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Después de recorrer la carretera que atraviesa el parque principal de Usme, empieza a quedar atrás la ciudad urbana. Los edificios, el bullicio y el concreto se pierden mientras van apareciendo montañas verdes y una que otra casa campesina. Ocho kilómetros más adelante, un letrero tan ancho como los dos carriles de la vía anuncia que llegamos a la localidad del Sumapaz, la más grande de Bogotá y la única rural: 780 kilómetros cuadrados que contienen al páramo más extenso del mundo.
Apenas 300 metros después de cruzar la valla de bienvenida, aparece la laguna de Chisacá, que a finales de junio recibió una estampida de 4.000 turistas atraídos por la nieve -que no caía hace 10 años-, y que pusieron en riesgo el ecosistema (cuya capacidad de carga soporta a unas 100 personas). Unos metros más adelante aparece el primer puesto de control del Ejército Nacional: un puñado de muchachos tiritando de frío, armados y vestidos de uniforme camuflado que, acompañados por una decena de perros, revisan los documentos de cualquiera que intente entrar al páramo y deciden si levantan o no la talanquera de ingreso.
Los militares son los únicos que hacen presencia en el Sumapaz. Desde hace años se marchó la Policía, y las organizaciones sociales asumieron la resolución de los conflictos que se producen en la localidad. Como dice la lideresa comunitaria Arnidia Runza Pinilla, “no vemos la necesidad de que llegue la Policía, que es un grupo armado, a donde estamos los civiles, porque acá las organizaciones arreglamos los problemas conciliando”. Arnidia tiene 50 años y desde hace tres meses asumió como presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Tunal Bajo, aunque llevaba 14 años desempeñando este rol en las sombras, pues en el papel la junta siempre había estado presidida por hombres.
Esa es otra de las batallas que nos hemos ganado las mujeres de Sumpaz, lo digo yo misma como coautora de este texto: pudimos abrirnos espacio en las organizaciones sociales que históricamente han estado dirigidas por hombres. Pero de eso hablaremos más adelante.
(En video: Sumapaz: la historia de las mujeres que se abrieron camino en el liderazgo social)
Volvamos a la carretera. Desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc, los militares del puesto de control solo anotan en un cuaderno los datos del conductor y del vehículo y preguntan para dónde van, pero antes la historia era otra. Lo recuerdo bien: un día del 2004, cuando tenía 16 años, iba de camino a la Bogotá urbana con mi mamá en el único bus que pasaba en el día. Cuando llegamos al retén, los soldados hicieron bajar a todos los pasajeros. Separaron en un lado a hombres y en otro a mujeres, nos hicieron abrir las maletas y requisaron todo. Nos pidieron nuestros documentos de identidad y se los llevaron. Cuando volvieron, le dijeron a un campesino de la vereda Lagunitas que se tenía que quedar con ellos. Esa situación, el empadronamiento, era el pan de cada día.
Para entonces, la presencia de la entonces guerrilla de las Farc en el territorio era frecuente. Sumapaz, pese a hacer parte de Bogotá, era una zona roja de conflicto y varios miembros de la Fuerza Pública señalaban con insistencia a los pobladores como auxiliadores de ese grupo insurgente. La estigmatización arrancó desde inicios de los años 90, cuando empezó la militarización para sacar a las Farc del territorio. Y se sentía a diario, desde esas retenciones arbitrarias hasta la imposibilidad de los sumapaceños de decir abierta y libremente que eran simpatizantes o pertenecientes al Partido Comunista, que ha tenido mucha fuerza en esta zona.
(Lea también: La incidencia de las guerrillas en civiles, organizaciones y partidos de izquierda)
En medio de esa disputa entre las Farc y el Ejército, en el ámbito de las organizaciones sociales las mujeres empezamos a reclamar y ganarnos más espacios. Primero, a finales de siglo, con los comités veredales de mujeres de Santo Domingo y San Juan, y más tarde, con la gran apuesta de formar un Consejo Local de Mujeres, que se materializó en el 2003, en el marco de una conmemoración del 8 de marzo.
Aunque yo aterricé en el Consejo siete años después, cuando apenas se fundó se escucharon varios cuestionamientos de parte de la organización agraria y comunal, no solo de los hombres, sino incluso de las mujeres que participaban. Decían que las mujeres nos habíamos amangualado con la alcaldesa local (Reinere Jaramillo Chaverra, en ese momento) para desconocer el trabajo de las demás organizaciones, y llegaron a murmurar que ese sería el fin de los hogares del Sumapaz, porque ahora las mujeres estábamos construyendo nuestro propio espacio.
