Las promesas de ‘Catatumbo Sostenible’, dos años después de su lanzamiento
El pasado 24 de noviembre se cumplieron dos años del lanzamiento de esta iniciativa, un espacio de articulación institucional para implementar el PDET en esta región. Hasta ahora hay avances importantes en infraestructura y servicios públicos, pero hay reclamos de las comunidades campesinas que se sienten excluidas de las decisiones sobre su territorio.
Henry Yesid Ortega*
Desde el inicio de su presidencia, Iván Duque mostró una singular predilección por el Catatumbo. En su segundo día como presidente visitó Tibú, Norte de Santander, donde realizó un consejo de seguridad e inauguró una planta extractora de aceite de palma. Desde entonces, la región fue tomada como punta de lanza de las intervenciones territoriales para la “paz con legalidad”, como llamó el gobierno a la puesta en marcha del Acuerdo, en cabeza del Alto Consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.
Para afianzar la intervención regional, Duque anunció el 24 noviembre de 2018 en Cúcuta, durante un taller ‘Construyendo país’, el lanzamiento de la estrategia ‘Catatumbo Sostenible’. ”Estamos avanzando en ese plan Catatumbo Sostenible para que tengamos esa combinación de bienes públicos, que tiene que acompañar el desarrollo rural, el desarrollo productivo y al mismo tiempo garantizar la seguridad y la justicia en el territorio”, dijo entonces el presidente.
Lea: “Los PDET están divorciados del Acuerdo de Paz”: los reclamos de las comunidades
La iniciativa, que fue recibida con suspicacia por varios sectores, busca la articulación entre entes públicos, privados y cooperación internacional para la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET. Dos años después, el Catatumbo es la primera de las 16 zonas PDET en tener la Hoja de ruta para su desarrollo, que fue entregada en enero de este año, y el foco de llamativas y mediáticas donaciones internacionales, como los 46 millones de dólares de la Fundación Howard Buffet principalmente para mejoramiento de vías.
A la fecha, hay avances significativos en especial en la planeación y movilización de recursos para el desarrollo de proyectos. Sin embargo, existen críticas sobre todo de cara a la participación de las comunidades, los alcances de los proyectos priorizados y la respuesta institucional frente a los cultivos de uso ilícito.
Avances de la estrategia
Para varias fuentes sobresale la función de Catatumbo Sostenible como mecanismo de articulación institucional. Así lo señala Pedro Durán, secretario de Víctimas, paz y posconflicto de Norte de Santander: “Catatumbo Sostenible permite concertar mejor los esfuerzos, ya que con alguna periodicidad se sienta todo el mundo y permite que cada parte sepa en qué está la otra”. No sin antes generar confusión y reclamos entre la comunidad por sentirse excluida del espacio, tal como apunta Juan Carlos Quintero, directivo de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat: “Como política, al menos lo que hemos interpretado, es que es un escenario meramente de articulación institucional y empresarial en el que no tienen participación las comunidades de manera directa, y en la que ha habido una confusión, si ese es el remplazo del PDET o en realidad es un espacio de articulación institucional.”
Lea también: Las críticas al Gobierno por “simular” la implementación de los PDET
A esto se suma otro elemento, la destinación de recursos. “Durante estos dos años hemos logrado movilizar para la región una inversión que no tiene antecedentes. Nunca antes el Catatumbo había visto una inversión así”, comenta Juan Felipe Rodríguez, gerente de la estrategia, al hacer referencia a los cerca de $500.000 millones presupuestados para el desarrollo de las iniciativas recogidas en la Hoja de ruta del PDET-Catatumbo.
Justo ahora, luego de una fase de planeación, se están empezando a ejecutar algunos de estos recursos. La mayoría se encuentran destinados a obras de infraestructura vial, acueductos y electrificación. Esperan iniciar con la conexión de por lo menos 3.800 familias de un total de 14.000 que no cuentan con el servicio de electricidad, según cifras de la Agencia para la Renovación del Territorio, encargada de implementar los PDET. Otras obras de impacto social ya han iniciado como los acueductos y alcantarillados en Filo Gringo y Orú, corregimientos de El Tarra, municipio ubicado en el corazón geográfico de la región.
