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Desde el sur de Colombia también hay gritos de protesta. Durante esta semana que se ha adelantado el Paro Nacional, grupos indígenas, de mujeres, jóvenes, maestros y transportadores se han tomado las calles de Putumayo y Cauca, para reclamar por la crisis económica y humanitaria que viven sus habitantes. La violencia de grupos armados legales e ilegales, el hambre, el cada vez más posible inicio de volver a la aspersión con glifosato y la ausencia de un sistema de salud que responda a la pandemia del covid-19 son algunos de los reclamos más comunes.
En el caso del Cauca, los motivos tienen rostro: El asesinato de Sandra Liliana Peña Chocué, gobernadora indígena caldoneña, perpetrado el pasado 20 de abril en Caldono; la ausencia de diálogo entre pueblos ancestrales del Cauca y el Gobierno Nacional ante una escalada de violencia armada que amenaza a líderes nasa y misak en Piendamó, Silvia, Caldono y Jambaló, principalmente, y el rechazo generalizado a la ya caída reforma tributaria llevaron al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) a reactivar la Minga indígena en una movilización que, si bien trazó como primer objetivo llegar a Cali, no desestiman la idea de viajar hacia Bogotá en caso de que lo vean necesario, en aras de la defensa de sus derechos fundamentales.
Desde el 30 de abril, fecha en la que el CRIC se reunió en el territorio de Sa’th Tama Kiwe para trazar una ruta con la asamblea indígena, los problemas ante los escenarios de caos en el orden público nacional no han cesado y, según sus denuncias, han sido blanco de represiones por parte del cuerpo policial que vigila su trayecto al Valle del Cauca.
Ermes Pete, consejero mayor del CRIC, le dijo a este medio que la violencia y estigmatización contra la Minga por parte de la fuerza pública es constante y que desde el inicio de su movilización les han intentado callar de varias formas.
“Todo subió de nivel la noche del lunes, cuando en la Panamericana tuvimos un enfrentamiento con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Nos plantamos de forma pacífica en solidaridad con lo que ya había ocurrido en ciudades como Cali, Pereira o Bogotá y su respuesta fue el uso de las armas. Nos dispersaron con gases y empujones sin importarles nada, mucho menos nuestro clamor de paz, e incluso mandaron al hospital a uno de nuestros compañeros de la Guardia. Está hospitalizado en Cali y aunque lo acompañó un grupo nuestro, no tenemos mayores noticias sobre su estado de salud. Estamos viviendo con esa zozobra los 2.400 indígenas que nos estamos movilizando”, agregó Pete.
Por su parte, Giovani Yule, miembro del equipo político del CRIC manifestó que la vía de la movilización social étnica es la única vía que encuentran para intentar “reconstruir tejido social entre los resguardos, a la vez que se forja un plan de vida digna para toda la Nación”.
“Solo así se puede generar un gran debate de nivel nacional, que construya paz y un plan de vida que junte nuestras esperanzas y sueños en el medio de una pluralidad ciudadana. Venceremos la violencia de todos lados, la represión y seguramente juntos llegaremos a un plan de vida consolidado para los colombianos”, concluyó Yule.
La Minga, que lleva consigo el ambiente de euforia y optimismo, espera dialogar con autoridades políticas nacionales y organizaciones de sociedad civil, para expresar el grito de auxilio de municipios, como Caldono, que ha visto en las últimas semanas cómo las armas están volviendo a imponer un nuevo régimen de terror entre las familias.
Y es que aquello que resulte de este paro será fundamental para su supervivencia. O así con expresaron dos líderes nasa, quienes pidieron reserva de identidad por la grave situación humanitaria. “La disidencia Dagoberto Ramos creemos que nos quitó a Sandra Liliana y su poder con armas ha dificultado nuestras formas de vida básicas como los simples desplazamientos entre el casco de Caldono con los ríos que nos bañan o con la misma Panamericana y Siberia. Aún así los días de paro nos hemos manifestado como hemos podido entre estas zonas, porque sabemos que si bien vivimos con miedo acá, hay un país que también tiene legítimas peticiones ante un Estado que se ha dedicado a ser hostil. Nuestra fuerza y nuestros sueños los tiene la Minga, porque si ellos nos visibilizan seguro que las cosas cambian”, narró uno de ellos.
Por su parte, el otro caldoneño consultado, quien además forma parte de la Minga, dijo que “la movilización pacífica y con muchos simbolismos que llevamos desde el Cauca colaborará en todo momento a unir fuerzas para que nuestras vías y marchas sean más fuertes que nunca. Ahora, especialmente, necesitamos que el mundo sepa que la sociedad colombiana necesita un cambio profundo para avanzar. No queremos tumbar a nadie, simplemente pedimos que nos escuchen… es lo mínimo que nos debe el Estado”.
