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Antes del anuncio de que Tierralta sería sede de un campamento de concentración de las Farc, este municipio cordobés era recordado porque en su corregimiento Santafé Ralito se llevó a cabo la negociación que culminó con la desmovilización de más de 30.000 combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, entre 2003 y 2006. (Lea aquí la primera entrega este reportaje sobre Tierralta)
Los habitantes de Tierralta sienten que, durante ese proceso de desmovilización, los esfuerzos por la reconciliación, al igual que los de la reparación, fueron insuficientes. Y esperan que las lecciones de la desmovilización de las Auc sean tenidas en cuenta por el gobierno de Juan Manuel Santos.
“Le pedimos al Gobierno que les garantice a los combatientes de las Farc el cumplimiento de lo pactado, porque el proceso de las Auc fue un sofisma. Lo que hubo fue un cambio de razón social, de las Autodefensas Unidas de Colombia pasaron a llamarse Águilas Negras, Rastrojos, Bacrim, pero son las mismas”, señaló Álvaro Álvarez Hernández, delegado departamental de la Mesa de Víctimas.
(Vea nuestro especial sobre las zonas veredales)
Álvarez teme que así como muchos desmovilizados de los paramilitares fueron asesinados, ocurra lo mismo con los de las Farc. “A estas alturas aún no se sabe quién mató a los desmovilizados ni por qué. Así no será posible la paz”, afirmó.
Córdoba fue el segundo departamento, después de Antioquia, que acogió el mayor número de excombatientes de las Auc en 2005. En este territorio se desmovilizaron 3.302 integrantes de esa organización. De ese número, 2.926 ingresaron a la ruta de reintegración creada por el Gobierno, pero ni siquiera la cuarta parte encontró una oportunidad laboral formal para completar su reincorporación a la vida civil.
La incertidumbre laboral de los desmovilizados fue la principal talanquera de este proceso. Liliana Cogollo, hasta hace poco coordinadora de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) en Córdoba, sostuvo que esto sucedió por la falta de conciencia en la sociedad para entender que las personas en proceso de reintegración merecen una segunda oportunidad. Las cifras de la Agencia muestran el problema: sólo 296 excombatientes han encontrado una oportunidad laboral formal, y 1.209 han encontrado en la informalidad una opción diferente a retomar las armas.
La situación de los desmovilizados de las Auc fue difícil de manejar porque 47% de ellos eran analfabetas. Aun así, la ACR logró que 2.068 personas adelantaran cursos de formación para el trabajo. Pero eso no fue suficiente para que tuvieran esa segunda oportunidad, ya que los empresarios no lograron vencer sus miedos y prevenciones y no les ofrecieron empleo.
Muchos de ellos se vieron empujados a la ilegalidad. Esto sin contar con los 250 desmovilizados que nunca ingresaron al proceso de reintegración en Córdoba y de los que se cree podrían estar al servicio de las bandas criminales. El panorama que muestran las cifras no es alentador: cerca de 12% de los excombatientes fueron asesinados, tras ser reclutados por las bandas emergentes. Y un dato adicional, Córdoba es el segundo departamento, después de Antioquia, con el mayor número de excombatientes condenados por delitos que cometieron después de que dejaron las armas.
Córdoba, territorio de paz
Antes de ser sede de la desmovilización paramilitar en Ralito, esta zona ya había sido escenario de otras desmovilizaciones, como la primera entrega de las guerrillas liberales del Alto Sinú en 1953 y la del San Jorge en 1959. Se sabe que en ambos casos las promesas del Gobierno fueron incumplidas.
Luego se vivió la desmovilización del Ejército Popular de Liberación (Epl) en Puerto Libertador. Allí la experiencia con los proyectos productivos para los desmovilizados fue un fracaso, porque los excombatientes no sabían leer ni escribir, no tenían experiencia en el manejo de empresas y no contaron con la asesoría del Gobierno.
La desmovilización de las Auc tampoco dejó un buen recuerdo en los cordobeses. Basta recordar los escándalos judiciales que surgieron en torno a los proyectos productivos y a las tierras donde tenían proyectado adelantarse.
Aún así, en Tierralta se escuchan posturas favorables a la desmovilización de las Farc. Por ejemplo, las madres de combatientes de esta guerrilla están pensando cómo recibir a sus hijos que han sido señalados como terroristas. Por ello, la Mesa Municipal de Víctimas está llevando mensajes de paz y concienciando sobre la necesidad de perdonar y reconciliarse.
Pocos quieren hablar de la llegada de excombatientes de las Farc al pueblo, y no es por temor, es por el desinterés e incredulidad en el anuncio del Gobierno Nacional de que la paz llegará a su territorio. Este discurso aún no convence a sus pobladores.
