Lo que dice la agenda con el Eln

Reiniciados los contactos Gobierno-Eln que apuntan a destrabar el proceso para dar paso a la fase pública de negociaciones, en la agenda propuesta cada cual lee lo que quiere leer, desde quien ve el camino a la paz hasta quien solo ve confusión y adjetivos inconexos. A pesar de las interpretaciones, podemos indicar ciertos elementos claros para la realización de “conversaciones directas e ininterrumpidas”.

Lee también: Eln y Gobierno, por una paz completa

La agenda tiene dos partes: los ejes del debate y unas consideraciones sobre la fase pública. Su naturaleza es de una cadena de fases interconectadas, por ejemplo, el punto tres depende de lo que se avance en el punto dos.

Participación de la sociedad

La agenda puede reducirse a una sola palabra: participación, lo que traduce en inclusión política. De hecho, el Eln apunta a un gran “ensayo general para la democracia” antes que a una discusión de puntos específicos. Esto tiene ventajas y desventajas: desventajas porque todo podría ser discutido y es necesario acotar temas y tiempos; ventajas porque fuerza a implementar, de facto, la noción constitucional de “democracia participativa”. Esto no puede ser una ceremonia vacía, sino acciones hacia “la construcción de ciudadanía”.

El Gobierno desearía unos foros como los organizados para el proceso en La Habana y el Eln quisiera una convención nacional, pero lo cierto es que sería un modelo de participación en la brecha entre las dos propuestas, sin que se tenga hoy precisión de qué será. Urge tener una metodología de participación, lo que obliga a “desideologizar” el debate de la paz hacia una demanda de propuestas concretas. Más allá de la mesa, se buscan unas garantías duraderas y reales para el ejercicio de la acción política.

Lee también: "Le faltó pueblo al Acuerdo de La Habana" 

Implementación

Esta nueva mesa se preocuparía por las dudas de la implementación de otros procesos. Por eso, de manera explícita, la agenda incluye un punto de implementación. El éxito del proceso no está centrado en la firma, sino en lo que pasa después. El Eln dijo que no se firmará nada que no se pueda cumplir y que lo firmado debe ser implementado. Podríamos, dentro de la buena fe, asumir el mismo punto de partida para el Gobierno.

La agenda apunta a contar con mecanismos de control, seguimiento y verificación, una especie de veeduría específica para el proceso y que estaría compuesta por las partes de la mesa, la comunidad internacional y la sociedad colombiana, en el marco de un “Plan General de Ejecución”.

Fin del conflicto armado

La participación es la cuota en la que el Gobierno cede (y lo que teme), pero el Eln también puso lo suyo: aceptar la posibilidad del fin del conflicto armado. Este compromiso público adquirido (no necesariamente irreversible) es muy significativo. Para el Gobierno, el afán es acabar la guerra; para el Eln, empezar la construcción de paz. El reto está en compaginar esas dos intenciones pero subrayando la necesidad de contar con seguridad para la paz y la dejación del uso de las armas. Hay en contravía un elemento que pesa en el texto y en la realidad: el paramilitarismo.

Esas garantías incluyen decisiones jurídicas, acciones humanitarias, cese bilateral y medidas de seguridad. Estos puntos, sin embargo, podrían no estar atados a la linealidad de la agenda propuesta y podrían ser adelantados, si las partes así lo deciden.

Complementariedad con La Habana

La voluntad de la mesa, explícita, es establecer mecanismos que vayan en concordancia con lo logrado en el proceso de paz con las Farc de La Habana. La idea inicial es identificar puntos en los que pueda existir coordinación y sincronía. Es claro que temas como víctimas y justicia transicional no podrían tener dos alcances de diferente nivel.

Hay dos frases que resumen dicha conexidad: la búsqueda de un “nuevo consenso político”, lo que presupone “cambiar la forma de hacer política en Colombia”. La fusión de los procesos no es solo de temas, sino de ritmos de implementación.

Los riesgos

Ojalá el Gobierno entienda que una tregua multilateral protege el proceso de La Habana y fortalece el proceso con el Eln. Ojalá la sociedad organizada entienda que la necesidad de contar con mecanismos de participación es inmediata y que no puede reemplazarse con la enumeración de las causas de la guerra y de sus perversas consecuencias.

Pero los riesgos del proceso con el Eln son muchos: a) el problema de los recursos para la implementación, que también faltan en el caso de las Farc; b) la persistencia paramilitar, con unos tentáculos que crecen y se consolidan en, por lo menos, 338 municipios; c) el desgaste del tiempo, tanto del político como del que da la legitimidad del proceso; d) la falta de una estrategia de comunicación de la mesa para la sociedad aceptando que esta “requiere información objetiva y equilibrada” y, e) especialmente, la falta de audacia política de los equipos negociadores.

Existen cosas ya dichas: renunciar a la linealidad de la agenda al comenzar al tiempo con el punto 1-A (de participación política) y el 5-F (de asuntos humanitarios). Es posible que se logren acuerdos parciales y procesos regionales, pero para que todo esto sea posible se requiere cuanto antes la instalación formal de la mesa.

Lee también: Los riesgos de no negociar con el Eln

Reiniciados los contactos Gobierno-Eln que apuntan a destrabar el proceso para dar paso a la fase pública de negociaciones, en la agenda propuesta cada cual lee lo que quiere leer, desde quien ve el camino a la paz hasta quien solo ve confusión y adjetivos inconexos. A pesar de las interpretaciones, podemos indicar ciertos elementos claros para la realización de “conversaciones directas e ininterrumpidas”.

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La agenda tiene dos partes: los ejes del debate y unas consideraciones sobre la fase pública. Su naturaleza es de una cadena de fases interconectadas, por ejemplo, el punto tres depende de lo que se avance en el punto dos.

Participación de la sociedad

La agenda puede reducirse a una sola palabra: participación, lo que traduce en inclusión política. De hecho, el Eln apunta a un gran “ensayo general para la democracia” antes que a una discusión de puntos específicos. Esto tiene ventajas y desventajas: desventajas porque todo podría ser discutido y es necesario acotar temas y tiempos; ventajas porque fuerza a implementar, de facto, la noción constitucional de “democracia participativa”. Esto no puede ser una ceremonia vacía, sino acciones hacia “la construcción de ciudadanía”.

El Gobierno desearía unos foros como los organizados para el proceso en La Habana y el Eln quisiera una convención nacional, pero lo cierto es que sería un modelo de participación en la brecha entre las dos propuestas, sin que se tenga hoy precisión de qué será. Urge tener una metodología de participación, lo que obliga a “desideologizar” el debate de la paz hacia una demanda de propuestas concretas. Más allá de la mesa, se buscan unas garantías duraderas y reales para el ejercicio de la acción política.

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Implementación

Esta nueva mesa se preocuparía por las dudas de la implementación de otros procesos. Por eso, de manera explícita, la agenda incluye un punto de implementación. El éxito del proceso no está centrado en la firma, sino en lo que pasa después. El Eln dijo que no se firmará nada que no se pueda cumplir y que lo firmado debe ser implementado. Podríamos, dentro de la buena fe, asumir el mismo punto de partida para el Gobierno.

La agenda apunta a contar con mecanismos de control, seguimiento y verificación, una especie de veeduría específica para el proceso y que estaría compuesta por las partes de la mesa, la comunidad internacional y la sociedad colombiana, en el marco de un “Plan General de Ejecución”.

Fin del conflicto armado

La participación es la cuota en la que el Gobierno cede (y lo que teme), pero el Eln también puso lo suyo: aceptar la posibilidad del fin del conflicto armado. Este compromiso público adquirido (no necesariamente irreversible) es muy significativo. Para el Gobierno, el afán es acabar la guerra; para el Eln, empezar la construcción de paz. El reto está en compaginar esas dos intenciones pero subrayando la necesidad de contar con seguridad para la paz y la dejación del uso de las armas. Hay en contravía un elemento que pesa en el texto y en la realidad: el paramilitarismo.

Esas garantías incluyen decisiones jurídicas, acciones humanitarias, cese bilateral y medidas de seguridad. Estos puntos, sin embargo, podrían no estar atados a la linealidad de la agenda propuesta y podrían ser adelantados, si las partes así lo deciden.

Complementariedad con La Habana

La voluntad de la mesa, explícita, es establecer mecanismos que vayan en concordancia con lo logrado en el proceso de paz con las Farc de La Habana. La idea inicial es identificar puntos en los que pueda existir coordinación y sincronía. Es claro que temas como víctimas y justicia transicional no podrían tener dos alcances de diferente nivel.

Hay dos frases que resumen dicha conexidad: la búsqueda de un “nuevo consenso político”, lo que presupone “cambiar la forma de hacer política en Colombia”. La fusión de los procesos no es solo de temas, sino de ritmos de implementación.

Los riesgos

Ojalá el Gobierno entienda que una tregua multilateral protege el proceso de La Habana y fortalece el proceso con el Eln. Ojalá la sociedad organizada entienda que la necesidad de contar con mecanismos de participación es inmediata y que no puede reemplazarse con la enumeración de las causas de la guerra y de sus perversas consecuencias.

Pero los riesgos del proceso con el Eln son muchos: a) el problema de los recursos para la implementación, que también faltan en el caso de las Farc; b) la persistencia paramilitar, con unos tentáculos que crecen y se consolidan en, por lo menos, 338 municipios; c) el desgaste del tiempo, tanto del político como del que da la legitimidad del proceso; d) la falta de una estrategia de comunicación de la mesa para la sociedad aceptando que esta “requiere información objetiva y equilibrada” y, e) especialmente, la falta de audacia política de los equipos negociadores.

Existen cosas ya dichas: renunciar a la linealidad de la agenda al comenzar al tiempo con el punto 1-A (de participación política) y el 5-F (de asuntos humanitarios). Es posible que se logren acuerdos parciales y procesos regionales, pero para que todo esto sea posible se requiere cuanto antes la instalación formal de la mesa.

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