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Las crisis de orden público en Chocó, Putumayo, Arauca, Catatumbo y Nariño, los 50 asesinatos a líderes y lideresas sociales, las 11 muertes de excombatientes y las 27 masacres ocurridas solo en lo que va de 2022 son algunos datos de Indepaz que ponen de presente que la paz sigue siendo un tema crucial en la agenda del país. El próximo gobierno tendrá la labor de cumplir los pendientes en la implementación del Acuerdo firmado con las Farc y definir la estrategia para detener el recrudecimiento del conflicto armado en los territorios.
Para Paloma Cobo, investigadora de Dejusticia, la agenda de la paz es necesaria, pero ha sido impopular y uno de los temas ausentes en los debates. “Con la publicación de los programas de gobierno hemos visto algunos apartados específicos sobre este tema, pero inicialmente en los debates el abordaje no era desde la paz y el Acuerdo, sino desde un enfoque de seguridad y narcotráfico”, explica. Y agrega: “Si hay un tema que ha generado polarización ideológica en Colombia es el Acuerdo de Paz, y seguramente los candidatos no quieren entrar en ese debate”, dice Cobo.
Colombia+20 revisó los programas de gobierno de los candidatos y sus posturas públicas frente a cinco aspectos: 1. Reforma rural y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 2. Seguridad de líderes sociales y excombatientes. 3. Una eventual negociación con el Eln y el desmonte de grupos armados como las Agc y las disidencias de las Farc. 4. La solución al problema de las drogas ilícitas. 5. La reparación de las víctimas del conflicto junto al trabajo de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Estas son las propuestas de los ocho candidatos.
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Gustavo Petro y Francia Márquez
En su programa de gobierno, Gustavo Petro y Francia Márquez dedican un eje completo a la construcción de paz y prometen “recuperar el tiempo perdido” en la implementación del Acuerdo y “hacer realidad lo pactado en toda su extensión”. Allí incluyen la reforma rural integral como el pilar de lo que han denominado la “democratización de la tierra”, que incluye impulsar el proceso del catastro multipropósito, fortalecer el Fondo de Tierras y crear la jurisdicción agraria. Priorizarán a la mujer rural en la titulación de tierras. Además, prometen sacar adelante las 32 mil iniciativas en los 170 municipios PDET. También consolidarán una “política pública de paz, reconciliación y convivencia con el Consejo Nacional de Paz”, establecido en el punto 2 del Acuerdo.
Petro y Francia planean retomar el diálogo con el Eln, con “lecciones aprendidas del Acuerdo con las Farc” y desmantelar de manera pacífica “los grupos sucesores del paramilitarismo y articulados al narcotráfico”mediante sometimiento judicial. También pretenden reactivar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. En otro de los puntos afirman que cesarán la violencia contra los firmantes de paz y reestructurarán la Unidad Nacional de Protección para prevenir los ataques contra líderes.
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En cuanto al tema de drogas, aseguran que cambiarán “el paradigma de la guerra contra las drogas por el de la regulación”. En línea con el Acuerdo, proponen una solución con tres abordajes: el consumo como un tema de salud pública, la sustitución del proceso productivo y comercial de la coca “sin criminalizar a cultivadores”, y el sometimiento judicial de las organizaciones ligadas al narcotráfico. Añaden que su gobierno “impulsará la regulación de las plantas y sus usos derivados” y prohibirá la aspersión aérea con glifosato.
Sobre el punto de víctimas, prometen las medidas necesarias para que la Comisión de la Verdad pueda culminar su trabajo y entregar el informe planeado para este año. Promete total apoyo a la Comisión de la Verdad, a la JEP “para que la justicia transicional esté revestida de toda la confianza” y a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Museo de Memoria de Colombia.
Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara
Gutiérrez y Lara aseguran que le darán continuidad a la implementación del Acuerdo y acelerarán los puntos en los que hay rezagos. En relación con el punto 1, prometen implementar el catastro multipropósito, fortalecer el fondo de tierras y avanzar hacia la meta de siete millones de hectáreas formalizadas. Aseguran que impulsarán “una jurisdicción agraria especializada y que cumplirán el 50 % de las 32.000 iniciativas priorizadas por los PDET. Y prometen cumplir el capítulo étnico de los Acuerdos.
