Las peticiones que cultivadores de coca le plantearon al gobierno Petro
En cumbre cocalera en Putumayo se pidió incluir a 7.000 campesinos más en el Pnis y plantear proyectos verdes como alternativa a la sustitución. Catatumbo, Meta y sur de Bolívar preparan próximos encuentros.
Valentina Parada Lugo
Para llegar del municipio de Piamonte (Cauca) a Puerto Asís (Putumayo), Norberto Dávila tuvo que caminar una hora desde su casa hasta la orilla del río Caquetá, pagar cinco mil pesos para atravesar el afluente en una pequeña lancha y, del otro lado, tomar carretera por cuatro horas. Salió de su casa poco antes de las 4 de la mañana el pasado 30 de septiembre junto a otros 11 líderes para llegar hasta Puerto Asís a la primera cumbre cocalera que se realiza durante este gobierno.
Norberto es el vicepresidente del Comité de Cocaleros de Piamonte y dice que, aunque pertenece al Cauca, fueron excluidos de los diálogos regionales en ese departamento por estar “muy alejados” de Popayán (a 13 horas de camino). Las ciudades más cercanas a Piamonte son Florencia, en Caquetá, y Mocoa, Putumayo, ambas a tres horas por carretera.
Por eso, su principal petición en la cumbre cocalera es que sean incluidos en todos los acuerdos regionales y cocaleros que se pacten en el Putumayo. Dice que ya están cansados de la exclusión en la que los tiene el departamento del Cauca. Se consideran ‘apátridas regionales’, si así pudiera llamársele. Mientras conversábamos llegó Gildardo Pastrana, el presidente de Asojuntas de Piamonte.
–¿En qué mesa vamos a participar?
–En todas, Gildardo, menos en la de los PDET, ahí no tenemos representatividad
–Pero sería bueno plantear nuevamente nuestra necesidad…
La necesidad de la que habla Gildardo es que prioricen el municipio de Piamonte en los Planes de Desarrollo con Enfoque Terrritorial (PDET), pues es el único municipio de la baja bota caucana que no está entre los 171 priorizados. “Y eso que nosotros, por las condiciones en las que vivimos, deberíamos tener los mismos beneficios que tienen los municipios PDET”, dice Norberto.
La cumbre campesina e indígena cocalera del Putumayo se realizó el pasado 30 de septiembre con la participación de 630 personas de todos los municipios del departamento y algunas provenientes de Caquetá, Cauca y Nariño. De este evento, realizado en el Colegio Alvernia de Puerto Asís, salieron unas propuestas específicas de los cocaleros para el nuevo Gobierno.
Aunque todavía no hay certeza de cuál podría ser la hoja de ruta para pasar las propuestas del papel a las leyes y a la realidad, lo cierto es que el senador César Pachón, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), fue quien lideró la cumbre y convocó a la audiencia pública de la Comisión de Paz del Senado que se llevó a cabo el pasado 1 de octubre en el mismo municipio. También trabajó de la mano de Andrés Cancimance, representante a la Cámara por el Putumayo de la Colombia Humana.
Las denuncias
Las peticiones de los campesinos e indígenas de este departamento no son ajenas a las del resto de movimientos sociales en Colombia. No hay infraestructura ni vías para sacar los cultivos de las regiones, hay una gran ausencia del Estado en ciertas zonas y la desconfianza institucional de los cocaleros es un problema sin resolver. “Lo distinto y lo más impresionante es la organización de la gente en Putumayo. Los movimientos sociales acá son muy fuertes”, afirma Pachón.
Los voceros de los cocaleros en el municipio de Piamonte, Cauca, ejemplifican la necesidad de construir infraestructura para incentivar los cultivos lícitos por encima de los ilícitos. Norberto Dávila, por ejemplo, explica que el paso del río Caquetá para salir al municipio de Santa Rosa encarece los productos agrícolas. “Para nosotros poder sacar o entrar algún producto tenemos que pagar el paso por la lancha, entonces todo sube de precio un 30 %, porque no es lo mismo pasar uno solo a llevar una tonelada de papa al hombro”.
Su petición específica es para que en su municipio se priorice la construcción de un puente sobre el río que facilite el tránsito y la comercialización de los productos. “De nada nos sirve sustituir la coca si no tenemos garantizado el transporte sin que eso incremente tanto los productos”. Lo dice con vehemencia, porque asegura que las personas que compran la hoja de coca la recogen directamente desde sus cultivos.
Sandra Lagos, presidenta de Asojuntas y líder de la vereda Puerto Playa (Putumayo), una de las zonas de Reserva Campesina Perla Amazónica, denunció que a las 30 familias cocaleras de su comunidad las están afectando las erradicaciones terrestres de los cultivos de cocan que no han cesado en el gobierno Petro. “La última vez fue el 30 de septiembre, justo después de que salimos de nuestra vereda para acá (Puerto Asís)”.
Aunque el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ya confirmó que las erradicaciones forzadas por parte de la fuerza pública todavía no han cesado, los cocaleros del Putumayo piden que el Gobierno cumpla con las promesas de campaña y les dé garantías para negociar una sustitución voluntaria. “A nosotros ya nos da hasta miedo tomar fotos y hacer videos cuando ellos llegan a erradicar, porque muchas veces obligan a la gente a eliminar eso del celular”, señala.
A Sandra le cuesta más de $200.000 salir y regresar de su vereda. Dice que se va caminando por una hora en trocha hasta la orilla del río Putumayo y, desde allí, puede llegar navegando hasta los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo. Lo que encarece el transporte es la gasolina de los botes. Esa es una de las preocupaciones de ella y de la gente que representa: el aumento del precio del combustible en los próximos meses podría llegar a hacer más difíciles los desplazamientos.
Iván Narváez, el vocero del Movimiento Campesino Cocalero Agrario y Ambiental del Putumayo (Moviccap), señala que han recibido por lo menos siete denuncias en lo que va del 2022 sobre quemas de casas donde campesinos pican la hoja de coca.
Los casos que Moviccap ha documentado han ocurrido en las veredas de Aguablanca Altoembí, Villa Marqueza, Villa de Leyva, en el corregimiento de Teteyé, en el municipio de Puerto Colombia, en la vereda Ángeles y en el municipio de Piamonte.
Según aseguran, se trata de tierras campesinas multiusos a las que llega la fuerza pública con operativos contra el narcotráfico. “Ellos no están perjudicando a los verdaderos narcotraficantes. En realidad no es un golpe al narcotráfico como lo venden, son quemas de casas campesinas muy pobres que cultivan la hoja de coca no por gusto sino por necesidad, pero el Ministerio de Defensa le da otro significado”.
La esperanza que tienen los 630 campesinos y cocaleros es mucho más grande que su frustración por el fracaso del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis). Aunque la mayoría dice que no van a volver a creer en promesas del Gobierno, lo cierto es que muchos de ellos atravesaron el departamento, anduvieron trochas, recorrieron ríos y caminaron por kilómetros para llegar hasta ese encuentro. “¿Usted sí cree que esto va a funcionar? Es que siempre es lo mismo: promesas, políticos, encuentros y compromisos. Pero esa gente a veces ni vuelve por acá”, pregunta uno de los campesinos en la cumbre.
Las propuestas
Durante la jornada del 30 de septiembre se consolidaron seis mesas de trabajo: Familias beneficiarias del Pnis, Familias que no hacen parte del ese programa, Derechos humanos, Proyectos productivos, Enfoque de género y Enfoque étnico. La organización de los líderes cocaleros fue sincrónica. Mientras iban nombrando las categorías de las mesas, cada uno se iba ubicando en el salón en el que más se sentía identificado. Las organizaciones cocaleras que llevaron más de una persona se dividieron para participar de todos los espacios.
En el caso de las familias Pnis del Putumayo la respuesta fue vehemente: “No volveremos a aceptar ser parte del programa hasta que no se suspenda y se modifique por completo”, señaló Éder Jaír Sánchez, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Su propuesta es que la sustitución se dé de manera gradual, en tanto el Gobierno vaya cumpliendo con lo pactado, como los proyectos productivos a largo plazo. “Putumayo fue el departamento que más arrancó hoja de coca en 2017: llegamos a 10 mil hectáreas”, dijo.
Pero además abogó por las 7.000 familias cocaleras de la región que no fueron incluidas dentro del Pnis por no haber clasificado como “aptas” o porque no pudieron entrar a los territorios a verificar la erradicación voluntaria del cultivo. “La condición es que esas personas que descalificaron en su momento entren ahora al programa”. Sánchez propuso una reunión en noviembre de este año para hacer seguimiento a la cumbre cocalera y consolidar otras ideas para que sean incorporadas a los diálogos regionales del nuevo gobierno.
Las mujeres que participaron de la mesa de género pidieron que se consolide un proyecto productivo para producir y comercializar madera plástica, producto del reciclaje de ese material. Zereida Romero, de la Asociación Campesina del suroriente de Putumayo (Acsomayo), una de las mujeres que lideraron el diálogo, explicó: “La violencia que viven las mujeres cocaleras es mucho más grave. Usualmente la erradicación forzada es violenta, pero es más trágico cuando es contra una mujer que normalmente es cabeza de hogar, y que puede llegar a ser vulnerada por los militares o policías”. Dijo, incluso, que en muchos casos la erradicación de los cultivos tiene consecuencias para sus hijos, como el reclutamiento a grupos armados ilegales.
La falta de programas de protección para los niños y niñas en los territorios hace que, según ella, muchas mujeres prefieran optar por el cultivo de hoja de coca para tener independencia económica y poder cuidar de los hijos en casa. “Hay que entender que en el campo todavía hay mucha brecha entre hombres y mujeres y este cultivo se ha vuelto un escape para las mujeres que son maltratadas u oprimidas por hombres que les controlan hasta el dinero”.
En la conversación surgieron varias propuestas, como la de incursionar en el mercado de bonos verdes en reemplazo de los cultivos de coca. Algunas llegaron a mencionar que podrían reforestar y conservar áreas protegidas a cambio de comercializar bonos de carbono.
Sin embargo, aseguraron que ninguno de los proyectos dirigidos a mujeres funcionará si siguen siendo administrados por las entidades territoriales. “Cuando se cree el Ministerio de la Igualdad, pedimos que sea esa entidad la que entregue los recursos de las mujeres, para garantizar que sí lleguen al territorio”.
Todas sus propuestas fueron expuestas en la audiencia pública de la Comisión de Paz del Senado, el 1 de octubre en Puerto Asís, a la que no asistieron los senadores Iván Cepeda, Ariel Ávila y Aída Avella, pese a que fueron invitados y los campesinos los esperaban. El representante a la Cámara Andrés Cancimancen señaló que “la problemática social cocalera debe revelar que la solución no está en los monocultivos ni en las economías extractivistas”.
Estas cumbres cocaleras son un insumo para la Comisión de Paz que viene haciendo seguimiento a la Reforma Rural Integral y a la solución al problema de drogas ilícitas.
El senador César Pachón confirmó que los próximos encuentros de campesinos e indígenas se realizarán en las regiones del Catatumbo, sur de Bolívar y el departamento del Meta, aunque no confirmó posibles fechas.
Para llegar del municipio de Piamonte (Cauca) a Puerto Asís (Putumayo), Norberto Dávila tuvo que caminar una hora desde su casa hasta la orilla del río Caquetá, pagar cinco mil pesos para atravesar el afluente en una pequeña lancha y, del otro lado, tomar carretera por cuatro horas. Salió de su casa poco antes de las 4 de la mañana el pasado 30 de septiembre junto a otros 11 líderes para llegar hasta Puerto Asís a la primera cumbre cocalera que se realiza durante este gobierno.
Norberto es el vicepresidente del Comité de Cocaleros de Piamonte y dice que, aunque pertenece al Cauca, fueron excluidos de los diálogos regionales en ese departamento por estar “muy alejados” de Popayán (a 13 horas de camino). Las ciudades más cercanas a Piamonte son Florencia, en Caquetá, y Mocoa, Putumayo, ambas a tres horas por carretera.
Por eso, su principal petición en la cumbre cocalera es que sean incluidos en todos los acuerdos regionales y cocaleros que se pacten en el Putumayo. Dice que ya están cansados de la exclusión en la que los tiene el departamento del Cauca. Se consideran ‘apátridas regionales’, si así pudiera llamársele. Mientras conversábamos llegó Gildardo Pastrana, el presidente de Asojuntas de Piamonte.
–¿En qué mesa vamos a participar?
–En todas, Gildardo, menos en la de los PDET, ahí no tenemos representatividad
–Pero sería bueno plantear nuevamente nuestra necesidad…
La necesidad de la que habla Gildardo es que prioricen el municipio de Piamonte en los Planes de Desarrollo con Enfoque Terrritorial (PDET), pues es el único municipio de la baja bota caucana que no está entre los 171 priorizados. “Y eso que nosotros, por las condiciones en las que vivimos, deberíamos tener los mismos beneficios que tienen los municipios PDET”, dice Norberto.
La cumbre campesina e indígena cocalera del Putumayo se realizó el pasado 30 de septiembre con la participación de 630 personas de todos los municipios del departamento y algunas provenientes de Caquetá, Cauca y Nariño. De este evento, realizado en el Colegio Alvernia de Puerto Asís, salieron unas propuestas específicas de los cocaleros para el nuevo Gobierno.
Aunque todavía no hay certeza de cuál podría ser la hoja de ruta para pasar las propuestas del papel a las leyes y a la realidad, lo cierto es que el senador César Pachón, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), fue quien lideró la cumbre y convocó a la audiencia pública de la Comisión de Paz del Senado que se llevó a cabo el pasado 1 de octubre en el mismo municipio. También trabajó de la mano de Andrés Cancimance, representante a la Cámara por el Putumayo de la Colombia Humana.
Las denuncias
Las peticiones de los campesinos e indígenas de este departamento no son ajenas a las del resto de movimientos sociales en Colombia. No hay infraestructura ni vías para sacar los cultivos de las regiones, hay una gran ausencia del Estado en ciertas zonas y la desconfianza institucional de los cocaleros es un problema sin resolver. “Lo distinto y lo más impresionante es la organización de la gente en Putumayo. Los movimientos sociales acá son muy fuertes”, afirma Pachón.
Los voceros de los cocaleros en el municipio de Piamonte, Cauca, ejemplifican la necesidad de construir infraestructura para incentivar los cultivos lícitos por encima de los ilícitos. Norberto Dávila, por ejemplo, explica que el paso del río Caquetá para salir al municipio de Santa Rosa encarece los productos agrícolas. “Para nosotros poder sacar o entrar algún producto tenemos que pagar el paso por la lancha, entonces todo sube de precio un 30 %, porque no es lo mismo pasar uno solo a llevar una tonelada de papa al hombro”.
Su petición específica es para que en su municipio se priorice la construcción de un puente sobre el río que facilite el tránsito y la comercialización de los productos. “De nada nos sirve sustituir la coca si no tenemos garantizado el transporte sin que eso incremente tanto los productos”. Lo dice con vehemencia, porque asegura que las personas que compran la hoja de coca la recogen directamente desde sus cultivos.
Sandra Lagos, presidenta de Asojuntas y líder de la vereda Puerto Playa (Putumayo), una de las zonas de Reserva Campesina Perla Amazónica, denunció que a las 30 familias cocaleras de su comunidad las están afectando las erradicaciones terrestres de los cultivos de cocan que no han cesado en el gobierno Petro. “La última vez fue el 30 de septiembre, justo después de que salimos de nuestra vereda para acá (Puerto Asís)”.
Aunque el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ya confirmó que las erradicaciones forzadas por parte de la fuerza pública todavía no han cesado, los cocaleros del Putumayo piden que el Gobierno cumpla con las promesas de campaña y les dé garantías para negociar una sustitución voluntaria. “A nosotros ya nos da hasta miedo tomar fotos y hacer videos cuando ellos llegan a erradicar, porque muchas veces obligan a la gente a eliminar eso del celular”, señala.
A Sandra le cuesta más de $200.000 salir y regresar de su vereda. Dice que se va caminando por una hora en trocha hasta la orilla del río Putumayo y, desde allí, puede llegar navegando hasta los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo. Lo que encarece el transporte es la gasolina de los botes. Esa es una de las preocupaciones de ella y de la gente que representa: el aumento del precio del combustible en los próximos meses podría llegar a hacer más difíciles los desplazamientos.
Iván Narváez, el vocero del Movimiento Campesino Cocalero Agrario y Ambiental del Putumayo (Moviccap), señala que han recibido por lo menos siete denuncias en lo que va del 2022 sobre quemas de casas donde campesinos pican la hoja de coca.
Los casos que Moviccap ha documentado han ocurrido en las veredas de Aguablanca Altoembí, Villa Marqueza, Villa de Leyva, en el corregimiento de Teteyé, en el municipio de Puerto Colombia, en la vereda Ángeles y en el municipio de Piamonte.
Según aseguran, se trata de tierras campesinas multiusos a las que llega la fuerza pública con operativos contra el narcotráfico. “Ellos no están perjudicando a los verdaderos narcotraficantes. En realidad no es un golpe al narcotráfico como lo venden, son quemas de casas campesinas muy pobres que cultivan la hoja de coca no por gusto sino por necesidad, pero el Ministerio de Defensa le da otro significado”.
