Las víctimas de minas que combaten el abandono del Estado en Antioquia

A la cabeza del recorrido va John Gabriel Posso. Desde el punto en el que empieza la trocha, sobre la vía que comunica a Dabeiba con Mutatá, hasta el predio ubicado en lo alto de la montaña, son 5,8 km de pantano y selva que él conoce casi de memoria. Es un hombre corpulento y de antebrazos fuertes, y la destreza con la que se mueve por entre la selva solo con la ayuda de un palo que utiliza como bastón no permitiría adivinar que hace doce años una mina antipersonal le destrozó los pies y lo postró en una cama por un año sin poder caminar.

En febrero de 2009, como todos los años, Posso convocó a varios pobladores de su vereda a ir a acampar al Nudo del Paramillo, ubicado en cercanías de la finca de su familia, a unas cinco horas de Dabeiba. Ya era casi una tradición en los caseríos de la zona acampar en lo alto del páramo en época de verano. Ese año subieron unas veinte personas. Ya de regreso, cuando él caminaba junto a otro campesino, pisó una mina antipersonal, que en ese territorio instalaban las Farc, y entonces todo fue humo y tierra. Cuando la humareda pasó, no pudo levantarse porque sus pies estaban destrozados. Mientras el labriego que lo acompañaba fue por ayuda, John Gabriel Posso esperó tres horas en el monte, aferrado a su machete para defenderse y cubierto con el plástico que llevaba para acampar.

La historia la cuenta mientras subimos por la montaña, rumbo al predio que la asociación a la que él pertenece ya tiene destinado para levantar una granja integral piscícola, que recibirá a decenas de familias víctimas de minas antipersonales en Antioquia, que no se resignan a vivir de lo que consideran migajas que les arroja el Estado.

El recorrido lo acompaña Nevardo de Jesús Úsuga, quien ideó el proyecto y fundó hace nueve años la asociación que bautizó Somos Visibles. Él también tiene su historia de dolor. El 5 de agosto de 2006, sus cuatros hijos mayores, Cristian, Octavio, John Elkin y Jonathan, llevaban un ganado para la finca de la que habían salido desplazados en zona rural del municipio de La Unión, cuando alguno de ellos, nunca han sabido quién ni cómo, activó una mina que los tumbó al piso a los cuatro. El mayor de ellos no había cumplido quince años y el menor tenía apenas diez.

(Lea: Organización de víctimas de minas en Antioquia, ganadora del premio Camina)

Sobrevivieron, ninguno con heridas profundas que le significara una mutilación, pero la vida les cambió a todos porque tuvieron que irse desplazados de La Unión y llegaron a parar a Medellín. Con el tiempo aparecieron las secuelas: Jonathan, el menor, presentó episodios esporádicos de convulsiones, cuyas causas no han podido descubrir, pues practicarle una resonancia resulta peligroso porque tiene esquirlas incrustadas en el rostro y durante el examen podría perder la visión. Ahora es Octavio quien cada vez con más frecuencia viene sufriendo esos episodios de convulsiones y no han logrado que lo vea un neurólogo.

Realmente, a quien más le cambió la vida fue al padre, Nevardo, que casi sin proponérselo terminó creando la asociación y agrupando a decenas de víctimas de minas antipersonales en Antioquia. De forma directa, acompañan a 175 familias en el norte y nordeste antioqueño, el Bajo Cauca y el Urabá. Pero su apuesta es llegarles a las 2.626 víctimas de minas en todo el departamento, según registran los datos oficiales.

En 2014, Nevardo participó en una manifestación que hicieron víctimas de minas antipersonales de todo el país en la Plaza de Bolívar, de Bogotá. El objetivo era denunciar el abandono en el que el Estado tenía a las víctimas de ese flagelo en Colombia, el segundo país del mundo con más víctimas de estas minas —en 2021 ya son más de 12.000 víctimas— solo superado por Afganistán. Sin embargo, la movilización no logró mucho.

“El sistema ya está montado y así le hagamos como sea, no va a cambiar. Ese es el sistema que ellos tienen: cómo hacer que la persona se canse y tire la toalla, hasta que deje de reclamar”, explica Nevardo. Convencido con fiereza de no iba a recibir apoyo real y contundente del Estado, se planteó idear su propio proyecto y tocar otras puertas para verlo surgir. La idea, que le nació de sus memorias en el municipio de La Unión, donde hay grandes enclaves productivos de trucha, era levantar un proyecto piscícola enfocado en ese cultivo, que luego concretó en tilapia roja.

