Las propuestas para que el Gobierno Petro destrabe la restitución de tierras
Resolver casos que no tengan oposición sin llevarlos ante los jueces, reactivar un programa de protección de tierras y derogar los decretos que facultan a las Fuerzas Militares a decidir dónde se hace restitución son algunas de las iniciativas planteadas.
Valentina Parada Lugo
El pasado 19 de julio, el presidente electo Gustavo Petro nombró como nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) a Giovanny Yule, sociólogo y líder nasa del Consejo Regional Indígena del Cauca. Llega a una entidad que el año pasado fue cobijada por diez años más bajo la prórroga de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y con el reto de darles solución a los más de 4,8 millones de hectáreas que hay demandadas por víctimas del conflicto armado que fueron despojadas o desplazadas de sus territorios.
La Comisión de la Verdad, en su Informe final, advirtió que en los últimos cinco años se ha incrementado el número de solicitudes de restitución rechazadas: el 65 %, como puntualizó Gerardo Vega, director de la organización Forjando Futuros, al decir que “no se puede hacer una política pública para rechazar las solicitudes”. Por eso, una de las recomendaciones del Informe fue revisar las solicitudes que fueron rechazadas, además de verificar las solicitudes de saneamiento, demarcación y titulación de tierras de los pueblos indígenas y priorizar aquellas que estén en peligro de extinción fiscal y cultural.
El balance que entregó la administración saliente, en cabeza de Andrés Augusto Castro Forero, muestra cifras positivas, con el 82 % de las solicitudes de restitución recibidas ya con trámite finalizado, de las 65.167 solicitudes que han recibido en la última administración. De acuerdo con esta entidad, 23.262 de esas solicitudes (el 35 %) ya agotaron etapa administrativa, es decir, no pasan a etapa judicial porque no cumplieron con los requisitos para avanzar en el proceso.
Sin embargo, hay otras razones por las que las solicitudes son negadas, algunas de forma provisional. Cuando los reclamantes no vuelven a aparecer en un lapso se genera el desistimiento, que en este cuatrienio representó 15.219 casos. También está el caso de la exclusión, que es cuando la solicitud no tiene nada que ver con restitución de tierras y que representaron 97 casos o cuando no cumplen con los requisitos de la Ley de Víctimas, que fueron 25.028 solicitudes (38 %), entre otros.
Según Forjando Futuros, el 65 % de las solicitudes de restitución que se recibieron durante el gobierno de Iván Duque fueron negadas por la URT. Esta organización ha advertido que, en muchos de estos casos, los solicitantes no reciben explicaciones detalladas cuando les niegan la solicitud. De acuerdo con la oficina de prensa de la Unidad de Restitución, en estos casos la población no cumplía con los requisitos de la Ley 1448 (Ley de Víctimas), los procesos están duplicados y son rechazados por solicitud idéntica o son requeridos a instancias de justicia ordinaria o de Justicia y Paz.
Lo cierto es que hoy, diez años después de la expedición de esa ley, se han restituido a las víctimas poco más de 550.000 hectáreas, lo que representa menos del 10 % de los seis millones de hectáreas que se estima fueron despojadas durante la guerra.
Las propuestas para avanzar
Gerardo Vega es tajante y dice que lo más urgente es liderar una reforma sobre restitución de tierras para agilizar los procesos de esta entidad. “El 70 % de las 7.609 sentencias proferidas hoy no ha tenido opositor judicial. Es importante que, en estos casos, sea la Unidad de Restitución de Tierras quien resuelva el proceso a través de una resolución o acto administrativo y no lo lleven hasta un juez que revictimiza y vuelve el proceso más largo, caro y engorroso”.
También puede leer: “Reforma agraria de Petro no será la de los años 60, sino la del Acuerdo de Paz”
La administración saliente de la URT presentó como uno de sus logros la implementación de la microfocalización en los territorios, reglamentada en el Decreto 4829 de 2011 y el Decreto 599 de 2012, que indican que el Ministerio de Defensa aportará información sobre las condiciones de seguridad de una zona específica para determinar si es posible el retorno de las comunidades desplazadas y, asimismo, evaluar la viabilidad de la restitución.