“La gente de Tierralta habla más del partido de fútbol que perdió la Selección de Colombia que del anuncio que se dio en La Habana con el acuerdo del cese al fuego. La gente no cree mucho en estos procesos de paz porque las Auc desmovilizaron a 33 mil combatientes, pero apenas entregaron 16 mil armas, es decir, que hubo 16 mil combatientes ficticios”, precisó Orlando Triana, miembro del Consejo Territorial de Justicia Transicional.
La desmovilización de las Farc en Tierralta se dará, además, en medio del inconformismo de las víctimas del conflicto que aún no han sido reparadas ni atendidas en materia de vivienda y otras necesidades urgentes. Estas personas también exigen que les garanticen un subsidio integral de tierras para que los campesinos puedan recuperar su vida digna. No se puede olvidar que más de 50% de la población de Tierralta es víctima de la violencia y más de 40% está desplazada y sin vivienda.
Ronda la incredulidad
“No es fácil vivir en el mismo sitio con la persona que nos secuestró, mató o desapareció a un familiar; pero no hay otra salida que sanar los corazones, es allí donde nosotros jugamos un papel de reconciliación. Los programas psicosociales que han llegado al municipio han apoyado mucho en la reconstrucción del tejido social que fue destruido por la violencia”, admite Álvarez.
Yulis del Carmen Hernández Torres, líder de la Red de Mujeres de Tierralta, es apática por lo que les ha pasado en otros procesos en los que han resultado afectadas. “Nuestras mujeres, sobre todo las que somos madres, sentimos temor de que pueda repetirse otro Ralito, el problema está en que se desarme un grupo y se rearme otro, que es lo que ha pasado con las Auc y las Bacrim”, señala la líder.
Su organización está visitando las entidades encargadas de atender denuncias sobre el maltrato contra la mujer y en algunas de ellas no encuentra respuestas. Mientras tanto, continúan empoderando a las mujeres de la zona con información sobre sus derechos. “Estamos leyendo las historias de lucha de las mujeres que han sido asesinadas en este proceso de organización y defensa. Seguiremos preparándonos hasta que podamos levantar la mano en público sin que nos dé miedo”, manifiesta.
Sanar las heridas no ha sido nada fácil para Yulis y su familia. En el año 2001 fueron víctimas de las Farc cuando once de sus parientes, entre ellos su hermano, tíos, sobrinos y una prima, fueron asesinados en sus casas, en la vía al Manso. “Se habla mucho del perdón, pero no es fácil perdonar a quien no se ha mostrado arrepentido. No es fácil verle la cara a quien le quitó la vida a tantas familias en un solo día, sin medir consecuencias y sin mirar que esos niños quedaban huérfanos”, lamenta la líder.
Otra gran pregunta que se hacen los pobladores de Tierralta es ¿cómo será la convivencia entre excombatientes de las Auc, de las Farc y los integrantes de las bandas criminales?
Se estima que más de mil 500 guerrilleros llegarán a Tierralta para desmovilizarse. “Me atrevo a decir que el 90% de los hombres que se concentrarán en la vereda Gallo no son nativos de nuestro territorio, porque aquí hay pocos guerrilleros. Por eso creo que todos esos combatientes al momento de su desmovilización van a buscar su lugar de origen, entonces aquí quedarán muy pocos”, indicó Triana.
En realidad son muchas las preguntas que los pobladores quisieran hacerle al Gobierno Nacional y ninguno de sus representantes les ha informado para saber más de lo que han visto en la televisión.
En Tierralta comenzó la discusión en un cabildo abierto realizado en el Concejo Municipal, en el que se evidenció que los cabildantes están menos enterados de lo acordado en La Habana que los líderes de las organizaciones. “Hemos propuesto, sin eco alguno, la realización de un foro para que se escuche a la comunidad, que tiene muchas propuestas, una de ellas es que nos permitan exportar nuestros productos a otros países por vía marítima y aérea. Porque lo que ha faltado son acciones estratégicas del Estado para venir a preparar y comprometer a las empresas para que nos reciban los productos”, manifiesta Triana.
Entre tanto, Tulio Cogollo Araújo, secretario de Gobierno de Tierralta, dice que la Administración Municipal no está lista para recibir a los excombatientes en la vereda Gallo. “Créame que no estamos preparados, pero toca, son directrices del Gobierno Nacional y de un acuerdo”, dice resignado.
El funcionario llama la atención porque la experiencia vivida con el proceso de desmovilización de las Auc en el corregimiento de Santafé Ralito no fue afortunada. Comenta que lo único que les dejó esa mesa de negociación, que funcionó durante casi cuatro años, fue miseria, necesidades y pobreza.
