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En el occidente de Colombia, las comunidades indígenas y afros, que representan la mayoría de la población desde Acandí (en el Urabá) hasta Roberto Payán (en el Pacífico nariñense), han tenido que luchar a pulso por sus derechos. “La lucha la llevamos en la sangre y ha estado con nosotros por generaciones”, dice Héctor Fabio Micolta Caicedo, líder de la Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana (CEPA), de Buenaventura.
“La fuerza de las luchas viene de nuestras ancestras. Si ellas pudieron soportar tanto, siendo esclavizadas y luchando por la libertad, nosotras también podemos”.
Mary Cruz Rentería Mina, lideresa afrocolombiana de esa misma ciudad, refuerza esa afirmación diciendo que esa perseverancia ha venido en mayores dosis de las mujeres: “La fuerza de las luchas viene de nuestras ancestras. Si ellas pudieron soportar tanto, siendo esclavizadas y luchando por la libertad, nosotras también podemos”.
Ambos hacen parte de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP), una apuesta autónoma de varias organizaciones que se puso en marcha desde 2015 —antes de la firma del Acuerdo de Paz— con el activismo de líderes y lideresas del Pacífico. Se trata de un proceso participativo y pedagógico para aportar en la búsqueda del derecho a la verdad, el esclarecimiento y la armonización territorial. Ya desde ese año eran conscientes de la importancia de las negociaciones entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc en La Habana..
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Hoy la CIVP tiene representantes de 25 organizaciones de base de los cuatro departamentos del Pacífico: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Desde 2019, por medio de un memorando de entendimiento, se han venido articulando para la materialización de acciones, con la Comisión de la Verdad (CEV), para aportar al esclarecimiento de las formas en que el conflicto armado, como dice Mary Cruz Rentería, “se ensañó con esta región”.
Tanto para la CEV como para la CIVP es importante que su trabajo también resalte las formas como las organizaciones y las comunidades han resistido pacíficamente al conflicto armado de cara a la no repetición de los hechos de violencia que han afectado de manera profunda los derechos étnicos territoriales de quienes habitan la región del Pacífico.
Por eso, ambas comisiones se pusieron cita el 3 y el 4 de junio en la subregión de Tumaco para establecer el “Diálogo regional sobre experiencias de resistencia, prácticas de afrontamiento y convivencia de los pueblos étnicos de la región Pacífica”. Varias de las recomendaciones de no repetición que se abordaron en este encuentro harán parte del Informe Final de la Comisión de la Verdad, que se entregará el próximo 28 de junio en Bogotá con retransmisión en varios puntos del país. De hecho, uno de los diez capítulos del Informe Final habla de cómo las comunidades han resistido y superado graves hechos de violencia.
Las recomendaciones también harán parte del Legado de la Comisión, que terminará su mandato en agosto de este año.
Cantar la palabra y otras resistencias ancestrales
“¿Por qué corremos? Corremos por la paz, la justicia, la tristeza; pero también la alegría, la vida digna para las víctimas, la memoria, la niñez y la juventud. Corremos por la verdad del Pacífico”. Este fue una de las coplas que se recitaron en Tumaco como parte de las reflexiones sobre las formas de resistencia del pueblo negro. Cantar, echar cuentos, chistes y coplas en espacios como este es una muestra de que la cultura es un eje central para estas comunidades y por eso varias de las intervenciones de los líderes y lideresas empezaban o terminaban con un cuento o una canción.
Al igual que Héctor y Mary Cruz, otros líderes y lideresas de la región, incluyendo a representantes de las comunidades emberas del Chocó, hicieron énfasis en la vitalidad de las prácticas ancestrales como forma de resistencia y garante de la no repetición. “Sonun elemento transversal que abarca nuestra visión del territorio como centro de la cultura, la espiritualidad, el gobierno propio y los planes de etnodesarrollo”, dijo Esaúd Lemus Maturana, líder que fue desplazado de su territorio en el Medio Atrato y ahora vive en Quibdó.
Para él, aferrarse a su cultura ancestral es lo que ha permitido a los pueblos permanecer en el territorio, pese a que por décadas han quedado en medio del conflicto entre varios actores.
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En el Pacífico, las Farc tuvieron una presencia importante durante las décadas de los años 80 y 90. A finales de los 90 y comienzos del nuevo milenio, el Bloque Calima de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) estuvo en el Valle del Cauca. En el Medio y Bajo Atrato operaron paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas, también de las Auc. Los constantes enfrentamientos entre estos grupos, y de las Farc contra el Ejército, causaron el desplazamiento de comunidades enteras.
“Saldremos algunos, pero aquí la mayoría de la población sigue ahí haciendo presencia, haciendo resistencia y sobre todo sobreviviendo”, agregó Esaúd. Justamente por eso, no desistir de sus prácticas culturales es su forma de expresar su lucha. Según la antropóloga Natalia Quiceno en su libro Vivir sabroso: luchas y movimientos afroatrateños, en Bojayá, Chocó, una de las afectaciones más grandes para los pueblos ribereños de esta región del país ha sido que la presencia de los grupos armados ha puesto en peligro esas formas de vida propias y de relacionarse con el territorio.
Por ello, y para honrar su identidad étnica cultural, todos los espacios de diálogo de la CIVP abren y cierran con un acto espiritual de armonización: se hace una oración y se pone el tiempo, el espacio, las energías en manos de Dios, los ancestros, ancestras u orishas.
En la apertura del espacio realizado en la subregión de Tumaco, cada uno de los líderes nombró a una persona de su comunidad que ha sido ejemplo de liderazgo. Se podía nombrar a los vivos, pero también a los muertos, porque para estas poblaciones los ancestros hacen parte fundamental de la comunidad. En el ejercicio, el primero en ser nombrado fue Temístocles Machado, líder social de Buenaventura asesinado en esa ciudad en 2018.
En lo que va corrido del año han sido asesinados 27 líderes y lideresas sociales en el Pacífico, según Indepaz.
Según datos de Indepaz, en lo que va corrido del año han sido asesinados 27 líderes y lideresas sociales en el Pacífico. Para no ir tan lejos, la semana pasada fue asesinada, en Cali, Jesusita Moreno Tuta, lideresa de la comunidad de Río San Juan (Chocó). La mujer era una abanderada de la lucha por el espacio humanitario como una forma de proteger a su comunidad del recrudecimiento del conflicto.
En memoria de los muertos y desaparecidos en Tumaco, las mujeres cantaron alabaos, esos cantos que se preparan para los ritos mortuorios de las comunidades negras, que han cambiado de letra como una forma de resistencia a la violencia: “Tu madre llorando no se pudo despedir, lleva 20 años buscando, por Dios, cuándo va a volver a mí”.
La lucha por lo fundamental
“¿Cómo es posible que un bachiller se gradúe sin haber visto español, porque no hay docentes? ¿Cómo es posible que nuestras mujeres se sigan muriendo de cánceres que son tratables?”
La otra pelea que libran estas poblaciones es el acceso a los servicios más básicos. “¿Cómo es posible que sea 2022 y no tengamos vías de acceso dignas y nuestros estudiantes tengan los peores colegios del país? ¿Cómo es posible que un bachiller se gradúe sin haber visto español, porque no hay docentes? ¿Cómo es posible que nuestras mujeres se sigan muriendo de cánceres que son tratables?”, se pregunta Mary Cruz, dando palmadas sobre la mesa con una frustración visible.
Ella, Esaúd y Héctor dicen que no es cierto que el Estado esté ausente en su región: “El Estado ha estado, pero ha privilegiado los intereses de algunos sobre los intereses de las comunidades”, detalla Héctor haciendo referencia específica a las empresas que operan en el puerto de Buenaventura y a las grandes empresas mineras y madereras que operan en el norte y sur de la región del Pacífico.
Un ejemplo de ello es el caso de Zenaida Martínez, quien fue desplazada de su territorio, cerca de la zona rural de Carmen del Darién. Desde ahí llegó a Riosucio, en el Bajo Atrato, con tres de sus hijos y ahora tiene uno más que nació allí. Martínez lleva más de una década luchando por volver a su territorio, que ahora está ocupado por una empresa de palma, cuyo nombre no quiso hacer público por motivos de seguridad.
