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Aunque Orlando Burgos, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, dice que no conoce el porcentaje del cumplimiento de la Ley de Víctimas de 2011, está convencido de que en casi diez años de haberse aprobado no se ha cumplido ni una tercera parte de lo pactado en el papel. No se equivoca. Según la Comisión de Seguimiento de esta norma en el Congreso, sólo se ha implementado un 12%.
El coordinador nacional es uno de los invitados del evento Desafíos para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado a 10 años de la Ley 1448, que se realiza este martes 15 de septiembre, organizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (Codhes) y que será transmitido a través de las redes sociales de Colombia2020 de El Espectador.
Burgos García, que lleva diez meses en el cargo, señala que lo más importante para la prórroga de esta ley, que se está discutiendo desde este año, será garantizar la financiación que permita que se cumpla todo lo estipulado. La Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría hace tan solo un mes advirtieron que para garantizar la reparación de las personas afectadas por la guerra en la próxima década, el Estado debe invertir $357,4 billones de pesos.
Como víctima de desplazamiento forzado, su lucha ha estado encaminada por conocer la verdad de la guerra armada. En medio de la coyuntura de una posible reforma estructural a la Ley 1448, Burgos García le explicó a este diario sobre los pendientes de la norma y dejó claro que cualquier cambio estructural debe hacerse en consenso con las nueve millones de víctimas que tiene Colombia.
¿Cuál es su balance de los casi diez años que se ha implementado la Ley de Víctimas?
La Ley 1448 de 2011 nos permitió reconocer a unas víctimas y un conflicto armado existente. Sin embargo, arranca en el año 2011 con una desinformación y un desconocimiento profundo por parte del Congreso de la República sobre cómo tratar a las víctimas. El primer gran problema es que, desde el comienzo, hubo una intencionalidad clara de desconocer a las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia con el argumento de que nosotros ya teníamos una ley -que es la Ley 387 de 1997- que se creó específicamente para este fenómeno. Entonces, como ya habíamos recibido ayudas humanitarias, no podíamos ser objeto de indemnización ni entrar en el Registro de Víctimas de la Unidad, lo que desconoce que el 86 % de víctimas del conflicto armado ha sufrido de desplazamiento.
Los congresistas empezaron a hacer ‘cuentas alegres’, pensando que en el país solo había tres o cuatro millones de víctimas del conflicto. Cuando fuimos a la Corte Constitucional a exigir el derecho que teníamos los desplazados a ser reconocidos como víctimas, la Corte nos dio la razón y allí comienza el primer problema: tuvieron que reconocernos y comenzó el desfase de dineros porque no estaban preparados para que fuéramos tantos. Desde entonces ese ha sido el gran problema, que no se ha podido implementar porque, supuestamente, no hay recursos con qué financiarla. O bueno, recursos sí hay, pero no hay voluntad del Gobierno para cumplirle a las víctimas.
Según la Comisión de Seguimiento de la Cámara de Representantes, se ha garantizado la reparación a un millón de víctimas. Eso solo representa el 12%, ¿qué ha pasado con el resto?
Sobre la indemnización ellos dicen que se ha hecho un gran esfuerzo, pero la verdad es que nos han cambiado las reglas del juego. Somos más de nueve millones de víctimas del conflicto registradas, pero ellos ya no están haciendo las indemnizaciones de manera individual sino que le están pagando a una sola persona por familia. Entonces, por poner un ejemplo: tienen 20 millones de pesos que, supongamos, van a repartir en cuatro personas. Lo que hacen es repartirlo a diferentes familias, cuando la ley estipula que las indemnizaciones deben ser individuales, no una por casa. Ellos dicen que luego van a revisar los elementos técnicos para hacer las indemnizaciones que falten, pero la realidad es que la Unidad de Víctimas está muy atrasada con el pago de una cantidad de indemnizaciones parciales. La Unidad no se ha puesto al día con eso, con el agravante de que ellos venden eso como indemnizaciones totales, cuando no es así.
(Lea también: Una nueva voz para las víctimas en el posconflicto)
¿Y cree que 10 años sean suficientes para terminar lo que se comenzó, teniendo en cuenta que el conflicto no cesa en los territorios y que cada día hay víctimas nuevas?
Nosotros creemos en la ley. Sabemos que lo que hay escrito en el papel es hermoso y muy bueno. En lo que no creemos es en el tire y afloje de las instituciones para cumplirnos y para proponer una reforma cuando ni siquiera dicen cuál será la financiación. Primero que garanticen la financiación y luego hablamos de reformas. Por ahora, yo creo que la ley solo se debe ratificar, tal cual como está por 15 años más, pero garantizando los recursos. De lo contrario, en 10 años estaremos hablando de lo mismo.
Tengo entendido que desde la Mesa Nacional de Víctimas ustedes han hecho unas propuestas al Alto Gobierno sobre financiación...
