Leyner Palacios es el nuevo comisionado de la Verdad
El líder, que perdió a 28 familiares en medio de la masacre de de Bojayá (2002), asumirá el cargo de María Ángela Salazar, quien murió el pasado 7 de agosto por Covid 19.
Leyner Palacios es el nuevo integrante del grupo de comisionados de la Verdad, creado después del acuerdo de paz, para construir el informe final sobre las causas del conflicto armado en Colombia. El líder social, que fue víctima de la masacre de Bojayá en 2002 y perdió a 28 familiares en la tragedia, asumirá el cargo de la excomisionada María Ángela Salazar, quien murió en Apartadó (Antioquia) el pasado 7 de agosto por complicaciones después de haber contraído Covid 19.
La decisión, que se tomó en consenso, se hizo a partir de un estudio riguroso de las hojas de vida de más de 60 candidatos que se presentaron al cargo. Los diez integrantes de la Comisión establecieron un procedimiento para escogerlo, como lo establece el Decreto 588 de 2017, que organiza la institución. Abrieron una convocatoria pública y establecieron unos criterios: imparcialidad y compromiso con la paz; idoneidad ética, conocimiento del conflicto armado y de la historia del país; trabajo en equipo, capacidad de escucha y análisis del contexto actual del país.
(Lea también: “El posconflicto no ha aterrizado”: Leyner Palacios)
Palacios cumplió con los requisitos. Ha sido un líder reconocido en la región de Chocó, desde donde le ha pedido al Estado garantizar los derechos de las poblaciones afro, palenquera y raizal, principalmente, aquellas que fueron víctimas del conflicto armado. Su voz ha sido catapultada por la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, en la que hasta hoy fue el secretario ejecutivo.
Su gran preocupación ha sido esclarecer la verdad de lo que ocurrió en la masacre de Bojayá, perpetrada por las extintas Farc hace y donde murieron 79 personas y resultaron heridas 100 más. “En mi caso perdimos a 28 familiares entre primos, sobrinos y parientes muy cercanos. Siempre he considerado la masacre de Bojayá como el día en que experimenté el infierno como es. Se disparaba plomo por todo lado y nos llovían balas desde el cielo”, relató Palacios.
Fue uno de los protagonistas en la entrega de los 72 cuerpos de la tragedia, casi 20 años después. Desde allí aseguró que aún faltan personas por encontrar y pidió al Estado no olvidar a su territorio que aún sigue a merced de los grupos armados.
“Vimos a los paramilitares picar personas a machetazos para lanzar sus despojos a las ciénagas envueltos en costales. Vimos a las guerrillas sembrar de minas y explosivos las trochas por donde salen los niños indígenas para las escuelas, las trochas por donde va el jaibaná a buscar las hierbas que alivian los males de su gente, las trochas que junto a los ríos son como las venas comunicantes del territorio, pero ya no podíamos andar ahí porque otros habían decretado toques de queda y límites que nosotros nunca pedimos. Fuimos prisioneros en nuestra propia tierra”, contó en una de las columnas que publicó en Colombia2020 de El Espectador.
Ha sido un defensor de la implementación del acuerdo de paz e, incluso, fue una de las víctimas que acompañó al expresidente Juan Manuel Santos en la entrega del Nobel de Paz. Por su trabajo ha sido amenazado en reiteradas ocasiones. El año pasado, desconocidos le habrían exigido abandonar el departamento en dos horas o de lo contrario atentarían contra su vida. “O se va o lo matamos”, fue la frase para amedrentarlo.
A pesar de esto, sus denuncias no han cesado y tampoco su lucha por la paz. A comienzos de este mes, Leyner Palacios fue uno de los promotores de un Pacto por la Vida y la Paz que suscribieron más de 140 organizaciones del suroccidente y el Pacífico del país. Ahí hizo un llamado para que el Gobierno impulse una salida negociada al conflicto con todos los grupos armados, empezando por el ELN para garantizar la vida y los derechos de los colombianos.
A los grupos armados les pidió el cese de la instalación de minas, del reclutamiento forzado, de las masacres y enfrentamientos que afectan a las comunidades. Y a la sociedad también le hizo un llamado para que avancemos en los procesos de reconciliación y no desaprovechemos la oportunidad de la paz.
(Puede interesarle: ¿Alguien quiere acordarse de Bojayá?)
Se espera que con su nombramiento no se dejen huérfanas las víctimas afros, quienes eran representadas por María Ángela Salazar. La excomisionada, durante el tiempo que estuvo en la entidad, procuró darles voces a estas comunidades. Tendrá poco tiempo, pero se espera que en el año restante de funcionamiento de la Comisión pueda completar el trabajo hasta ahora realizado.
Durante el proceso de selección como comisionado de la verdad recibió el apoyo de la Red de Lugares de Memoria de Colombia, el Centro Global para el Pluralismo organizaciones como Cococauca, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó y el Comité de Víctimas de Bojayá.
