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En 1999, las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) tomaron el control del municipio de Marulanda, Caldas. Allí hicieron su propia ley y convirtieron la zona en un fortín que los mantuvo vigentes en el conflicto armado a lo largo de la zona cafetera colombiana.
Durante los siete años siguientes, de acuerdo con cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), los paramilitares asesinaron a 27 personas, mayoritariamente provenientes del corregimiento de Montebonito, zona rural de Marulanda. Al menos 21 de estos casos llegaron hasta las salas de Justicia y Paz, mientras que los seis restantes quedaron engavetados por años, a causa de falta de pruebas concretas sobre los autores materiales e intelectuales de los crímenes. Un lunar que hoy sigue asechando a la forma de proceder de este organismo de justicia transicional.
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Con el pasar del tiempo, Marulanda se convirtió en una zona de constante guerra por la avanzada del Frente 47 de las antiguas Farc, que empezó a disputar el poder en la región y a quitarle influencia a los paramilitares, que ya se habían empezado a desmovilizar. Ese frente fue el encargado de sembrar terror entre la población, cometiendo crímenes que iban desde extorsiones y secuestros, hasta asesinatos selectivos contra población civil y fuerza pública.
Los habitantes de Montebonito siempre fueron resilientes frente a la guerra. No abandonaron su territorio, resistieron con campañas humanitarias de paz y no dejaron de dedicarse a lo que siempre ha caracterizado a este lugar de Caldas: un jornaleo de sol a sol para ganarse la vida dignamente. Sin embargo, todo cambió la noche del 4 de marzo de 2006.
En aquella jornada de marzo, Elda Neyis Mosquera -conocida en la guerra como Karina-, comandante de aquel frente guerrillero, ordenó una emboscada contra la estación de Policía de Montebonito. Esos ataques duraron cerca de dos horas y el fuego cruzado en la balacera ocasionó un corto circuito que causó el incendio de 10 casas aledañas a la estación; un par de ellas estaban ocupadas y el destino de algunos fue inevitable. Cinco personas murieron, entre ellos un bebé de siete meses, su padre, otro familiar, una agente de policía y un miembro de las Farc.
Diez personas más resultaron heridas, al igual que los corazones de los marulandeños, quienes a la fecha se resisten a olvidar la sangre y el dolor que les tocó ver hace 16 años, cuando creían que tras el final de los paramilitares no iban a enfrentar horrores mayores a los ya vividos.
De cara con la justicia
Los pasados 10 y 11 de mayo fueron las primeras audiencias para leer el fallo condenatorio de Karina y ocho ex miembros de las Farc: Denis Daniel Sierra, Samir; Nelson Antonio Cuartas El Zorro; Marcos Fidel Giraldo, Garganta; Pedro Luis Pino, Martín; Virgilio de Jesús Guzmán, Walter; Fabio Aguirre, Caliche; Jesús Alberto Giraldo, Miguel; y Edison de Jesús Rúa, La Seca. Sobre ellos recaen más de 3.300 hechos victimizantes durante la guerra y seguramente serán los primeros exguerrilleros de este grupo en ser condenados por un tribunal de justicia transicional, aunque en este caso no sea competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“Fui gestora de paz y desde el comienzo sabía lo que significaba someterme a Justicia y Paz. El proceso ha sido lento, veremos en qué termina. Lo cierto es que no tengo más dinero para indemnizar”, dijo Karina en una entrevista televisiva a Caracol en 2015.
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Como documentó este diario el 11 de mayo de 2022, estas sentencias podrían terminar conmutadas con penas de ocho años de prisión que impone Justicia y Paz. La macrosentencia promete indagar en los orígenes de la guerrilla de las Farc, detalles de la estructura jerárquica de la línea de mando, los métodos de financiación y la célula política relacionada con los bloques investigados.
Los familiares de las víctimas fatales de la toma de Marulanda aplauden que el proceso judicial de Karina y sus hombres de los frentes nueve, 47 y del bloque José María Córdoba esté en su etapa final. El próximo 4 de junio será la lectura final de la sentencia condenatoria y allí este grupo de nueve exguerrilleros conocerán su pena.
Sin embargo, algunos de ellos mantienen el miedo que tenían durante la guerra y temen que haya impunidad frente a escenarios de reparación para ellos, en memoria de sus familiares.
Una familiar de uno de los muertos, que pidió anonimato para esta nota periodística, le dijo a Colombia+20 que los años de cárcel que pueden recaer sobre Karina no van a pagar todo el daño que ella hizo. “Nos han enseñado que los castigos retributivos no siempre nos van a generar sensación de justicia. Queremos verdad y por eso sentimos como una piedra en el zapato que este caso no esté en la JEP. Karina nos debe contar las causas de por qué quiso atacar a Marulanda, de por qué atento contra civiles y por qué nunca nos quiso dar la cara para pagarnos una indemnización simbólica por los daños causados. Eso no nos devolverá la vida de nadie, pero es al menos un gesto de respeto”, afirma.
El magistrado del Tribunal Superior de Medellín, Juan Guillermo Cárdenas, ha sido el encargado de leer todo el expediente de Karina y sus cómplices. Si bien las jornadas de audiencia del 26 y 27 de mayo se llevaron a cabo de forma privada, este diario pudo conocer que en la diligencia judicial se hizo mención en varias oportunidades del informe que emitió la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), frente a las indemnizaciones que el municipio de Marulanda -especialmente las víctimas directas de la toma de marzo de 2006- aún no recibe ni por parte del Estado ni por parte de los guerrilleros responsables.
“A Elda Neyis Mosquera y a los demás imputados se les ha respetado el debido proceso, pero entendemos las molestias de aquellos que piensan que aún faltan verdades por contar. La vocación de esta sala del Tribunal de Medellín es transicional, por lo que procuramos que las penas privativas de libertad no sean lo único que obedezcan a una condena”, comentó un magistrado auxiliar que pidió reserva de identidad.
Desde 2010, Karina ha dicho que no tiene más dinero para reparar. Ese año, un Juzgado Especializado en Buga (Valle) la condenó a 40 años de prisión por estar involucrada en hechos de terrorismo, homicidio en persona protegida y rebelión. En esa condena, también le fue impuesta una sanción para pagar una multa de 3.200 salarios mínimos. Después de eso, la mujer que se acogió a la justicia transicional como gestora de paz no volvió a responder monetariamente por sus crímenes, al igual que el Estado, lo que alentó a la CIDH a admitir el caso de Montebonito.
“La lucha para hacer llegar este caso a las arcas del derecho internacional fue larga y dolorosa. Afortunadamente lo conseguimos, porque no solo Karina nos debe reparación y verdades; el Estado no ha estado con nosotros y el mundo tiene que saber que nuestros derechos siguen en el piso 16 años después. Confío en un buen trabajo del Tribunal de Medellín que la está condenando, pero si se determina que ella no nos puede asumir todo lo que nos debe, el Estado tiene que actuar ya. […] Karina hace años se comprometió como gestora de paz; que cumpla con eso y nos revele todo lo que sucedió”, narró Miguel*, víctima y sobreviviente de la toma de Montebonito, Marulanda.
El documento de admisibilidad del caso en la CIDH reza que “hasta la fecha ninguna vía habría sido efectiva (...), las autoridades hasta la fecha no habrían adoptado medidas adecuadas para dar cumplimiento a la sentencia de reparación” y la angustia de las familias crece con el paso de los días, porque saben que a Karina se le avecina otra fuerte condena, sin que esto sea garantía de más verdades y un resarcimiento integral.
*Cambio en el nombre de la fuente a petición del entrevistado