En un retén militar en la vía que conduce de Medellín a Anorí, a la altura de Puente Gabino, fueron ubicados el martes varios jefes de las estructuras de la disidenca Estado Mayor Central que siguen en la mesa de diálogos, mientras se transportaban a bordo de al menos nueve camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Aunque los miembros de la delegación pueden transportarse en esas camionetas —entre otras cosas en virtud del proceso de paz—, la polémica se generó porque dentro de esos vehículos estaban varios disidentes que tienen órdenes de captura vigentes. El capítulo volvió a poner entredicho la articulación entre la mesa de diálogos, la Oficina del Alto Comisionado de Paz y las fuerzas militares.
Camilo González, jefe de la delegación de Gobierno, habló con Colombia+20 sobre este episodio.
Empecemos por reconstruir eso. ¿Cómo fue informado la mesa de lo que estaba pasando?
Fuimos informados por varios canales directamente desde el centro de los acontecimientos, de la propia vía de Medellín a Anorí. Nos informó el mecanismo de verificación, a través de Naciones Unidas y de la MAPP-OEA, y también tuve una comunicación directamente con Calarcá. Estaban muy preocupados porque el operativo militar incluyó gente con mucho equipo de combate y personas encapuchadas. Entonces ellos estaban muy alterados pensando que iba a haber algún tipo de enfrentamiento.
Es un momento bastante crítico, pero la situación fue evolucionando para entender que se trataba de un retén de autoridades, de la Fuerza Pública, para inspeccionar una caravana, que se entiende que fue una situación curiosa… eran siete carros escoltados por la Unión Nacional de Protección. Se pudo intervenir para que se encauzara de acuerdo con los protocolos que para este caso están establecidos.
En su pronunciamiento de ayer, la delegación de Gobierno decía que ese traslado estaba autorizado por el Gobierno. Si eso es así ¿Cuál fue la falla de comunicación con las autoridades y con el Ejército y de quién fue esa falla?
Comunicación hubo. Ellos no pueden salir en una caravana sin informar la Unidad Nacional de Protección que tiene sobre esto protocolos y personas que están haciendo monitoreo. Yo creo que sí debió hacerse una coordinación más estricta con la Policía, sobre todo con la UNIPEP, pero en todo momento se supo de su traslado desde el momento en que salieron. Ellos informaron también a las personas que sirven de enlace en la propia mesa de conversaciones y pues lo que se dio fue, efectivamente, una situación especial, no prevista.
Ahora, lo que hubo realmente de irregular fue la presencia de una persona sin autorización, con orden de captura, que es Édgar de Jesús Orrego Arango, conocido como ‘Firu’, cabecilla de la estructura 36. Las autoridades procedieron, como deben a su detención y a ponerlo en manos de la Fiscalía.
Pero le insisto en la pregunta. Si se informó de ese hecho, ¿por qué las autoridades no sabían de ese traslado? El Ejército debe ser informado mediante la Oficina del Alto Comisionado de Paz (OACP) o la Unidad Nacional de Protección.
Para estos desplazamientos hay también un protocolo que se llama protocolo de traslados, que está firmado en la mesa. Eso supone informaciones previas, con 72 horas de anterioridad al movimiento y, además, la intervención de varias instancias de la autoridad y de la Fuerza Pública. Habría que revisar qué ocurrió con este incidente. Es uno de los elementos que hay que revisar porque ahí hubo fallas en procedimiento. Por ejemplo, hubo fallas en los controles que tiene que hacer el equipo de la UNP que está en territorio para que no se use de manera indebida los vehículos de ninguna manera.
Aquí hubo varias irregularidades también de parte del EMC, no solamente por la presencia de una persona con orden de captura, sino que fueron encontradas dos pistolas, una que tenía bajo su uso uno de los representantes ante la mesa de negociación y otra pistola cuyo usuario no ha sido aún identificado. Hubo situaciones indebidas. Se encontraron 11 balas y un dinero sobre cuya procedencia tendrán que dar cuenta quienes lo tenían. Son situaciones indebidas y que tienen que ser objeto de ajustes para que ni en este tipo de traslados hacia la mesa de conversaciones ni en ningún otro momento ni circunstancia de uso de vehículos de la UNP pueda darse.
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¿Quién era la persona encargada de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz o de la UNP que debía hacer ese registro de quién estaba dentro de los vehículos e informar al Ejército?