Putumayo, otra voz de fuerza
La Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP) comenzó a convocar manifestantes de forma masiva desde ayer, 4 de mayo. Desde el Bajo Putumayo, conectándose con Mocoa y Villagarzón le quieren mandar un mensaje al Gobierno Nacional, en el que enfaticen que el respeto al Acuerdo de Paz, dentro y fuera del departamento, es una piedra angular para superar la crisis social que vive el país.
De hecho, esto está especificado en un comunicado que hizo la organización durante el último fin de semana, en el que exclaman que “nos mantenemos unidos con las exigencias del movimiento indígena nacional dada la gravedad de temas impulsados por el Gobierno Nacional como son: la reforma a la salud, regulación del derecho fundamental a la consulta previa, retorno de las fumigaciones, pilotos de ‘fracking’ en el país, y megaminería. Convocamos a la población indígena para que desde la unidad nos concentremos como pueblos de paz en la gran minga de respaldo al Paro Nacional”.
José Homero Mutambajoy, presidente de la OZIP, aseguró que en aras de hacer respetar la paz en sus territorios y en apoyo a las peticiones de nivel nacional que pide el comité de paro, desde Mocoa han salido más de 800 personas (de los 15 pueblos indígenas asentados en el departamento) y 400 más, desde otros puntos en el departamento.
La situación de orden público le inquieta y por eso pidió un apoyo intersectorial para lidiar con casos de represión estatal. “Estamos preocupados por la presencia militar que hay en los puntos de concentración, como en el Parque General Santander, en el centro de Mocoa. Hemos hecho un llamado a la Defensoría y a la ONU para que hagan un llamado al Ejército, pero hasta el momento no lo hemos visto. Nos preocupa porque en estas manifestaciones hay niños, mayores, mujeres y que hoy estemos rodeados por la Fuerza Pública es un gran atentado contra nuestra seguridad y nuestro derecho a la protesta”, dijo.
Sobre las causas para persistir con sus manifestaciones, Mutambajoy también reiteró que sus gritos trascenderán las decisiones fiscales y tributarias que, entre otros motivos, justificaron las marchas en el paro nacional: “No nos conformamos con la derogatoria de la reforma tributaria. Rechazamos la reforma a la salud, el exterminio de nuestras comunidades, la regulación de la consulta previa y la adjudicación de 110 títulos mineros que afectan la riqueza y cultura del Putumayo y la economía de los pueblos indígenas”.
Y es que la vida en Putumayo “está difícil”. Fátima Muriel, presidenta de la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida, lo pone en estos términos: “Estamos en una incertidumbre de no saber si nos morimos de covid o morirnos en la resistencia”. No tienen un sistema de salud que aguante los contagios y tampoco se mueve la economía. “Muchas familias pasando hambre, muchas mujeres cargando con el peso de mantenerlas”, agregó.
Además, tienen la preocupación de que en cualquier momento empiece la aspersión del glifosato. Según Muriel, la gran mayoría de los habitantes del Putumayo se sostienen con la agricultura, que se ve seriamente “afectada por ese veneno”. No es un secreto que también gran parte del campesinado sobrevive de la coca. “Es que aquí es difícil cultivar otra cosa cuando los grupos armados pasan todo el tiempo, cuando no hay ni cómo sacar los productos. Y la tierra la están dañando los proyectos petroleros y mineros”.
Las Tejedoras de Vida han reclamado que necesitan cuanto antes la implementación de los punto uno y cuatro del Acuerdo, sobre reforma rural integral y sustitución de cultivos de uso ilícito de manera voluntaria. Advierten que sin ello es difícil transformar el panorama de la guerra. En el Bajo Putumayo la situación es insostenible. Los combates son frecuentes entre el paramilitarismo, las disidencias de las Farc y las Fuerzas Armadas. “Allá se ve de todo: reclutamiento, desapariciones, homicidios y muchísima extorsión. La gente ya no tiene cómo pagar eso”, explicó Carolina Solarte, del Colectivo Juvenil la Inconformidad.
Y cuando no es la guerra, es la pobreza. Solarte dijo que para entender la grave situación que se vive en la región sólo se necesita de un ejemplo: Mocoa. En la capital del departamento ni siquiera hay acueducto, en medio de una emergencia sanitaria, pues una avalancha lo destruyó hace un mes y medio. “Se suponía que el Gobierno nos iba a mandar dinero para repararlo cuanto antes y nadie sabe qué pasó con esa plata. Tampoco han ayudado a la construcción de las viviendas”, relató.
Están cansadas de ser el patio trasero, de acuerdo con Solarte: “Sentimos que aquí vienen a ponernos proyectos petroleros, a llevarse nuestra comida, a tomarse nuestros campos y luego nos dejan sin nada. No nos dan garantías, cambios, condiciones a cambio de lo que se nos llevan. Mientras en Bogotá hay oportunidades, aquí no hay nada. No tenemos ni siquiera educación superior. En Putumayo no hay universidades. Tampoco tenemos hospitales de buen nivel. Y ya estamos cansadas. Queremos que nos escuchen”.
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