Los archivos deben permitir identificar a responsables del conflicto: Gonzalo Sánchez

Este 30 de noviembre se reunieron representantes de medios de comunicación, organizaciones sociales y de víctimas, la academia y del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) para firmar el Pacto por la Memoria, un acuerdo en el que cada sector se compromete a entregar sus archivos históricos al Centro para que puedan ser consultados de manera pública y virtual. El Pacto, además, es el primer paso para un gran archivo de la memoria en el que las nuevas generaciones puedan conocer los hechos del conflicto, cualquier ciudadano pueda consultar y, sobre todo, para que las víctimas tengan un apoyo en sus procesos judiciales. Por eso el pacto por la memoria es necesario.

¿Por qué es tan importante unirse al Pacto por la Memoria?

Todos los procesos de memoria que se han generado en este país, precisamente por la guerra que hemos tenido, son tremendamente fragmentados. Aquí lo que se ha comenzado a materializar es un intercambio de experiencias, de saberes, de técnicas y de diferentes formas de tomar conciencia pública de la importancia de la documentación sobre el conflicto. Y por eso es clave todos los sectores que aquí se han juntado: prensa, organizaciones de víctimas y organizaciones de DDHH, cooperación internacional y también entidades públicas como el CNMH.

Uno de los aspectos más importantes para el éxito del Pacto por la Memoria es la confidencialidad y el manejo interno de los archivos en los que reposan denuncias, declaraciones de víctimas, entre otros documentos delicados. ¿Cómo se va a manejar esa información?

El CNMH ya tiene una experiencia importante en ese manejo y hay una trayectoria que está alimentada también por regulaciones internacionales. Las normas internacionales de confidencialidad son las que el CNMH aplica cuando las víctimas u organizaciones depositan en bases de datos sus materiales, experiencias y memorias. Además, hay normas de las propias comunidades que entregan su información que el Centro se compromete a respetar, como por ejemplo, qué se abre al público, qué no, cuándo y a quiénes.

¿Cómo hacer público el acceso a esos documentos?

Hay materiales que son de acceso público y son los que definen las mismas organizaciones que han entregado. Ellos podrán decir ‘esto es de inmediato uso público’, y el Centro tiene la plataforma de DDHH para hacerlo pública, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Es decir, funciona como cualquier plataforma web. Pero tiene que ser explícitamente aceptado por las propias entidades que han depositado esa información.

Otra recomendación es que los archivos pueden servir como una prueba en un proceso judicial para las víctimas. ¿Cuál es el mensaje para que esta iniciativa vaya más allá de la reconstrucción de la memoria?

Aquí hay aprendizajes también. Yo recuerdo muy bien una experiencia que tuve mirando las archivos de la Comisión de la verdad del Perú, que estaban depositados en una entidad pública, que era la Defensoría del Pueblo. Los custodios de esa información nos decían: aquí está viniendo gente que no se imaginaba el uso que podían tener para las propias víctimas estos materiales que hay acá.

Las organizaciones entregan la información la depositan con condicionamientos de confidencialidad por determinado tiempo. Y ellos nos decían: aquí muchas víctimas vienen a utilizar esa información para uso judicial y resulta que está protegida por cláusulas de confidencialidad. Además, hay un choque de intereses que puede tener la información, pero eso es parte del proceso. 

Parte del proceso de creación de una política pública para el acceso a estos archivos….

Exacto. El sentido de esto es hacer aún más pública esta política. Y hacerla pública no significa simplemente que sea una política gestada por un organismo estatal, sino que haya una concurrencia de la sociedad para que esté más informada sobre los usos y las posibilidades que tienen. La invitación es a que muchos más sectores sociales se vayan sumando más a este Pacto por la Memoria.

Y también hay otra invitación, empezar a identificar, a través del análisis de esos archivos, patrones de responsabilidad política que puedan existir.

Sí, yo creo que esa fue una anotación muy importante: la memoria no tiene que funcionar simplemente como un ejercicio casi recreativo de reconstrucción de hechos, sino que la identificación de las victimizaciones tiene que llevar también a la identificación de los responsables. Lo importante no es la simple documentación del hecho victimizante, sino cuando se apunta a responsables. En los debates que hay en este momento precisamente a lo que se apunta desmontar es todo lo que permite la identificación de posibles y potenciales responsables.

Finalmente, ¿cómo blindar el pacto contra los intereses políticos?

El clamor es que el pacto sea lo más amplio y legítimo posible, con la vinculación de diversas organizaciones y con la articulación de las distintas voces. La idea es que nos convirtamos en una voz colectiva de alerta permanente de aquí en adelante sobre el manejo y la protección de la información.

