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Al terminar su recorrido matutino en uno de los viveros que tienen en alianza con un proyecto para reforestar la Amazonía, a través de una llamada telefónica Jani Silva se enteró de que había sido nominada como candidata al premio Nobel de Paz, galardón que se entrega desde hace más de 100 años en Noruega.
“Recibí una llamada de una persona de Amnistía Internacional, me dijo que había sido nominada al premio Nobel de Paz. Yo en ese momento no dimensioné el valor de una nominación de esta clase. Me dijeron que había más de 300 nominados de más de 200 países. El hecho de ser nominada es un reconocimiento muy grande al proceso y trabajo que hemos venido haciendo”, manifestó Jani Silva en entrevista con Colombia +20.
Desde que Silva tenía 16 años comenzó su labor social en la región amazónica del Putumayo, donde cuatro años atrás había llegado con su familia desde Leticia. Trabajó en diferentes procesos comunitarios y campesinos que la llevaron a ser, desde hace 12 años, la presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA). La asociación ha desarrollado proyectos agrícolas y de reforestación con organizaciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Para la lideresa esta nominación no solo reconoce la labor social que ha realizado por más de 40 años sino también el papel de muchas mujeres campesinas que, como ella, han trabajado por sus comunidades y resistido a las violencias del territorio. “Me siento emocionada y miro esto como una oportunidad para nosotros como proceso pero también como una posibilidad de que se empiece a destacar el trabajo de las mujeres campesinas del Putumayo, porque aquí han habido procesos que han sido acallados por la violencia. Hay mujeres muy luchadoras que no han podido seguir con ese trabajo porque la violencia, las amenazas y la discriminación son fuertes”, expresó.
Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), desde la firma del Acuerdo de Paz han asesinado a 188 lideresas y defensoras de derechos humanos en el país, de las cuales, 10 eran de Putumayo. La mayoría de los casos corresponden a lideresas indígenas y campesinas.
La lucha por la tierra y la conservación ambiental
Desde finales de los años 90, Jani Silva se organizó con su comunidad y en el año 2000 lograron consolidar la Zona de Reserva Campesina de La Perla Amazónica, que agrupa a 24 veredas del municipio de Puerto Asís (Putumayo). Uno de sus objetivos era acceder a la tierra, entrar a un desarrollo rural equitativo pero la violencia no se hizo esperar.
A través de panfletos donde los declaraban como objetivo militar, los líderes y las lideresas que habían trabajado en el proceso abandonaron la lucha y la única que se mantuvo fue Silva. “Busqué la forma de estar protegida, de cuidarme para seguir, pero no fue fácil”, recordó.
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La lideresa también resaltó que la llegada de petroleras y la presencia de grupos armados ilegales cambiaron las dinámicas en el territorio, generando rupturas en el tejido social y organizativo. Esta situación generó que los procesos en la zona de reserva campesina se vieran pausados por 10 años, hasta el 2011 cuando se constituyeron legalmente y dieron vida a la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA).
A pesar de las amenazas y afectaciones a la salud que estos hechos provocaron en ella y sus familiares, Silva sigue adelante con el proyecto porque cree fielmente en que hay posibilidades de transformar el territorio y tener una vida digna en lo rural.
“Nosotros tenemos un territorio rico en diversidad, tenemos nuestros hijos y nietos, tenemos un futuro y fuera de eso tenemos un plan de desarrollo que fue construido entre todas las comunidades, es nuestra hoja de ruta. Lo que se busca es mejorar las condiciones de vida de los campesinos y campesinas, de las familias porque después de estar viviendo en lo rural, nos merecemos vivir en paz en nuestro territorio, tener esperanzas, anhelos y vivir una vida cómoda y con dignidad”, resaltó.
Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, ADISPA apoyó el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito en la región, a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Sin embargo, los incumplimientos del gobierno y la falta de alternativas económicas generó una fragmentación en la comunidad.
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La lideresa recordó cómo fue ese momento: “Las familias que firmaron el acuerdo de sustitución lo hicieron porque creían en nosotros como organización que estábamos al frente del PNIS desde la comunidad. Arrancamos nuestras matas pero el gobierno no cumplió y la gente nos comenzó a echar vainazos, a culparnos, eso fue muy feo porque eran los mismos compañeros y vecinos. No teníamos ni para una panela, ya habíamos arrancado todo pero la gente se desahogaba con nosotros echándonos la culpa de ese incumplimiento”.
Aunque el trabajo comunitario no ha sido fácil, con voz clara y contundente la lideresa manifestó que seguirá hasta donde aguante y que desde ya, está trabajando por fortalecer el liderazgo joven para que sean las futuras generaciones quienes asuman el proceso organizativo en la región.