Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Este 9 de julio, durante el Diálogo Regional para la No Continuidad y la No Repetición del Conflicto Armado en el Bajo Atrato- Darién y Urabá, organizado por la Comisión de la Verdad en Apartadó (Antioquia), las comunidades hablaron sobre las causas de la persistencia del conflicto armado en estas regiones. Todas están ligadas al abandono estatal, a la tenencia desigual de las tierras y los recursos naturales y al uso de estos territorios como corredores de narcotráfico y comercialización de armas por parte de los grupos armados ilegales.
“En medio de esta crisis humanitaria que viven los indígenas estamos marginados sin ningún tipo de protección. ¿Qué haremos para pervivir si no tenemos ninguna garantía de seguridad en nuestros territorios?”, señaló Arquímedes Carpio, miembro de la Organización Regional de Consejos y Autoridades del Pueblo Wounan. Actualmente, dijo, todavía hay casos de confinamiento por enfrentamiento de grupos armados, desplazamientos y asesinatos.
Jorge Jarupa, miembro de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), también afirmó que son muchos los jóvenes que se están yendo a los grupos armados ilegales por falta de oportunidades de vida, mientras que las comunidades siguen bajo el miedo de amenazas y presencia de minas antipersonal. “Ayer no más una mujer indígena en Murindó murió por causa de una mina, y quedaron tres niños heridos. Y el Gobierno nunca dice ‘vamos a Murindó a atender a estas comunidades”, aseguró.
La realidad no es distinta para los pueblo afrodescendientes de estas regiones, que comprenden los municipios chocoanos de Riosucio, Carmen del Darién, Unguía y Acandí; y los municipios antioqueños de Mutatá, Apartadó, San Pedro de Urabá y Turbo. Estos dos grupos étnicos son los más afectados por el conflicto, según señalaron los participantes de las comunidades durante el diálogo.
De acuerdo con la Unidad de Víctimas, en ocho municipios de estas regiones (Urabá y Chocó) existen al menos 429.820 víctimas del conflicto armado, principalmente de fenómenos como el desplazamiento forzado, despojo de tierras y asesinatos selectivos. Pero las comunidades ya están cansadas de no encontrar tranquilidad en sus territorios ancestrales. Por eso, junto a la Comisión de la Verdad, más de 100 representante de organizaciones y habitantes mantuvieron conversaciones a lo largo de dos meses, para pensar y proponer salidas al conflicto armado que se vive todavía en estas regiones.
La propuesta más urgente durante el diálogo, y en la que coincidieron los siete panelistas, es la presencia integral del Estado: que haya oportunidades de empleo y acceso a la educación superior, así como programas culturales para que los jóvenes no terminen en las filas de grupos armados; que se proteja la riqueza de esos territorios, sus ríos, paisajes y fauna de la mano con los planes de salvaguarda de los consejos comunitarios y resguardos indígenas; y que la inversión por parte del Gobierno Nacional se deje de enfocar principalmente en el sector militar, sino en los proyectos sociales y económicos que saquen a estas comunidades de la pobreza.
