramatización de cómo iba a ser esta audiencia y qué iba a decir quién”.

Entre los logros más significativos de la Alianza IMP se encuentra el Programa de Protección de Víctimas y Testigos en la ley de Justicia y Paz, que lograron gracias a una tutela que llegó hasta la Corte Constitucional. Esto implica unos mecanismos especiales, por ejemplo, para la toma de testimonios de las víctimas, en lo que ellas fueron pioneras cuando documentaron los crímenes de El Oso en los Montes de María, cuando de acuerdo con la organización, le dijeron a la Fiscalía “vea, tenemos unos casos, pero necesitamos ciertas condiciones, porque bajo las condiciones ordinarias no va a pasar que ellas vengan a hacer su denuncia”.

Vea: El paramilitar Hernán Giraldo fue imputado por delitos sexuales contra niñas

Otro litigio famoso encabezado por la Alianza IMP fue la denuncia contra el paramilitar Hernán Giraldo, comandante del Frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas en la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde lograron probar que era responsable de delitos sexuales y esclavitud en al menos siete casos donde las víctimas eran menores entre 12 y 14 años de edad.

En el fallo en contra de este jefe paramilitar quedó claro que las supuestas relaciones consentidas nunca existieron pues “las condiciones [en que ocurre la] violencia sexual en conflictos, deja desprovista a quien la sufre, de mecanismos para repeler la agresión, en especial por el poder de subordinación que puede llegar a generar el victimario, quien generalmente ostenta el poder a través del uso de las armas, el control de la zona, la comisión de múltiples delitos, entre otros actos”. De acuerdo con IMP, este es un gran precedente jurídico pues amplía el concepto de violencia sexual.

Además, la Alianza IMP consiguió llevar a la justicia a terceros civiles que colaboraron o determinaron crímenes junto a los paramilitares en otro caso famoso ocurrido en el corregimiento de Riachuelo, Santander, en donde Lucila Gutiérrez, rectora de un colegio público, fungía como enlace de los paramilitares para que estos reclutaran menores y abusaran de las estudiantes de dicha institución. Por su colaboración con los paramilitares Gutiérrez fue condenada en la justicia ordinaria, que pudo establecer que Gutiérrez “posibilitaba estos encuentros, aun en horas de estudio. Los paramilitares tenían vía libre para relacionarse con las estudiantes, sin que esta situación generara alguna reacción de censura por parte de los miembros del plantel educativo”.

Lea: La rectora que permitió el abuso de sus estudiantes por los paramilitares

En este caso fueron cruciales las declaraciones de Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, el jefe político del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas, quien contó cómo al llegar a Riachuelo quedó sorprendido con el nivel de articulación que existía con la poca institucionalidad de aquel caserío, en este caso, el colegio público: “nunca me había pasado eso en mis años torpes de vivir en la ilegalidad […] que a los muchachitos de un colegio los sacaran a desfilar, como jefe paramilitar a la vanguardia de ese desfile. Además marcharon los niños y a lado y lado, perfectamente enfusilados marcharon las autodefensas”, declaró Duque ante la justicia; “me llamó mucho la atención cuando la misma rectora me dice: “aquí nuestra lealtad con las autodefensas es total” y el muchachito se pone a cantar el himno de las autodefensas campesinas”.

Todos estos casos han sentado una jurisprudencia que permitió “develar el papel que jugaron la violencia sexual y otras violencias de género en los patrones de actuación criminal del paramilitarismo”, dice la Alianza IMP. Eso permitió “evidenciar la forma en que la violencia sexual hizo parte de las dinámicas de control social, territorial y de sometimiento de la población, impuestas por los paramilitares” logrando “sentencias condenatorias de los máximos responsables de estos hechos, proferidas por Justicia y Paz y por la justicia ordinaria, en las que se reconoce su carácter de crímenes de guerra y de lesa humanidad, enmarcados en los patrones de macrocriminalidad ejecutados por dichos grupos”.

Una labor que al equipo de la Alianza IMP le ha costado no pocos riesgos e incluso amenazas e intimidaciones a sus enlaces territoriales e igualmente a las víctimas, como lo reconocen sus fundadoras. Por ejemplo, recuerdan que a Adriana, una de las mujeres que más impulsó las denuncias en los Montes de María en contra del paramilitar El Oso, estuvieron a punto de secuestrarla un día llegando al caserío y a su hijo lo amenazaron a la salida del colegio con un arma.

“Nunca hemos querido exponer a las mujeres por cuenta de la figuración”, concluye una de las abogadas que conversó con nosotros, “hemos querido llevar su proceso tranquilas, que ellas se sientan tranquilas, cuando han salido en medios de comunicación es porque ellas mismas han querido”.

Los testimonios de las víctimas ante Justicia y Paz prueban que el jefe paramilitar Marco Tulio Pérez, “El Oso”, cometió decenas de violaciones en un pequeño caserío del departamento de Sucre conocido como Libertad utilizando el poder que le confería su estructura armada, que mantenía un control absoluto sobre los pobladores de aquella región en donde instaló su base de operaciones.

Marco Tulio Pérez fue uno de los comandantes del Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo las órdenes directas del célebre paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo “Cadena”.

Lea: Violencia obstétrica, el horror no contado de los paramilitares en Santander

Apartes de la sentencia en la justicia ordinaria con la que fue condenado El Oso establecen que “el desplazamiento forzado del que resultaron víctimas [aquellas mujeres], fue determinado por la violencia sexual que sobre ellas se ejerció, obligándolas a desplazarse con la única finalidad de preservar su integridad y seguridad, la mayoría de las víctimas [decidieron] irse del pueblo a probar suerte en otro territorio, lejos de los malos recuerdos y las garras de la violencia que contra ellas se ejerció”.

Aunque fue condenado por desplazamiento forzado, su caso es famoso porque fue uno de los primeros excluidos de la ley de Justicia y Paz, que debía juzgar los crímenes cometidos por los paramilitares a cambio de que estos contaran toda la verdad y repararan a las víctimas. La Fiscalía logró demostrar en el proceso que El Oso no había contado toda la verdad sobre las violaciones que había tolerado entre sus hombres y que él mismo cometió, cuando los paramilitares ocuparon el pequeño caserío de Libertad.

En contexto: El Oso sale de Justicia y Paz

Detrás de esta victoria de la justicia había una importante organización de mujeres que abarca centenares de municipios y regiones del país y que desde el año 2009 acompaña y brinda asesoría jurídica a sus víctimas, en este caso puntual encargándose de hacer una fuerte labor de incidencia ante la Fiscalía para que los testimonios que probaron los crímenes de El Oso fueran documentados y juzgados. Se trata de la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP por sus siglas), que según sus fundadoras “trabaja por el empoderamiento de las víctimas en la exigibilidad de sus derechos, impulsa su participación y representación” en el marco de diferentes leyes e instancias, entre ellas la ley de Justicia y Paz que surgió con el proceso de desmovilización de los paramilitares.

Una profesional que durante una década trabajó con la Alianza IMP y comenzó a acompañar estos procesos siendo una joven abogada de 22 años, recuerda cuando viajaba al Urabá antioqueño para acompañar a las víctimas en los juicios que se llevaban contra las Autodefensas y la sensación generalizada era que los paramilitares no se habían desmovilizado, pues llegaban armados a comer al mismo restaurante en donde ellas estaban.

“Al principio era durísimo decirles a las víctimas que sus victimarios sólo pasarían ocho años en la cárcel”, contó esta abogada, describiendo una labor que sólo puede calificarse de titánica: “éramos un equipo pequeño para sostener litigio de 600 hechos, era una locura, en algún momento IMP dice ‘pues no podemos seguir con todo, es demasiado’ y teníamos también la sensación de que ya había como un procedimiento establecido, no estaba inventándose como al comienzo: ya la Defensoría del Pueblo tenía una unidad que representaba víctimas en Justicia y Paz, que lo estaba haciendo bien, la decisión fue entregar la gran mayoría de casos a la Defensoría”.

Lea también: “Puercas y bandidas”, agresiones a mujeres que hacen política en el Caribe

La Alianza IMP se concentró en visibilizar, incidir y realizar un litigio estratégico en casos que podrían ser emblemáticos por su afectación especial a las mujeres, como eventos de violencia sexual y violencias basadas en género que hubieran ocurrido en el marco del conflicto armado, pues como afirma la Alianza en un documento que resume los fallos en sus pleitos más representativos, históricamente la justicia ha entendido la violencia sexual “atribuyéndola al deseo sexual del perpetrador y desconociendo que en realidad se trata de un acto de demostración de poder, a través del cual pretende “aleccionarse” a sus víctimas”.

Para ello, como lo contó una de sus fundadoras, debían asesorar a mujeres rurales en zonas remotas del país, algunas analfabetas, que ni siquiera eran muy conscientes entre sí de haber sido víctimas de violencia, como ocurrió con algunas de las víctimas de El Oso, que eran señaladas y estigmatizadas por sus vecinos: “Nosotros duramos una semana antes reunidas con ellas trabajando en talleres, preparándolas desde todos los focos posibles, en lo jurídico, en los psicológico, como grupo, en lo individual, todas las preparaciones posibles, para que ellas supieran a qué se iban a enfrentar”, recuerda esta abogada, que cuenta cómo en muchas ocasiones tuvieron que explicar con carteleras y “dibujitos recortados” a mujeres que ni siquiera sabían leer: “esto era hacer la dramatización de cómo iba a ser esta audiencia y qué iba a decir quién”.

Entre los logros más significativos de la Alianza IMP se encuentra el Programa de Protección de Víctimas y Testigos en la ley de Justicia y Paz, que lograron gracias a una tutela que llegó hasta la Corte Constitucional. Esto implica unos mecanismos especiales, por ejemplo, para la toma de testimonios de las víctimas, en lo que ellas fueron pioneras cuando documentaron los crímenes de El Oso en los Montes de María, cuando de acuerdo con la organización, le dijeron a la Fiscalía “vea, tenemos unos casos, pero necesitamos ciertas condiciones, porque bajo las condiciones ordinarias no va a pasar que ellas vengan a hacer su denuncia”.

Vea: El paramilitar Hernán Giraldo fue imputado por delitos sexuales contra niñas

Otro litigio famoso encabezado por la Alianza IMP fue la denuncia contra el paramilitar Hernán Giraldo, comandante del Frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas en la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde lograron probar que era responsable de delitos sexuales y esclavitud en al menos siete casos donde las víctimas eran menores entre 12 y 14 años de edad.

En el fallo en contra de este jefe paramilitar quedó claro que las supuestas relaciones consentidas nunca existieron pues “las condiciones [en que ocurre la] violencia sexual en conflictos, deja desprovista a quien la sufre, de mecanismos para repeler la agresión, en especial por el poder de subordinación que puede llegar a generar el victimario, quien generalmente ostenta el poder a través del uso de las armas, el control de la zona, la comisión de múltiples delitos, entre otros actos”. De acuerdo con IMP, este es un gran precedente jurídico pues amplía el concepto de violencia sexual.

Además, la Alianza IMP consiguió llevar a la justicia a terceros civiles que colaboraron o determinaron crímenes junto a los paramilitares en otro caso famoso ocurrido en el corregimiento de Riachuelo, Santander, en donde Lucila Gutiérrez, rectora de un colegio público, fungía como enlace de los paramilitares para que estos reclutaran menores y abusaran de las estudiantes de dicha institución. Por su colaboración con los paramilitares Gutiérrez fue condenada en la justicia ordinaria, que pudo establecer que Gutiérrez “posibilitaba estos encuentros, aun en horas de estudio. Los paramilitares tenían vía libre para relacionarse con las estudiantes, sin que esta situación generara alguna reacción de censura por parte de los miembros del plantel educativo”.

Lea: La rectora que permitió el abuso de sus estudiantes por los paramilitares

En este caso fueron cruciales las declaraciones de Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, el jefe político del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas, quien contó cómo al llegar a Riachuelo quedó sorprendido con el nivel de articulación que existía con la poca institucionalidad de aquel caserío, en este caso, el colegio público: “nunca me había pasado eso en mis años torpes de vivir en la ilegalidad […] que a los muchachitos de un colegio los sacaran a desfilar, como jefe paramilitar a la vanguardia de ese desfile. Además marcharon los niños y a lado y lado, perfectamente enfusilados marcharon las autodefensas”, declaró Duque ante la justicia; “me llamó mucho la atención cuando la misma rectora me dice: “aquí nuestra lealtad con las autodefensas es total” y el muchachito se pone a cantar el himno de las autodefensas campesinas”.

Todos estos casos han sentado una jurisprudencia que permitió “develar el papel que jugaron la violencia sexual y otras violencias de género en los patrones de actuación criminal del paramilitarismo”, dice la Alianza IMP. Eso permitió “evidenciar la forma en que la violencia sexual hizo parte de las dinámicas de control social, territorial y de sometimiento de la población, impuestas por los paramilitares” logrando “sentencias condenatorias de los máximos responsables de estos hechos, proferidas por Justicia y Paz y por la justicia ordinaria, en las que se reconoce su carácter de crímenes de guerra y de lesa humanidad, enmarcados en los patrones de macrocriminalidad ejecutados por dichos grupos”.

Una labor que al equipo de la Alianza IMP le ha costado no pocos riesgos e incluso amenazas e intimidaciones a sus enlaces territoriales e igualmente a las víctimas, como lo reconocen sus fundadoras. Por ejemplo, recuerdan que a Adriana, una de las mujeres que más impulsó las denuncias en los Montes de María en contra del paramilitar El Oso, estuvieron a punto de secuestrarla un día llegando al caserío y a su hijo lo amenazaron a la salida del colegio con un arma.

“Nunca hemos querido exponer a las mujeres por cuenta de la figuración”, concluye una de las abogadas que conversó con nosotros, “hemos querido llevar su proceso tranquilas, que ellas se sientan tranquilas, cuando han salido en medios de comunicación es porque ellas mismas han querido”.