Este 30 de noviembre se reunieron representantes de medios de comunicación, organizaciones sociales y de víctimas, la academia y del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) para firmar el Pacto por la Memoria, un acuerdo en el que cada sector se compromete a entregar sus archivos históricos al Centro para que puedan ser consultados de manera pública y virtual. El Pacto, además, es el primer paso para un gran archivo de la memoria en el que las nuevas generaciones puedan conocer los hechos del conflicto, cualquier ciudadano pueda consultar y, sobre todo, para que las víctimas tengan un apoyo en sus procesos judiciales. Por eso el pacto por la memoria es necesario.

¿Por qué es tan importante unirse al Pacto por la Memoria?

Todos los procesos de memoria que se han generado en este país, precisamente por la guerra que hemos tenido, son tremendamente fragmentados. Aquí lo que se ha comenzado a materializar es un intercambio de experiencias, de saberes, de técnicas y de diferentes formas de tomar conciencia pública de la importancia de la documentación sobre el conflicto. Y por eso es clave todos los sectores que aquí se han juntado: prensa, organizaciones de víctimas y organizaciones de DDHH, cooperación internacional y también entidades públicas como el CNMH.

Uno de los aspectos más importantes para el éxito del Pacto por la Memoria es la confidencialidad y el manejo interno de los archivos en los que reposan denuncias, declaraciones de víctimas, entre otros documentos delicados. ¿Cómo se va a manejar esa información?

El CNMH ya tiene una experiencia importante en ese manejo y hay una trayectoria que está alimentada también por regulaciones internacionales. Las normas internacionales de confidencialidad son las que el CNMH aplica cuando las víctimas u organizaciones depositan en bases de datos sus materiales, experiencias y memorias. Además, hay normas de las propias comunidades que entregan su información que el Centro se compromete a respetar, como por ejemplo, qué se abre al público, qué no, cuándo y a quiénes.

¿Cómo hacer público el acceso a esos documentos?

Hay materiales que son de acceso público y son los que definen las mismas organizaciones que han entregado. Ellos podrán decir ‘esto es de inmediato uso público’, y el Centro tiene la plataforma de DDHH para hacerlo pública, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Es decir, funciona como cualquier plataforma web. Pero tiene que ser explícitamente aceptado por las propias entidades que han depositado esa información.

Otra recomendación es que los archivos pueden servir como una prueba en un proceso judicial para las víctimas. ¿Cuál es el mensaje para que esta iniciativa vaya más allá de la reconstrucción de la memoria?

Aquí hay aprendizajes también. Yo recuerdo muy bien una experiencia que tuve mirando las archivos de la Comisión de la verdad del Perú, que estaban depositados en una entidad pública, que era la Defensoría del Pueblo. Los custodios de esa información nos decían: aquí está viniendo gente que no se imaginaba el uso que podían tener para las propias víctimas estos materiales que hay acá.

Las organizaciones entregan la información la depositan con condicionamientos de confidencialidad por determinado tiempo. Y ellos nos decían: aquí muchas víctimas vienen a utilizar esa información para uso judicial y resulta que está protegida por cláusulas de confidencialidad. Además, hay un choque de intereses que puede tener la información, pero eso es parte del proceso. 

Parte del proceso de creación de una política pública para el acceso a estos archivos….

Exacto. El sentido de esto es hacer aún más pública esta política. Y hacerla pública no significa simplemente que sea una política gestada por un organismo estatal, sino que haya una concurrencia de la sociedad para que esté más informada sobre los usos y las posibilidades que tienen. La invitación es a que muchos más sectores sociales se vayan sumando más a este Pacto por la Memoria.

Y también hay otra invitación, empezar a identificar, a través del análisis de esos archivos, patrones de responsabilidad política que puedan existir.

Sí, yo creo que esa fue una anotación muy importante: la memoria no tiene que funcionar simplemente como un ejercicio casi recreativo de reconstrucción de hechos, sino que la identificación de las victimizaciones tiene que llevar también a la identificación de los responsables. Lo importante no es la simple documentación del hecho victimizante, sino cuando se apunta a responsables. En los debates que hay en este momento precisamente a lo que se apunta desmontar es todo lo que permite la identificación de posibles y potenciales responsables.

Finalmente, ¿cómo blindar el pacto contra los intereses políticos?

El clamor es que el pacto sea lo más amplio y legítimo posible, con la vinculación de diversas organizaciones y con la articulación de las distintas voces. La idea es que nos convirtamos en una voz colectiva de alerta permanente de aquí en adelante sobre el manejo y la protección de la información.