¿Qué tiene que ver la ONU en la discusión sobre una constituyente vía el Acuerdo de Paz?
Aunque la ONU no tiene un trabajo directo en la implementación del Acuerdo de Paz, sí lo tienen algunas instancias que trabajan en Colombia como la Misión de Verificación de la ONU, así como el representante especial del Secretario General de la ONU.
Cindy A. Morales Castillo
Paulina Mesa Loaiza
La pugna entre quienes defienden que sí es posible la insistente idea del presidente Gustavo Petro de hacer una constituyente a través del Acuerdo de Paz —hasta ahora sin sustento—, y otros que dicen que no, como el expresidente Juan Manuel Santos, uno de los arquitectos de ese acuerdo, tiene en el centro, y sin quererlo, a la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Tanto Petro como Santos han hecho referencia a ese organismo internacional desde sus orillas. El presidente dice que denunciará al Estado ante Naciones Unidas por sus incumplimientos con la implementación y se alista para ir en julio al Consejo de Seguridad para ello.
El expresidente Santos no esperó tanto y envió el pasado viernes una carta dirigida directamente al secretario general de ese organismo, António Guterres, para advertir que el Acuerdo firmado en 2016 no contempla en ninguno de sus puntos la opción de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. “En lo que respecta a su incorporación y desarrollo, el Acuerdo Final, lejos de prever mecanismos extrainstitucionales o de buscar eludir los procedimientos establecidos en la Constitución de Colombia”, se lee en la carta.
La carta, como era de esperarse, no fue bien recibida. El mismo excanciller Leyva, quien también ha sido el férreo impulsor de la Constituyente a través del Acuerdo, señaló que enviar esa carta a las Naciones Unidas es “olvidar que quien representa hoy al Estado no es él, sino Gustavo Petro. El sindicato del pasado nos quiere arrebatar el futuro, pero no podrá”, aseguró a través de su cuenta de X.
Es difícil que la ONU o su Consejo de Seguridad se pronuncien de fondo sobre cambios en el Acuerdo de Paz. Incluso durante la administración de Iván Duque, en la que la implementación de ese pacto fue lenta, el Consejo y sus miembros apenas instaron al Gobierno a acelerar esos pasos. En febrero pasado, ese organismos estuvo de visita en Colombia y entre su balance afirmó: “Los miembros del Consejo fueron informados de los retos con los que se toparon en la aplicación del Acuerdo de Paz a pesar de la profunda voluntad política y compromiso en este sentido. El presidente manifestó su preocupación por los muchísimos excombatientes que han sido asesinados, los que están todavía en la cárcel y las solicitudes pendientes de amnistía”, explicó CAunque la ONU no tiene un trabajo directo en la implementación del Acuerdo de Paz, sí lo tienen algunas instancias que trabajan en Colombia como la Misión de Verificación de la ONU, así como el representante especial del Secretario General de la ONU.arolyn Rodrigues Birkett, embajadora de Guyana ante ese organismo
¿Qué tiene que ver la ONU en la discusión?
Aunque la ONU no tiene un trabajo directo en la implementación del Acuerdo de Paz, sí lo tienen algunas instancias que trabajan en Colombia como la Misión de Verificación de la ONU, así como el representante especial del Secretario General de la ONU. Carlos Ruiz Massieu es tanto el jefe de esa misión como el representante especial, pero sus trabajos son distintos.
Durante la arquitectura del Acuerdo de Paz, las partes involucradas, tanto el Gobierno como las FARC, le pidieron al Consejo de Seguridad de la ONU crear una Misión Política que pudiera verificar el compromiso de ambas partes en puntos como el cese al fuego y de hostilidades, además de la dejación de armas. Esa entidad es la Misión de Verificación de la ONU.
