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El primer viaje que Juliette de Rivero pudo hacer tras su llegada a Colombia, en 2020, fue a Villeta, Cundinamarca. El país enfrentaba su mayor emergencia sanitaria, la pandemia por covid-19, y luego de varias semanas de confinamiento, atendiendo a reuniones virtuales, se desplazó hasta ese municipio para conocer a Francisco Vera, el niño activista del medioambiente que fue amenazado a los 11 años.
Hoy, tras cuatro años y medio como representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dice que ese encuentro marcó su paso por el país: “Conocí la fortaleza del activismo colombiano a través de un niño y de su visión de Colombia y del mundo”.
De Rivero cierra su periodo en el país luego de cientos de misiones en terreno siguiendo de cerca la situación humanitaria en las regiones más afectadas por el conflicto y el abandono estatal. Fueron 52 meses perdiendo el aliento ante los relatos de una sociedad que aún lucha por salir del laberinto de la guerra y sus cicatrices, sorprendiéndose de “la fortaleza de las mujeres buscadoras de las personas desaparecidas”, de las cantoras de las comunidades afrodescendientes que buscan su fortaleza y solidaridad.
“Me llevo esos cantos en mi mente y recuerdos, estos cantos representan el viaje terrible de la esclavitud, desde África hacia Latinoamérica, y la resiliencia porque sobrevivieron su sabiduría, sus ritmos, sus tambores, sus cantos y hoy día esos cantos fortalecen a las mujeres en sus luchas, luchas muy solas, que estamos acompañando, y este es uno de mis mejores recuerdos”, dice desde Ginebra, Suiza, a donde llegó tras finalizar sus tareas en Colombia.
En esta entrevista con El Espectador, habla sobre los giros que ha dado Colombia en materia de derechos humanos (el tema en el que ha enfocado su carrera desde hace casi 30 años), y se refiere a la apuesta de paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro que, reconoce, le genera preocupación.
Usted llegó a Colombia en un momento clave para la situación de derechos humanos, por el contexto de protestas y también por la implementación del Acuerdo de Paz. ¿Cuál es su balance sobre los avances y retrocesos en las garantías de DD. HH. en el país en estos cuatro años?
Se ha avanzado mucho en la gestión de la protesta según los estándares de derechos humanos. Estamos viendo que la Policía está gestionando mejor la protesta y las nuevas normas que han adoptado sobre el uso de la fuerza son importantes para proteger los derechos humanos. También hemos visto un avance en la investigación de casos de uso excesivo de la fuerza en el marco de la protesta y eso es importante. Sin embargo, hemos visto un deterioro de la situación en los territorios, justamente porque no se implementó el Acuerdo de Paz a tiempo, y porque no llegaron las instituciones del Estado a los lugares en los cuales se habían desmovilizado las FARC y esto ha generado una situación grave en cuanto a los derechos humanos en los territorios.
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Varios sectores han señalado que las vulneraciones a los derechos humanos están atadas a la baja implementación del Acuerdo, especialmente durante el Gobierno Duque. ¿Cree que ha habido algún cambio desde la llegada de Petro al poder?
El anterior Gobierno fue electo sobre una plataforma contraria al Acuerdo de Paz, habían respaldado el No (en el plebiscito) y esto afectó el nivel de implementación del Acuerdo, aunque se pudo avanzar con los mecanismos de justicia transicional. Con la llegada del actual Gobierno hemos visto un énfasis importante en la implementación de la reforma rural integral, y saludamos esos esfuerzos para fortalecer la adquisición de tierras y los derechos en torno a la tierra.
Sin embargo, hay retraso en la implementación del programa de sustitución de cultivos. Creo que uno de los logros más importantes de este Gobierno ha sido la adopción de la política de desmantelamiento que es muy importante para poder desmantelar las estructuras que generan violencia en los territorios desde el punto de vista de desmantelar los mecanismos financieros que los habilitan, la corrupción y promover más justicia en los territorios.
¿Cuál es su lectura sobre la apuesta de paz total del Gobierno Petro?
Siempre he creído que el diálogo con los actores armados es importante para reclamarles el respeto de la población civil, el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario pero en la realidad no hemos visto un cambio de actitud de los actores armados hacia la gente y eso es preocupante. Es más, en algunos casos los actores armados se han aprovechado del diálogo para consolidar su poder o incluso expandirse territorialmente y esto nos preocupa mucho en ONU Derechos Humanos porque tiene un efecto negativo sobre la población civil.