Hemos hecho muchas. Hicimos una hace años en la que planteábamos que dejaran los recursos de 4X1.000 durante cinco años solo para la cartera de las víctimas y las reparaciones integrales. El 4X1.000 lo han utilizado en diferentes momentos de este país incluso hasta para salvar a los banqueros, entonces ¿por qué no hacerlo por los que hemos vivido el conflicto? Nadie nos escuchó. Hemos propuesto que se financie con las estampillas, sin embargo, el Gobierno ha hecho caso omiso y nos ha querido hacer creer que la responsabilidad de la ley recae sólo sobre la cooperación internacional. Y han recibido miles de millones de cooperación internacional pero, lastimosamente, por la corrupción no se ha visto el dinero y no hemos podido avanzar. La situación es tan grave que la Comisión de Seguimiento de la ley en el Congreso una vez planteó que se requerirían más de 40 años para reparar a todas las víctimas del país.
La Mesa Nacional es el enlace entre el Gobierno y los territorios. ¿Qué opinan sobre la ampliación de la ley y cuáles es el panorama que pintan en las regiones?
Tenemos que hablar entonces del segundo gran problema: la falta de voluntad de los gobernantes, no solo de carácter nacional sino local. El Gobierno ha querido echarle la pelota de la reparación y atención de víctimas a los gobernantes territoriales y han querido desprenderse de su responsabilidad, atribuyéndosela a los gobernadores y alcaldes de lugares donde hay mayor cantidad de víctimas o de personas en riesgo. Y ahí nos damos cuenta de que si en el centro no hay, en el territorio tampoco, entonces, nadie quiere hacerse cargo de esta tarea. Como toda regla tiene su excepción, nos hemos encontrado con alcaldes y gobernadores muy comprometidos. Pero sí puedo decir que la gran mayoría llega a sus cargos con un desconocimiento total sobre la Ley 1448 y sus responsabilidades. Cuando el Ministerio Público o nosotros como Mesa de Víctimas les pedimos que cumplan, hay unos que nos miran como un problema más, como una carga innecesaria.
Cuando se habla sobre la Ley de Víctimas, según el Gobierno, en lo que más se ha avanzado es en el tema de restitución de tierras, ¿qué creen ustedes?
Desde el punto de vista de la Unidad de Restitución hay dos aspectos a revisar. El primero es que todo se queda en la parte administrativa, es decir, ellos dicen que han cumplido por el número de sentencias a favor proferidas. Lo que no dicen es que estamos llenos de casos que se quedan en lo administrativo, que quedan detenidos, suspendidos, quietos y ¿quién responde por eso? Ahí también se acumulan fallos en contra de quien reclama la tierra y esos procesos son muy desalentadores. Hace un mes y medio estuve en un foro en el que se hablaba, por parte de quienes le hacen seguimiento a la restitución, de un cumplimiento de solo el 6 %.
(Vea: ‘Tomará más de 10 años cumplirles a las ocho millones de víctimas no reparadas’: John Jairo Hoyos)
En la Comisión de Seguimiento del Congreso se habla de que han cumplido casi en un 40 %.
La Unidad de Restitución de Tierras dice que ha cumplido. La pregunta es: ¿qué es cumplir? La entidad devuelve los predios y después ¿qué? Esa gente llega allá a sin tener de qué vivir, sin tener proyecto productivo y se pregunta cómo se van a reincorporar a la sociedad del municipio o de la vereda o hasta cuándo les hacen acompañamiento psicosocial para esa adaptación. Eso es lo que no se ve. Y allí hay un cúmulo de responsables entre los que está la Unidad de Víctimas, las gobernaciones y el Gobierno Nacional. Sí se han hecho esfuerzos, pero todo avanza de una manera lenta y paquidérmica que no terminan impactando a la víctima.
También se habla de avances sobre la identificación de los “segundos ocupantes” de las tierras.
Eso no es tan cierto. Ahora estamos en una pelea con la senadora María Fernanda Cabal porque nos quiere ‘clavar el mico’ de los segundos ocupantes en la restitución. Pretende legalizar que las segundas personas que se asentaron en predios de gente desplazada tenga el derecho a quedarse con la tierra, así se la haya robado a otra persona. O sea, si yo vuelvo a la casita o al predio que tenía antes de que me sacaran y hay alguien ocupándola ilegalmente, según Cabal, debe prevalecer la presunción de buena fe y no pueden quitársela. Eso no es más que legalizar el despojo de tierras. Entonces todos los segundos ocupantes quedan con tierras y el pobre campesino, dueño de su espacio, que se friegue. Eso es un mico, o mejor un orangután, que nos quieren clavar para legalizar este delito.
Si hubiera que hacer alguna reforma a la ley, ¿cuál plantearía usted?
