Las víctimas que lograron un salvavidas de 10 años para que el Estado las repare

Orlando Burgos García era apenas un adolescente cuando se le metió en la cabeza el tema de defender los Derechos Humanos. Estudiaba en el colegio Diego Hernández de Gallegos de Barrancabermeja (Santander), el pueblo donde nació, y allí empezó a pelear sus primeras reclamaciones en pro de la población estudiantil.

Para mediados de la década de 1980 participó en la creación de la Unión Patriótica, el partido político surgido en medio de los diálogos de paz entre las antiguas FARC y el gobierno de Belisario Betancur, cuyos miembros fueron víctimas de una serie de ataques selectivos que dejaron al menos 5.733 militantes asesinados o desaparecidos, entre ellos Francisco Burgos, el hermano mayor de Orlando, quien era candidato a la alcaldía del municipio y murió a manos de paramilitares de las Autodefensas del Magdalena Medio en 1988.

En 2019, 31 años después de ese asesinato y luego de ser víctima de desplazamiento y convertirse en uno de los principales líderes de esta población, Orlando fue elegido como coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, un espacio de participación que se creó para garantizar que quienes sufrieron el conflicto armado incidan en la implementación de la Ley 1448 de 2011 (de Víctimas y Restitución de tierras).

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Esa ley -el principal marco normativo para la atención y reparación de esta población- tenía vigencia hasta 2021, pues se esperaba que 10 años fueran suficientes para atender, indemnizar y garantizar los derechos de las víctimas, pero como lo denunciaron distintas organizaciones durante toda esa década, hubo constantes incumplimientos, trabas y demoras en su ejecución. Tanto así que para 2020, apenas un año antes del fin de la ley, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la norma alertaron que a este ritmo tomaría al menos 56 años más indemnizar a las víctimas, 24 años atenderlas psicosocialmente y más de 16 años para terminar las reparaciones colectivas.

“En esos primeros 10 años no se restituyó, no se reparó, ni se dieron las condiciones para que se levantara el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) que la Corte Constitucional declaró en 2004 para las víctimas de desplazamiento forzado. Eso nos lleva a las víctimas a organizarnos desde las bases y empezar a articular, a mencionar, a exigir, a pedir la necesidad de que se la ley se prorrogará”, recuerda Orlando, quien como coordinador de la Mesa encabezó distintos escenarios a nivel local y nacional en los que participaron las víctimas para lograr que la vigencia de la norma fuera extendida.

El Programa de Participación y Reparación Colectiva de las Víctimas USAID-CODHES acompañó este proceso con las víctimas en distintas etapas, desde las discusiones en la Corte Constitucional hasta las labores de incidencia en el Congreso de la República para poner sobre la mesa la necesidad de un proyecto de ley que identificara los principales vacíos, faltantes o retrocesos y extendiera el horizonte temporal de la Ley 1448.

“El apoyo que han facilitado CODHES y USAID ha sido fundamental y no ha sido de ahora, sino de hace muchos años. Ellos han sido unos estudiosos de toda la problemática de las víctimas, no solo desde las políticas públicas, sino de todo lo que nos rodea como víctimas”, asegura Orlando.

Luego de un largo proceso en el que las organizaciones de víctimas de todo el país se movilizaron hacia Bogotá en distintos momentos y expresaron la urgencia de la prórroga, en enero de 2021 se logró extender por 10 años la vigencia de la Ley de Víctimas, hasta el año 2031.

La ampliación del periodo de la norma, para muchos, fue un salvavidas ante el previsible incumplimiento de sus derechos y la incertidumbre respecto a lo qué pasaría con las víctimas una vez se cumpliera el plazo, como ocurrió con muchas personas que murieron antes de ser reparadas, tras años de exigencia de sus derechos.

Por eso, la prórroga se ha constituido en una nueva oportunidad de saldar las deudas con las víctimas y se enmarca en los compromisos por la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, que tiene como eje central la reparación integral de esta población y el principio de centralidad de las víctimas.