Al respecto, Vega sugirió derogar esos decretos: “Las Fuerzas Militares no pueden ser quienes decidan en dónde se hace o no restitución por temas de seguridad. Pueden presentar un diagnóstico, pero no deben integrar el comité de seguridad —que es el que determina si un territorio es viable para la restitución basado en las recomendaciones del Ministerio de Defensa—. Eso no garantiza la seguridad de los restituidos”.
Para solucionar el histórico problema de los segundos ocupantes, el director de Forjando Futuros dice que es importante fortalecer en esta administración la articulación entre la URT y la Agencia Nacional de Tierras para que las víctimas que fueron desplazadas puedan acceder a la restitución de su predio original y a los segundos ocupantes se les adjudique tierra en otras zonas del país.
Le puede interesar: Revertir concentración de tierras y otras recomendaciones rurales deI Informe Final
Por su parte, Edwin Novoa, investigador sobre tierras en Colombia e integrante de la Asociación Ambiente y Sociedad, explicó que uno de los retos más grandes de la nueva administración será avanzar en la restitución en medio de la reactivación del conflicto armado en los territorios y con la ola de desplazamientos masivos e individuales que se vive en el país.
Según él, uno los temas que se deberá priorizar es la protección de tierras pactada en la Ley 387 de 1997, con el fin de fortalecer una política de prevención de nuevos desplazamientos y de que se abran nuevos capítulos del despojo. “Hoy día los campesinos pierden su tierra, los desplazan y, como en muchos casos no tienen la titulación a su nombre, no pueden recuperarla. Esta administración nunca utilizó el mecanismo de protección de tierras, que busca que las comunidades puedan dejar una anotación en los folios de matrícula de los predios o puedan acceder a medidas administrativas para que, al momento del retorno, tengan una prueba de que ellos ocuparon esa tierra y la perdieron”, explicó.
Como garantía de los procesos de restitución, Novoa también mencionó la importancia de que la información catastral no esté siendo administrada por diferentes entidades como la URT y la Superintendencia de Notariado y Registro. Aunque una de las soluciones planteadas a esta problemática está en el Acuerdo de Paz con el catastro multipropósito, en realidad no ha habido mayores avances: el gobierno Duque se trazó la meta de dejar el 60 % de la información actualizada, pero hasta el momento la cifra apenas supera el 15 %, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Sobre la importancia de avanzar en el problema de la deforestación, que es uno de los problemas de la restitución de tierras, Novoa planteó la importancia de que se integren tres registros: el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA), el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (de la URT) y el Registro de Tierras Deforestadas, que aún no existe en Colombia pero quedó consignado en la Ley de Acción Climática, sancionada en diciembre de 2021. “Si eso se logra, se pueden proteger las tierras de los campesinos que se están desplazando, contener la deforestación y continuar con la política de restitución”.
Giovanni Yule, un director que conoce las luchas colectivas de los indígenas
Desde que el presidente Gustavo Petro nombró a Giovanni Yule como el nuevo director, los sectores de oposición advirtieron que demandarían esa elección por un posible “conflicto de intereses”, al ser un líder indígena nasa que ha participado en varios procesos de liberación de la madre tierra en el Cauca, un ritual espiritual y simbólico para esas comunidades.
Para Gerardo Vega, este nombramiento tiene una “alta carga simbólica. Es una persona que viene y conoce las luchas de la tierra en un departamento tan golpeado como el Cauca”. También se refirió a la relevancia de que la persona que lidere esta entidad tenga conocimiento de los procesos étnicos que han sido vulnerados, históricamente, en materia de adjudicación de tierras.
Edwin Novoa aseguró que uno de sus desafíos será “hacer un traslape entre todos los sectores que intervienen en un proceso de tierras: los de los indígenas, campesinos, afros y empresarios, para lograr sentarlos y plantear llegar a un acuerdo según los intereses de cada uno”. Su fortaleza, según él, es que al conocer un departamento con las dificultades de titulación como el del Cauca, podría lograr un mecanismo para distribuir y formalizar la tierra a través de estos acuerdos.