“Las necesidades que pasé con mis hijos cuando llegamos a Riosucio me motivaron a involucrarme aún más en el liderazgo social”, cuenta. “Lo que más me dolía como madre era la falta de oportunidades para ellos, para los jóvenes. Terminaban el bachillerato y no había qué ponerlos a hacer y no podían volver a trabajar la tierra, porque las fincas estaban llenas de grupos armados que los podían reclutar”, agrega. Por eso, junto a su organización étnico-territorial, llamada Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (Ascoba), se puso a la tarea de llevar una sede de la Universidad Tecnológica de Chocó a Riosucio.
Aunque el proceso no fue fácil, tras varios encuentros, Zenaida consiguió parte de su objetivo en 2019. Aunque aún no está lista la sede, los jóvenes de Riosucio pueden acreditarse como profesionales de esa universidad en cuatro áreas sin salir de su comunidad: Trabajo Social, Ingeniería Agroindustrial, Administración de Empresas y Educación.
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Otro de los logros de esta organización y otras que hacen parte de la CIVP fue el proceso que derivó en la sentencia T-622 de 2016, que reconoce al río Atrato como sujeto de derechos. “Esto reconoce nuestra visión ancestral del territorio como parte de nuestras comunidades, reconoce nuestra soberanía alimenticia y nuestro derecho a habitar nuestro territorio”, dice Zenaida.
Héctor explica que todas estas son obligaciones del Estado que constitucionalmente debería garantizar bajo el supuesto de que Colombia es una nación pluriétnica y multicultural. Sin embargo, debido a que, por años, sus derechos han sido ignorados, han sido las propias comunidades las que se han encargado de llevar lo básico a sus territorios: salud, educación y alimentos.
Sus incidencias en espacios públicos
Las comunidades del Pacífico también han resistido por medio de su intervención en espacios de incidencia en lo público. Para Esaúd, por ejemplo, uno de los logros más importantes de su organización es haber participado de los diálogos de paz en La Habana. Sus aportes, así como los de otras organizaciones étnicas del país, resultaron en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.
“Ese logro fue fundamental, aunque aún no se ha cumplido. Por eso ahora le hacemos veeduría a la implementación”, dice. Justamente una de las recomendaciones para la no repetición que la CIVP quiere que quede consignada en el Informe Final de la CEV es que se implementen todos los puntos étnicos del Acuerdo de Paz que, para Esaúd y otros líderes, es el mejor plan de trabajo para suplir las necesidades que siguen afrontando las comunidades. Varios líderes atribuyen el recrudecimiento de la violencia que se vive en esas zonas, precisamente, a la pobre implementación.
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Organizaciones locales enviaron, en mayo pasado, un comunicado al presidente Iván Duque pidiendo un “acuerdo humanitario ya” para frenar la grave crisis que se vive en el Pacífico con olas de violencia en Buenaventura, Micay y Quibdó, reclutamiento forzado de menores en las regiones del Bajo y Medio Atrato y desplazamientos masivos en Nariño y los alrededores del lago Calima y el río San Juan.
También han insistido en que se reglamente la Ley 70 de 1993 —que reconoce a las comunidades negras que ocupan tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico—, y uno de los principales referentes legales de la lucha de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras por sus derechos. “Han pasado más de 25 años de esa ley y su reglamentación para que se haga efectiva en los territorios es irrisoria”, dice Mary Cruz.
Otro asunto es el gran rezago en las adjudicaciones de titulaciones colectivas. Muchas solicitudes llevan entre diez y quince años sin resolución, mientras los territorios siguen siendo arrebatados por ser corredores del narcotráfico o por intereses de ciertas empresas. Las titulaciones son parte fundamental de sus apuestas de resistencia que les permitan volver a su territorio.
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Las comunidades también ven con buenos ojos que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) esté por abrir un macrocaso sobre afectaciones a pueblos étnicos. Esta decisión, según afirman, fue también resultado de los espacios de incidencia que, solo contando a las comunidades negras, han entregado más de 40 informes al tribunal para aportar al trabajo de esta jurisdicción. Ahora esperan que el legado de la Comisión de la Verdad y las recomendaciones que entregará al país el 28 de junio sean acogidas a cabalidad, particularmente por el nuevo gobierno para que cesen la victimización que aún padecen.
*Este texto se hizo con el apoyo de Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífico.