Los campesinos que desarman al Sumapaz

Llegaron gritando: paz sí, pero sin paramilitares. A lomo de mula, a pie, en chivas y en camperos, más de trescientos campesinos arribaron a la vereda Nueva Granada en la región del Sumapaz el pasado lunes. Unos del municipio de Cabrera, Cundinamarca, otros del Alto Sumapaz y el resto de Cubarral y La Uribe, Meta. Enrruanados, embotados y con machete al cinto. La razón: un panfleto amenazante que llegó hace dos semanas a la región del Duda, en el que señalan a los pobladores de ser auxiliadores del terrorismo. En el papel escrito a mano se lee: “Tenemos la lista de la población civil. Ellos son colaboradores de alias Mega del frente 53 terrorista”. Al inicio aparece el nombre Séptima Brigada del Ejército (Villavicencio) y al final tres letras mayúsculas: AUC.

Panfleto que apareció en el sector del Duda. / Andrés Torres.

La reunión inició con la proyección del video en el que el presidente Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez, máximo comandante de las Farc, anunciaron el cese al fuego bilateral y definitivo en La Habana, Cuba, el 23 de junio de 2016. Después, arrancó la jornada humanitaria, la primera de las muchas que vendrán, dicen, con las que pretenden hacerle frente a un fenómeno que no los deja en paz: la guerra contra el comunismo.

No quieren repetir la historia. Los viejos enrruanados aún recuerdan las guerras más duras de la región: la de Juan de la Cruz Varela, quien lideró la lucha comunista contra la policía chulavita en la violencia bipartidista; y la del presidente Gustavo Rojas Pinilla, que se enfrentó a la resistencia campesina en la famosa “Guerra de Villarrica” contra el comunismo entre 1955 y 1956.

El panfleto estuvo antecedido de bala y saqueos a las casas de los campesinos. El pasado 14 de junio se escucharon disparos en cercanías de la finca Buena Vista, en la vereda Centro Duda del municipio de La Uribe, Meta. “En horas de la mañana, al llegar al sitio, Luis Salazar, propietario de la vivienda, constató que habían violentado las cerraduras y hurtado enseres”, dice la denuncia presentada ante la Fiscalía por la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos del Oriente y Centro de Colombia (DHOC).

Luis se demoró un día a caballo desde el cañón del río Duda para llegar a esta reunión y contarnos su historia. Atravesó el páramo y esperó a la comitiva que llegó media hora antes del encuentro. “Ojalá estuviera la carretera”, dice. Se refiere a la vía que guerrilleros de las Farc intentaron construir en el año 2000, durante la vigencia de la zona de distensión decretada por el gobierno de Andrés Pastrana para dialogar con la insurgencia. Mientras la atención estaba en la mesa en San Vicente del Caguán, la guerrilla metió maquinaria y empezó a romper trocha sobre el trazado que el Gobierno había denominado “Marginal de la Selva”, y que abandonó por los impactos ambientales que iba a generar. El objetivo de las Farc era atravesar el páramo, pasar La Uribe, Meta, y llegar a San Vicente. Pero en 2001, cuando se rompió el diálogo, los hierros de las máquinas volaron a bombazos y la insurgencia se replegó hacia el cañón del Duda.

Luchando contra el estigma

“Piel trigueña, botas, poncho y ser ignorantes de escuela no basta para ser guerrillero”, dicen en el Sumapaz. Sus pobladores creen que el acuerdo de La Habana se va a firmar, pero que difícilmente se logrará el fin del conflicto si los otros actores no se desarman.

“¿Qué va a pasar con la seguridad de los campesinos estigmatizados por vivir en una zona donde hace presencia las Farc? ¿Quién va a impartir justicia en los sitios más recónditos del país a donde no llegan vías y los campesinos no alcanzan ni siquiera la primaria?”, se pregunta Luis Salazar.

Durante estos 50 años de guerra, la ausencia del Gobierno en zonas remotas convirtió a la insurgencia en una especie de Estado. Una autoridad que en estas zonas impuso normas de convivencia como prohibir que los hombres les pegaran a las mujeres.

Una región en donde el entonces máximo comandante de las Farc Manuel Marulanda instaló el campamento para dialogar con el Gobierno de Belisario Betancur, en cabeza del comisionado de Paz John Agudelo Ríos, y con Carlos Ossa Escobar y Rafael Pardo en tiempos de Virgilio Barco. En “Casa Verde”, como denominaron el lugar, Marulanda, como condición para firmar la paz, pidió varias veces al Gobierno que acabara con el paramilitarismo. Sin embargo, el 9 de diciembre de 1990, en el mandato de César Gaviria, la VII Brigada del Ejército de Villavicencio atacó por tierra y aire y desapareció del mapa este refugio del secretariado en La Uribe.

“Vemos que la mejor salida es la negociada, porque así nos dejan de estigmatizar y más bien llega de verdad el Estado. El temor es que vengan otros enemigos al territorio y se dañe la convivencia de la comunidad. Mire no más las amenazas a nuestros vecinos”, comenta Uriel Guzmán, un campesino que se vino en mula desde la vereda Totumas, del municipio de Cubarral, Meta, sólo para apoyar a los del Duda. Tardó cuatro horas.

La noticia del panfleto llegó a oídos de los negociadores en Cuba, mencionó la dirigente de la Unión Patriótica Aída Abella. Ella se hizo presente en la zona para respaldar a los campesinos y contarles que el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas le había prometido abrir una investigación para esclarecer los hechos. “Vamos a rescatar la región del Duda de quienes se creen que pueden llegar de noche con brazalete de un grupo y de día con uniformes del Ejército. No, señor, esa región es de quienes la habitan. En La Habana saben lo que pasa en el Duda. ¿Es el Ejército quien hace de paramilitares y de Ejército? Eso no nos lo vamos a aguantar en el proceso de paz”, sentenció Abella en un discurso en la plaza de la vereda Nueva Granada.

Enseguida, quien habló fue el profesor Alfredo Díaz. También es miembro del Sindicato de Trabajadores Agrarios del Sumapaz (Sintrapaz), una organización tan vieja como la lucha de Juan de la Cruz Varela por la tierra. “En el discurso que pronunció en 1968, con esa catadura de dirigente agrario, Juan de la Cruz le decía al Gobierno Nacional que no había vías, que no teníamos educación, que no había forma de acudir al derecho a la salud y mucho menos había ayudas para el campesinado. Pedía la paz, pero lo que recibió fue la guerra de la junta militar de Rojas Pinilla y Laureano Gómez. Eso es lo que hoy no quiere la comunidad del Duda”.

El líder izquierdista Juan de la Cruz Varela (centro). / Archivo - El Espectador

La otra guerra que quieren parar es la judicial. Desde que el Gobierno de Pastrana decidió retomar la región del Sumapaz y metió 4.000 soldados en un Batallón de Alta Montaña, ni con sentencias judiciales han podido mover dos de las cuatro bases militares que, según los campesinos, están impactando las montañas tupidas de frailejones y agua dulce.

Las trincheras oficiales se instalaron luego del 23 de septiembre de 2000, día en que se ejecutó la Operación Aniquilador II, debilitando una hegemonía guerrillera de 35 años, que desde su gestación buscó dominar la cordillera oriental que atraviesa el cañón del Duda y que junta a 12 municipios de los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Meta.

“Las acciones de verificación arrojaron que hay constantes retenes del Ejército en la vía que conduce a la localidad del Sumapaz, por donde transitan los campesinos para realizar la venta de productos como fríjol, arveja, queso, y remesa en general. En estos retenes se presentan registros fotográficos, fílmicos, empadronamientos por parte de las fuerzas militares, retención de documentos, señalando a los campesinos por supuestos vínculos con la guerrilla de las Farc”, advierte la organización DHOC en la misma denuncia.

Ya el general Jorge Humberto Jerez, entonces comandante de la Brigada 13 del Ejército, había señalado en 2013 que la tarea de sus tropas era frenar cualquier intención de las Farc de retornar a Cundinamarca y Bogotá. Una zona que fue estratégica para el actual negociador de paz en La Habana, alias “Romaña”, y para el entonces comandante del frente 51, ideólogo de las pescas milagrosas, Vladimir Obregón, alias “Miller Perdomo”. A él lo mataron a bala en una cancha de San Juan de Sumapaz el 12 de marzo de 1999. Obregón era quien le rendía cuentas de los secuestros en la región a alias “Mono Jojoy”. Era tan cercano, que murió en el intento de conseguirle una ametralladora punto 50. Los militares lograron interceptar su comunicación e infiltrar la organización.