“De conformidad con lo dispuesto en la resolución 2261 (2016) del Consejo de Seguridad, la Misión de las Naciones Unidas en Colombia participará y ejercerá la función de coordinación en un mecanismo tripartito de vigilancia y verificación que supervisará el cese del fuego y de las hostilidades bilateral y definitivo. Además de las Naciones Unidas, en el mecanismo participarán representantes del Gobierno de Colombia y de las FARC-EP. La Misión también se ocupará de vigilar y verificar la dejación de las armas”, se lee en una carta con fecha del 4 de marzo de 2016 enviada al presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General para ese momento, Ban Ki-moon.
La Misión se estableció en tres etapas. La primera comenzó con la creación de un equipo de planificación interdepartamental en la Sede el 10 de febrero de 2016. Posteriormente, el 24 de febrero, se envió un pequeño equipo de avanzada a Bogotá para establecer la sede de la Misión y respaldar la planificación. En la segunda etapa, de planificación, la Misión se preparó para operar a nivel local con representantes del Gobierno de Colombia y las FARC-EP. En La Habana se negoció el número, el tamaño y la ubicación exactos de las zonas en las que se hicieron efectivos, el cese del fuego y la dejación de las armas. La tercera etapa, y una vez firmado el acuerdo final de paz, se enviaron a todos los observadores de las Naciones Unidas y se puso en marcha el pleno funcionamiento del mecanismo tripartito de vigilancia y verificación.
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Fue así como con una votación unánime el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) avaló la petición hecha por el Gobierno colombiano para que una misión del organismo fuera el encargado de la verificación del cese del fuego bilateral y la dejación de armas, como último paso para el fin del conflicto con las Farc. Se decidió también que la misión estaría liderada por un representante especial del secretario general y formada por “observadores internacionales desarmados”. Además, tal y como acordaron las partes, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), fue la encargada de los expertos.
La entonces canciller María Ángela Holguín no ocultó su beneplácito a la decisión de las Naciones Unidas de avalar una misión internacional para la verificación del cese al fuego bilateral definitivo y la dejación de las armas. “Con la resolución vemos esa luz que cada día se acerca más para el fin del conflicto. Como colombiana veo ese optimismo de poder tener un país en paz”, aseguró en su momento.
¿Qué hace actualmente la Misión de la ONU por el Acuerdo de Paz?
La Misión verifica la implementación de cinco puntos del Acuerdo Final de Paz de 2016. Esa entidad tiene mandatos (tareas) que solo puede darle el Consejo de Seguridad sobre la implementación del Acuerdo de Paz. Entre esos mandatos está la reforma rural integral, la reincorporación de los y las excombatientes de las Farc-EP, las garantías de seguridad de las personas en proceso de reincorporación y las comunidades y organizaciones en el territorio, el capítulo étnico del Acuerdo de Paz y las sanciones propias que debe dar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El trabajo como representante Especial del Secretario General de ONU es ejercer los buenos oficios del Secretario General y acompañar los diálogos de paz en marcha con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), así como otros esfuerzos de paz. “Se ayuda en lo que el país o diversos sectores del país se lo soliciten”, explicó Massieu a Colombia+20 hace unos meses.
La Misión, además, hace un informe sobre la ejecución del Acuerdo que presenta cada tres meses ante el Consejo de Seguridad. Ese informe recoge los avances y retos de la implementación, así como recomendaciones para el Gobierno y sus entidades. En esas presentaciones están presentes los 15 miembros del Consejo de Seguridad -10 permanentes y cinco transitorios-, la embajadora de Colombia ante la ONU, el representante Ruiz Massieu, un representante de la sociedad civil (en cada presentación hay uno diferente) y el canciller de Colombia.
En algunas de esas presentaciones, el excanciller Leyva empezó a tirar los dardos en contra de la JEP. En esta de octubre de 2023, dijo que el tribunal de pa< se estaba “descarrilando” y que se debería “revisar” la actuación de la JEP para “perfeccionarlo”. En la entrega del informe para el 13 de julio de 2023, también señaló que el tribunal debía abrir un macrocaso sobre la responsabilidad del Estado en el conflicto armado en Colombia y de paso ampliar el acceso a otros actores como los paramilitares.