La Ley 1448 se ha quedado corta, aunque hay que reconocer que es una buena ley, es excelente, aunque sea sólo en el papel porque no logró hacer incidencia en las víctimas. En este momento no sé qué le reformaría. Lo que veo es falta de voluntad para implementarla rápidamente y recursos. Ahora mismo no es momento de hacerle reformas. Y de hacer algún cambio, este cambio tendrá que hacerse de la mano con las víctimas y no desde un escritorio.
La ley también plantea una serie de beneficios de acceso a educación, salud y servicios esenciales para las víctimas en los territorios, ¿qué tanto de eso se ha hecho realidad?
Si quisiéramos hablar de los avances, tendríamos que hablar de la salud. Ahora hay más acceso. En educación se ha avanzado mucho en el tema territorial, pero hay un faltante en la educación superior que sigue siendo una utopía para nuestras comunidades campesinas, indígenas y negras. Hoy nos preocupan mucho los territorios donde se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Aunque se han implementado, la política de los PDET debe realizarse en consenso con la gente que habita en esos lugares. Las denuncias que hemos recibido en casi todos los departamentos donde hay estos programas es que están colgados en los planes de desarrollo porque no dejan que las víctimas propongan. No se sienten escuchadas. Obviamente, toda norma tiene su excepción y hay casos exitosos, pero no son la mayoría. Es triste porque a esta ley le tenemos esperanza y le hemos puesto, como se dice, “toda la carne en el asador”.
¿Y usted qué piensa de los mecanismos del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición para garantizar el acceso a la verdad a las víctimas?
Nosotros le apostamos todo al sistema y lo seguiremos haciendo, pero hay situaciones que ameritan que alcemos una voz de protesta. Por ejemplo, en que la JEP nos tiene desconcertados en su actuar. Nosotros creemos que los jefes paramilitares que extraditaron en su momento para que no hablaran deberían estar compareciendo en esta justicia. Además, si ellos quieren venir a Colombia y hablar, como el caso Mancuso o “Jorge 40”, es a nosotras las víctimas las que nos deberían preguntar si queremos saber la verdad, porque la verdad está por encima de la justicia. Pero no, aceptan a unos y a otros no, como si se estuvieran manejando intereses políticos. La verdad es lo único que nos va mitigar el dolor, más que la justicia. Yo quiero tener de frente a “Jorge 40” y que me diga por qué me sacaron de mi tierra y por qué mataron a mi familia, por qué me desplazaron.
(Vea también: Prórroga de la Ley de Víctimas pasa a último debate)
Como líder de la Mesa Nacional de Víctimas, ¿en qué han podido avanzar en los 11 meses que llevan?
La Mesa nació sin dientes. A nosotros nos colocaron en un escenario de participación, pero sin dientes. No tenemos presupuesto directo, nunca nos han asignado ningún recurso, no tenemos un plan de acción que nos permita hacer incidencia política o recorrer el país y estar con las víctimas permanentemente. Nos dijeron “vengan y participen pero no tienen presupuesto”. No podemos ejercer un plan a largo plazo sino que tenemos que trabajar con las uñas, buscar nuestras propias herramientas y recursos para estar en reuniones porque ni siquiera eso nos garantizan. No tenemos presupuesto. Muchos no tenemos dónde reunirnos, dónde sentarnos a conversar. Como no podemos recorrer el país como quisiéramos, nos hemos ‘curtido’ en la denuncia. En recibir denuncias de víctimas, de otras mesas y de exigirle al Gobierno la atención de las víctimas y el cumplimiento de la ley. Nosotros reconocemos lo que intenta hacer el representante Jhon Jairo Hoyos, pero lo cierto es que no estamos siendo escuchados ni incluidos en las propuestas y esto hace muy difícil nuestra labor.
¿Usted cree que 10 años más serán suficientes para cumplir con todo lo que la ley estipula?
Pueden ser suficientes si dan la plata. Si el Gobierno la garantiza y trabaja en lo que se debe trabajar. Desde 1997, en la Ley 387 de Desplazamiento, hemos dicho que las víctimas necesitan vivienda, generación de ingresos, empleo, educarse, retomar sus estudios y comenzar una carrera profesional. Esto no es viable a punta de asistencialismos.
En diálogo con El Espectador, el representante Jhon Jairo Hoyos aseguró no había mayores avances porque la Unidad de Víctimas se había dedicado a atender a las nuevas víctimas del conflicto después del acuerdo de paz, ¿usted qué piensa de eso?
Esas son excusas. Ellos no pueden decir que no cumplen con lo estipulado porque el conflicto no cesa. Todos sabíamos que el acuerdo de paz no iba acabar el conflicto armado. No podemos permitir que sigan con esas políticas asistencialistas que atienden problemas inmediatos y luego dejan a las víctimas en una situación crítica y caótica, que no solucionan nada de fondo.