Las lecciones de Micoahumado, un territorio de paz

“En la primera incursión paramilitar no quedaron en el caserío sino cinco familias, de 250 que había. La gente toda corrió hacia arriba, hacia las veredas. En la segunda incursión ya no corrieron todos, corrieron pocos; en la tercera corrieron muy poquitos también, y ya en la última, que fue muy brava la confrontación, la gente se quedó y decidió declararse un actor en disputa por el territorio”.

Las palabras son de Isidro Alarcón, líder de un poblado que ha dado lecciones de paz en medio de la guerra y cuyos caminos fueron forjados por décadas de resistencia: el corregimiento de Micoahumado, en el municipio de Morales, sur de Bolívar. Las incursiones de las que habla ocurrieron a finales de la década de 1990 y principios de 2000, pero para entonces ya estaban familiarizados con tener a los actores armados en su territorio.

Más de veinte años antes, a mediados de la década de 1970, el Eln ya había consolidado su presencia y control territorial en ese poblado, que apenas había sido colonizado por campesinos pocos años atrás. El grupo insurgente se instaló en la zona, impuso su autoridad y sus normas. “Eran una autoridad ilegal, pero se fueron legitimando”, recuerda hoy Alarcón, que, aunque es oriundo de Santander, se crió en Micoahumado.

El orden impuesto se alteró con la llegada al territorio de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que a sangre y fuego entraron combatiendo a la guerrilla, hasta que dejaron arrinconado, en medio de las balas, a Micoahumado. En 2001, en plena confrontación, los paramilitares se refugiaron en el caserío y la guerrilla cortó el agua y llenó de minas las vías de acceso para que no entrara comida.

Sitiados sus habitantes, en vez de querer abandonar el territorio, lo defendieron. “La gente le dice al Eln que se retire, que no combata dentro del caserío, y a los paramilitares que se salgan, que ellos no son los dueños del territorio.” Delegaciones de pobladores, en compañía de la Iglesia Católica y otras organizaciones, dialogaron con los violentos e hicieron que la guerrilla les devolviera el agua, y avanzaron en procesos de desminado.

Tras hacerle frente a los paramilitares y al Eln, la comunidad creó en 2003 la Asamblea Popular Constituyente, para recordarse a sí mismos que la autoridad en su territorio eran ellos y que no tenían por qué desplazarse. “Fue con el diálogo y el valor de la palabra que hicimos a los actores armados bajarse de la nube, donde se monta cada uno creyendo que tiene la última palabra”. La asamblea convirtió el corregimiento en un territorio de paz que dejó por fuera a los actores armados ilegales, pero también a los legales, porque al Ejército le pusieron límites.

Isidro Alarcón sostiene que mantener su territorio como una tierra de paz no ha sido fácil. De hecho, uno de los mayores obstáculos que han enfrentado, paradójicamente, ha venido del Estado. “A pesar de haber dialogado con la institucionalidad, no nos creen. Entonces han judicializado a la gente, nos han llevado a la cárcel, nos han estigmatizado”. Él ha sido víctima de detenciones arbitrarias, sindicado de rebelión.

Eso tiene el proceso social desintegrado, lo que según él, hace más fácil que el territorio les sea entregado mediante concesiones a empresas mineras que llegan a extraer el oro que hay en la región. Hoy temen que si bien, no los pudieron desplazar los actores armados, sean los megaproyectos los que los despojen de su tierra.

En los últimos meses la paz que han construido por años se ha visto acorralada. El compromiso de respetar el territorio no lo han cumplido ni el Ejército ni la guerrilla. “Micoahumado vivió esa época de gloria; había mucha armonía, mucha familiaridad, pero hoy está invivible: todos los líderes están estigmatizados, está militarizada la región y la vida civil; la guerrilla se ha desordenado y ha vuelto a matar campesinos”.

Alarcón se refiere a dos asesinatos que marcaron la comunidad, ocurridos en el pasado mes de mayo. El primero fue el de Belisario Arciniegas, un líder social del territorio; y el segundo fue el de Wilmar Carvajalino, quien pertenecía a la Federación Agrominera del sur de Bolívar. A raíz de esos homicidios, la comunidad le exigió explicaciones al Eln; la respuesta ha sido el silencio. Entre tanto, el lugar está acorralado entre el fuego de la guerrilla y del Ejército.

A pesar de lo crítico del panorama, Alarcón reafirma que su gente no se va. “Aquí están nuestros viejos enterrados, aquí nos criamos nosotros y aquí tenemos ya hijos. Lo que menos piensa cada uno de los que estamos aquí es en irnos de la región”.