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Como dice Burgos, la reparación para las víctimas “más allá de un monto económico, implica la reconstrucción de un tejido social, un restablecimiento de derechos de manera integral, de volvernos a encontrar con la familia, de poder decir: ‘estamos aquí, fuimos mirados por el Gobierno y fuimos llevados a otro escenario de convivencia y de vivencia’”.

El proceso que se adelantó desde la Mesa Nacional de Víctimas de cara a la prórroga de la norma también sirvió para articular los liderazgos de las comunidades afro, indígenas y campesinas en torno a un objetivo común y empoderar a sus representantes para continuar la exigencia de una serie de reclamaciones que aún siguen pendientes.

De hecho, actualmente, varias de estas organizaciones de víctimas han presentado sus propuestas para la reforma de la Ley 1448. Una reforma que, según el Gobierno, va encaminada a superar el Estado de Cosas Inconstitucional por los desplazamientos forzados; cumplir el Acuerdo de Paz de 2016; acoger las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de 2022 y, precisamente, recoger inquietudes, anhelos, críticas, recomendaciones y vivencias de las víctimas que han sufrido el rigor del conflicto armado en Colombia.

“Si el Gobierno entiende realmente lo que hay que hacer frente a un restablecimiento de derechos de las víctimas y el cumplimiento de unas políticas públicas en lo territorial, podríamos ver el éxito de esa Ley 1448″, dice Orlando, quien tiene claro que aún quedan varios aspectos por ajustar, como garantizar que las entidades tengas el presupuesto necesario para ejecutar sus compromisos con las víctimas, priorizarlas en los programas sociales y fortalecer sus organizaciones y capacidades.

“Ver eso para mí sería no solamente emocionante, sino que sería ver que la lucha fructificó. Que la lucha tuvo ese premio de que mis compañeros y compañeras en todo el país vean que esto se cumple”, dice con esperanza el líder.

Orlando Burgos García era apenas un adolescente cuando se le metió en la cabeza el tema de defender los Derechos Humanos. Estudiaba en el colegio Diego Hernández de Gallegos de Barrancabermeja (Santander), el pueblo donde nació, y allí empezó a pelear sus primeras reclamaciones en pro de la población estudiantil.

Para mediados de la década de 1980 participó en la creación de la Unión Patriótica, el partido político surgido en medio de los diálogos de paz entre las antiguas FARC y el gobierno de Belisario Betancur, cuyos miembros fueron víctimas de una serie de ataques selectivos que dejaron al menos 5.733 militantes asesinados o desaparecidos, entre ellos Francisco Burgos, el hermano mayor de Orlando, quien era candidato a la alcaldía del municipio y murió a manos de paramilitares de las Autodefensas del Magdalena Medio en 1988.

En 2019, 31 años después de ese asesinato y luego de ser víctima de desplazamiento y convertirse en uno de los principales líderes de esta población, Orlando fue elegido como coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, un espacio de participación que se creó para garantizar que quienes sufrieron el conflicto armado incidan en la implementación de la Ley 1448 de 2011 (de Víctimas y Restitución de tierras).

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Esa ley -el principal marco normativo para la atención y reparación de esta población- tenía vigencia hasta 2021, pues se esperaba que 10 años fueran suficientes para atender, indemnizar y garantizar los derechos de las víctimas, pero como lo denunciaron distintas organizaciones durante toda esa década, hubo constantes incumplimientos, trabas y demoras en su ejecución. Tanto así que para 2020, apenas un año antes del fin de la ley, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la norma alertaron que a este ritmo tomaría al menos 56 años más indemnizar a las víctimas, 24 años atenderlas psicosocialmente y más de 16 años para terminar las reparaciones colectivas.