Pero conformar un consejo de mujeres no era un capricho, sino una necesidad de incidir en las instituciones para conocer nuestros derechos y satisfacer deudas históricas que había con nosotras. Y el tiempo nos dio la razón: lo primero que logramos fue alcanzar presupuesto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (que pasaba desapercibido hasta entonces), y desde ahí, comenzamos a conocer varias reivindicaciones por las que nos hemos dado la pelea.
Empezamos a priorizar recursos para nuestra formación sobre políticas públicas, derechos, paz, entre otros; tanto, que los hombres decían que “parecíamos carros varados porque andábamos de taller en taller”.
“Es fundamental que los jóvenes asuman una participación activa en el liderazgo porque quienes ya llevamos años en esto llega un momento en que nos vamos quedando”
Nos ganamos un espacio en el periódico El Rural, en el que destacamos nuestras iniciativas y avances; organizamos encuentros de saberes a ciudades como Riohacha, donde pasamos del páramo más grande del mundo al mayor desierto del país y descubrimos las necesidades de otras poblaciones y el valor de mujeres de otras regiones para sobreponerse a un machismo mucho más arraigado; y también empezamos a trabajar para transformar los liderazgos y que las nuevas generaciones abanderen nuestras luchas para un territorio más justo, equitativo y libre de machismo.
Un ejemplo de cómo se han transmitido los liderazgos es la lideresa Esperanza Rubiano Benavídez, nieta de un dirigente agrario e hija de Placido Rubiano (un campesino que se convirtió en edil) y de Zelmira Benavídez, una mujer ambientalista que compuso el himno del Sumapaz. “Es fundamental que los jóvenes asuman una participación activa en el liderazgo porque quienes ya llevamos años en esto llega un momento en que nos vamos quedando”, dice Esperanza, quien hace pocas semanas se convirtió en la primera mujer en ser elegida como presidenta de la Asociación de Juntas (que aglomera a las JAC de las 28 veredas del Sumapaz).
Su elección fue una demostración de cómo las mujeres se han abierto camino en los cargos de poder del liderazgo social. “A la mujeres no nos elegían como presidentes anteriormente. Nos dejaban otros cargos, como el de secretaria, que para hacer las actas, por esa cultura machista que decía que los cargos directivos solo eran para hombres, pero les hemos demostrado que somos más que capaces de asumirlos”, cuenta Claribel Martínez Hilarion, quien ya fue presidenta de la JAC de su vereda y forma parte del Consejo Local de Mujeres.
Y aunque la llegada de ellas y otras mujeres a la dirigencia de las organizaciones muestra un avance, aún hay mucho terreno por recorrer en varios frentes. Uno de ellos son los roles impuestos a las mujeres, especialmente en la ruralidad, sobre los quehaceres del hogar y de la familia.
Liliana Melo Gutiérrez lo explica bien: “Si una mujer quiere participar en una reunión, tiene que concertar agendas con su compañero y sus hijos e hijas. Ser lideresa implica levantarnos más temprano, para ordeñar las vacas, dejar el almuerzo hecho, llevar a los niños al colegio, pero también acostarnos mucho más tarde (porque debemos atender un cúmulo de tareas después de llegar de los espacios de participación). Y además de eso está el tema de posicionar las propuestas de las mujeres y lograr respaldo”.
Las heridas de una guerra que no debe regresar
Si hay algo que ha sido transversal a la lucha que hemos abanderado las mujeres del Sumapaz por defender nuestro territorio y nuestros derechos es la paz. Y lo decimos con conocimiento de causa, porque ya vivimos la guerra y no queremos que se repita.
De hecho, en el 2010, cuando se estaba actualizando la Política Pública de Mujer y Equidad de Género en Bogotá, participamos en un encuentro distrital de mujeres rurales y allí exigimos incluir el derecho a la paz y el derecho al hábitat.
Para ese año todavía sufríamos las consecuencias del conflicto armado en nuestro territorio, pero como en la ciudad urbana solo se veía esa guerra por televisión, tuvimos la necesidad de recordar que el Sumapaz también formaba parte de Bogotá, y visibilizar lo que vivían acá los campesinos y campesinas en una zona militarizada y estigmatizada por la presencia de las Farc.
Unos meses antes de ese encuentro distrital, el 18 de octubre de 2009, atestiguamos un hecho que mostró la crueldad de ese conflicto y cómo se ensañó también con el liderazgo social. Miembros de las Farc llegaron hasta la reunión de Asojuntas en la vereda los Ríos del corregimiento de el Nazareth y asesinaron a Fanny Torres Ramírez, una de nuestras principales líderes, que de hecho era la única edilesa de la localidad en ese momento.
Ese día, Claribel se había encontrado con otras mujeres en su vereda, cuando recibió la llamada de una funcionaria que le avisó del asesinato. “Me fui con mi esposo en una moto y cuando llegamos, solo nos contaron que llegaron tres guerrilleros, preguntaron por los ediles y la alcaldesa y se llevaron a los que estaban. Pasaron unos 15 minutos cuando se escuchó un tiro. El cuerpo de Fanny quedó cerca al río, junto al del edil Fernando Morales, que había entrado a reemplazar a Guillermo Leal, a quien habían matado un año atrás”, recuerda Claribel.
El homicidio de los ediles, que fue condenado por el propio Gobierno Nacional, creó una herida en los habitantes del Sumapaz que todavía no se cierra. “A la mujeres nos marcó mucho el asesinato de nuestra edilesa Fanny, porque ella fue una mujer muy lider, que era muy solidaria y quiería que siempore las mujeres tuvieramos esas oportunidades, que conociéramos, y nos enseñó muchísimo”, cuenta Arnidia.
Pero ese no fue el único hecho que impactó a las mujeres, que hemos sostenido que la guerra nos dejó unas afectaciones diferenciadas. Nosotras vivimos conflicto de forma distintas: muchas mujeres asumieron la crianza de los hijos y tuvieron que responder por las fincas cuando sus compañeros fueron detenidos. Con la militarización hubo desplazamientos, miedo, y varias mujeres se tenían que ir al monte con sus hijos.
“El dinero de la construcción de esa base puede usarse para suplir necesidades más urgentes como un centro de salud de mayor nivel, más escuelas, vías e incluso fortalecer la justicia comunitaria”.
También se creó un temor profundo al reclutamiento, incluso a tener hijos hombres porque podrían terminar en las Farc. El dejar a los niños en el colegio en medio de esa zozobra, el miedo a las minas antipersonal, todas las pérdidas de hijos que se dieron… es una lista larga de duelos sin cerrar y una reparación que quedó en la nada.
La oposición a la llegada de la Policía
Todas esas cicatrices que nos dejó el conflicto, sumadas a la pacificación del Sumapaz después de la firma del acuerdo con las Farc, han hecho que las organizaciones sociales queramos mantener nuestro territorio libre de cualquier grupo armado.
Aunque en los últimos meses han sonado propuestas de traer una base de la Policía de Carabineros en la localidad, para nosotros no es necesaria. “Es muy difícil que desde un solo punto los agentes puedan garantizar seguridad en un territorio tan extenso, pero además, nos preocupan los efectos de que los niños vuelvan a crecer viendo personas armadas”, explica la lideresa Liliana Melo Gutiérrez, y agrega: “Acá no queremos que se destine más plata la guerra. El dinero de la construcción de esa base puede usarse para suplir necesidades más urgentes, como un centro de salud de mayor nivel, más escuelas, vías, e incluso fortalecer la justicia comunitaria”.
La presidenta de la JAC de Tunal Bajo, Arnidia Runza, asegura que en los 45 años que ha vivido en estas tierras nunca ha sido necesaria la presencia de la Policía: “Acá las mismas organizaciones nos encargamos de la convivencia y la resolución de conflictos. Si el caso escala, acudimos a las corregidurías. Todo eso se hace sin armas, pero cuando hay armas hay violencia, hay atropello”.
Una razón extra para oponerse a la presencia policial es el miedo de la población a que detrás haya una intención de fortalecer el turismo a gran escala, que no es del interés de las comunidades.
Eso sí, la mayoría de habitantes están de acuerdo con que se mantenga el puesto de control del Ejército, que como ya les conté, ahora funciona de forma completamente diferente a cuando estábamos en conflicto. “Por situaciones que se han presentado con gente de fuera, que viene a robar o hacer abigeato de ganado, ese puesto es una forma de controlar, pero el resto nosotros y nosotras podemos regularlo”, señala Esperanza Rubiano Benavidez, presidenta de Asojuntas.
*Yudy Villalba es presidenta del Consejo Local de Mujeres del Sumapaz
**Este texto hace parte de varios productos periodísticos construidos con lideresas sociales de Santander, Córdoba, Sucre y Cundinamarca en el marco del proyecto de International Media Support (IMS) “Implementando la Resolución 1325 a través de los medios”, en asocio con la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz y el apoyo de la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo.