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Las víctimas del conflicto armado en Colombia están cansadas de ser estigmatizadas, poco atendidas y de ver sus territorios plagados por la violencia. Esa fue una de las sensaciones generales que dejó el encuentro “El poder de las víctimas para transformar a Colombia: un diálogo para el cambio y la construcción de paz”, espacio liderado por la Unidad para las Víctimas con líderes y lideresas de todo el país que congregaron sus voces en el Teatro Colón de Bogotá.
El evento se dividió en dos paneles. El primero de ellos tuvo un valor especial para los asistentes al recinto, pues giró en torno a la lectura que las víctimas tienen respecto a las garantías de sus derechos. Las intervenciones venían de personas que vivieron la guerra en orillas distintas y cuyas consecuencias las padecieron de forma diferencial.
Uno de los participantes fue Francisco Pedraza Osorio, militar retirado y parte de la Dirección de Veteranos, quien conmovió a la audiencia con un mensaje con poder reconciliador que plasmaba realidades dolorosas de quienes padecieron en carne propia la guerra.
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“Queremos que las víctimas sean dignificadas. Que tengan nombre en cada uno de los procesos que están haciendo. Muchas veces se les da más protagonismo a los perpetradores que a los que sufrimos eso. Nos duele, así como creemos que llevar ese título (el de víctima) no es una honra sino todo lo contrario”, narró Pedraza.
Sara Morales, víctima de reclutamiento forzado y violencia sexual por parte de las extintas FARC, forma parte del colectivo Rosa Blanca y también dio sus nociones sobre el tratamiento a víctimas. Para ella, por años han preponderado las voces de quienes más crímenes perpetraron y el sistema judicial poco o nada ha hecho por los que sufrieron los rigores del conflicto.
“Podemos llegar a perdonar, pero necesitamos también que nos den la cara. Las indemnizaciones no solo son un tema administrativo o de dinero. Se trata de respetarnos, de ir más allá de lo monetario y entender que la forma de tramitar nuestros traumas necesita un acompañamiento más riguroso y pensado en lo colectivo”, sintetizó la vocera.
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La violencia sobre pueblos étnicos también fue protagonista del primer panel. La Asociación Nacional de Afrocolombianos desplazados (Afrodes) tuvo vocería en el panel con su directora Luz Marina Becerra, quien fue enfática al decir que en medio de tanta ley y tanta conmemoración a las víctimas persiste una deuda sobre acceso a servicios básicos.
“El país habla mucho de las víctimas y de lo que vivimos, pero aun vivimos en el día en el que no tenemos condiciones plenas de acceso a la salud y a la educación con enfoque diferencial. No nos dan lo básico, tampoco sirven los procesos de judicialización y si es algo en contra de una persona de un pueblo negro, mucho menos”, denunció Becerra.
¿Se debe reformar la Ley de Víctimas?
Tanto Ludy Pérez, vocera de la Mesa Nacional de Víctimas, como el académico Jorge Garay, fueron los encargados de argumentar en el evento por qué la Ley 1448 de 2011 necesita una actualización de acuerdo con las necesidades actuales de las víctimas de la guerra.
Pérez Carvajal dijo en el primer panel que la Ley de Víctimas es obsoleta para la realidad de las personas más afectadas por el conflicto en Colombia.
“Esa ley no habla de una política para el envejecimiento de las víctimas. Ese componente es muy importante y la 1448 la obvia. Tenemos necesidades diferentes a las de 2011. Un buen paso para que el Estado nos atienda bien es revisar al pie de la letra lo que esa normativa nos puede ofrecer”, agregó.
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Mientras tanto, el profesor Garay -parte del segundo panel, dirigido a los retos en materia de política pública y respuesta institucional- dijo que las necesidades de las víctimas actualmente se deben analizar y ejecutar a la luz de sus problemas económicos.
“Por eso mismo hay que actualizar la Ley de Víctimas. Hay un déficit monetario agudo y está comprobado por la academia y de forma empírica que el 90% de las víctimas de desplazamiento en Colombia están en un rango de pobreza. Es una problemática aguda y motivo suficiente para cambiar el enfoque de la 1448. Hay que trascender el asistencialismo y repensar la eficiencia para tratar con las víctimas”, insistió Garay.
En el segundo panel también hubo voz institucional de la Unidad para las Víctimas. Sonia Londoño, subdirectora de la entidad, dio una cifra que sirvió para dimensionar la complejidad en la atención económica a las víctimas. Una realidad de la que poco se ha hablado en números cerrados.
“En Colombia se necesitan cerca de 4.1 billones de pesos para indemnizar a 600.000 víctimas. Si sabemos que en todo el país hay más de 9 millones de afectados por la guerra, pues sabemos que hay un reto grande”, dijo la funcionaria.
¿Qué ha hecho la institucionalidad?
La Alta Consejería de paz y Reconciliación de Bogotá estima que en la capital del país, en Medellín y en Barranquilla viven más de un millón de afectados por la violencia.
Diego Peña, cabeza de esa cartera distrital, dice que a nivel nacional hay un problema de unidad para ajustar las necesidades de las víctimas.
De acuerdo con el funcionario, “llevamos mucho tiempo de reforma tras reforma. A veces eso nos ha hecho pasar por encima de la misma Constitución. Necesitamos garantizar un cambio en el que haya salidas de vida duraderas para las víctimas y dotar a estos colectivos de legitimidad para crear una apuesta real de país”.
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Las conclusiones del evento volvieron al tema económico, una situación que sigue apretando la realidad de los colectivos de víctimas y quienes luchan por quienes perdieron casi todo en la guerra.
El profesor Garay tomó la palabra e insistió en que Colombia no cuenta en este momento con capacidad fiscal para solucionar problemáticas de víctimas en los territorios. “Repensemos rutas de acceso, solucionemos los problemas de habeas data de las víctimas y ayudemos de forma seria con sus situaciones muy limitadas de movilidad”, concluyó.