Sobre los firmantes de paz, dice que garantizará que “cuenten con todo el apoyo, las oportunidades y la protección a su integridad”para la superación del estado de cosas incostitucional. Para ello, promete mejorar “la calidad del gasto de la Unidad Nacional de Protección y “reforzar los criterios de asignación de los esquemas de protección”.
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En su programa de gobierno no se mencionan las palabras “Eln” ni “paramilitares”, pero se compromete a “combatir con toda la contundencia a las disidencias que hicieron trampa para fortalecerse”, y afirma que habrá una lucha contra grupos armados organizados “con una batería de leyes antimafia, para atacar las estructuras criminales en su funcionamiento, sus dirigentes, sus negocios y su plata”. Sobre drogas, Gutiérrez propone restablecer “la cooperación técnica y financiera para combatir las organizaciones vinculadas al narcotráfico” tanto con EE. UU. como con países del Caribe y el Pacífico. A su lucha contra el narcotráfico añade tres componentes: sustitución de cultivos ilícitos, la adicción como problema de salud pública y el fortalecimiento de la capacidad operativa para desarticular la cadena del narcotráfico. Gutiérrez no menciona el glifosato en su programa, pero lo ha defendido en repetidas ocasiones como opción para acabar con los cultivos ilícitos. En entrevista con este diario dijo que “si se acaba el glifosato, se acaba el campo”.
El documento no hace referencia a la JEP, a la Comisión de la Verdad ni a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, pero promete inclusión social y económica y un trabajo arduo para que las víctimas sean reparadas. Tampoco menciona a los líderes y lideresas sociales.
Rodolfo Hernández y Marelen Castillo
Este programa no tiene un apartado específico de construcción de paz, pero asegura que promoverá y hará evidente la voluntad de la implementación del Acuerdo con las Farc.
Rodolfo Hernández no menciona la reforma rural integral ni los PDET, pero promete implementar el catastro multipropósito y “modernizar y formalizar el campo, partiendo de la perspectiva de que es el motor del trabajo”. Además, propone crear el “mercado campesino”, en el que se podrán eliminar las barreras de comercialización que dan pie a la “intermediación de especuladores”. También desarrollar una política de inversión en el campo, que incluye “entrega de la tierra titulada a la población rural, para que sea productiva, y hacer cumplir las normas de restitución”.
El programa de Rodolfo Hernández reúne en un mismo eje la inseguridad urbana, la presencia de delincuencia organizada y las disidencias de las Farc, además de los asesinatos de líderes y lideresas sociales. También propone una política de defensa nacional frente a todos estos aspectos, “que busque la estabilidad social de aquellas zonas en las que los actores armados ejercen control”. Asegura que “la Fuerza Pública se ocupará de defender a los firmantes que siguen con la voluntad de legalidad, sus vidas y sus negocios”.
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Sobre el Eln, propone un otrosí para incluir a esta organización como firmante del Acuerdo de Paz con las Farc. “No se establecerán nuevas mesas de negociación que impliquen interminables conversaciones”. En cuanto a las drogas, su programa menciona el cannabis como una alternativa de sustitución de cultivos de coca, “incidiendo en la reducción de la violencia al afectar la financiación de grupos armados al margen de la ley”. Hernández ha defendido la legalización de las drogas para que se convierta en un asunto de salud pública. Su programa no hace mayor referencia al tema de víctimas y solo menciona a la JEP en la aplicación de justicia contra la Fuerza Pública.
Sergio Fajardo y Luis Murillo
En su programa, Sergio Fajardo afirma que respalda “por convicción” el Acuerdo de Paz y trabajará por su cumplimiento para corregir “los errores que se han cometido en los gobiernos anteriores”. “La paz será un factor de cohesión, no de división”, señala. Fajardo hace enfasis en el desarrollo rural integral. Con esto, asegura que llevará a cabo el catastro multipropósito y cumplirá la formalización de los siete millones de hectáreas contenidas en el Acuerdo, priorizando a las mujeres rurales. También afirma que creará la jurisdicción agraria y le dará impulso a los PDET.