“En la primera incursión paramilitar no quedaron en el caserío sino cinco familias, de 250 que había. La gente toda corrió hacia arriba, hacia las veredas. En la segunda incursión ya no corrieron todos, corrieron pocos; en la tercera corrieron muy poquitos también, y ya en la última, que fue muy brava la confrontación, la gente se quedó y decidió declararse un actor en disputa por el territorio”.

Las palabras son de Isidro Alarcón, líder de un poblado que ha dado lecciones de paz en medio de la guerra y cuyos caminos fueron forjados por décadas de resistencia: el corregimiento de Micoahumado, en el municipio de Morales, sur de Bolívar. Las incursiones de las que habla ocurrieron a finales de la década de 1990 y principios de 2000, pero para entonces ya estaban familiarizados con tener a los actores armados en su territorio.

Más de veinte años antes, a mediados de la década de 1970, el Eln ya había consolidado su presencia y control territorial en ese poblado, que apenas había sido colonizado por campesinos pocos años atrás. El grupo insurgente se instaló en la zona, impuso su autoridad y sus normas. “Eran una autoridad ilegal, pero se fueron legitimando”, recuerda hoy Alarcón, que, aunque es oriundo de Santander, se crió en Micoahumado.

El orden impuesto se alteró con la llegada al territorio de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que a sangre y fuego entraron combatiendo a la guerrilla, hasta que dejaron arrinconado, en medio de las balas, a Micoahumado. En 2001, en plena confrontación, los paramilitares se refugiaron en el caserío y la guerrilla cortó el agua y llenó de minas las vías de acceso para que no entrara comida.

Sitiados sus habitantes, en vez de querer abandonar el territorio, lo defendieron. “La gente le dice al Eln que se retire, que no combata dentro del caserío, y a los paramilitares que se salgan, que ellos no son los dueños del territorio.” Delegaciones de pobladores, en compañía de la Iglesia Católica y otras organizaciones, dialogaron con los violentos e hicieron que la guerrilla les devolviera el agua, y avanzaron en procesos de desminado.

Tras hacerle frente a los paramilitares y al Eln, la comunidad creó en 2003 la Asamblea Popular Constituyente, para recordarse a sí mismos que la autoridad en su territorio eran ellos y que no tenían por qué desplazarse. “Fue con el diálogo y el valor de la palabra que hicimos a los actores armados bajarse de la nube, donde se monta cada uno creyendo que tiene la última palabra”. La asamblea convirtió el corregimiento en un territorio de paz que dejó por fuera a los actores armados ilegales, pero también a los legales, porque al Ejército le pusieron límites.

Isidro Alarcón sostiene que mantener su territorio como una tierra de paz no ha sido fácil. De hecho, uno de los mayores obstáculos que han enfrentado, paradójicamente, ha venido del Estado. “A pesar de haber dialogado con la institucionalidad, no nos creen. Entonces han judicializado a la gente, nos han llevado a la cárcel, nos han estigmatizado”. Él ha sido víctima de detenciones arbitrarias, sindicado de rebelión.

Eso tiene el proceso social desintegrado, lo que según él, hace más fácil que el territorio les sea entregado mediante concesiones a empresas mineras que llegan a extraer el oro que hay en la región. Hoy temen que si bien, no los pudieron desplazar los actores armados, sean los megaproyectos los que los despojen de su tierra.

En los últimos meses la paz que han construido por años se ha visto acorralada. El compromiso de respetar el territorio no lo han cumplido ni el Ejército ni la guerrilla. “Micoahumado vivió esa época de gloria; había mucha armonía, mucha familiaridad, pero hoy está invivible: todos los líderes están estigmatizados, está militarizada la región y la vida civil; la guerrilla se ha desordenado y ha vuelto a matar campesinos”.

Alarcón se refiere a dos asesinatos que marcaron la comunidad, ocurridos en el pasado mes de mayo. El primero fue el de Belisario Arciniegas, un líder social del territorio; y el segundo fue el de Wilmar Carvajalino, quien pertenecía a la Federación Agrominera del sur de Bolívar. A raíz de esos homicidios, la comunidad le exigió explicaciones al Eln; la respuesta ha sido el silencio. Entre tanto, el lugar está acorralado entre el fuego de la guerrilla y del Ejército.

A pesar de lo crítico del panorama, Alarcón reafirma que su gente no se va. “Aquí están nuestros viejos enterrados, aquí nos criamos nosotros y aquí tenemos ya hijos. Lo que menos piensa cada uno de los que estamos aquí es en irnos de la región”.