A ver, sí hay un trámite, pero el trámite es más de presentar el listado de las personas que van a ser trasladadas. Ya la inspección en terreno le corresponde a la UNP y a otras autoridades. Por supuesto que ahí existe una cadena de personas que tienen que estar pendientes de todos estos procedimientos.
Hablemos de las personas que iban en el vehículo, de todos los ocupantes, que entiendo son en su mayoría comandantes de los frentes del Estado Mayor Central que siguen en la mesa. ¿Quién sí y quién no tenía la orden de captura levantada o quién estaba en trámite para ese levantamiento?
En total 12 jefes de frentes del Estado Mayor iban en la caravana para una actividad programada por la mesa. Solamente uno tenía orden de captura, De los otros, siete están con representación en la mesa y los otros contaban con un permiso de 45 días para concurrir a la mesa y a las reuniones de coordinación en función de las tareas acordadas en transformaciones territoriales. Hay que tener en cuenta que este esquema de conversaciones que tenemos es muy distinto a lo que se conoció en el pasado, porque aquí se hace en territorio colombiano y, por otro lado, los que van a la mesa son jefes de frente en su mayoría. Entonces sí hay una serie de situaciones muy excepcionales, pero que explican el por qué se daba esta reunión y estos traslados dados los trabajos territoriales que se están haciendo.
Sé que dirán: ¿cómo así que recorren pues medio país en una caravana protegida por el propio gobierno a través de la UNP? Y eso es porque forma parte del esquema de negociación. Para eso existen protocolos. Le digo algo: entre abril y julio se hicieron reuniones en cinco zonas especiales de intervención, con participación de más de 5.000 voceros de las comunidades en los sitios más apartados y de mayor presencia del actor armado. Y eso ha significado movimientos permanentemente todas las semanas.
Esta semana teníamos programados reuniones en San Vicente del Caguán y también en Vistahermosa, en la zona del sur del Meta. Entonces esto es muy exigente y por eso también deben ser muy exigentes los cuidados, los protocolos y toda la vigilancia para que no se cometan infracciones como las que se cometieron en este caso.
De esos 12 delegados. Usted dice que solo hay uno que no tenía orden de captura. ¿Quiénes eran?
El que no tenía orden de captura es al que se le conoce como Firu, del frente 36 en Antioquia.
Los que tienen representación en la mesa son Leopoldo Durán, Calarcá Córdoba, Andrey Avendaño, Tomás Ojeda, Robinson Caicedo Ríos, Javier 33, Cipriano Cortés, Danilo Albizú y Erika Castro. De ellos, iban en el carro Calarcá y Érika. Él con orden levantada y ella con el permiso.
Con ese permiso también estaba Juan Antonio Agudelo Salazar (conocido como Urías Perdomo), cabecilla del Frente Rodrigo Cadete; Wenser Yosony Duque (Oliver González), del Frente Raul Reyes; Erlinson Echavarría (Ramiro o el Ruso) y Omar Delgado Novoa (Hermes o Boyaco), del Frente John Linares.
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¿Entonces algunos siguen capturados por lo que se encontró en el vehículo? ¿Ya se aclaró el tema del permiso y de las órdenes?
Algunos de ellos ya fueron liberados a razón de ser parte de la delegación o de tener esos permisos. Con otros se presentaron algunos casos. Por ejemplo, tenemos entendido que a Ramiro le encontraron una pistola. Eso también va en contra del protocolo porque no se pueden transportar armas. En el caso de Erika, le encontraron un proveedor con 11 balas que tenía en su mochila y un dinero. En el otro caso, en el caso de Hermes, él no tiene cédula porque ese señor es hijo de una pareja que era de las FARC y nunca lo llevaron a la notaría, entonces no tiene registro. Eso también está en conocimiento anterior de la Fiscalía para respecto del permiso considerado en la situación. Son casos individuales que por supuesto son irregulares, son ilegales y que son objeto de investigación. Eso cada uno tiene una gravedad diferente y tendrá su investigación.
También tengo que decir que hay exageraciones de esto. Por supuesto que condenamos cualquier irregularidad. Una bala en un carro de la UNP es una irregularidad, 11 balas también, pero eso no es un arsenal. Todo eso tiene que ser investigado, no voy a minimizarlo, pero tampoco es bueno tener esas olas de distorsión, a veces con pretensiones de un poco desdibujar el mismo proceso que se está dando.
Otra pregunta que ha surgido en las últimas horas es si las camionetas venían de Venezuela o habían pasado por Venezuela. ¿Usted tiene información sobre esto?
No, no tengo ninguna información, pero creo que es completamente imposible que se haya dado. Eso estaría registrado en la UNP. Hay cerca de 20 escoltas, es inimaginable que esta situación se haya dado, creo que eso entra dentro del campo de la especulación.
¿Usted cree que este retén y toda la situación de ayer sea un sabotaje del Ejército y del Ministerio de Defensa con este proceso de paz?
No, yo no tengo ningún indicio de que exista una intención de sabotaje en el proceso. Además, hecho de que encuentren en un vehículo a una persona con órdenes de captura es algo que debe obligar a la autoridad a proceder. No puede haber omisión en estas situaciones. Los procesos de paz no pueden ser ni objeto de impunidad, ni permisivos con ninguna forma de delito, ninguna, no puede haber protocolo, reglamento, ausencias en las letras que puedan ser superiores a las disposiciones legales del Código Penal
¿En qué situación judicial quedan las personas capturadas?
Las situaciones son diferentes, pero ayer hubo un pronunciamiento de la Fiscal General, que no fue pedido por el Gobierno, ahí no ha habido ninguna acción ni mía ni de la mesa. La fiscal ante las solicitudes sobre levantamiento de órdenes de captura o los permisos pues dijo que esas personas deben concurrir y debe iniciarse el proceso, ahí no puede haber omisión alguna, pero que eso no es equivalente a que la privación de la libertad. Es decir, esas personas podrían ser pues puestas en libertad para que cumplan su papel de representantes en el diálogo en la mesa, aunque el proceso judicial siga.
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Usted ha hablado con el alto comisionado para la paz, Otty Patiño. ¿Qué dijo el sobre este hecho?
Sí, desde el primer momento el comisionado estuvo en contacto conmigo. Él me informó de la situación y también al presidente de la República
¿Cómo va a seguir este proceso de paz? ¿A qué impacto va a tener realmente todo este episodio en la mesa, que ya venía con cierta fragilidad por las divisiones que ha habido entre ese grupo armado?
Por supuesto que esto nos está afectando. Ya ha alterado el cronograma de trabajo de esta semana y de la siguiente. Teníamos unas actividades muy cronometradas para estos días en varios departamentos. La delegación del EMC ha dicho que van a considerar la situación y que van a evaluar las medidas de seguridad.
Esos reajustes son una perturbación mayor, y también, por supuesto, hay pérdida de confianza en los esquemas de seguridad, y entre las partes porque también desde el punto de vista del Gobierno hay que hacer ajustes y evaluar las situaciones. Claramente, también, las fallas en control que le corresponde a la Unión Nacional de Protección y al propio gobierno, y las irregularidades cometidas por los del Estado Mayor que iban en esa caravana. Entonces, todo eso genera incertidumbres. Teníamos programada la presencia de delegados de cinco ministerios, de siete agencias del Estado a estos diferentes eventos, y eso está suspendido e implica recomposiciones. No es fácil mover toda una coordinación interinstitucional, el compromiso de las entidades con inversiones, muchas de ellas ya definidas, los planes de desarrollo. Tenemos que acelerar el paso y retomar el camino creo que esa es la tarea.
¿Qué consecuencia va a traer esto en la mesa?
Va a haber consecuencias, claro. El mecanismo va a tener que reunirse y tomar decisiones sobre las irregularidades que cometieron los delegados del EMC con el uso de estas camionetas y por supuesto esto tiene que ser objeto de evaluación no solamente en el mecanismo, sino en la mesa. Ellos reconocen las fallas cometidas y con eso se deben producir correctivos.
¿Este episodio puede ser el fin de la mesa o usted cree que el proceso se puede salvar aún?
Yo sí creo que vamos a superar esta dificultad conversando con algunos de los responsables del Estado Mayor en la mesa. Calarcá y Andrey tienen la disposición de continuar, no obstante que pretenden que hagamos ajustes y nosotros también estamos interesados en esos cambios. Hay una serie de asuntos que son muy críticos que se derivan de este asunto de seguridad con la caravana. Es un proceso que tiene vueltas y revueltas y tenemos que prepararnos para afrontarlas. La dificultad es el nombre del camino hacia la paz.
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