Asegura que respaldará de forma efectiva a los y las líderes sociales, especialmente los ambientales: “presentaremos de nuevo e impulsaremos de manera decidida la aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso de la República” y promete “cumplir con los compromisos del capítulo étnico del Acuerdo” . En su programa, Fajardo no menciona al Eln ni al paramilitarismo, pero dice que con las Fuerzas Militares diseñará “estrategias de combate a la criminalidad teniendo en cuenta los diferentes contextos territoriales, en especial las afectaciones de seguridad de las comunidades”.
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Sobre la solución a drogas ilícitas, en línea con el Acuerdo, promete impulsar el PNIS, “corrigiendo las fallas que ha habido en su implementación”, avanzar “en la regulación de los cultivos ilícitos que mueven el dinero metido en la deforestación y el lavado”, y la persecución de “los eslabones de mayor valor dentro de la cadena del narcotráfico”. No menciona el glifosato, pese a que en sus redes sociales ha señalado la aspersión aérea como un grave error.Respecto al punto de víctimas, asegura que garantizará la independencia de la JEP y la Comisión de la Verdad, y asegurará los recursos necesarios para que puedan desempeñar su labor.
Ingrid Betancourt y José Luis Esparza
Pese a que el programa de esta fórmula presidencial aún no ha sido publicado, en respuesta a Colombia+20, Íngrid Betancourt dijo que acelerará la implementación de todos los aspectos del Acuerdo de Paz.
Sobre la reforma rural, señaló que les dará prioridad a la titulación de la tierra, al catastro multipropósito y al desarrollo rural integral. Para garantizar la seguridad de líderes y excombatientes, propone coordinar la Fuerza Pública, la inteligencia y la Fiscalía, además de crear “una política de articulación de organizaciones sociales para que puedan compartir información y conocimiento sobre estrategias de protección”.
Sobre el Eln, asegura que abrirá la oportunidad de negociar con una fecha límite para que se adhiera al Acuerdo de Paz firmado con las Farc: " ni una prerrogativa más ni una menos”. En una entrevista anterior denominó al Clan del Golfo como una organización delictiva con la que no hay razones para negociar. : “Hay que capturarlos y desmontar la organización.
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Frente al tema de drogas, Betancourt señaló que irá más allá que el Acuerdo de Paz. Propone un pacto regional “desde Canadá hasta la Patagonia para acabar con las rentas delictivas”. A corto plazo, propone salud pública para consumidores, complementar los programas de sustitución con pagos por servicios ambientales y titulación de tierras., mecanismos de seguridad para las comunidades y dijo que explorará intervenciones “como el pago colectivo a la sustitución, o a la destrucción de laboratorios”.
Betancourt ha sido crítica frente a los retrasos del proceso de paz, por lo que señaló que su gobierno “estará comprometido con devolverles a las víctimas el protagonismo del Acuerdo”. Acelerar la reparación y fortalecer la JEP y crear un plan para recuperar los activos de las Farc, están dentro de sus prioridades.
John Milton Rodríguez y Sandra de las Lajas
Este programa de gobierno no tiene un apartado específico de paz. Sin embargo, en respuesta a Colombia+20, Rodríguez aseguró que para que el Acuerdo pueda ser implementado, “lo que se debe garantizar es la justicia para las víctimas del conflicto”.
Sobre la reforma rural, promete implementar una política agropecuaria con ingresos, salud y pensión, así como la formalización de siete millones de hectáreas a 2026 y brindará “créditos y capital semilla para inversión en tecnología y siembra de cultivos con potencial de consumo interno y de exportación”.
Insistió en que la forma de garantizar seguridad para líderes y excombatientes es con “justicia efectiva para las víctimas” y con “control territorial con aumento de inteligencia y contrainteligencia del Estado, e inversión en estas zonas”.
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Frente al Eln y los grupos sucesores del paramilitarismo, Rodríguez reiteró que solo iniciará conversaciones “cuando evidencien su voluntad de paz, dejando de atentar contra la población civil y de realizar actos terroristas y criminales”. De lo contrario, dice, fortalecerá la inteligencia y contrainteligencia del Estado para prevenir atentados.
Y sobre el problema de drogas, en línea con el Acuerdo, afirmó que fortalecerá el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, garantizará el ingreso de campesinos y no los criminalizará, Desarrollará estrategias en torno a salud pública, generación de oportunidades, aumento de escolaridad, protección del medio ambiente y seguridad y justicia.
Además, señaló que el sistema integral debe ser ajustado para que sea eficiente. Insiste en que la JEP debe ser revisada, porque “no ha emitido ni una sola sentencia”, y propone una articulación con la Fiscalía.
Enrique Gómez y Carlos Cuartas
Esta fórmula aún no ha publicado su programa de gobierno, pero en respuesta a este diario, Enrique Gómez reiteró sus críticas al Acuerdo de Paz con las Farc. Denominó el punto 1 como “la mal llamada reforma rural” y aseguró que los procesos de restitución han generado inseguridad jurídica, por lo que propuso “una política base para todos los pequeños y medianos agricultores del país basada en el retorno al cooperativismo y el fomento de la conectividad”. Sobre los y las líderes sociales, aseguró que se deben revisar los casos con detalle, porque, según él, “camuflan muchas veces el accionar guerrillero con la bandera de líderes sociales”. Insistió también en que pedirá transparencia sobre “dónde están y qué están haciendo los reinsertados”.
En el gobierno de Gómez no habría diálogo con el Eln ni ningún actor armado. “No creemos que se pueda seguir negociando la ley con los peores delincuentes del país”, respondió. Ya en una entrevista anterior con El Espectador, había señalado que “hay que darles plomo duro y ventiao”.
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En relación con el problema de las drogas ilícitas, Gómez afirmó que la prohibición es un “fracaso monumental” y propone desmontar la guerra contra las drogas y regularlas. Para ello, también considera necesario “retomar negociaciones bilaterales con Estados Unidos”. “Y mientras logramos dejar de ser víctimas de los países consumidores, tener una lucha incesante contra el narcotráfico y fumigación aérea con glifosato y con otros biológicos para reducir el volumen de áreas sembradas”, añadió.
Además, aseguró que la Justicia Especial para la Paz es un fracaso, por lo que propone reformarla y destinar fondos a la defensa de las víctimas. Afirma que exigirá que se abran macrocasos de “Farcpolítica, narcotráfico en las Farc, desplazamiento forzado por parte de las Farc, violación sistemática de derechos sexuales de niños, niñas y mujeres, y reclutamiento forzado de menores en las Farc”.
Luis Pérez y Ceferino Mosquera
El programa de gobierno de esta fórmula aún no ha sido publicado. En respuesta a Colombia+20, Pérez aseguró que cumplirá el Acuerdo de Paz.
Sobre la reforma rural, dijo que actualizará el catastro multipropósito y que pavimentará 20 mil kilómetros de vías campesinas. Además, añadió que su gobierno “creará la nueva Policía Rural, visible, cercana a la gente y al territorio”.
Su fórmula, Ceferino Mosquera, propone crear “un programa desde la Presidencia para proteger a líderes sociales” de la mano de las juntas de acción comunal. Pérez señaló que designará “un cuerpo especializado de inteligencia, sumado a fiscales e investigadores, trabajando día y noche para garantizar la seguridad”. No hizo referencia a los excombatientes. Sobre el problema de drogas ilícitas, insistió en una propuesta que ha generado controversia: “Las 200 mil hectáreas de coca se sustituirán por cannabis y se crearán tres millones de empleos. La economía verde del cannabis va a ayudar a que la guerra llegue a su fin en Colombia”.
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No respondió si habrá acuerdo con el Eln ni cómo desmontará el paramilitarismo, pero aseguró que “hay que hacer una reestructuración total del Ejército y la Policía para resolver cada una de las guerras que tiene vivas el país”. También propone crear batallones binacionales en las fronteras para “doblegar a los ilegales y los bandidos”. Y sobre las víctimas, aseguró que “serán protagonistas”. Insistió en propuestas sociales, como lanzar “un satélite para que todo el territorio colombiano tenga internet y oportunidades”. Pérez también se unió a las críticas a la JEP y aseguró que buscará caminos para reformarla: “Podría ser a través de una nueva ley, que le dé herramientas a la Corte Suprema de Justicia en pro de darle efectividad”.