“En esos primeros 10 años no se restituyó, no se reparó, ni se dieron las condiciones para que se levantara el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) que la Corte Constitucional declaró en 2004 para las víctimas de desplazamiento forzado. Eso nos lleva a las víctimas a organizarnos desde las bases y empezar a articular, a mencionar, a exigir, a pedir la necesidad de que se la ley se prorrogará”, recuerda Orlando, quien como coordinador de la Mesa encabezó distintos escenarios a nivel local y nacional en los que participaron las víctimas para lograr que la vigencia de la norma fuera extendida.

El Programa de Participación y Reparación Colectiva de las Víctimas USAID-CODHES acompañó este proceso con las víctimas en distintas etapas, desde las discusiones en la Corte Constitucional hasta las labores de incidencia en el Congreso de la República para poner sobre la mesa la necesidad de un proyecto de ley que identificara los principales vacíos, faltantes o retrocesos y extendiera el horizonte temporal de la Ley 1448.

“El apoyo que han facilitado CODHES y USAID ha sido fundamental y no ha sido de ahora, sino de hace muchos años. Ellos han sido unos estudiosos de toda la problemática de las víctimas, no solo desde las políticas públicas, sino de todo lo que nos rodea como víctimas”, asegura Orlando.

Luego de un largo proceso en el que las organizaciones de víctimas de todo el país se movilizaron hacia Bogotá en distintos momentos y expresaron la urgencia de la prórroga, en enero de 2021 se logró extender por 10 años la vigencia de la Ley de Víctimas, hasta el año 2031.

La ampliación del periodo de la norma, para muchos, fue un salvavidas ante el previsible incumplimiento de sus derechos y la incertidumbre respecto a lo qué pasaría con las víctimas una vez se cumpliera el plazo, como ocurrió con muchas personas que murieron antes de ser reparadas, tras años de exigencia de sus derechos.

Por eso, la prórroga se ha constituido en una nueva oportunidad de saldar las deudas con las víctimas y se enmarca en los compromisos por la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, que tiene como eje central la reparación integral de esta población y el principio de centralidad de las víctimas.

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Como dice Burgos, la reparación para las víctimas “más allá de un monto económico, implica la reconstrucción de un tejido social, un restablecimiento de derechos de manera integral, de volvernos a encontrar con la familia, de poder decir: ‘estamos aquí, fuimos mirados por el Gobierno y fuimos llevados a otro escenario de convivencia y de vivencia’”.

El proceso que se adelantó desde la Mesa Nacional de Víctimas de cara a la prórroga de la norma también sirvió para articular los liderazgos de las comunidades afro, indígenas y campesinas en torno a un objetivo común y empoderar a sus representantes para continuar la exigencia de una serie de reclamaciones que aún siguen pendientes.

De hecho, actualmente, varias de estas organizaciones de víctimas han presentado sus propuestas para la reforma de la Ley 1448. Una reforma que, según el Gobierno, va encaminada a superar el Estado de Cosas Inconstitucional por los desplazamientos forzados; cumplir el Acuerdo de Paz de 2016; acoger las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de 2022 y, precisamente, recoger inquietudes, anhelos, críticas, recomendaciones y vivencias de las víctimas que han sufrido el rigor del conflicto armado en Colombia.

“Si el Gobierno entiende realmente lo que hay que hacer frente a un restablecimiento de derechos de las víctimas y el cumplimiento de unas políticas públicas en lo territorial, podríamos ver el éxito de esa Ley 1448″, dice Orlando, quien tiene claro que aún quedan varios aspectos por ajustar, como garantizar que las entidades tengas el presupuesto necesario para ejecutar sus compromisos con las víctimas, priorizarlas en los programas sociales y fortalecer sus organizaciones y capacidades.

“Ver eso para mí sería no solamente emocionante, sino que sería ver que la lucha fructificó. Que la lucha tuvo ese premio de que mis compañeros y compañeras en todo el país vean que esto se cumple”, dice con esperanza el líder.