Justamente una de las críticas a esa apuesta tiene que ver con la expansión de los grupos ilegales y la falta de respuesta a las poblaciones vulnerables. ¿Qué ha identificado ONU DD. HH. al respecto?
Definitivamente nos preocupa la expansión de los actores armados en los territorios y la consolidación de su poder a través de una gobernanza criminal, porque tiene graves afectaciones sobre los derechos humanos de la población civil que vive bajo constante presión y amenazas. Estos grupos extorsionan las economías más frágiles del país y a las personas más pobres sometiéndolas a un orden criminal, y esto es muy preocupante porque vulnera los derechos de la niñez y de las mujeres en los territorios; es preocupante por la violencia que ejercen estos grupos y es algo urgente que el gobierno tiene que remediar.
¿Cómo evalúa la voluntad de paz de los grupos ilegales?
No hemos visto un cambio de trato hacia la población civil por parte de los actores armados, el mismo Presidente dijo que la paz total tenía sentido en la medida en que mejoraba la vida de la población civil y esto desafortunadamente no lo hemos visto. Vemos poca voluntad, preocupa que en algunos lugares, como en Nariño, donde un grupo sí tiene la voluntad de movilizarse, inmediatamente aparece otro grupo en los mismos lugares ya, como ocupando el espacio que este grupo ocupaba pero de manera incluso más violenta.
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¿La paz total ha empeorado la situación humanitaria en el país?
No, son los actores armados quienes han empeorado la situación humanitaria del país, son ellos los responsables de graves acciones contra los derechos humanos, son ellos los responsables de los desplazamientos, confinamientos, de las restricciones a la libertad, de las violencias contra las mujeres y del reclutamiento infantil. Esto es atribuible a ellos específicamente y por eso el Estado debe intervenir para proteger a la población civil. No hay una estrategia en Colombia de protección a la población civil como tal.
Buena parte de sus funciones se desarrollaron en las regiones más apartadas de Colombia. ¿Cuál es la mayor enseñanza que le dejó estar allá, escuchar a las víctimas y ver por cuenta propia su realidad?
Tuve el privilegio de viajar por toda Colombia. Admiro la diversidad de este país, de su gente, de su naturaleza. Lo que más me ha impactado en los territorios es la resiliencia y el compromiso de la gente con los derechos humanos, con la democracia y con el Estado de Derecho, a pesar de la violencia a que es sometida la gente en los territorios, la gente cree en la construcción de la democracia y del Estado de Derecho y en la protección de DD. HH. y esperan un futuro mejor.
¿Cuáles son las regiones a las que cree que se les debe prestar mayor atención en este momento?
Es difícil escoger porque son muchas las afectadas en el país, pero diría que actualmente las que podría mencionar por la situación de este año son: Arauca, donde han asesinado por lo menos a 15 personas defensoras; hubo 151 privaciones de la libertad y hay reclutamiento infantil en comunidades indígenas; Cauca, obviamente, por la violencia que se ejerce contra las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas. Quiero destacar que en Cauca hay un proceso importante que es la Mesa de Diálogo Social del Norte del Cauca que involucra actores del sector privado, a procesos campesinos, de trabajadores, de indígenas, de afrodescendientes y al Estado en la solución de conflictos, así que respaldar este proceso es muy importante.
Y cómo no mencionar a Nariño, por la pérdida de gobernabilidad, las autoridades están en permanente amenaza como lo están en lugares como el Caquetá, y los indígenas Awá están en riesgo de exterminio físico y cultural; y por último, difícil escoger otros departamentos, pero mencionaría Putumayo y el Chocó con profundas preocupaciones, así como la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde los actores armados ponen en riesgo a comunidades indígenas que ya están en riesgo de exterminio físico y cultural como los Wiwa.
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En varias de esas regiones es evidente una dinámica de gobernanza armada por parte de los grupos ilegales. Ustedes le hacen seguimiento a la gobernabilidad, ¿cuál es el balance y qué debe hacer el Estado para mejorar en este sentido?
El Estado tiene que fortalecer su autoridad en los territorios, tiene que fortalecer a las instituciones de justicia, a las autoridades locales, por ejemplo en los territorios más afectados por la violencia vemos a personeros con muy pocos recursos para hacer su trabajo a pesar de la labor importante que ejercen para la protección de ddhh; las autoridades locales hacen frente solas a situaciones de violencia y necesitan mayor respaldo desde el gobierno central. Se debe repensar la estructura del Estado en estos territorios y fortalecer la gobernabilidad, ir recuperando territorio y desmantelando las estructuras criminales y esto se tiene que hacer fortaleciendo la acción de la Fiscalía que ha sido muy cuestionada en el pasado, en los territorios, por falta de confianza.
