Las mujeres desplazadas por la violencia que buscan profesionalizarse

En 2008, cuando la Corte Constitucional emitió una decisión en la que reconocía que las mujeres desplazadas debían ser protegidas y reparadas, un grupo de víctimas se organizó en Bogotá para hacer seguimiento de la orden. Se conocieron mujeres que habían vivido lo mismo en diferentes territorios y desde ese momento supieron que debían velar por que se cumpliera la reparación que les habían prometido.

Gladys Aristizábal, lideresa, mujer desplazada y víctima de violencia sexual de un municipio de Caldas, empezó ahí su trabajo de liderazgo. Junto a sus compañeras aprendió sobre trabajo social, derecho y psicología, a pesar de que nunca había pisado una universidad. Algunas, incluso, no habían terminado el colegio. Conformaron entonces el Grupo distrital de seguimiento e incidencia al Auto 092 de 2008 “mujer y desplazamiento” (GDSIA 092) y hoy, 12 años después de que la Corte reconociera su doble vulnerabilidad, el sueño de ellas es que 100 mujeres puedan ser reparadas a través del acceso a la educación superior. Esa es la propuesta que le llevan al Gobierno Nacional.

La historia de las 18 mujeres que actualmente conforman el grupo no ha sido sencilla. Desde que empezaron a trabajar por hacer cumplir esta norma, la violencia volvió a aparecer. Esta orden, que apareció cuando en Colombia no se había reconocido a las víctimas del conflicto, sino que se hablaba de desplazados, dice que el Estado debe crear 13 programas específicos para llenar los vacíos existentes en la política pública para la atención del desplazamiento forzado, pero desde la perspectiva de las mujeres. Eso fue lo que ellas empezaron a reclamar. Y ahí aparecieron las amenazas.

“Fuimos víctimas de amenazas, de seguimientos, inclusive yo tengo dos compañeras en el exterior, asiladas, y un grupo de mujeres que tienen protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Yo tuve dos años un escolta a pie y ahora, como coordinadora de la Mesa distrital y local de víctimas, ya tengo vehículo, un hombre de protección y me tocó cambiarme de casa. Una compañera fue víctima de violencia sexual en Ciudad Bolívar por este trabajo con el auto”, explica Aristizábal, quien ha llegado a estos espacios de decisión después de un largo trabajo.

Esas violencias que describe las llevaron a que, después de expedida la Ley de Víctimas, en 2011, el GDSIA 092 fuera reconocido como sujeto de reparación colectiva. Y ahora con ese doble reconocimiento es cuando hacen su propuesta para profesionalizarse.

Esta no es una petición al aire. Es una propuesta seria que está contenida en un documento de 45 páginas, conocido por este medio, que especifica por qué, cómo y de dónde saldrán los recursos para que 100 mujeres accedan a la universidad. “¿Qué hemos querido? Que esos límites sociales que tuvimos por el conflicto y por la vida misma podamos superarlos y ahora, a través del estudio, transformar. La educación da el conocimiento para transformar la vida. Por eso la necesidad de ponerla como medida de reparación”, asegura Aristizábal.

El proyecto, que han preparado de la mano de la Universidad de la Salle y la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas de la Alcaldía de Bogotá, explica que el ingreso a la universidad se hará de manera gradual, en grupos de al menos 25 mujeres de entre 18 y 65 años, caracterizadas por el grupo. Inicialmente sería a la carrera de Trabajo Social en la Universidad de La Salle. Además, incluyen esa caracterización que ya hicieron y que responde a datos personales, etnicidad, hechos victimizantes padecidos, organización a la que pertenece, nivel de escolaridad, si ha presentado o no las Pruebas Saber 11, entre otros datos.

Escogieron esta carrera porque quieren continuar el trabajo con las víctimas que, como ellas, poco o nada sabían sobre sus derechos y que necesitan acompañamiento. “Las carreras que más quieren estudiar las mujeres son Trabajo Social, Derecho y Psicología, porque digamos que ese es el ejercicio que hacemos todos los días. Las mujeres nos consultan, nos cuentan, somos como un faro para algunas. Yo trabajé con la Secretaría de Salud en la estrategia Papsivi (Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas) y era ver cómo las víctimas se le acercan a uno más fácil, porque ven que a uno le pasó lo mismo o que sí le puede contar. Uno se vuelve una esponjilla que absorbe la confianza de algunas víctimas, por eso en los programas debe haber víctimas del conflicto armado. El trabajo social lo ejercemos todos los días de manera empírica”, dice Gladys Aristizábal.

De esta manera, también proyectan que otras mujeres víctimas se beneficiarían indirectamente de la profesionalización de ellas, pues serán de gran acompañamiento y guía en su proceso de sanación y de exigencia de derechos.

En esta misma propuesta explican que la financiación debe salir del Gobierno Nacional, según lo que dice la Ley 1448 y el Auto 092, y estos recursos “podrán ser gestionados ante la cooperación internacional por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas la Paz y la Reconciliación del distrito de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial para la atención y la reparación de las Víctimas”.

Esta idea tiene nombre: Educar para reparar. Ellas están convencidas de que así podrán transformar las vidas de las mujeres que quieren seguir ayudando a la gente y que necesitan herramientas profesionales para hacerlo. Esa es su verdadera reparación.