El último golpe que sufrieron las Farc en este territorio fue en febrero de 2009, cuando la Fiscalía capturó a “el Negro Antonio”, un guerrillero que perteneció al frente “Antonio Nariño”, acusado de secuestrar a más de cien personas durante los 90. Ya hace siete años que no se ven estas batallas en la zona, pero el fantasma paramilitar tensa la posibilidad de una paz estable y duradera.

La tensión se siente hoy, incluso con cese de fuego unilateral de las Farc. A tres horas de Bogotá, cuando la niebla ya tapaba el parabrisas de la camioneta en la que viajábamos, una guadua se atravesó en la carretera destapada. “¿Hacia dónde se dirigen los señores?”, inquirió un militar. “Hacia Nueva Granada”, respondió el chofer. Pero la duda del uniformado continuó. Quería saber qué íbamos a hacer y luego cuál era el tema del reportaje: “¿Y sobre qué lo van a escribir?, ripostó.

Para cambiar esta realidad, hace un mes se conformó la Asociación Juventud Rebelde, que envió su propia delegación a Nueva Granada: veinte jóvenes entre los 15 y 24 años, hijos de campesinos de la región del Duda que históricamente han luchado por el pedazo de tierra donde viven. Ellos, si se firma la paz, no cogerán un fusil, porque aspiran a terminar la primaria y, por qué no, dice su presidente Edier Rodríguez, de 18 años, llegar hasta el Senado. “A ver si es verdad que le llegó la hora al comunismo”.

Integrantes de la asociación de jóvenes Juventud Rebelde. / Andrés Torres.

La minga terminó con un almuerzo en la olla campesina. “Para lograr la paz hay que cumplir las tareas que dejamos”, se despidió el profesor Díaz. Una de ellas es organizar otras jornadas humanitarias donde puedan volver a socializar los acuerdos de La Habana y empezar a exigir su cumplimiento.

Llegaron gritando: paz sí, pero sin paramilitares. A lomo de mula, a pie, en chivas y en camperos, más de trescientos campesinos arribaron a la vereda Nueva Granada en la región del Sumapaz el pasado lunes. Unos del municipio de Cabrera, Cundinamarca, otros del Alto Sumapaz y el resto de Cubarral y La Uribe, Meta. Enrruanados, embotados y con machete al cinto. La razón: un panfleto amenazante que llegó hace dos semanas a la región del Duda, en el que señalan a los pobladores de ser auxiliadores del terrorismo. En el papel escrito a mano se lee: “Tenemos la lista de la población civil. Ellos son colaboradores de alias Mega del frente 53 terrorista”. Al inicio aparece el nombre Séptima Brigada del Ejército (Villavicencio) y al final tres letras mayúsculas: AUC.

Panfleto que apareció en el sector del Duda. / Andrés Torres.

La reunión inició con la proyección del video en el que el presidente Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez, máximo comandante de las Farc, anunciaron el cese al fuego bilateral y definitivo en La Habana, Cuba, el 23 de junio de 2016. Después, arrancó la jornada humanitaria, la primera de las muchas que vendrán, dicen, con las que pretenden hacerle frente a un fenómeno que no los deja en paz: la guerra contra el comunismo.

No quieren repetir la historia. Los viejos enrruanados aún recuerdan las guerras más duras de la región: la de Juan de la Cruz Varela, quien lideró la lucha comunista contra la policía chulavita en la violencia bipartidista; y la del presidente Gustavo Rojas Pinilla, que se enfrentó a la resistencia campesina en la famosa “Guerra de Villarrica” contra el comunismo entre 1955 y 1956.

El panfleto estuvo antecedido de bala y saqueos a las casas de los campesinos. El pasado 14 de junio se escucharon disparos en cercanías de la finca Buena Vista, en la vereda Centro Duda del municipio de La Uribe, Meta. “En horas de la mañana, al llegar al sitio, Luis Salazar, propietario de la vivienda, constató que habían violentado las cerraduras y hurtado enseres”, dice la denuncia presentada ante la Fiscalía por la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos del Oriente y Centro de Colombia (DHOC).

Luis se demoró un día a caballo desde el cañón del río Duda para llegar a esta reunión y contarnos su historia. Atravesó el páramo y esperó a la comitiva que llegó media hora antes del encuentro. “Ojalá estuviera la carretera”, dice. Se refiere a la vía que guerrilleros de las Farc intentaron construir en el año 2000, durante la vigencia de la zona de distensión decretada por el gobierno de Andrés Pastrana para dialogar con la insurgencia. Mientras la atención estaba en la mesa en San Vicente del Caguán, la guerrilla metió maquinaria y empezó a romper trocha sobre el trazado que el Gobierno había denominado “Marginal de la Selva”, y que abandonó por los impactos ambientales que iba a generar. El objetivo de las Farc era atravesar el páramo, pasar La Uribe, Meta, y llegar a San Vicente. Pero en 2001, cuando se rompió el diálogo, los hierros de las máquinas volaron a bombazos y la insurgencia se replegó hacia el cañón del Duda.

Luchando contra el estigma

“Piel trigueña, botas, poncho y ser ignorantes de escuela no basta para ser guerrillero”, dicen en el Sumapaz. Sus pobladores creen que el acuerdo de La Habana se va a firmar, pero que difícilmente se logrará el fin del conflicto si los otros actores no se desarman.

“¿Qué va a pasar con la seguridad de los campesinos estigmatizados por vivir en una zona donde hace presencia las Farc? ¿Quién va a impartir justicia en los sitios más recónditos del país a donde no llegan vías y los campesinos no alcanzan ni siquiera la primaria?”, se pregunta Luis Salazar.

Durante estos 50 años de guerra, la ausencia del Gobierno en zonas remotas convirtió a la insurgencia en una especie de Estado. Una autoridad que en estas zonas impuso normas de convivencia como prohibir que los hombres les pegaran a las mujeres.

Una región en donde el entonces máximo comandante de las Farc Manuel Marulanda instaló el campamento para dialogar con el Gobierno de Belisario Betancur, en cabeza del comisionado de Paz John Agudelo Ríos, y con Carlos Ossa Escobar y Rafael Pardo en tiempos de Virgilio Barco. En “Casa Verde”, como denominaron el lugar, Marulanda, como condición para firmar la paz, pidió varias veces al Gobierno que acabara con el paramilitarismo. Sin embargo, el 9 de diciembre de 1990, en el mandato de César Gaviria, la VII Brigada del Ejército de Villavicencio atacó por tierra y aire y desapareció del mapa este refugio del secretariado en La Uribe.

“Vemos que la mejor salida es la negociada, porque así nos dejan de estigmatizar y más bien llega de verdad el Estado. El temor es que vengan otros enemigos al territorio y se dañe la convivencia de la comunidad. Mire no más las amenazas a nuestros vecinos”, comenta Uriel Guzmán, un campesino que se vino en mula desde la vereda Totumas, del municipio de Cubarral, Meta, sólo para apoyar a los del Duda. Tardó cuatro horas.

La noticia del panfleto llegó a oídos de los negociadores en Cuba, mencionó la dirigente de la Unión Patriótica Aída Abella. Ella se hizo presente en la zona para respaldar a los campesinos y contarles que el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas le había prometido abrir una investigación para esclarecer los hechos. “Vamos a rescatar la región del Duda de quienes se creen que pueden llegar de noche con brazalete de un grupo y de día con uniformes del Ejército. No, señor, esa región es de quienes la habitan. En La Habana saben lo que pasa en el Duda. ¿Es el Ejército quien hace de paramilitares y de Ejército? Eso no nos lo vamos a aguantar en el proceso de paz”, sentenció Abella en un discurso en la plaza de la vereda Nueva Granada.

Enseguida, quien habló fue el profesor Alfredo Díaz. También es miembro del Sindicato de Trabajadores Agrarios del Sumapaz (Sintrapaz), una organización tan vieja como la lucha de Juan de la Cruz Varela por la tierra. “En el discurso que pronunció en 1968, con esa catadura de dirigente agrario, Juan de la Cruz le decía al Gobierno Nacional que no había vías, que no teníamos educación, que no había forma de acudir al derecho a la salud y mucho menos había ayudas para el campesinado. Pedía la paz, pero lo que recibió fue la guerra de la junta militar de Rojas Pinilla y Laureano Gómez. Eso es lo que hoy no quiere la comunidad del Duda”.