El pasado 19 de julio, el presidente electo Gustavo Petro nombró como nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) a Giovanny Yule, sociólogo y líder nasa del Consejo Regional Indígena del Cauca. Llega a una entidad que el año pasado fue cobijada por diez años más bajo la prórroga de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y con el reto de darles solución a los más de 4,8 millones de hectáreas que hay demandadas por víctimas del conflicto armado que fueron despojadas o desplazadas de sus territorios.
La Comisión de la Verdad, en su Informe final, advirtió que en los últimos cinco años se ha incrementado el número de solicitudes de restitución rechazadas: el 65 %, como puntualizó Gerardo Vega, director de la organización Forjando Futuros, al decir que “no se puede hacer una política pública para rechazar las solicitudes”. Por eso, una de las recomendaciones del Informe fue revisar las solicitudes que fueron rechazadas, además de verificar las solicitudes de saneamiento, demarcación y titulación de tierras de los pueblos indígenas y priorizar aquellas que estén en peligro de extinción fiscal y cultural.
El balance que entregó la administración saliente, en cabeza de Andrés Augusto Castro Forero, muestra cifras positivas, con el 82 % de las solicitudes de restitución recibidas ya con trámite finalizado, de las 65.167 solicitudes que han recibido en la última administración. De acuerdo con esta entidad, 23.262 de esas solicitudes (el 35 %) ya agotaron etapa administrativa, es decir, no pasan a etapa judicial porque no cumplieron con los requisitos para avanzar en el proceso.
Sin embargo, hay otras razones por las que las solicitudes son negadas, algunas de forma provisional. Cuando los reclamantes no vuelven a aparecer en un lapso se genera el desistimiento, que en este cuatrienio representó 15.219 casos. También está el caso de la exclusión, que es cuando la solicitud no tiene nada que ver con restitución de tierras y que representaron 97 casos o cuando no cumplen con los requisitos de la Ley de Víctimas, que fueron 25.028 solicitudes (38 %), entre otros.
Según Forjando Futuros, el 65 % de las solicitudes de restitución que se recibieron durante el gobierno de Iván Duque fueron negadas por la URT. Esta organización ha advertido que, en muchos de estos casos, los solicitantes no reciben explicaciones detalladas cuando les niegan la solicitud. De acuerdo con la oficina de prensa de la Unidad de Restitución, en estos casos la población no cumplía con los requisitos de la Ley 1448 (Ley de Víctimas), los procesos están duplicados y son rechazados por solicitud idéntica o son requeridos a instancias de justicia ordinaria o de Justicia y Paz.
Lo cierto es que hoy, diez años después de la expedición de esa ley, se han restituido a las víctimas poco más de 550.000 hectáreas, lo que representa menos del 10 % de los seis millones de hectáreas que se estima fueron despojadas durante la guerra.
Las propuestas para avanzar
Gerardo Vega es tajante y dice que lo más urgente es liderar una reforma sobre restitución de tierras para agilizar los procesos de esta entidad. “El 70 % de las 7.609 sentencias proferidas hoy no ha tenido opositor judicial. Es importante que, en estos casos, sea la Unidad de Restitución de Tierras quien resuelva el proceso a través de una resolución o acto administrativo y no lo lleven hasta un juez que revictimiza y vuelve el proceso más largo, caro y engorroso”.
También puede leer: “Reforma agraria de Petro no será la de los años 60, sino la del Acuerdo de Paz”
La administración saliente de la URT presentó como uno de sus logros la implementación de la microfocalización en los territorios, reglamentada en el Decreto 4829 de 2011 y el Decreto 599 de 2012, que indican que el Ministerio de Defensa aportará información sobre las condiciones de seguridad de una zona específica para determinar si es posible el retorno de las comunidades desplazadas y, asimismo, evaluar la viabilidad de la restitución.