Y recalca que a Ralito no llegaron las inversiones que les habían prometido. A Tierralta lo conocen como un municipio en conflicto, lo han estigmatizado porque ese proceso paramilitar sólo dejó cientos de desmovilizados deambulando por las calles, muchos de los cuales se vincularon a las bandas emergentes.
“Esperamos que para este tratado de paz que recibiremos en la vereda Gallo, nos den un derrotero para saber cuál será el camino a seguir. El alcalde fue a Bogotá para recibir las instrucciones precisas y debe traer la hoja de ruta. Y llevó el listado de necesidades del municipio, en especial de la vereda Gallo, basado en el Plan de Desarrollo. Llevó un cúmulo de necesidades y esperamos que nos asignen una buena partida”, afirma esperanzado.
Las víctimas de desplazamiento de Tierralta quisieran saber qué pasará con el banco de tierras del que tanto hablan en La Habana. Ellos creen que podrían estar en las zonas baldías del Alto Sinú, en las 40 mil hectáreas entre Tierralta y Valencia. “Vemos con preocupación este punto porque ya empezaron a hablar del campamento de concentración de la guerrilla y no hemos visto cuándo empezarán a dar los primeros pasos para entregarles tierras a esos campesinos”, advierte Orlando Triana.
Los dirigentes de Tierralta temen también que la intención del presidente Juan Manuel Santos, de alcanzar la paz desde los territorios, se quede en una promesa, porque no ha llegado nadie del Gobierno Nacional a explicarles lo que sólo han visto por televisión. “Han faltado estrategias para involucrar a la gente con lo que se ha ido acordando en La Habana, así sí se podría hablar de paz desde los territorios”, manifiesta Orlando Triana.
Para Yulis Torres, es inapropiado y riesgoso traer las cosas hechas desde afuera y por eso teme que se repita otro Ralito, proceso en el que el Gobierno Nacional trajo todo hecho desde un escritorio en Bogotá. “Aunque no nos llamen, nosotros le aportaríamos a este proceso como mediadoras de conflictos”, concluye.
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Una breve radiografía de Tierralta
Tierralta es el municipio más grande de Córdoba, pero en términos de gobernabilidad es el más pequeño dado que aproximadamente 70% del territorio de Tierralta pertenece al nudo de Paramillo, que abarca un parque natural. Según estudios de la Fundación Paz y Reconciliación, la ley segunda de 1959 no permite proyectos de infraestructura en Parques, de tal manera que, tras el desplazamiento de cientos de familias indígenas por cuenta de la represa de Urrá, y miles de desplazados por la violencia, se ha presentado una crisis de asentamientos en su territorio.
Tierralta tiene el asentamiento más grande de Colombia, en 49 hectáreas viven 14 mil personas. La Fundación llama la atención por la preocupación que tienen las autoridades locales a largo plazo. Tras el desplazamiento de indígenas de la etnia Embera Katío de sus tierras ancestrales por cuenta de la represa, casi 7 mil miembros de esta comunidad están siendo indemnizados; muchos de ellos transitan por Tierralta y se han desplazado a la cabecera.
La indemnización de la represa tendrá efecto hasta 2019, y aun no se decide lo que pasará con esos 7 mil indígenas cuando se terminé la indemnización. Eso puede traer una problemática social muy grande para el municipio.
Por otro lado, esa zona fue una de las más golpeadas por la oleada paramilitar, dado que en esta región operaba el frente 5 de las FARC, y hoy en día es uno de los corredores predilectos del narcotráfico. En el Parque Nudo del Paramillo se siembra coca y se produce la pasta base. Ese negocio es controlado por bandas criminales, en particular el Clan del Golfo. Esta zona sufrió las consecuencias del paro armado de abril, todo el municipio se paralizó.
Tras conversaciones previas al acuerdo de Zonas de Ubicación, el actual alcalde de Tierralta, Fabio Otero, se percibía bastante preocupado con la llegada de cuadros políticos de las FARC, mucho más con excombatientes. Según él, se generaría un ambiente de rechazo por parte de la población.
Después de una reunión que tuvo con el presidente Juan Manuel Santos, parte del equipo de negociación de La Habana y comandantes de las Fuerzas Militares, el alcalde le dijo a la Fundación Paz y Reconciliación que estaba muy receptivo con la idea del campamento transitorio de las FARC en su municipio. La razón es que el Gobierno Nacional se comprometió con planes para desarrollo y seguridad.
Según el alcalde, esta garantía del Gobierno Nacional trae mucha tranquilidad, y compromete al gobierno local a apoyar el proceso de implementación de la zona de concentración y la eventual reincorporación de excombatientes al territorio.