Finalmente, el nuevo comisionado ganó el premio internacional Global Pluralism Award en 2017, un reconocimiento a su labor con las víctimas y Bojayá, y ha sido nominado al Nobel de Paz. Actualmente, junto a la embajada de Suecia y Alemania estaba trabajando en un proyecto para documentar los daños ocasionado al territorio de la costa pacífica por el conflicto armado.
Leyner Palacios es el nuevo integrante del grupo de comisionados de la Verdad, creado después del acuerdo de paz, para construir el informe final sobre las causas del conflicto armado en Colombia. El líder social, que fue víctima de la masacre de Bojayá en 2002 y perdió a 28 familiares en la tragedia, asumirá el cargo de la excomisionada María Ángela Salazar, quien murió en Apartadó (Antioquia) el pasado 7 de agosto por complicaciones después de haber contraído Covid 19.
La decisión, que se tomó en consenso, se hizo a partir de un estudio riguroso de las hojas de vida de más de 60 candidatos que se presentaron al cargo. Los diez integrantes de la Comisión establecieron un procedimiento para escogerlo, como lo establece el Decreto 588 de 2017, que organiza la institución. Abrieron una convocatoria pública y establecieron unos criterios: imparcialidad y compromiso con la paz; idoneidad ética, conocimiento del conflicto armado y de la historia del país; trabajo en equipo, capacidad de escucha y análisis del contexto actual del país.
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Palacios cumplió con los requisitos. Ha sido un líder reconocido en la región de Chocó, desde donde le ha pedido al Estado garantizar los derechos de las poblaciones afro, palenquera y raizal, principalmente, aquellas que fueron víctimas del conflicto armado. Su voz ha sido catapultada por la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, en la que hasta hoy fue el secretario ejecutivo.
Su gran preocupación ha sido esclarecer la verdad de lo que ocurrió en la masacre de Bojayá, perpetrada por las extintas Farc hace y donde murieron 79 personas y resultaron heridas 100 más. “En mi caso perdimos a 28 familiares entre primos, sobrinos y parientes muy cercanos. Siempre he considerado la masacre de Bojayá como el día en que experimenté el infierno como es. Se disparaba plomo por todo lado y nos llovían balas desde el cielo”, relató Palacios.
Fue uno de los protagonistas en la entrega de los 72 cuerpos de la tragedia, casi 20 años después. Desde allí aseguró que aún faltan personas por encontrar y pidió al Estado no olvidar a su territorio que aún sigue a merced de los grupos armados.
“Vimos a los paramilitares picar personas a machetazos para lanzar sus despojos a las ciénagas envueltos en costales. Vimos a las guerrillas sembrar de minas y explosivos las trochas por donde salen los niños indígenas para las escuelas, las trochas por donde va el jaibaná a buscar las hierbas que alivian los males de su gente, las trochas que junto a los ríos son como las venas comunicantes del territorio, pero ya no podíamos andar ahí porque otros habían decretado toques de queda y límites que nosotros nunca pedimos. Fuimos prisioneros en nuestra propia tierra”, contó en una de las columnas que publicó en Colombia2020 de El Espectador.
Ha sido un defensor de la implementación del acuerdo de paz e, incluso, fue una de las víctimas que acompañó al expresidente Juan Manuel Santos en la entrega del Nobel de Paz. Por su trabajo ha sido amenazado en reiteradas ocasiones. El año pasado, desconocidos le habrían exigido abandonar el departamento en dos horas o de lo contrario atentarían contra su vida. “O se va o lo matamos”, fue la frase para amedrentarlo.
A pesar de esto, sus denuncias no han cesado y tampoco su lucha por la paz. A comienzos de este mes, Leyner Palacios fue uno de los promotores de un Pacto por la Vida y la Paz que suscribieron más de 140 organizaciones del suroccidente y el Pacífico del país. Ahí hizo un llamado para que el Gobierno impulse una salida negociada al conflicto con todos los grupos armados, empezando por el ELN para garantizar la vida y los derechos de los colombianos.
A los grupos armados les pidió el cese de la instalación de minas, del reclutamiento forzado, de las masacres y enfrentamientos que afectan a las comunidades. Y a la sociedad también le hizo un llamado para que avancemos en los procesos de reconciliación y no desaprovechemos la oportunidad de la paz.
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Se espera que con su nombramiento no se dejen huérfanas las víctimas afros, quienes eran representadas por María Ángela Salazar. La excomisionada, durante el tiempo que estuvo en la entidad, procuró darles voces a estas comunidades. Tendrá poco tiempo, pero se espera que en el año restante de funcionamiento de la Comisión pueda completar el trabajo hasta ahora realizado.
Durante el proceso de selección como comisionado de la verdad recibió el apoyo de la Red de Lugares de Memoria de Colombia, el Centro Global para el Pluralismo organizaciones como Cococauca, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó y el Comité de Víctimas de Bojayá.
Finalmente, el nuevo comisionado ganó el premio internacional Global Pluralism Award en 2017, un reconocimiento a su labor con las víctimas y Bojayá, y ha sido nominado al Nobel de Paz. Actualmente, junto a la embajada de Suecia y Alemania estaba trabajando en un proyecto para documentar los daños ocasionado al territorio de la costa pacífica por el conflicto armado.