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A través de un comunicado, las tres principales bandas criminales de Chocó, Los Mexicanos, Lokos Yam y RPS, anunciaron que levantarán la tregua que había entre ellas como parte del diálogo con miras al sometimiento que llevan con el Gobierno Nacional.
“Anunciamos oficialmente el levantamiento al cese al fuego unilateral y comenzaremos a emprender acciones militares para defender nuestros territorios”, dice el texto.
En el documento, las tres estructuras hacen varios señalamientos, sin pruebas, como por ejemplo que las autoridades como la “Fiscalía, Policía, Sijin, Ejército, Gaula”, se habían “dedicado a perseguir a esos tres grupos” y que, en cambio, permitían que otros “operaran con total libertad en los territorios”
“Durante el presente año hemos observado la avanzada que viene realizando el Ejército Gaitanista de Colombia (también conocido como el Clan del Golfo), los cuales de la mano de las autoridades anteriormente mencionadas, han venido en la búsqueda de expandir su dominio territorial en el municipio de Quibdó. En dicha búsqueda y en alianza con las autoridades, ya lograron conquistar el barrio Kennedy, donde anteriormente ejercían dominio territorial los Lokos Yam”, afirman.
Según el comunicado, en varios barrios de Quibdó se han presentado “incursiones armadas simultáneas del EGC” y que esas operaciones han sido mostradas por las autoridades como si fueran acciones de Los Mexicanos, Lokos Yam y RPS. “Lo hacen para hacer ver que somos las estructuras de la mesa, las que estamos generando el miedo y la zozobra, dejando en evidencia que esta alianza criminal lo que busca es entregarle el dominio territorial del municipio de Quibdó al Ejército Gaitanista de Colombia”, aseguran.
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En el texto, las bandas también hacen mención al asesinato el pasado 28 de agosto de Luz Berilia Chalá Córdoba, activista y lideresa y miembros de Red de Madres y Cuidadoras de Jóvenes Asesinados en Quibdó. “Esta lideresa fue asesinada por sicarios al inferior de su establecimiento comercial ubicado en el Barrio Huapango de la ciudad de Quibdó”, dijo Indepaz en un informe.
Según esos grupos armados, el ataque se habría dado el EGC. “Las diferentes víctimas inocentes que han fallecido a causa del accionar de este grupo, como lo han sido casos de feminicidios (sic). Además, se viene presentando reclutamiento de menores de edad, siendo estos utilizados como carne de cañón”, aseguran.
En el comunicado, el grupo pide apoyo de la comunidad internacional que sigue ese diálogo. “Hacemos un llamado a las organizaciones encargadas de acompañar el ECSJ (Oficina del Consejero Comisionado, Delegados del Gobierno Nacional, MAPP-OEA, ONU y Diócesis) para que inviten a las autoridades locales a que cesen con esta alianza criminal que tienen con el EGC y anunciamos oficialmente el levantamiento al cese al fuego unilateral y comenzaremos a emprender acciones militares para defender nuestros territorios”.
¿En qué va ese diálogo?
El espacio de diálogo sociojurídico con bandas en Quibdó, Chocó, cumplió el pasado 18 de agosto, un año desde su instalación y se perfilaba como uno de los procesos más estables, según cercanos al desarrollo de la paz en este territorio.
Dentro de los avances más recientes del proceso, el Gobierno pactó un nuevo compromiso con las estructuras urbanas para suspender la extorsión a varios sectores, en el marco de la paz total.
Ese acuerdo se firmó el pasado 8 de agosto y en el documento quedó contemplado que “se comprometen a dejar de extorsionar a los sectores de profesores, personal de la salud, obras comunitarias en los barrios, mejoras de vivienda y construcciones menores y acarreos de material de construcción”. Asimismo, el compromiso explica que “estos acuerdos se realizan en el marco del proceso de desmonte a mediano plazo de todas las extorsiones y un primer paso para superar las economías ilícitas”.
Uno de los grandes obstáculos que ha tenido el proceso de paz con las bandas en Chocó es que todavía no existe un instrumento legal que le entregue una vía clara al espacio sociojurídico. En una reciente entrevista con Colombia+20, el congresista David Racero, delegado en ese espacio de diálogo, dio algunas luces de lo que se espera. Según el representante, el actual marco jurídico es muy exigente para cualquier banda criminal que busque un sometimiento negociado. En ese contexto, “ellos entienden que tienen que pagar cárcel y adelantar un proceso de reparación a las víctimas, están dispuestos, pero en condiciones con garantías”, apuntó Racero.