En la correría que inició por las entidades para lograr que le compraran la idea, llegó hasta el despacho de Lucho Garzón, ministro Trabajo del gobierno Santos. El funcionario lo atendió, pero no le dio muchas esperanzas. “Él fue claro: no íbamos a conseguir nada si no teníamos tierra y vías de acceso para comercializar los productos”.

Se dio a la tarea de conseguir ambas. Para la primera, acudió a Leoncio Zapata, antiguo poblador de Dabeiba, dueño de varias tierras en ese municipio que heredó de su familia y luego les fue comprando a sus hermanos. Nevardo le expuso el proyecto y lo convenció tanto, que el hombre decidió donarles un terreno de diez hectáreas, sin ninguna contraprestación, y se convirtió luego en una pieza fundamental para el proyecto, pues fue secretario de Salud en Dabeiba hace años y conoce de administración y gerencia. Es él quien funge de guía en este recorrido hasta la finca.

(Le puede interesar: “Queremos demostrar que desde los territorios podemos articular nuestra economía”)

Ya arriba, en el predio, muestran orgullosos el potrero donde se levantará la granja integral piscícola. Pero antes era bosque y fueron ellos mismos quienes contrataron a víctimas de minas miembros de la asociación para que llegaran a tumbar monte y dejaran el predio habilitado. Para pagarles, Nevardo sacó un préstamo por $10 millones con un particular y otro por $5 millones con el Banco de los Pobres, en Medellín. Hoy está pagando esa deuda.

Pero el otro obstáculo era la vía que conecte ese predio con la vía principal de Dabeiba a Mutatá. Siguieron tocando puertas y en la Gobernación de Antioquia los remitieron a los militares. Por su cuenta llegaron hasta la Brigada XVII, en Carepa, a exponerles también el proyecto. Allí, desde el Batallón de Ingenieros N.° 17 General Carlos Bejarano Muñoz se comprometieron a hacer esos 5,8 km de vía.

Las condiciones: el permiso de los dueños de los predios por donde tendrá que pasar la vía, el combustible y los repuestos, y el permiso ambiental para hacer la intervención de la vía. De nuevo: ir a una y otra entidad para conseguirlo. Con Corpourabá resolvieron que la fórmula para poder hacerla era reglamentarla como una ampliación y mejoramiento de un camino de herradura. Consiguieron los permisos de los dueños. Y para el combustible acudieron a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que aceptó suministrarlo, pero les pidió el presupuesto de cuánto se gastaría. Ese lo va a definir el mismo Batallón de Ingenieros, cuyos integrantes ya se recorrieron todo el camino a través de la selva para hacer los estudios necesarios.

La vía es lo que tiene detenido el resto del proyecto. Con las empresas que suministran los estanques para los alevinos ya se definió que le venderán a la asociación toda la infraestructura, ellas mismas la instalarán y luego la asociación les irá pagando con la producción.

Que el proyecto resulte es hoy la última esperanza de un sinnúmero de víctimas en Antioquia que sienten una rabia contenida por la revictimización que dicen haber sufrido por parte del Estado tras el accidente con la mina. Eso lo sabe bien y lo denuncia con fuerza Orlando de Jesús Guarín, otro de los miembros de la asociación.

En agosto de 2005, su hijo mayor le dijo que se iría para Valdivia a buscar trabajo, pero lo siguiente que supo es que hombres de las Farc llegaron al corregimiento de Puerto Valdivia y ejecutaron una masacre que dejó quince labriegos asesinados. A él lo llamaron y lo alertaron de que su hijo podría estar entre las víctimas. Salió desde Medellín a Valdivia para buscarlo, pero allá tampoco aparecía entre los cuerpos de los asesinados. Entonces empezó a buscarlo por el monte y a caminar por las veredas con otros pobladores de la zona; pero antes de poder encontrar a su hijo, pisó una mina antipersonal.

A los ocho días, a su hijo lo encontraron muerto con un tiro por la espalda a orillas del río Cauca. No pudo ir a enterrarlo, porque estaba internado en un hospital de Medellín a causa de la mina que lo dejó sin la pierna derecha. Sus socios en la legumbrería que tenían montada en Medellín lo fueron haciendo a un lado, hasta que lo sacaron del negocio y entonces se fue a la quiebra.

Hoy, Orlando Guarín tiene que vivir con un parche de fentanilo adherido al pecho para controlar el dolor. Lo que padece, en realidad, es un dolor en un miembro fantasma: no tiene pierna ni pie, sino prótesis, pero siente que le duele. “Yo no tengo nada allá —dice mientras apunta a su pie—, pero yo siento que me duele. Es como si tuviera una peladura y estuvieran echándole agua, sal o alcohol”. Todos los días sale a ubicar su puesto de papas fritas en una esquina de la Universidad de Antioquia, en Medellín, y a esperar que la dependencia de Espacio Público de la Alcaldía no venga a decomisarle el puesto por invadir las calles.

Tiene 62 años, pero no tiene pensión garantizada. Para acceder a la pensión por invalidez, su discapacidad debería ser superior al 50 %, pero no tener una pierna le significa superar por muy poco el 40 %. Y el suyo no es el único caso. A Héctor Antonio Guzmán una mina le destrozó la mitad de la pierna en 2003, cuando iba a recoger una cosecha de maíz en una vereda de Dabeiba. Pasó tres días tirado en el monte después de pisar el artefacto hasta que los labriegos de la zona lo encontraron. Los gusanos que se le comían la pierna lo salvaron de que la gangrena le hubiera subido hasta la cintura y hubiera quedado postrado en una silla de ruedas de por vida. Puede caminar, pero no puede trabajar el campo como lo hizo antes. También tiene 62 años y no tiene pensión garantizada. No ha recibido tampoco la indemnización.

Un caso similar es el de Luis Eduardo Mazo, que pisó una mina en 2007 en el sur de Córdoba. Hoy tiene 63 años y vive en una vereda de Copacabana (Antioquia) trabajando la tierra. Pero lo que tiene en su finca no le da para vivir y entonces, con la prótesis, se va a jornalear en fincas vecinas al menos dos días a la semana. Su discapacidad tampoco llega al 50 % y por eso no tiene pensión. Él fue uno de los que subieron al predio del proyecto para ayudar a desmontarlo.

Por haber diseñado casi con las uñas ese proyecto que apunta a ser autosostenible y convertirse en una posibilidad real de ingresos para las familias víctimas de minas en Antioquia, la asociación Somos Visibles fue galardonada la semana pasada con el premio Camina, que otorgan las embajadas de Canadá y Bélgica, Gran Tierra Energy y la Campaña Colombiana contra Minas.

El pasado jueves 2 de diciembre, Orlando de Jesús Guarín llegó a Bogotá para recibir el galardón de manos de Marianick Tremblay, embajadora de Canadá. “El trabajo y las historias de vida, la resiliencia y la superación de los sobrevivientes son una lección en sí misma”, le dijo la diplomática.

A la cabeza del recorrido va John Gabriel Posso. Desde el punto en el que empieza la trocha, sobre la vía que comunica a Dabeiba con Mutatá, hasta el predio ubicado en lo alto de la montaña, son 5,8 km de pantano y selva que él conoce casi de memoria. Es un hombre corpulento y de antebrazos fuertes, y la destreza con la que se mueve por entre la selva solo con la ayuda de un palo que utiliza como bastón no permitiría adivinar que hace doce años una mina antipersonal le destrozó los pies y lo postró en una cama por un año sin poder caminar.

En febrero de 2009, como todos los años, Posso convocó a varios pobladores de su vereda a ir a acampar al Nudo del Paramillo, ubicado en cercanías de la finca de su familia, a unas cinco horas de Dabeiba. Ya era casi una tradición en los caseríos de la zona acampar en lo alto del páramo en época de verano. Ese año subieron unas veinte personas. Ya de regreso, cuando él caminaba junto a otro campesino, pisó una mina antipersonal, que en ese territorio instalaban las Farc, y entonces todo fue humo y tierra. Cuando la humareda pasó, no pudo levantarse porque sus pies estaban destrozados. Mientras el labriego que lo acompañaba fue por ayuda, John Gabriel Posso esperó tres horas en el monte, aferrado a su machete para defenderse y cubierto con el plástico que llevaba para acampar.

La historia la cuenta mientras subimos por la montaña, rumbo al predio que la asociación a la que él pertenece ya tiene destinado para levantar una granja integral piscícola, que recibirá a decenas de familias víctimas de minas antipersonales en Antioquia, que no se resignan a vivir de lo que consideran migajas que les arroja el Estado.

El recorrido lo acompaña Nevardo de Jesús Úsuga, quien ideó el proyecto y fundó hace nueve años la asociación que bautizó Somos Visibles. Él también tiene su historia de dolor. El 5 de agosto de 2006, sus cuatros hijos mayores, Cristian, Octavio, John Elkin y Jonathan, llevaban un ganado para la finca de la que habían salido desplazados en zona rural del municipio de La Unión, cuando alguno de ellos, nunca han sabido quién ni cómo, activó una mina que los tumbó al piso a los cuatro. El mayor de ellos no había cumplido quince años y el menor tenía apenas diez.

(Lea: Organización de víctimas de minas en Antioquia, ganadora del premio Camina)

Sobrevivieron, ninguno con heridas profundas que le significara una mutilación, pero la vida les cambió a todos porque tuvieron que irse desplazados de La Unión y llegaron a parar a Medellín. Con el tiempo aparecieron las secuelas: Jonathan, el menor, presentó episodios esporádicos de convulsiones, cuyas causas no han podido descubrir, pues practicarle una resonancia resulta peligroso porque tiene esquirlas incrustadas en el rostro y durante el examen podría perder la visión. Ahora es Octavio quien cada vez con más frecuencia viene sufriendo esos episodios de convulsiones y no han logrado que lo vea un neurólogo.

Realmente, a quien más le cambió la vida fue al padre, Nevardo, que casi sin proponérselo terminó creando la asociación y agrupando a decenas de víctimas de minas antipersonales en Antioquia. De forma directa, acompañan a 175 familias en el norte y nordeste antioqueño, el Bajo Cauca y el Urabá. Pero su apuesta es llegarles a las 2.626 víctimas de minas en todo el departamento, según registran los datos oficiales.

En 2014, Nevardo participó en una manifestación que hicieron víctimas de minas antipersonales de todo el país en la Plaza de Bolívar, de Bogotá. El objetivo era denunciar el abandono en el que el Estado tenía a las víctimas de ese flagelo en Colombia, el segundo país del mundo con más víctimas de estas minas —en 2021 ya son más de 12.000 víctimas— solo superado por Afganistán. Sin embargo, la movilización no logró mucho.

“El sistema ya está montado y así le hagamos como sea, no va a cambiar. Ese es el sistema que ellos tienen: cómo hacer que la persona se canse y tire la toalla, hasta que deje de reclamar”, explica Nevardo. Convencido con fiereza de no iba a recibir apoyo real y contundente del Estado, se planteó idear su propio proyecto y tocar otras puertas para verlo surgir. La idea, que le nació de sus memorias en el municipio de La Unión, donde hay grandes enclaves productivos de trucha, era levantar un proyecto piscícola enfocado en ese cultivo, que luego concretó en tilapia roja.

En la correría que inició por las entidades para lograr que le compraran la idea, llegó hasta el despacho de Lucho Garzón, ministro Trabajo del gobierno Santos. El funcionario lo atendió, pero no le dio muchas esperanzas. “Él fue claro: no íbamos a conseguir nada si no teníamos tierra y vías de acceso para comercializar los productos”.

Se dio a la tarea de conseguir ambas. Para la primera, acudió a Leoncio Zapata, antiguo poblador de Dabeiba, dueño de varias tierras en ese municipio que heredó de su familia y luego les fue comprando a sus hermanos. Nevardo le expuso el proyecto y lo convenció tanto, que el hombre decidió donarles un terreno de diez hectáreas, sin ninguna contraprestación, y se convirtió luego en una pieza fundamental para el proyecto, pues fue secretario de Salud en Dabeiba hace años y conoce de administración y gerencia. Es él quien funge de guía en este recorrido hasta la finca.

(Le puede interesar: “Queremos demostrar que desde los territorios podemos articular nuestra economía”)

Ya arriba, en el predio, muestran orgullosos el potrero donde se levantará la granja integral piscícola. Pero antes era bosque y fueron ellos mismos quienes contrataron a víctimas de minas miembros de la asociación para que llegaran a tumbar monte y dejaran el predio habilitado. Para pagarles, Nevardo sacó un préstamo por $10 millones con un particular y otro por $5 millones con el Banco de los Pobres, en Medellín. Hoy está pagando esa deuda.

Pero el otro obstáculo era la vía que conecte ese predio con la vía principal de Dabeiba a Mutatá. Siguieron tocando puertas y en la Gobernación de Antioquia los remitieron a los militares. Por su cuenta llegaron hasta la Brigada XVII, en Carepa, a exponerles también el proyecto. Allí, desde el Batallón de Ingenieros N.° 17 General Carlos Bejarano Muñoz se comprometieron a hacer esos 5,8 km de vía.

Las condiciones: el permiso de los dueños de los predios por donde tendrá que pasar la vía, el combustible y los repuestos, y el permiso ambiental para hacer la intervención de la vía. De nuevo: ir a una y otra entidad para conseguirlo. Con Corpourabá resolvieron que la fórmula para poder hacerla era reglamentarla como una ampliación y mejoramiento de un camino de herradura. Consiguieron los permisos de los dueños. Y para el combustible acudieron a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que aceptó suministrarlo, pero les pidió el presupuesto de cuánto se gastaría. Ese lo va a definir el mismo Batallón de Ingenieros, cuyos integrantes ya se recorrieron todo el camino a través de la selva para hacer los estudios necesarios.

La vía es lo que tiene detenido el resto del proyecto. Con las empresas que suministran los estanques para los alevinos ya se definió que le venderán a la asociación toda la infraestructura, ellas mismas la instalarán y luego la asociación les irá pagando con la producción.

Que el proyecto resulte es hoy la última esperanza de un sinnúmero de víctimas en Antioquia que sienten una rabia contenida por la revictimización que dicen haber sufrido por parte del Estado tras el accidente con la mina. Eso lo sabe bien y lo denuncia con fuerza Orlando de Jesús Guarín, otro de los miembros de la asociación.

En agosto de 2005, su hijo mayor le dijo que se iría para Valdivia a buscar trabajo, pero lo siguiente que supo es que hombres de las Farc llegaron al corregimiento de Puerto Valdivia y ejecutaron una masacre que dejó quince labriegos asesinados. A él lo llamaron y lo alertaron de que su hijo podría estar entre las víctimas. Salió desde Medellín a Valdivia para buscarlo, pero allá tampoco aparecía entre los cuerpos de los asesinados. Entonces empezó a buscarlo por el monte y a caminar por las veredas con otros pobladores de la zona; pero antes de poder encontrar a su hijo, pisó una mina antipersonal.

A los ocho días, a su hijo lo encontraron muerto con un tiro por la espalda a orillas del río Cauca. No pudo ir a enterrarlo, porque estaba internado en un hospital de Medellín a causa de la mina que lo dejó sin la pierna derecha. Sus socios en la legumbrería que tenían montada en Medellín lo fueron haciendo a un lado, hasta que lo sacaron del negocio y entonces se fue a la quiebra.

Hoy, Orlando Guarín tiene que vivir con un parche de fentanilo adherido al pecho para controlar el dolor. Lo que padece, en realidad, es un dolor en un miembro fantasma: no tiene pierna ni pie, sino prótesis, pero siente que le duele. “Yo no tengo nada allá —dice mientras apunta a su pie—, pero yo siento que me duele. Es como si tuviera una peladura y estuvieran echándole agua, sal o alcohol”. Todos los días sale a ubicar su puesto de papas fritas en una esquina de la Universidad de Antioquia, en Medellín, y a esperar que la dependencia de Espacio Público de la Alcaldía no venga a decomisarle el puesto por invadir las calles.

Tiene 62 años, pero no tiene pensión garantizada. Para acceder a la pensión por invalidez, su discapacidad debería ser superior al 50 %, pero no tener una pierna le significa superar por muy poco el 40 %. Y el suyo no es el único caso. A Héctor Antonio Guzmán una mina le destrozó la mitad de la pierna en 2003, cuando iba a recoger una cosecha de maíz en una vereda de Dabeiba. Pasó tres días tirado en el monte después de pisar el artefacto hasta que los labriegos de la zona lo encontraron. Los gusanos que se le comían la pierna lo salvaron de que la gangrena le hubiera subido hasta la cintura y hubiera quedado postrado en una silla de ruedas de por vida. Puede caminar, pero no puede trabajar el campo como lo hizo antes. También tiene 62 años y no tiene pensión garantizada. No ha recibido tampoco la indemnización.

Un caso similar es el de Luis Eduardo Mazo, que pisó una mina en 2007 en el sur de Córdoba. Hoy tiene 63 años y vive en una vereda de Copacabana (Antioquia) trabajando la tierra. Pero lo que tiene en su finca no le da para vivir y entonces, con la prótesis, se va a jornalear en fincas vecinas al menos dos días a la semana. Su discapacidad tampoco llega al 50 % y por eso no tiene pensión. Él fue uno de los que subieron al predio del proyecto para ayudar a desmontarlo.

Por haber diseñado casi con las uñas ese proyecto que apunta a ser autosostenible y convertirse en una posibilidad real de ingresos para las familias víctimas de minas en Antioquia, la asociación Somos Visibles fue galardonada la semana pasada con el premio Camina, que otorgan las embajadas de Canadá y Bélgica, Gran Tierra Energy y la Campaña Colombiana contra Minas.

El pasado jueves 2 de diciembre, Orlando de Jesús Guarín llegó a Bogotá para recibir el galardón de manos de Marianick Tremblay, embajadora de Canadá. “El trabajo y las historias de vida, la resiliencia y la superación de los sobrevivientes son una lección en sí misma”, le dijo la diplomática.