La esperanza que tienen los 630 campesinos y cocaleros es mucho más grande que su frustración por el fracaso del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis). Aunque la mayoría dice que no van a volver a creer en promesas del Gobierno, lo cierto es que muchos de ellos atravesaron el departamento, anduvieron trochas, recorrieron ríos y caminaron por kilómetros para llegar hasta ese encuentro. “¿Usted sí cree que esto va a funcionar? Es que siempre es lo mismo: promesas, políticos, encuentros y compromisos. Pero esa gente a veces ni vuelve por acá”, pregunta uno de los campesinos en la cumbre.
Las propuestas
Durante la jornada del 30 de septiembre se consolidaron seis mesas de trabajo: Familias beneficiarias del Pnis, Familias que no hacen parte del ese programa, Derechos humanos, Proyectos productivos, Enfoque de género y Enfoque étnico. La organización de los líderes cocaleros fue sincrónica. Mientras iban nombrando las categorías de las mesas, cada uno se iba ubicando en el salón en el que más se sentía identificado. Las organizaciones cocaleras que llevaron más de una persona se dividieron para participar de todos los espacios.
En el caso de las familias Pnis del Putumayo la respuesta fue vehemente: “No volveremos a aceptar ser parte del programa hasta que no se suspenda y se modifique por completo”, señaló Éder Jaír Sánchez, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Su propuesta es que la sustitución se dé de manera gradual, en tanto el Gobierno vaya cumpliendo con lo pactado, como los proyectos productivos a largo plazo. “Putumayo fue el departamento que más arrancó hoja de coca en 2017: llegamos a 10 mil hectáreas”, dijo.
Pero además abogó por las 7.000 familias cocaleras de la región que no fueron incluidas dentro del Pnis por no haber clasificado como “aptas” o porque no pudieron entrar a los territorios a verificar la erradicación voluntaria del cultivo. “La condición es que esas personas que descalificaron en su momento entren ahora al programa”. Sánchez propuso una reunión en noviembre de este año para hacer seguimiento a la cumbre cocalera y consolidar otras ideas para que sean incorporadas a los diálogos regionales del nuevo gobierno.
Las mujeres que participaron de la mesa de género pidieron que se consolide un proyecto productivo para producir y comercializar madera plástica, producto del reciclaje de ese material. Zereida Romero, de la Asociación Campesina del suroriente de Putumayo (Acsomayo), una de las mujeres que lideraron el diálogo, explicó: “La violencia que viven las mujeres cocaleras es mucho más grave. Usualmente la erradicación forzada es violenta, pero es más trágico cuando es contra una mujer que normalmente es cabeza de hogar, y que puede llegar a ser vulnerada por los militares o policías”. Dijo, incluso, que en muchos casos la erradicación de los cultivos tiene consecuencias para sus hijos, como el reclutamiento a grupos armados ilegales.
La falta de programas de protección para los niños y niñas en los territorios hace que, según ella, muchas mujeres prefieran optar por el cultivo de hoja de coca para tener independencia económica y poder cuidar de los hijos en casa. “Hay que entender que en el campo todavía hay mucha brecha entre hombres y mujeres y este cultivo se ha vuelto un escape para las mujeres que son maltratadas u oprimidas por hombres que les controlan hasta el dinero”.
En la conversación surgieron varias propuestas, como la de incursionar en el mercado de bonos verdes en reemplazo de los cultivos de coca. Algunas llegaron a mencionar que podrían reforestar y conservar áreas protegidas a cambio de comercializar bonos de carbono.
Sin embargo, aseguraron que ninguno de los proyectos dirigidos a mujeres funcionará si siguen siendo administrados por las entidades territoriales. “Cuando se cree el Ministerio de la Igualdad, pedimos que sea esa entidad la que entregue los recursos de las mujeres, para garantizar que sí lleguen al territorio”.
Todas sus propuestas fueron expuestas en la audiencia pública de la Comisión de Paz del Senado, el 1 de octubre en Puerto Asís, a la que no asistieron los senadores Iván Cepeda, Ariel Ávila y Aída Avella, pese a que fueron invitados y los campesinos los esperaban. El representante a la Cámara Andrés Cancimancen señaló que “la problemática social cocalera debe revelar que la solución no está en los monocultivos ni en las economías extractivistas”.
Estas cumbres cocaleras son un insumo para la Comisión de Paz que viene haciendo seguimiento a la Reforma Rural Integral y a la solución al problema de drogas ilícitas.
El senador César Pachón confirmó que los próximos encuentros de campesinos e indígenas se realizarán en las regiones del Catatumbo, sur de Bolívar y el departamento del Meta, aunque no confirmó posibles fechas.