Su oficina acompañó de cerca la labor de cientos de defensores de derechos humanos en el país. ¿Cómo ve, al cierre de su periodo, la situación de esta población?
La riqueza más grande que tiene Colombia es la fuerza organizativa de las defensoras y defensores de derechos humanos en territorio que a pesar de los riesgos defienden los derechos de la población, de la naturaleza y tratan de proteger la biodiversidad del país. Ellas y ellos siguen en situación de riesgo, sufren homicidios, amenazas importantes que provocan su desplazamiento y las estructuras armadas tratan de cooptar las estructuras organizativas destruyéndolas por dentro o suplantándolas con otras nuevas para tratar de apropiarse de la voz de las comunidades y esto es algo que pone en riesgo la gobernabilidad en Colombia y que tiene un impacto muy negativo sobre la libertad de expresión y de asociación en los territorios.
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En pocos meses se conocerá el informe anual de ONU Derechos Humanos. ¿Qué nos puede adelantar sobre los temas que tratará y las alertas que dejó el 2024?
Hemos visto mejoras por los esfuerzos del Gobierno en derechos humanos, sobre todo una ligera mejora en las cifras de homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos, pero la situación del territorio se empeora en cuanto a la gobernabilidad de los territorios, por el accionar de los actores armados no estatales que provocan graves afectaciones a los derechos de la población. Las tendencias que hemos alertado se confirman.
En el último año, varias organizaciones sociales han hecho críticas a la labor de la cooperación internacional en nuestro país. ¿Hay alguna reflexión o autocrítica al respecto?
Creo que la comunidad internacional ha jugado un papel muy importante en acompañar la implementación del Acuerdo de Paz y destacaría su compromiso con la construcción de la paz en Colombia.
Tras cuatro años en el país, ¿qué desafíos destaca que deba atender el Estado colombiano en el corto, mediano y largo plazo?
Ahora lo más importante es implementar la política de desmantelamiento, para empezar a desmantelar estas estructuras generadoras de violencia, y esta labor le corresponde a la Fiscalía que tiene que fortalecerse y fortalecer su acción de desmantelamiento. También creo que se tienen que hacer estrategias territoriales de recuperación de la gobernabilidad territorial y esto corresponde no solo a la fuerza pública sino a toda la institucionalidad en su conjunto.
Se deben tomar medidas urgentes para fortalecer a las autoridades locales, al Ministerio Público en los territorios, a los personeros, y a las autoridades municipales para tener más capacidad para hacer frente a la amenaza permanente por parte de los actores armados y dar mejor respuesta a la crisis humanitaria que generan, y poder responder adecuadamente a las víctimas.
A largo plazo, Colombia tendría que contar con un plan para fortalecer al Estado en los territorios, este plan no lo tiene y no tiene un plan de protección de la población civil y de consolidación del Estado de Derecho en territorio y más allá de este gobierno éste es un desafío para el Estado de Colombia en su conjunto.
¿Cuál es la mayor lección que Colombia puede enseñarle al mundo en materia de DD.HH.?
En Colombia uno hace escuela en materia de derechos humanos. Uno aprende todos los días de los procesos de base en el territorios, que a pesar de los altos niveles de riesgo y violencia que viven todo el tiempo defienden de manera creativa los derechos humanos y son muy resilientes. Creo que podemos aprender mucho de su resiliencia y de su creatividad y también hay muchas sentencias de la Corte Constitucional y del sistema de justicia que buscan proteger los derechos humanos y que son innovadoras a nivel internacional.
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¿Qué mensaje le deja a las comunidades que siguen resistiendo a la violencia y las vulneraciones de DD. HH.?
Mi absoluto reconocimiento para todas las defensaras y defensores de derechos humanos en los territorios que viven situaciones muy difíciles. Toda mi admiración y solidaridad con ellos. Quiero decirles que las luchas que llevan a cabo tienen mucho impacto en la vida de la gente. ¿Qué sería Colombia sin las luchas que ellos y ellas han llevado a cabo para proteger el medio ambiente y a las comunidades? Lo que el Estado tiene que hacer es frente al problema de la impunidad. Finalmente quiero decirles que siempre llevaré su ejemplo en mi corazón y en mi mente, y trasladaré lo que pueda de la experiencia de Colombia a otros países donde llegue a trabajar.
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