Lea también: La defensa de Santos a JEP, blanco de críticas e ideas de Gobierno Petro de modificarla
En total, la Misión tiene cerca de 450 observadores internacionales, hombres y mujeres, y cerca de 150 civiles para ejercer su mandato, aprobado por el Consejo de Seguridad.
Además: ¿Por qué es importante el apoyo internacional al proceso de paz?
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La pugna entre quienes defienden que sí es posible la insistente idea del presidente Gustavo Petro de hacer una constituyente a través del Acuerdo de Paz —hasta ahora sin sustento—, y otros que dicen que no, como el expresidente Juan Manuel Santos, uno de los arquitectos de ese acuerdo, tiene en el centro, y sin quererlo, a la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Tanto Petro como Santos han hecho referencia a ese organismo internacional desde sus orillas. El presidente dice que denunciará al Estado ante Naciones Unidas por sus incumplimientos con la implementación y se alista para ir en julio al Consejo de Seguridad para ello.
El expresidente Santos no esperó tanto y envió el pasado viernes una carta dirigida directamente al secretario general de ese organismo, António Guterres, para advertir que el Acuerdo firmado en 2016 no contempla en ninguno de sus puntos la opción de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. “En lo que respecta a su incorporación y desarrollo, el Acuerdo Final, lejos de prever mecanismos extrainstitucionales o de buscar eludir los procedimientos establecidos en la Constitución de Colombia”, se lee en la carta.
La carta, como era de esperarse, no fue bien recibida. El mismo excanciller Leyva, quien también ha sido el férreo impulsor de la Constituyente a través del Acuerdo, señaló que enviar esa carta a las Naciones Unidas es “olvidar que quien representa hoy al Estado no es él, sino Gustavo Petro. El sindicato del pasado nos quiere arrebatar el futuro, pero no podrá”, aseguró a través de su cuenta de X.
Es difícil que la ONU o su Consejo de Seguridad se pronuncien de fondo sobre cambios en el Acuerdo de Paz. Incluso durante la administración de Iván Duque, en la que la implementación de ese pacto fue lenta, el Consejo y sus miembros apenas instaron al Gobierno a acelerar esos pasos. En febrero pasado, ese organismos estuvo de visita en Colombia y entre su balance afirmó: “Los miembros del Consejo fueron informados de los retos con los que se toparon en la aplicación del Acuerdo de Paz a pesar de la profunda voluntad política y compromiso en este sentido. El presidente manifestó su preocupación por los muchísimos excombatientes que han sido asesinados, los que están todavía en la cárcel y las solicitudes pendientes de amnistía”, explicó CAunque la ONU no tiene un trabajo directo en la implementación del Acuerdo de Paz, sí lo tienen algunas instancias que trabajan en Colombia como la Misión de Verificación de la ONU, así como el representante especial del Secretario General de la ONU.arolyn Rodrigues Birkett, embajadora de Guyana ante ese organismo
¿Qué tiene que ver la ONU en la discusión?
Aunque la ONU no tiene un trabajo directo en la implementación del Acuerdo de Paz, sí lo tienen algunas instancias que trabajan en Colombia como la Misión de Verificación de la ONU, así como el representante especial del Secretario General de la ONU. Carlos Ruiz Massieu es tanto el jefe de esa misión como el representante especial, pero sus trabajos son distintos.
Durante la arquitectura del Acuerdo de Paz, las partes involucradas, tanto el Gobierno como las FARC, le pidieron al Consejo de Seguridad de la ONU crear una Misión Política que pudiera verificar el compromiso de ambas partes en puntos como el cese al fuego y de hostilidades, además de la dejación de armas. Esa entidad es la Misión de Verificación de la ONU.
“De conformidad con lo dispuesto en la resolución 2261 (2016) del Consejo de Seguridad, la Misión de las Naciones Unidas en Colombia participará y ejercerá la función de coordinación en un mecanismo tripartito de vigilancia y verificación que supervisará el cese del fuego y de las hostilidades bilateral y definitivo. Además de las Naciones Unidas, en el mecanismo participarán representantes del Gobierno de Colombia y de las FARC-EP. La Misión también se ocupará de vigilar y verificar la dejación de las armas”, se lee en una carta con fecha del 4 de marzo de 2016 enviada al presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General para ese momento, Ban Ki-moon.
La Misión se estableció en tres etapas. La primera comenzó con la creación de un equipo de planificación interdepartamental en la Sede el 10 de febrero de 2016. Posteriormente, el 24 de febrero, se envió un pequeño equipo de avanzada a Bogotá para establecer la sede de la Misión y respaldar la planificación. En la segunda etapa, de planificación, la Misión se preparó para operar a nivel local con representantes del Gobierno de Colombia y las FARC-EP. En La Habana se negoció el número, el tamaño y la ubicación exactos de las zonas en las que se hicieron efectivos, el cese del fuego y la dejación de las armas. La tercera etapa, y una vez firmado el acuerdo final de paz, se enviaron a todos los observadores de las Naciones Unidas y se puso en marcha el pleno funcionamiento del mecanismo tripartito de vigilancia y verificación.
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Fue así como con una votación unánime el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) avaló la petición hecha por el Gobierno colombiano para que una misión del organismo fuera el encargado de la verificación del cese del fuego bilateral y la dejación de armas, como último paso para el fin del conflicto con las Farc. Se decidió también que la misión estaría liderada por un representante especial del secretario general y formada por “observadores internacionales desarmados”. Además, tal y como acordaron las partes, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), fue la encargada de los expertos.
La entonces canciller María Ángela Holguín no ocultó su beneplácito a la decisión de las Naciones Unidas de avalar una misión internacional para la verificación del cese al fuego bilateral definitivo y la dejación de las armas. “Con la resolución vemos esa luz que cada día se acerca más para el fin del conflicto. Como colombiana veo ese optimismo de poder tener un país en paz”, aseguró en su momento.
¿Qué hace actualmente la Misión de la ONU por el Acuerdo de Paz?
La Misión verifica la implementación de cinco puntos del Acuerdo Final de Paz de 2016. Esa entidad tiene mandatos (tareas) que solo puede darle el Consejo de Seguridad sobre la implementación del Acuerdo de Paz. Entre esos mandatos está la reforma rural integral, la reincorporación de los y las excombatientes de las Farc-EP, las garantías de seguridad de las personas en proceso de reincorporación y las comunidades y organizaciones en el territorio, el capítulo étnico del Acuerdo de Paz y las sanciones propias que debe dar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El trabajo como representante Especial del Secretario General de ONU es ejercer los buenos oficios del Secretario General y acompañar los diálogos de paz en marcha con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), así como otros esfuerzos de paz. “Se ayuda en lo que el país o diversos sectores del país se lo soliciten”, explicó Massieu a Colombia+20 hace unos meses.
La Misión, además, hace un informe sobre la ejecución del Acuerdo que presenta cada tres meses ante el Consejo de Seguridad. Ese informe recoge los avances y retos de la implementación, así como recomendaciones para el Gobierno y sus entidades. En esas presentaciones están presentes los 15 miembros del Consejo de Seguridad -10 permanentes y cinco transitorios-, la embajadora de Colombia ante la ONU, el representante Ruiz Massieu, un representante de la sociedad civil (en cada presentación hay uno diferente) y el canciller de Colombia.
En algunas de esas presentaciones, el excanciller Leyva empezó a tirar los dardos en contra de la JEP. En esta de octubre de 2023, dijo que el tribunal de pa< se estaba “descarrilando” y que se debería “revisar” la actuación de la JEP para “perfeccionarlo”. En la entrega del informe para el 13 de julio de 2023, también señaló que el tribunal debía abrir un macrocaso sobre la responsabilidad del Estado en el conflicto armado en Colombia y de paso ampliar el acceso a otros actores como los paramilitares.
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En total, la Misión tiene cerca de 450 observadores internacionales, hombres y mujeres, y cerca de 150 civiles para ejercer su mandato, aprobado por el Consejo de Seguridad.
Además: ¿Por qué es importante el apoyo internacional al proceso de paz?
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