En 2008, cuando la Corte Constitucional emitió una decisión en la que reconocía que las mujeres desplazadas debían ser protegidas y reparadas, un grupo de víctimas se organizó en Bogotá para hacer seguimiento de la orden. Se conocieron mujeres que habían vivido lo mismo en diferentes territorios y desde ese momento supieron que debían velar por que se cumpliera la reparación que les habían prometido.

Gladys Aristizábal, lideresa, mujer desplazada y víctima de violencia sexual de un municipio de Caldas, empezó ahí su trabajo de liderazgo. Junto a sus compañeras aprendió sobre trabajo social, derecho y psicología, a pesar de que nunca había pisado una universidad. Algunas, incluso, no habían terminado el colegio. Conformaron entonces el Grupo distrital de seguimiento e incidencia al Auto 092 de 2008 “mujer y desplazamiento” (GDSIA 092) y hoy, 12 años después de que la Corte reconociera su doble vulnerabilidad, el sueño de ellas es que 100 mujeres puedan ser reparadas a través del acceso a la educación superior. Esa es la propuesta que le llevan al Gobierno Nacional.

La historia de las 18 mujeres que actualmente conforman el grupo no ha sido sencilla. Desde que empezaron a trabajar por hacer cumplir esta norma, la violencia volvió a aparecer. Esta orden, que apareció cuando en Colombia no se había reconocido a las víctimas del conflicto, sino que se hablaba de desplazados, dice que el Estado debe crear 13 programas específicos para llenar los vacíos existentes en la política pública para la atención del desplazamiento forzado, pero desde la perspectiva de las mujeres. Eso fue lo que ellas empezaron a reclamar. Y ahí aparecieron las amenazas.

“Fuimos víctimas de amenazas, de seguimientos, inclusive yo tengo dos compañeras en el exterior, asiladas, y un grupo de mujeres que tienen protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Yo tuve dos años un escolta a pie y ahora, como coordinadora de la Mesa distrital y local de víctimas, ya tengo vehículo, un hombre de protección y me tocó cambiarme de casa. Una compañera fue víctima de violencia sexual en Ciudad Bolívar por este trabajo con el auto”, explica Aristizábal, quien ha llegado a estos espacios de decisión después de un largo trabajo.

Esas violencias que describe las llevaron a que, después de expedida la Ley de Víctimas, en 2011, el GDSIA 092 fuera reconocido como sujeto de reparación colectiva. Y ahora con ese doble reconocimiento es cuando hacen su propuesta para profesionalizarse.

Esta no es una petición al aire. Es una propuesta seria que está contenida en un documento de 45 páginas, conocido por este medio, que especifica por qué, cómo y de dónde saldrán los recursos para que 100 mujeres accedan a la universidad. “¿Qué hemos querido? Que esos límites sociales que tuvimos por el conflicto y por la vida misma podamos superarlos y ahora, a través del estudio, transformar. La educación da el conocimiento para transformar la vida. Por eso la necesidad de ponerla como medida de reparación”, asegura Aristizábal.

El proyecto, que han preparado de la mano de la Universidad de la Salle y la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas de la Alcaldía de Bogotá, explica que el ingreso a la universidad se hará de manera gradual, en grupos de al menos 25 mujeres de entre 18 y 65 años, caracterizadas por el grupo. Inicialmente sería a la carrera de Trabajo Social en la Universidad de La Salle. Además, incluyen esa caracterización que ya hicieron y que responde a datos personales, etnicidad, hechos victimizantes padecidos, organización a la que pertenece, nivel de escolaridad, si ha presentado o no las Pruebas Saber 11, entre otros datos.

Escogieron esta carrera porque quieren continuar el trabajo con las víctimas que, como ellas, poco o nada sabían sobre sus derechos y que necesitan acompañamiento. “Las carreras que más quieren estudiar las mujeres son Trabajo Social, Derecho y Psicología, porque digamos que ese es el ejercicio que hacemos todos los días. Las mujeres nos consultan, nos cuentan, somos como un faro para algunas. Yo trabajé con la Secretaría de Salud en la estrategia Papsivi (Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas) y era ver cómo las víctimas se le acercan a uno más fácil, porque ven que a uno le pasó lo mismo o que sí le puede contar. Uno se vuelve una esponjilla que absorbe la confianza de algunas víctimas, por eso en los programas debe haber víctimas del conflicto armado. El trabajo social lo ejercemos todos los días de manera empírica”, dice Gladys Aristizábal.

De esta manera, también proyectan que otras mujeres víctimas se beneficiarían indirectamente de la profesionalización de ellas, pues serán de gran acompañamiento y guía en su proceso de sanación y de exigencia de derechos.

En esta misma propuesta explican que la financiación debe salir del Gobierno Nacional, según lo que dice la Ley 1448 y el Auto 092, y estos recursos “podrán ser gestionados ante la cooperación internacional por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas la Paz y la Reconciliación del distrito de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial para la atención y la reparación de las Víctimas”.

Esta idea tiene nombre: Educar para reparar. Ellas están convencidas de que así podrán transformar las vidas de las mujeres que quieren seguir ayudando a la gente y que necesitan herramientas profesionales para hacerlo. Esa es su verdadera reparación.