Estas fueron otras de las propuestas que dieron cada uno de los panelistas:
Zenaida Martínez, consejera de la Asociación de Consejo Comunitarios del Bajo Atrato:
“El Gobierno se tiene que comprometer con el cumplimiento del Acuerdo de Paz, porque a estos territorios no ha llegado. Que cumpla con el capítulo étnico de lo pactado en La Habana, pero también con la reglamentación de cuatro capítulos de la Ley 70 (la cual reconoce a las comunidades negras del Pacífico y obliga al Estado a protegerlas). Quienes nos representan a nivel nacional tiene que tomar esta bandera”
“A los excombatientes de las Farc también les pedimos que reconozcan el daño que hicieron. Solo lo hicieron con Bojayá y La Chinita, pero faltan el resto de las comunidades que fuimos afectadas”
Arquímedes Carpio, de la Organización Regional de Consejos y Autoridades del Pueblo Wounan
“En nuestros resguardos ya tenemos nuestros planes de vida y de salvaguarda. Los planes de desarrollo locales y el nacional deben implementar estos planes también, con nosotros, para salvar nuestros pueblos y la tierra de todos. No estamos contra el desarrollo. Sí lo queremos pero también con oportunidades para los pueblos indígenas”
Abdo Ovidio Córdoba, consejero departamental de participación ciudadana de Antioquia por el sector afrodescendiente
“El primer ejercicio que tenemos que hacer como sociedad es que en nuestras mentes se desarraigue ese ideario de que somos los únicos dueños de la verdad y la tierra. Hay una clase colombiana que se cree la única poseedora de la riqueza de la tierra. No, todos debemos ser poseedores de esa riqueza”
Yurani Baño y Andrés Parra, jóvenes líderes de Chocó y Antioquia
“Estamos cansados de no poder acceder a la educación superior. Y si alguno de nosotros lo logra y termina la universidad, no encuentra trabajo porque piden años de experiencia. Hago un llamado al sector empresarial para que contraten a los jóvenes recién graduados”
“Debe haber desde las autoridades locales y nacional una implementación real de la política pública de jóvenes, para que seamos constructores de nuestros entornos y comunidades y no la oportunidad para que actores armados aumenten sus filas”
Fredy Mejía, gerente de EPM de Urabá
“Nos tenemos que reconocer los unos a los otros, sin misticismos, solidariamente desde lo humano. Cuando pensemos así podremos construir juntos así haya distintos puntos de vista. También debe haber una acción decidida del Gobierno para trabajar en las brechas que causan inequidad en estas regiones”.
“Desde las empresas deben plantearse proyectos con el enfoque social asociado a las necesidades de estos territorios. En el Urabá, EPM está consolidando un modelo de integración con la gente, que considera la historia de sus territorios. Hay que hacer mucho énfasis en la ruralidad, eso es clave para lo gubernamental y empresarial”.
Ubaldo Zúñiga, conocido como Pablo Atrato, excomandante de las Farc
“El cumplimiento del Acuerdo de Paz es fundamental. Pero, además, hay que pensar en propuestas que tengan como centro a los seres humanos y no a los intereses económicos. Dicen que el fenómeno paramilitar es una estrategia contrainsurgente y no, sino que tiene como fin la implementación del modelo económico neoliberal. Mientras eso persista no habrá paz”
Durante el diálogo, autoridades locales de Antioquia y Chocó también dieron respuesta sobre los proyectos de trabajo que tiene para que las comunidades de estas regiones tengan un futuro distinto a la guerra. Gloria Restrepo, secretaria de gobierno de la Alcaldía de Apartadó, aseguró que todas las comunidades están inmersas dentro del plan de desarrollo local, que están creando un centro de alto rendimiento para que los jóvenes tengan la facilidad de hacer más deporte y que están llevando la institucionalidad a los resguardos y consejos comunitarios a través de jornadas en las que va Personería, Inclusión Social, comisarías de familia y policía.
William Halaby, secretario de interior de la Gobernación de Chocó, señaló que están insistiendo mucho en el trabajo de los consejos de seguridad y los comités de justicia transicional departamentales, que se están articulando con las diferentes alcaldías y el gobierno nacional para hacer presencia territorial efectiva por medio de las regalías, y que están también trabajando en los proyectos de erradicación de cultivos de uso ilícito y en la financiación de cultivos que sean productivos para familias campesinas.
Señaló que para gobernador Ariel Palacios es muy importante poner pie de fuerza en los corredores estratégicos usados para el narcotráfico y transporte de armas. Le pidió a los representantes de las comunidades étnicas allí presentes, y demás sectores sociales, que denuncien ante la Fiscalía, que esto es prioritario para documentar lo que sigue ocurriendo en los territorios y generar estrategias de protección a las víctimas.
Puede ver el diálogo completo aquí: