Los 18 municipios que tienen el reto de concentrar a las Farc y reparar a las comunidades

Colombia no sólo asumió el enorme reto de reparar a sus víctimas durante el conflicto, también ideó un sistema para restablecerles a más de 300 organizaciones y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas los derechos colectivos que perdieron por la violencia. Este sistema de reparaciones colectivas es inédito en el mundo.

Las víctimas, además de recibir una indemnización por los daños personales, pueden pedir apoyo para desarrollar proyectos que renueven sus organizaciones sociales y políticas, impulsen programas productivos, fortalezcan su cultura y restablezcan el tejido social. El documento que agrupa las iniciativas para reparar a una comunidad se llama Plan Integral de Reparación Colectiva.

Crear uno de estos planes es de por sí un reto grande, ya que la comunidad debe ponerse de acuerdo en los proyectos que desarrollará. Además, funcionarios y líderes deben unirse para aterrizar la teoría jurídica a la realidad de los territorios. En esta fase, uno de los problemas que más aquejan a las víctimas es la falta de recursos.

“Desde el principio del proceso tuvimos muchas limitaciones de presupuesto para hacer los talleres y crear el plan de reparación. Ahora que el proyecto ya está aprobado, la falta de dinero se hizo más visible”, explica Blanca Valencia, representante legal de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de Colombia (Anmucic), organización cuyo plan de reparación colectiva fue aprobado recientemente.

Construir el plan es apenas el comienzo. Las organizaciones territoriales y entidades del Gobierno Nacional, coordinadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (Uariv), son las responsables de desembolsar los recursos para los proyectos que estén contemplados en el plan. Alan Jara, director de esta unidad, explica que un plan de reparación además puede incluir componentes educativos y de mejoramiento de ingresos, entonces requiere “una acción coordinada y articulada entre los distintos niveles de gobierno. Eso no es simple”.

Lograr que los gobiernos locales se comprometan con las iniciativas es una tarea difícil, especialmente cuando se está lidiando con otros proyectos transcendentales, como una zona de concentración o un campamento de las Farc. Colombia 2020 cruzó bases de datos para encontrar los municipios que deben desarrollar planes de reparación colectiva mientras tienen en sus territorios zonas de concentración de las Farc.

Colombia no sólo asumió el enorme reto de reparar a sus víctimas durante el conflicto, también ideó un sistema para restablecerles a más de 300 organizaciones y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas los derechos colectivos que perdieron por la violencia. Este sistema de reparaciones colectivas es inédito en el mundo.

Las víctimas, además de recibir una indemnización por los daños personales, pueden pedir apoyo para desarrollar proyectos que renueven sus organizaciones sociales y políticas, impulsen programas productivos, fortalezcan su cultura y restablezcan el tejido social. El documento que agrupa las iniciativas para reparar a una comunidad se llama Plan Integral de Reparación Colectiva.

Crear uno de estos planes es de por sí un reto grande, ya que la comunidad debe ponerse de acuerdo en los proyectos que desarrollará. Además, funcionarios y líderes deben unirse para aterrizar la teoría jurídica a la realidad de los territorios. En esta fase, uno de los problemas que más aquejan a las víctimas es la falta de recursos.

“Desde el principio del proceso tuvimos muchas limitaciones de presupuesto para hacer los talleres y crear el plan de reparación. Ahora que el proyecto ya está aprobado, la falta de dinero se hizo más visible”, explica Blanca Valencia, representante legal de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de Colombia (Anmucic), organización cuyo plan de reparación colectiva fue aprobado recientemente.

Construir el plan es apenas el comienzo. Las organizaciones territoriales y entidades del Gobierno Nacional, coordinadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (Uariv), son las responsables de desembolsar los recursos para los proyectos que estén contemplados en el plan. Alan Jara, director de esta unidad, explica que un plan de reparación además puede incluir componentes educativos y de mejoramiento de ingresos, entonces requiere “una acción coordinada y articulada entre los distintos niveles de gobierno. Eso no es simple”.

Lograr que los gobiernos locales se comprometan con las iniciativas es una tarea difícil, especialmente cuando se está lidiando con otros proyectos transcendentales, como una zona de concentración o un campamento de las Farc. Colombia 2020 cruzó bases de datos para encontrar los municipios que deben desarrollar planes de reparación colectiva mientras tienen en sus territorios zonas de concentración de las Farc.