Al respecto, Vega sugirió derogar esos decretos: “Las Fuerzas Militares no pueden ser quienes decidan en dónde se hace o no restitución por temas de seguridad. Pueden presentar un diagnóstico, pero no deben integrar el comité de seguridad —que es el que determina si un territorio es viable para la restitución basado en las recomendaciones del Ministerio de Defensa—. Eso no garantiza la seguridad de los restituidos”.
Para solucionar el histórico problema de los segundos ocupantes, el director de Forjando Futuros dice que es importante fortalecer en esta administración la articulación entre la URT y la Agencia Nacional de Tierras para que las víctimas que fueron desplazadas puedan acceder a la restitución de su predio original y a los segundos ocupantes se les adjudique tierra en otras zonas del país.
Le puede interesar: Revertir concentración de tierras y otras recomendaciones rurales deI Informe Final
Por su parte, Edwin Novoa, investigador sobre tierras en Colombia e integrante de la Asociación Ambiente y Sociedad, explicó que uno de los retos más grandes de la nueva administración será avanzar en la restitución en medio de la reactivación del conflicto armado en los territorios y con la ola de desplazamientos masivos e individuales que se vive en el país.
Según él, uno los temas que se deberá priorizar es la protección de tierras pactada en la Ley 387 de 1997, con el fin de fortalecer una política de prevención de nuevos desplazamientos y de que se abran nuevos capítulos del despojo. “Hoy día los campesinos pierden su tierra, los desplazan y, como en muchos casos no tienen la titulación a su nombre, no pueden recuperarla. Esta administración nunca utilizó el mecanismo de protección de tierras, que busca que las comunidades puedan dejar una anotación en los folios de matrícula de los predios o puedan acceder a medidas administrativas para que, al momento del retorno, tengan una prueba de que ellos ocuparon esa tierra y la perdieron”, explicó.
Como garantía de los procesos de restitución, Novoa también mencionó la importancia de que la información catastral no esté siendo administrada por diferentes entidades como la URT y la Superintendencia de Notariado y Registro. Aunque una de las soluciones planteadas a esta problemática está en el Acuerdo de Paz con el catastro multipropósito, en realidad no ha habido mayores avances: el gobierno Duque se trazó la meta de dejar el 60 % de la información actualizada, pero hasta el momento la cifra apenas supera el 15 %, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Sobre la importancia de avanzar en el problema de la deforestación, que es uno de los problemas de la restitución de tierras, Novoa planteó la importancia de que se integren tres registros: el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA), el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (de la URT) y el Registro de Tierras Deforestadas, que aún no existe en Colombia pero quedó consignado en la Ley de Acción Climática, sancionada en diciembre de 2021. “Si eso se logra, se pueden proteger las tierras de los campesinos que se están desplazando, contener la deforestación y continuar con la política de restitución”.
Giovanni Yule, un director que conoce las luchas colectivas de los indígenas
Desde que el presidente Gustavo Petro nombró a Giovanni Yule como el nuevo director, los sectores de oposición advirtieron que demandarían esa elección por un posible “conflicto de intereses”, al ser un líder indígena nasa que ha participado en varios procesos de liberación de la madre tierra en el Cauca, un ritual espiritual y simbólico para esas comunidades.
Para Gerardo Vega, este nombramiento tiene una “alta carga simbólica. Es una persona que viene y conoce las luchas de la tierra en un departamento tan golpeado como el Cauca”. También se refirió a la relevancia de que la persona que lidere esta entidad tenga conocimiento de los procesos étnicos que han sido vulnerados, históricamente, en materia de adjudicación de tierras.
Edwin Novoa aseguró que uno de sus desafíos será “hacer un traslape entre todos los sectores que intervienen en un proceso de tierras: los de los indígenas, campesinos, afros y empresarios, para lograr sentarlos y plantear llegar a un acuerdo según los intereses de cada uno”. Su fortaleza, según él, es que al conocer un departamento con las dificultades de titulación como el del Cauca, podría lograr un mecanismo para distribuir y formalizar la tierra a través de estos acuerdos.