El líder izquierdista Juan de la Cruz Varela (centro). / Archivo - El Espectador

La otra guerra que quieren parar es la judicial. Desde que el Gobierno de Pastrana decidió retomar la región del Sumapaz y metió 4.000 soldados en un Batallón de Alta Montaña, ni con sentencias judiciales han podido mover dos de las cuatro bases militares que, según los campesinos, están impactando las montañas tupidas de frailejones y agua dulce.

Las trincheras oficiales se instalaron luego del 23 de septiembre de 2000, día en que se ejecutó la Operación Aniquilador II, debilitando una hegemonía guerrillera de 35 años, que desde su gestación buscó dominar la cordillera oriental que atraviesa el cañón del Duda y que junta a 12 municipios de los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Meta.

“Las acciones de verificación arrojaron que hay constantes retenes del Ejército en la vía que conduce a la localidad del Sumapaz, por donde transitan los campesinos para realizar la venta de productos como fríjol, arveja, queso, y remesa en general. En estos retenes se presentan registros fotográficos, fílmicos, empadronamientos por parte de las fuerzas militares, retención de documentos, señalando a los campesinos por supuestos vínculos con la guerrilla de las Farc”, advierte la organización DHOC en la misma denuncia.

Ya el general Jorge Humberto Jerez, entonces comandante de la Brigada 13 del Ejército, había señalado en 2013 que la tarea de sus tropas era frenar cualquier intención de las Farc de retornar a Cundinamarca y Bogotá. Una zona que fue estratégica para el actual negociador de paz en La Habana, alias “Romaña”, y para el entonces comandante del frente 51, ideólogo de las pescas milagrosas, Vladimir Obregón, alias “Miller Perdomo”. A él lo mataron a bala en una cancha de San Juan de Sumapaz el 12 de marzo de 1999. Obregón era quien le rendía cuentas de los secuestros en la región a alias “Mono Jojoy”. Era tan cercano, que murió en el intento de conseguirle una ametralladora punto 50. Los militares lograron interceptar su comunicación e infiltrar la organización.

El último golpe que sufrieron las Farc en este territorio fue en febrero de 2009, cuando la Fiscalía capturó a “el Negro Antonio”, un guerrillero que perteneció al frente “Antonio Nariño”, acusado de secuestrar a más de cien personas durante los 90. Ya hace siete años que no se ven estas batallas en la zona, pero el fantasma paramilitar tensa la posibilidad de una paz estable y duradera.

La tensión se siente hoy, incluso con cese de fuego unilateral de las Farc. A tres horas de Bogotá, cuando la niebla ya tapaba el parabrisas de la camioneta en la que viajábamos, una guadua se atravesó en la carretera destapada. “¿Hacia dónde se dirigen los señores?”, inquirió un militar. “Hacia Nueva Granada”, respondió el chofer. Pero la duda del uniformado continuó. Quería saber qué íbamos a hacer y luego cuál era el tema del reportaje: “¿Y sobre qué lo van a escribir?, ripostó.

Para cambiar esta realidad, hace un mes se conformó la Asociación Juventud Rebelde, que envió su propia delegación a Nueva Granada: veinte jóvenes entre los 15 y 24 años, hijos de campesinos de la región del Duda que históricamente han luchado por el pedazo de tierra donde viven. Ellos, si se firma la paz, no cogerán un fusil, porque aspiran a terminar la primaria y, por qué no, dice su presidente Edier Rodríguez, de 18 años, llegar hasta el Senado. “A ver si es verdad que le llegó la hora al comunismo”.

Integrantes de la asociación de jóvenes Juventud Rebelde. / Andrés Torres.

La minga terminó con un almuerzo en la olla campesina. “Para lograr la paz hay que cumplir las tareas que dejamos”, se despidió el profesor Díaz. Una de ellas es organizar otras jornadas humanitarias donde puedan volver a socializar los acuerdos de La Habana y empezar a exigir su cumplimiento.