El plan de vías tiene una proyección bastante ambiciosa, en la que esperan suplir la necesidad de placa-huellas para vías terciarias, la vía Tibú-La Gabarra, o el esperado Anillo Vial del Catatumbo entre Tibú, El Tarra y Convención. En este propósito se incluye la modalidad de Obras por Impuestos, con ejemplos como la reconstrucción por parte de la transportadora de hidrocarburos CENIT de tres puentes en la vía Astilleros-Tibú, considerada de suma importancia por conectar la región con el Área Metropolitana de Cúcuta, y que actualmente se encuentra en mal estado.
Más allá de la infraestructura
No obstante, existen falencias sobre la mesa. Por ejemplo, a pesar de la articulación, se reclama la necesidad del fortalecimiento institucional para las alcaldías de los ocho municipios PDET (Hacarí, El Carmen, San Calixto, Teorama, Convención, El Tarra, Sardinata, Tibú) para quienes ha sido difícil, sobre todo, pasar de una iniciativa en el papel a un proyecto con los requerimientos necesarios. “Hay orientaciones claras, pero como municipios categoría seis tenemos dificultad económica y técnica para la estructuración de proyectos. Hemos hecho el reclamo, que así como se financió el proyecto para la ejecución, se debe dejar un porcentaje para la estructuración” manifiesta Yair Díaz, alcalde de El Tarra.
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La participación comunitaria también ha sido objeto de críticas. Si bien para la creación de la hoja de ruta existió un grupo motor, personas elegidas por la comunidad para interlocución con la mesa, “no se realizaron espacios de socialización liderados por la institucionalidad, previos o posteriores, con la comunidad en general” como denuncia la representante a la Cámara Juanita Goebertus en un carta sobre los alcances y limitaciones de este documento.
Para Ascamcat resulta paradójico que no se convoque directamente a los movimientos sociales campesinos e indígenas en esos espacios de articulación, y que en otros escenarios, como el lanzamiento de la hoja de ruta en enero “organizaciones como nosotros fuimos convocadas dos días después de iniciado el evento, sin ningún tipo de garantías logísticas para una participación efectiva”.
A su vez, llama la atención la centralidad en los proyectos de infraestructura y el descuido que esto supondría para el desarrollo del PDET como eje de la Reforma Rural Integral, para lo que se requiere de otros elementos como la formalización de tierras y la sustitución de cultivos de uso ilícito.
Desde la gerencia de la iniciativa defienden la existencia de avances en todos los pilares del PDET. Sobre formalización señalan que con los recursos de la Fundación Buffet se adelanta la entrega de 1.000 títulos de propiedad en tres núcleos de Tibú: La Gabarra, Tres Bocas y Pachelli. Pese a ello, es notoria la deficiencia en los alcances geográficos de esta iniciativa. Mientras los proyectos de infraestructura tienen avances significativos en los ocho municipios PDET, la formalización de tierras para el campesinado se concentra, hasta ahora, solo en Tibú.
Para algunos, esta focalización no es gratuita. Justamente la zona baja del Catatumbo donde se encuentra Tibú, además de tener la mayor cantidad de cultivos de coca en el país – aproximadamente 20.000 hectáreas según datos recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)-, es también el foco de explotación petrolera y de cultivo de palma. Estas plantaciones, en particular, han sido respaldadas y fomentadas por el gobierno, pero son criticadas por los movimientos campesinos, como asegura Juan Carlos Quintero: “Toda la acción está programada para generar condiciones para la extensión de la palma, que está creciendo hacia el área propuesta como Zona de Reserva Campesina. Estas plantaciones indican concentración de la tierra, afectaciones al ambiente, ponen en peligro la economía y la cultura campesina, y son una afrenta al no reconocimiento del campesinado”.
El fortalecimiento comunitario es otro elemento que podría verse afectado, como lo recuerda Javier Medina, investigador del Cinep: “Hay planeadas muchas obras con grandes inversiones, pero la idea de desarrollo territorial que tiene el Acuerdo de Paz requiere la participación y la promoción de las organizaciones locales y ampliar su capacidad para la gestión y de decisión, eso es lo que está en riesgo si no se asume como parte fundamental de todo el proceso de planeación, ejecución y evaluación del PDET”. Para Medina, se debe iniciar un proceso comunicativo para socializar la Hoja de Ruta Única, aun cuando no se haya contado con la participación deseada en su creación, también por efectos de la pandemia: “hay que tratar de subsanar eso, validar de alguna manera y, sobre todo, comprender con la gente por qué se priorizan ciertas iniciativas por encima de otras”.
La erradicación de coca, un punto de quiebre
Desde el comienzo de Catatumbo Sostenible hubo preocupaciones por su articulación con la política de seguridad del Catatumbo, región designada como Zona Estratégica de Intervención Integral, o Zona Futuro; considerada como contradictoria con las intenciones del Acuerdo de paz. No obstante, para Juan Felipe Rodríguez, gerente de la iniciativa, no hay tal contradicción, ya que “las Zonas Futuro están pensadas para acelerar la implementación de los PDET”, a través de la priorización de proyectos en las veredas focalizadas como Zonas Futuro.
Sin embargo, para movimientos como Ascamcat y Asojuntas, la contradicción se hace explícita con la erradicación forzada y los anuncios de fumigación de cultivos de uso ilícito, por su daño ambiental, la ausencia de alternativas a los campesinos, la generación de inseguridad alimentaria, porque no evita la resiembra y aumenta los incentivos para la ampliación de la frontera agrícola para nuevos cultivos.
Además de efectos adicionales en materia de Derechos Humanos. En palabras de Juan Carlos Quintero, “la concepción de seguridad sigue siendo la misma, cientos de miles de soldados y policías al territorio, y eso no va a resolver el problema. Bajo la excusa de la lucha antidrogas se han violado los DD.HH. Muestra de ello este año, en el marco de protestas contra la erradicación forzada y violenta han asesinado dos campesinos, tres más lisiados de por vida, otros capturados”.
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A esto se suman las limitantes de tener solo dos pilotos del Plan Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito, PNIS, uno en Tibú y otro en Sardinata. Aquí, los efectos adversos no vienen solo del desarrollo paralelo de dos políticas contradictorias en su relación con el campesinado y la construcción de alternativas económicas. Una vez más, los alcances geográficos condicionan sus efectos. A esta conclusión llega la Secretaría Técnica de Verificación conformada por Cinep/PPP y Cerac en su séptimo informe: “la exclusión de los otros seis municipios del PNIS impacta negativamente el carácter integral que debe tener el programa y, de hecho, su implementación fragmentada puede llevar a que en los municipios que no han sido priorizados por el PNIS la situación empeore”. Pero mientras los pilotos de sustitución en Tibú y Sardinata resultan insuficientes, la erradicación forzada de cultivos se expande en todos los municipios de la región, con especial énfasis, paradójicamente, en Sardinata. Justo el 2 de diciembre, las comunidades de la vereda el Guamo del corregimiento Luis Vero de este municipio denunciaron el inicio de erradicaciones de cultivos e intimidaciones por parte del Ejército Nacional.
Mientras tanto, Ascamcat lidera la solicitud de aplazamiento de la audiencia pública que busca modificar el plan de manejo ambiental de la política de erradicación mediante aspersión aérea, en aras de volver a autorizar el uso de glifosato en el país. Para Ascamcat, esta audiencia, convocada para el 19 de diciembre por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y la Policía Nacional, resulta improcedente pues consideran que en medio de la pandemia no existen garantías para el acceso y participación masiva de la población, en una decisión que afectaría no solo al Catatumbo, sino a 104 municipios de 14 departamentos del país.
*Investigador Estado, conflicto y paz CINEP/PPP
Desde el inicio de su presidencia, Iván Duque mostró una singular predilección por el Catatumbo. En su segundo día como presidente visitó Tibú, Norte de Santander, donde realizó un consejo de seguridad e inauguró una planta extractora de aceite de palma. Desde entonces, la región fue tomada como punta de lanza de las intervenciones territoriales para la “paz con legalidad”, como llamó el gobierno a la puesta en marcha del Acuerdo, en cabeza del Alto Consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.
Para afianzar la intervención regional, Duque anunció el 24 noviembre de 2018 en Cúcuta, durante un taller ‘Construyendo país’, el lanzamiento de la estrategia ‘Catatumbo Sostenible’. ”Estamos avanzando en ese plan Catatumbo Sostenible para que tengamos esa combinación de bienes públicos, que tiene que acompañar el desarrollo rural, el desarrollo productivo y al mismo tiempo garantizar la seguridad y la justicia en el territorio”, dijo entonces el presidente.
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La iniciativa, que fue recibida con suspicacia por varios sectores, busca la articulación entre entes públicos, privados y cooperación internacional para la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET. Dos años después, el Catatumbo es la primera de las 16 zonas PDET en tener la Hoja de ruta para su desarrollo, que fue entregada en enero de este año, y el foco de llamativas y mediáticas donaciones internacionales, como los 46 millones de dólares de la Fundación Howard Buffet principalmente para mejoramiento de vías.
A la fecha, hay avances significativos en especial en la planeación y movilización de recursos para el desarrollo de proyectos. Sin embargo, existen críticas sobre todo de cara a la participación de las comunidades, los alcances de los proyectos priorizados y la respuesta institucional frente a los cultivos de uso ilícito.
Avances de la estrategia
Para varias fuentes sobresale la función de Catatumbo Sostenible como mecanismo de articulación institucional. Así lo señala Pedro Durán, secretario de Víctimas, paz y posconflicto de Norte de Santander: “Catatumbo Sostenible permite concertar mejor los esfuerzos, ya que con alguna periodicidad se sienta todo el mundo y permite que cada parte sepa en qué está la otra”. No sin antes generar confusión y reclamos entre la comunidad por sentirse excluida del espacio, tal como apunta Juan Carlos Quintero, directivo de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat: “Como política, al menos lo que hemos interpretado, es que es un escenario meramente de articulación institucional y empresarial en el que no tienen participación las comunidades de manera directa, y en la que ha habido una confusión, si ese es el remplazo del PDET o en realidad es un espacio de articulación institucional.”
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A esto se suma otro elemento, la destinación de recursos. “Durante estos dos años hemos logrado movilizar para la región una inversión que no tiene antecedentes. Nunca antes el Catatumbo había visto una inversión así”, comenta Juan Felipe Rodríguez, gerente de la estrategia, al hacer referencia a los cerca de $500.000 millones presupuestados para el desarrollo de las iniciativas recogidas en la Hoja de ruta del PDET-Catatumbo.
Justo ahora, luego de una fase de planeación, se están empezando a ejecutar algunos de estos recursos. La mayoría se encuentran destinados a obras de infraestructura vial, acueductos y electrificación. Esperan iniciar con la conexión de por lo menos 3.800 familias de un total de 14.000 que no cuentan con el servicio de electricidad, según cifras de la Agencia para la Renovación del Territorio, encargada de implementar los PDET. Otras obras de impacto social ya han iniciado como los acueductos y alcantarillados en Filo Gringo y Orú, corregimientos de El Tarra, municipio ubicado en el corazón geográfico de la región.
El plan de vías tiene una proyección bastante ambiciosa, en la que esperan suplir la necesidad de placa-huellas para vías terciarias, la vía Tibú-La Gabarra, o el esperado Anillo Vial del Catatumbo entre Tibú, El Tarra y Convención. En este propósito se incluye la modalidad de Obras por Impuestos, con ejemplos como la reconstrucción por parte de la transportadora de hidrocarburos CENIT de tres puentes en la vía Astilleros-Tibú, considerada de suma importancia por conectar la región con el Área Metropolitana de Cúcuta, y que actualmente se encuentra en mal estado.
Más allá de la infraestructura
No obstante, existen falencias sobre la mesa. Por ejemplo, a pesar de la articulación, se reclama la necesidad del fortalecimiento institucional para las alcaldías de los ocho municipios PDET (Hacarí, El Carmen, San Calixto, Teorama, Convención, El Tarra, Sardinata, Tibú) para quienes ha sido difícil, sobre todo, pasar de una iniciativa en el papel a un proyecto con los requerimientos necesarios. “Hay orientaciones claras, pero como municipios categoría seis tenemos dificultad económica y técnica para la estructuración de proyectos. Hemos hecho el reclamo, que así como se financió el proyecto para la ejecución, se debe dejar un porcentaje para la estructuración” manifiesta Yair Díaz, alcalde de El Tarra.
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La participación comunitaria también ha sido objeto de críticas. Si bien para la creación de la hoja de ruta existió un grupo motor, personas elegidas por la comunidad para interlocución con la mesa, “no se realizaron espacios de socialización liderados por la institucionalidad, previos o posteriores, con la comunidad en general” como denuncia la representante a la Cámara Juanita Goebertus en un carta sobre los alcances y limitaciones de este documento.
Para Ascamcat resulta paradójico que no se convoque directamente a los movimientos sociales campesinos e indígenas en esos espacios de articulación, y que en otros escenarios, como el lanzamiento de la hoja de ruta en enero “organizaciones como nosotros fuimos convocadas dos días después de iniciado el evento, sin ningún tipo de garantías logísticas para una participación efectiva”.
A su vez, llama la atención la centralidad en los proyectos de infraestructura y el descuido que esto supondría para el desarrollo del PDET como eje de la Reforma Rural Integral, para lo que se requiere de otros elementos como la formalización de tierras y la sustitución de cultivos de uso ilícito.
Desde la gerencia de la iniciativa defienden la existencia de avances en todos los pilares del PDET. Sobre formalización señalan que con los recursos de la Fundación Buffet se adelanta la entrega de 1.000 títulos de propiedad en tres núcleos de Tibú: La Gabarra, Tres Bocas y Pachelli. Pese a ello, es notoria la deficiencia en los alcances geográficos de esta iniciativa. Mientras los proyectos de infraestructura tienen avances significativos en los ocho municipios PDET, la formalización de tierras para el campesinado se concentra, hasta ahora, solo en Tibú.
Para algunos, esta focalización no es gratuita. Justamente la zona baja del Catatumbo donde se encuentra Tibú, además de tener la mayor cantidad de cultivos de coca en el país – aproximadamente 20.000 hectáreas según datos recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)-, es también el foco de explotación petrolera y de cultivo de palma. Estas plantaciones, en particular, han sido respaldadas y fomentadas por el gobierno, pero son criticadas por los movimientos campesinos, como asegura Juan Carlos Quintero: “Toda la acción está programada para generar condiciones para la extensión de la palma, que está creciendo hacia el área propuesta como Zona de Reserva Campesina. Estas plantaciones indican concentración de la tierra, afectaciones al ambiente, ponen en peligro la economía y la cultura campesina, y son una afrenta al no reconocimiento del campesinado”.
El fortalecimiento comunitario es otro elemento que podría verse afectado, como lo recuerda Javier Medina, investigador del Cinep: “Hay planeadas muchas obras con grandes inversiones, pero la idea de desarrollo territorial que tiene el Acuerdo de Paz requiere la participación y la promoción de las organizaciones locales y ampliar su capacidad para la gestión y de decisión, eso es lo que está en riesgo si no se asume como parte fundamental de todo el proceso de planeación, ejecución y evaluación del PDET”. Para Medina, se debe iniciar un proceso comunicativo para socializar la Hoja de Ruta Única, aun cuando no se haya contado con la participación deseada en su creación, también por efectos de la pandemia: “hay que tratar de subsanar eso, validar de alguna manera y, sobre todo, comprender con la gente por qué se priorizan ciertas iniciativas por encima de otras”.
La erradicación de coca, un punto de quiebre
Desde el comienzo de Catatumbo Sostenible hubo preocupaciones por su articulación con la política de seguridad del Catatumbo, región designada como Zona Estratégica de Intervención Integral, o Zona Futuro; considerada como contradictoria con las intenciones del Acuerdo de paz. No obstante, para Juan Felipe Rodríguez, gerente de la iniciativa, no hay tal contradicción, ya que “las Zonas Futuro están pensadas para acelerar la implementación de los PDET”, a través de la priorización de proyectos en las veredas focalizadas como Zonas Futuro.
Sin embargo, para movimientos como Ascamcat y Asojuntas, la contradicción se hace explícita con la erradicación forzada y los anuncios de fumigación de cultivos de uso ilícito, por su daño ambiental, la ausencia de alternativas a los campesinos, la generación de inseguridad alimentaria, porque no evita la resiembra y aumenta los incentivos para la ampliación de la frontera agrícola para nuevos cultivos.
Además de efectos adicionales en materia de Derechos Humanos. En palabras de Juan Carlos Quintero, “la concepción de seguridad sigue siendo la misma, cientos de miles de soldados y policías al territorio, y eso no va a resolver el problema. Bajo la excusa de la lucha antidrogas se han violado los DD.HH. Muestra de ello este año, en el marco de protestas contra la erradicación forzada y violenta han asesinado dos campesinos, tres más lisiados de por vida, otros capturados”.
Le recomendamos: El campesino que murió por un disparo del Ejército en el Catatumbo
A esto se suman las limitantes de tener solo dos pilotos del Plan Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito, PNIS, uno en Tibú y otro en Sardinata. Aquí, los efectos adversos no vienen solo del desarrollo paralelo de dos políticas contradictorias en su relación con el campesinado y la construcción de alternativas económicas. Una vez más, los alcances geográficos condicionan sus efectos. A esta conclusión llega la Secretaría Técnica de Verificación conformada por Cinep/PPP y Cerac en su séptimo informe: “la exclusión de los otros seis municipios del PNIS impacta negativamente el carácter integral que debe tener el programa y, de hecho, su implementación fragmentada puede llevar a que en los municipios que no han sido priorizados por el PNIS la situación empeore”. Pero mientras los pilotos de sustitución en Tibú y Sardinata resultan insuficientes, la erradicación forzada de cultivos se expande en todos los municipios de la región, con especial énfasis, paradójicamente, en Sardinata. Justo el 2 de diciembre, las comunidades de la vereda el Guamo del corregimiento Luis Vero de este municipio denunciaron el inicio de erradicaciones de cultivos e intimidaciones por parte del Ejército Nacional.
Mientras tanto, Ascamcat lidera la solicitud de aplazamiento de la audiencia pública que busca modificar el plan de manejo ambiental de la política de erradicación mediante aspersión aérea, en aras de volver a autorizar el uso de glifosato en el país. Para Ascamcat, esta audiencia, convocada para el 19 de diciembre por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y la Policía Nacional, resulta improcedente pues consideran que en medio de la pandemia no existen garantías para el acceso y participación masiva de la población, en una decisión que afectaría no solo al Catatumbo, sino a 104 municipios de 14 departamentos del país.
*Investigador Estado, conflicto y paz CINEP/PPP