Lo que no dijo el presidente Duque en su discurso sobre el Acuerdo de Paz

Aunque la agenda del presidente Iván Duque ha estado centrada en otras políticas, no precisamente el Acuerdo de Paz con las Farc, en su discurso del pasado 20 de julio, durante la instalación de la segunda legislatura del Congreso, mencionó cuatro temas que están contenidos en el documento de 310 páginas suscrito un año y medio antes del inicio de este Gobierno, entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc. Aunque no mencionó textualmente el Acuerdo de La Habana, introdujo el tema refiriéndose a “nuestra política de paz con legalidad”.

En ese sentido, inició mencionando que este Gobierno ya tiene en marcha los 16 PDETS (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial), “que abarcan a los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, sentando las bases de lo que se deberá hacer en los próximos 10 o 15 años”, dijo el presidente Duque en su discurso. Sin embargo, si bien se ha avanzado en la construcción de los documentos, las comunidades de dichos municipios han cuestionado la falta de participación decisiva en el diseño de dichos planes y su lenta implementación que, por lo pronto, se limita a obras pequeñas y promesas de pasados gobiernos.

Su consejero para la Estabilización, Emilio Archila, así ha expuesto dicha gestión: “Hemos entregado 880 obras de pequeña y mediana envergadura, focalizamos los recursos de OCAD Paz y Obras por impuestos, donde hay comprometidos $3 billones, y en el marcador presupuestal del Gobierno tenemos más de $2,5 billones”.

(También lea: Participación de las comunidades, el reto para implementar los PDET)

Seguido a la mención de los PDETS, el presidente Duque dijo que “en los menos de 2 años de nuestro gobierno, incorporamos más de 770 mil hectáreas en el Banco de Tierras, triplicando los indicadores heredados, y hemos contribuido como ningún otro gobierno en el apoyo a las víctimas de la violencia”. En este apartado también hay que hacer una pausa, pues el fondo de tierras referido es el nervio principal de la Reforma Rural Integral, primer punto del acuerdo de paz, cuyo avance es nulo hasta la fecha. Así las cosas, lo que se puede decir de esta cifra es que efectivamente en este Gobierno se han ingresado ese número de hectáreas al fondo de tierras que tiene una meta de 3 millones de hectáreas, aunque hasta el momento haya solo un millón de ellas y no se haya entregado ni una hectárea a los campesinos afectados por el conflicto armado.

¿De dónde provienen esas tierras? Según la Agencia Nacional de Tierras (ANT), 678.000 hectáreas corresponden a baldíos de la Nación; 68.000 a baldíos reservados y las 226.000, que ingresaron en el Gobierno anterior, corresponden a inmuebles transferidos del Fondo Nacional Agrario. Y de estas cifras se desprende la critica más importante que han hecho, incluso, organizaciones no gubernamentales internacionales desde el anterior Gobierno: que no se haya entregado ni una hectárea y que avance a paso lento el proceso de recuperar los baldíos que fueron acumulados por terratenientes a través de argucias jurídicas.

Adicional al fondo de tierras, el presidente Duque también pegó a su discurso la entrega de títulos de propiedad, aunque estos no tienen nada que ver ni con el Acuerdo de Paz ni con el fondo de tierras que mencionamos anteriormente. “El pasado 30 de agosto entregamos más de mil títulos de propiedad, en el municipio de Ovejas, Sucre. La más grande realizada en la historia de nuestro país, gracias a la implementación del Catastro Multipropósito”, dijo el presidente, aunque no quedó tan claro que esto obedecía a la legalización de los predios en diferentes regiones del país y no a la entrega de nuevas tierras.

El presidente Duque también habló de una cifra que desde hace varios años el país está registrando a la baja: la tasa de homicidios. “Hemos reducido la tasa de homicidios a una de las menores en más de 40 años”, expresó. Esta apreciación si bien es cierta, también es importante aclarar que la misma viene bajando desde, incluso, antes de la firma del acuerdo de paz. Así, por ejemplo, en 2015 (un año antes de la firma) se registraron 26 homicidios por cada cien mil habitantes; en 2016 fueron 25; en 2017 la cifra llegó a 24; en 2018 a 25 y en 2019 se mantuvo en 25.

(También lea: Así va el Acuerdo de Paz: la deuda con la Reforma Rural Integral)

Igualmente, sucede con las cifras de secuestro. De acuerdo con el discurso del primer mandatario, “hemos alcanzado la menor tasa de secuestros en décadas”. La frase también es cierta, pero con un poco de contexto tampoco se puede atribuir a una política específica de este Gobierno que completará dos años en la Casa de Nariño. Según el Ministerio de Defensa, las estadísticas muestran que desde 2015, cuando ya se desarrollaban los diálogos de paz en La Habana, este flagelo empezó a reducirse considerablemente con 213 casos; posteriormente, en 2016 fueron 207; en 2017 la cifra llegó a 195; en 2018 a 170; y en 2019 la cifra de secuestros alcanzó los 88 casos.

Por otro lado, dijo que “este es el segundo año consecutivo en que logramos que los cultivos ilícitos continúen disminuyendo, alcanzando la mayor reducción en casi 7 años”. Esta afirmación, es cierta, pues según el informe de la Oficina de las Nacional Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el área sembrada de cultivos ilícitos pasó de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 hectáreas en 2019, un 9% de reducción. No obstante, teniendo en cuenta que la política gubernamental está más inclinada a erradicar forzadamente la mata de coca, este informe también detalla que persiste la elaboración de cocaína en el país, ya que en 2019 el potencial de producción de cocaína pura se estimó en 1.137 toneladas métricas (tm), es decir, un aumento de 1,5% frente al 2018.

Finalmente, mencionó en su discurso de instalación de la nueva legislatura del Congreso de la República, que año a año se ha reducido la tasa de homicidios de líderes sociales. “Comparado con el periodo 2016-2018-, llevamos una reducción del 25% en lo que va corrido de nuestro gobierno”, apuntó. Sin embargo, esta información ya la había dado el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, pero en diciembre pasado cuando expresó: “Del total de los casos de homicidios contra defensores de Derechos Humanos ocurridos entre el 1º de enero y el 17 de diciembre de 2019, cuando se registraron 84 casos, se evidencia una disminución aproximada del 25% de los casos, con relación al periodo comprendido entre el 1º de enero y el 17 de diciembre de 2018, cuando se presentaron 112 casos”. Lo que evidencia una impresión al menos al incluir el año 2016 y también que la cifra está desactualizada al no incluir los homicidios cometidos durante el 2020, especialmente, los que se han cometido en medio de la cuarentena nacional por la pandemia.

Frente a esta discusión, la organización no gubernamental Somos Defensores prepara su informe semestral y desde ya anuncia que las cifras del primer semestre del 2020 son alarmantes frente a las constantes agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en los territorios. Según sus estadísticas, durante los cuatro años de gobierno de Juan Manuel Santos, que terminó el 6 de agosto de 2018, se registraron 283 asesinatos. Mientras tanto, a junio de 2020, ad portas de cumplirse dos años del gobierno de Iván Duque, esta organización estima que han asesinado a 264 líderes sociales, incluyendo 35 casos de abril a junio de este año que aún están en proceso de verificación en terreno por parte de esta organización que lleva más de una década registrando este fenómeno en el país.

(También lea: Entre enero y marzo de 2020, 47 líderes sociales fueron asesinados: Somos Defensores)

Aunque la agenda del presidente Iván Duque ha estado centrada en otras políticas, no precisamente el Acuerdo de Paz con las Farc, en su discurso del pasado 20 de julio, durante la instalación de la segunda legislatura del Congreso, mencionó cuatro temas que están contenidos en el documento de 310 páginas suscrito un año y medio antes del inicio de este Gobierno, entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc. Aunque no mencionó textualmente el Acuerdo de La Habana, introdujo el tema refiriéndose a “nuestra política de paz con legalidad”.

En ese sentido, inició mencionando que este Gobierno ya tiene en marcha los 16 PDETS (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial), “que abarcan a los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, sentando las bases de lo que se deberá hacer en los próximos 10 o 15 años”, dijo el presidente Duque en su discurso. Sin embargo, si bien se ha avanzado en la construcción de los documentos, las comunidades de dichos municipios han cuestionado la falta de participación decisiva en el diseño de dichos planes y su lenta implementación que, por lo pronto, se limita a obras pequeñas y promesas de pasados gobiernos.

Su consejero para la Estabilización, Emilio Archila, así ha expuesto dicha gestión: “Hemos entregado 880 obras de pequeña y mediana envergadura, focalizamos los recursos de OCAD Paz y Obras por impuestos, donde hay comprometidos $3 billones, y en el marcador presupuestal del Gobierno tenemos más de $2,5 billones”.

(También lea: Participación de las comunidades, el reto para implementar los PDET)

Seguido a la mención de los PDETS, el presidente Duque dijo que “en los menos de 2 años de nuestro gobierno, incorporamos más de 770 mil hectáreas en el Banco de Tierras, triplicando los indicadores heredados, y hemos contribuido como ningún otro gobierno en el apoyo a las víctimas de la violencia”. En este apartado también hay que hacer una pausa, pues el fondo de tierras referido es el nervio principal de la Reforma Rural Integral, primer punto del acuerdo de paz, cuyo avance es nulo hasta la fecha. Así las cosas, lo que se puede decir de esta cifra es que efectivamente en este Gobierno se han ingresado ese número de hectáreas al fondo de tierras que tiene una meta de 3 millones de hectáreas, aunque hasta el momento haya solo un millón de ellas y no se haya entregado ni una hectárea a los campesinos afectados por el conflicto armado.

¿De dónde provienen esas tierras? Según la Agencia Nacional de Tierras (ANT), 678.000 hectáreas corresponden a baldíos de la Nación; 68.000 a baldíos reservados y las 226.000, que ingresaron en el Gobierno anterior, corresponden a inmuebles transferidos del Fondo Nacional Agrario. Y de estas cifras se desprende la critica más importante que han hecho, incluso, organizaciones no gubernamentales internacionales desde el anterior Gobierno: que no se haya entregado ni una hectárea y que avance a paso lento el proceso de recuperar los baldíos que fueron acumulados por terratenientes a través de argucias jurídicas.

Adicional al fondo de tierras, el presidente Duque también pegó a su discurso la entrega de títulos de propiedad, aunque estos no tienen nada que ver ni con el Acuerdo de Paz ni con el fondo de tierras que mencionamos anteriormente. “El pasado 30 de agosto entregamos más de mil títulos de propiedad, en el municipio de Ovejas, Sucre. La más grande realizada en la historia de nuestro país, gracias a la implementación del Catastro Multipropósito”, dijo el presidente, aunque no quedó tan claro que esto obedecía a la legalización de los predios en diferentes regiones del país y no a la entrega de nuevas tierras.

El presidente Duque también habló de una cifra que desde hace varios años el país está registrando a la baja: la tasa de homicidios. “Hemos reducido la tasa de homicidios a una de las menores en más de 40 años”, expresó. Esta apreciación si bien es cierta, también es importante aclarar que la misma viene bajando desde, incluso, antes de la firma del acuerdo de paz. Así, por ejemplo, en 2015 (un año antes de la firma) se registraron 26 homicidios por cada cien mil habitantes; en 2016 fueron 25; en 2017 la cifra llegó a 24; en 2018 a 25 y en 2019 se mantuvo en 25.

(También lea: Así va el Acuerdo de Paz: la deuda con la Reforma Rural Integral)

Igualmente, sucede con las cifras de secuestro. De acuerdo con el discurso del primer mandatario, “hemos alcanzado la menor tasa de secuestros en décadas”. La frase también es cierta, pero con un poco de contexto tampoco se puede atribuir a una política específica de este Gobierno que completará dos años en la Casa de Nariño. Según el Ministerio de Defensa, las estadísticas muestran que desde 2015, cuando ya se desarrollaban los diálogos de paz en La Habana, este flagelo empezó a reducirse considerablemente con 213 casos; posteriormente, en 2016 fueron 207; en 2017 la cifra llegó a 195; en 2018 a 170; y en 2019 la cifra de secuestros alcanzó los 88 casos.

Por otro lado, dijo que “este es el segundo año consecutivo en que logramos que los cultivos ilícitos continúen disminuyendo, alcanzando la mayor reducción en casi 7 años”. Esta afirmación, es cierta, pues según el informe de la Oficina de las Nacional Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el área sembrada de cultivos ilícitos pasó de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 hectáreas en 2019, un 9% de reducción. No obstante, teniendo en cuenta que la política gubernamental está más inclinada a erradicar forzadamente la mata de coca, este informe también detalla que persiste la elaboración de cocaína en el país, ya que en 2019 el potencial de producción de cocaína pura se estimó en 1.137 toneladas métricas (tm), es decir, un aumento de 1,5% frente al 2018.

Finalmente, mencionó en su discurso de instalación de la nueva legislatura del Congreso de la República, que año a año se ha reducido la tasa de homicidios de líderes sociales. “Comparado con el periodo 2016-2018-, llevamos una reducción del 25% en lo que va corrido de nuestro gobierno”, apuntó. Sin embargo, esta información ya la había dado el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, pero en diciembre pasado cuando expresó: “Del total de los casos de homicidios contra defensores de Derechos Humanos ocurridos entre el 1º de enero y el 17 de diciembre de 2019, cuando se registraron 84 casos, se evidencia una disminución aproximada del 25% de los casos, con relación al periodo comprendido entre el 1º de enero y el 17 de diciembre de 2018, cuando se presentaron 112 casos”. Lo que evidencia una impresión al menos al incluir el año 2016 y también que la cifra está desactualizada al no incluir los homicidios cometidos durante el 2020, especialmente, los que se han cometido en medio de la cuarentena nacional por la pandemia.

Frente a esta discusión, la organización no gubernamental Somos Defensores prepara su informe semestral y desde ya anuncia que las cifras del primer semestre del 2020 son alarmantes frente a las constantes agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en los territorios. Según sus estadísticas, durante los cuatro años de gobierno de Juan Manuel Santos, que terminó el 6 de agosto de 2018, se registraron 283 asesinatos. Mientras tanto, a junio de 2020, ad portas de cumplirse dos años del gobierno de Iván Duque, esta organización estima que han asesinado a 264 líderes sociales, incluyendo 35 casos de abril a junio de este año que aún están en proceso de verificación en terreno por parte de esta organización que lleva más de una década registrando este fenómeno en el país.

(También lea: Entre enero y marzo de 2020, 47 líderes sociales fueron asesinados: Somos Defensores)