Los conmovedores relatos de empresarios y víctimas de secuestro
En un encuentro de escucha con la Comisión de la Verdad, cuatro víctimas de secuestro, del sector empresarial y político, narraron sus experiencias y testimonios. Entre ellos, Maurice Armitage, empresario y exalcalde de Cali, secuestrado por las Farc y María Luisa Posada, esposa de Alfonso Posada, empresario y político secuestrado y asesinado por los paramilitares.
Atados a una cadena, condenados a un alambre de púas y privados de la libertad es la imagen que tienen millones de colombianos de uno de los crímenes más atroces en medio del conflicto armado: el secuestro. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, cerca del 40 % de las víctimas de secuestro pertenecían al sector de comercio o agropecuario y, aproximadamente un 20 % eran miembros de la Fuerza Pública.
Esta distinción es importante, pues la actividad económica a la que se dedicaban las víctimas o sus familiares era uno de los principales motivos por los que los grupos armados ilegales decidían secuestrar. Creían que tenían asegurada una financiación en el que la vida y la libertad era la moneda de cambio.
Precisamente el sector empresarial, entre ellos comerciantes, arquitectos, hacendados y ganaderos, fue uno de los más afectados. Sobre sus historias, relatos y experiencias se centró el espacio de escucha organizado por la Comisión de la Verdad y moderado por la comisionada Lucía González. El encuentro contó con la participación de Maurice Armitage, empresario y exalcalde de Cali; Juliana Villegas, quien fue secuestrada siendo una menor de edad; María Luisa Posada, esposa de Luis Posada, empresario y político secuestrado y asesinado por los paramilitares, y finalmente, Aníbal Rodríguez, presidente de CAMACOL, quien pasó 36 meses en cautiverio.
(Le puede interesar: Cuando las empresas cedieron a las presiones de los grupos armados en el conflicto)
Para dar inicio a los relatos, la comisionada González resaltó la importancia de escuchar los relatos del sector empresarial y de las clases altas que muchas veces esconden las tragedias que vivieron a causa del conflicto armado. Hay que tener claro que el secuestro a miembros de la élite colombiana por parte de grupos al margen de la ley buscaba ser un modo de financiación de la guerra, en el que por medio de extorsiones e intimidaciones, creían que, enviaban un mensaje de tipo político a la opinión pública.
El silencio de Armitage
Maurice Armitage, empresario y político del Valle del Cauca, narró con la voz quebrada y lleno de nostalgia su experiencia como víctima de secuestro. Este fue un espacio especial, pues Armitage es reacio a contar abiertamente este episodio de su vida. Según confesó, porque considera que pese a que el dolor del secuestro es igual para quienes lo han padecido, “tres meses no son nada en comparación con quienes vivieron 10 y 12 años secuestrados”.
El primer secuestro de Armitage, según relata, fue en 2001 cuando se encontraba con otras 5 personas en un viaje por el Pacífico colombiano. Allí, el frente 55 de las Farc los secuestraron y duraron dos meses y medio en cautiverio. “Tuve la oportunidad de conocer la pobreza del Chocó y la belleza de la naturaleza y las angustias que viven tantos los secuestrados como los secuestradores”, aseguró el empresario.
Después, el segundo secuestro vino en 2008. De acuerdo con Armitage, este fue “más corto pero más violento”. No dio más detalles pero dijo: “valoro mucho este espacio y ejercicio que se está haciendo sobre el secuestro porque hay una cosa que no somos conscientes y es que el secuestro llegó a un volumen que se volvió algo común en Colombia, y no se entiende el gran dolor que ha producido”.
(Lea también: “Les arrebatamos lo más preciado: su libertad y dignidad”: Farc a víctimas de secuestro)
De acuerdo con Armitage, las circunstancias del secuestro lo llevaron a la determinación de continuar con sus empresas y “seguir generando empleo porque hoy más que nunca estoy convencido que la única forma de lograr desarrollo y oportunidades es a través de salarios justos y dignos".
“Tomé la decisión de perdonar a mis secuestradores, eso nos invita a quitarnos el odio y el rencor y que nos reconciliemos. El haber perdonado me ha hecho feliz. Esa actitud que he tomado de quedarme en Colombia y luchar es la que en el fondo me ha sanado”, confesó.
Juliana Villegas, de las aulas al monte
Juliana fue secuestrada cuando tenía 17 años, cuando salía de la sede de la Pontificia Universidad Javeriana, ubicada en el centro de Bogotá, junto a una amiga. Dos hombres se les acercaron, ellas creían que las iban a robar, pero iban por Juliana. Quien para entonces empezaba el primer semestre de Ciencia Política. ¿Por qué la secuestraron? Su padre era Luis Carlos Villegas, un dirigente empresarial reconocido en todo el país y el presidente de la la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). Luego fue ministro de Defensa y participó en la mesa de negociación en La Habana, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc.
Juliana estuvo secuestrada desde el 28 de noviembre de 2000 al 2 de marzo de 2001. No comió durante dos semanas, sólo tomaba agua, leía y ocasionalmente, escuchaba las noticias o las canciones en una pequeña grabadora. Allí alcanzó a escuchar a su padre dando declaraciones por su secuestro.
(Le sugerimos: Andrés Felipe Pérez, el caso de secuestro por el que las Farc pidieron perdón)
“La incertidumbre es muy dolorosa para el ser humano. Yo pasé dos semanas en una casa y luego me ilusionaron con la libertad para llevarme nuevamente a otro recorrido más largo, en el que completé el tiempo secuestrada”, relata. A ella la secuestraron las Farc, no porque ellos se lo confesaran sino porque ató cabos: los vio con camisas que decían frente Manuela Beltrán, y sus secuestradores hablaban de Marx y de la lucha armada. A veces jugaba ajedrez con ellos.
Juliana asegura que la no repetición es importante en el contexto actual y en especial para las víctimas y sus familiares, quienes sufren en cuerpo y también en mente este flagelo. Su abuelo murió de cáncer de estómago, ella dice: “debió haber sido tanta angustia”.
La resistencia de la familia Posada
A Alfonso Posada, el esposo de María Luisa, lo secuestraron el 15 de noviembre de 1988 cuando estaba cumpliendo 50 años. María Luisa lo recuerda como un hombre ejemplar, un conservador con valores inquebrantables. Alfonso fue el gerente de la tercera campaña presidencial de Belisario Betancur, luego fue el secretario general de Presidencia y años más tarde, ejerció como senador por el Departamento de Antioquia. Por ese motivo vivió junto a su familia en Medellín, durante una de las épocas más álgidas del conflicto armado, dominado por el terror del narcotráfico, la arremetida de la guerrilla y la consolidación de los paramilitares.
Justamente este fue el origen de su calvario. Alfonso también gerenciaba la finca Honduras cerca al río Sinú. En aquella época, Fidel Castaño, quien ya se perfilada como un temido paramilitar, compró una importante finca en la zona y empezó a convocar a los hacendados y empresarios que vivían a los alrededores para financiar un grupo “contraguerrilla”. Contactó a Alfonso para que le ayudara a financiar lo que más adelante conformaría las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Alfonso se negó de inmediato: “yo nunca financiaría un ejército que no sea el Ejército de Colombia". Fueron los hombres de Castaño quienes lo secuestraron.
María Luisa relata que mientras su esposo estuvo en cautiverio, el dolor, el peligro y la incertidumbre se apoderaron de su familia. Tuvo que exiliarse con sus hijos y cuando volvió, fue recuperando de a poco su vida. Recuerda que la última vez que habló con él sabía que algo malo iba a pasar, y así fue. En medio de confusos hechos, que luego fueron relatados por Rogelio de Jesús Escobar Mejía, alias “Relámpago”, uno de los doce hombres que cuidaban a Alfonso Ospina, Alfonso fue asesinado con un arma de fuego y los paramilitares le pidieron 100 millones de pesos a la familia Posada para que le entregaran el cadáver. Tuvieron que pagar ese monto para enterrar dignamente a su ser querido.
(Le puede interesar: De secuestrados a desaparecidos: ¿qué pasó en cautiverio?)
Un padre y una hija en cautiverio
Aníbal Rodríguez, un empresario y arquitecto huilense, vivió durante 39 meses en cautiverio junto a su hija Natalia Rodríguez. Su historia se remonta el 21 de julio de 2001, cuando el edificio en el que vivía, Torres de Miraflores, fue tomado por el frente Téofilo Forero de las Farc. Los guerrilleros llegaron con lista en mano, según recuerda, y sabían que ahí vivían posibles víctimas que podían secuestrar.
De su edificio se llevaron a 15 personas, entre ellas su cuñado Jaime, su esposa y dos hijos, uno de 12 y otro de 15 años. Por su parte, Aníbal fue retenido con su esposa, y sus tres hijos. Natalia de 15 años, Luis Felipe de 14 años, y el menor de sólo 5 años. “Secuestraron a un niño de cinco años esa noche", recuerda Rodríguez.
De las 15 personas, seleccionaron a algunas entre ellas mujeres y niños y se los llevaron. Para los demás era el inicio de un terrible destino: duraron 39 meses secuestrados, a merced de sus secuestradores y dejando atrás a sus seres queridos. Dejando atrás la vida.
Rodríguez recuerda que ese secuestro, y otros hechos violentos que se vivieron en la zona, afectaron profundamente al departamento del Huila. Así lo relata: “Fue un secuestro muy impactante para la sociedad huilense porque todos los secuestrados eran empresarios, abogados o cafeteros. Personas prestantes que generaban empleo y estaban al frente de empresas”. A esto hay que sumarle lo que él denomina “el éxodo de empresarios que dejaron sus negocios” a causa del conflicto armado.
(Lea también: “La mentira es el arma de la guerra”, Ingrid Betancourt ante la Comisión de la Verdad)
Rodríguez asegura que todo esto llevó a una estigmatización del Huila y que las inversiones se paralizaron. “Del 2002 al 2010, se van recuperando las condiciones de seguridad al punto que la guerrilla de las Farc, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe fue virtualmente expulsada de la región y eso explica el cariño que en el departamento se le tiene a él en la región”, aseguró.
Después de esos años, Rodríguez empezó de cero y volvió a consolidarse en la región con una empresa de gran importancia en materia de construcción. “Esta fue una decisión de vida. A los empresarios nos corresponde mejorar las condiciones de vida y de la sociedad en su conjunto”, recalcó. Por este motivo, continuó con su empresa “generando ingresos y empleos para la gente".
El espacio de escucha culminó con una intervención de la comisionada de la verdad Lucía González quien resaltó la entrega de todas los participantes por un país en paz y en lucha contra la desigualdad social. Así mismo, recordó que en materia de verdad y reconciliación se ha venido avanzando. “Estamos recibiendo un reconocimiento de las Farc por los crímenes que cometieron que sentimos sincero y que fue muy difícil porque los secuestradores fueron los primeros que perdieron la dignidad humana”, concluyó.
Atados a una cadena, condenados a un alambre de púas y privados de la libertad es la imagen que tienen millones de colombianos de uno de los crímenes más atroces en medio del conflicto armado: el secuestro. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, cerca del 40 % de las víctimas de secuestro pertenecían al sector de comercio o agropecuario y, aproximadamente un 20 % eran miembros de la Fuerza Pública.
Esta distinción es importante, pues la actividad económica a la que se dedicaban las víctimas o sus familiares era uno de los principales motivos por los que los grupos armados ilegales decidían secuestrar. Creían que tenían asegurada una financiación en el que la vida y la libertad era la moneda de cambio.
Precisamente el sector empresarial, entre ellos comerciantes, arquitectos, hacendados y ganaderos, fue uno de los más afectados. Sobre sus historias, relatos y experiencias se centró el espacio de escucha organizado por la Comisión de la Verdad y moderado por la comisionada Lucía González. El encuentro contó con la participación de Maurice Armitage, empresario y exalcalde de Cali; Juliana Villegas, quien fue secuestrada siendo una menor de edad; María Luisa Posada, esposa de Luis Posada, empresario y político secuestrado y asesinado por los paramilitares, y finalmente, Aníbal Rodríguez, presidente de CAMACOL, quien pasó 36 meses en cautiverio.
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Para dar inicio a los relatos, la comisionada González resaltó la importancia de escuchar los relatos del sector empresarial y de las clases altas que muchas veces esconden las tragedias que vivieron a causa del conflicto armado. Hay que tener claro que el secuestro a miembros de la élite colombiana por parte de grupos al margen de la ley buscaba ser un modo de financiación de la guerra, en el que por medio de extorsiones e intimidaciones, creían que, enviaban un mensaje de tipo político a la opinión pública.
El silencio de Armitage
Maurice Armitage, empresario y político del Valle del Cauca, narró con la voz quebrada y lleno de nostalgia su experiencia como víctima de secuestro. Este fue un espacio especial, pues Armitage es reacio a contar abiertamente este episodio de su vida. Según confesó, porque considera que pese a que el dolor del secuestro es igual para quienes lo han padecido, “tres meses no son nada en comparación con quienes vivieron 10 y 12 años secuestrados”.
El primer secuestro de Armitage, según relata, fue en 2001 cuando se encontraba con otras 5 personas en un viaje por el Pacífico colombiano. Allí, el frente 55 de las Farc los secuestraron y duraron dos meses y medio en cautiverio. “Tuve la oportunidad de conocer la pobreza del Chocó y la belleza de la naturaleza y las angustias que viven tantos los secuestrados como los secuestradores”, aseguró el empresario.
Después, el segundo secuestro vino en 2008. De acuerdo con Armitage, este fue “más corto pero más violento”. No dio más detalles pero dijo: “valoro mucho este espacio y ejercicio que se está haciendo sobre el secuestro porque hay una cosa que no somos conscientes y es que el secuestro llegó a un volumen que se volvió algo común en Colombia, y no se entiende el gran dolor que ha producido”.
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De acuerdo con Armitage, las circunstancias del secuestro lo llevaron a la determinación de continuar con sus empresas y “seguir generando empleo porque hoy más que nunca estoy convencido que la única forma de lograr desarrollo y oportunidades es a través de salarios justos y dignos".
“Tomé la decisión de perdonar a mis secuestradores, eso nos invita a quitarnos el odio y el rencor y que nos reconciliemos. El haber perdonado me ha hecho feliz. Esa actitud que he tomado de quedarme en Colombia y luchar es la que en el fondo me ha sanado”, confesó.
Juliana Villegas, de las aulas al monte
Juliana fue secuestrada cuando tenía 17 años, cuando salía de la sede de la Pontificia Universidad Javeriana, ubicada en el centro de Bogotá, junto a una amiga. Dos hombres se les acercaron, ellas creían que las iban a robar, pero iban por Juliana. Quien para entonces empezaba el primer semestre de Ciencia Política. ¿Por qué la secuestraron? Su padre era Luis Carlos Villegas, un dirigente empresarial reconocido en todo el país y el presidente de la la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). Luego fue ministro de Defensa y participó en la mesa de negociación en La Habana, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc.
Juliana estuvo secuestrada desde el 28 de noviembre de 2000 al 2 de marzo de 2001. No comió durante dos semanas, sólo tomaba agua, leía y ocasionalmente, escuchaba las noticias o las canciones en una pequeña grabadora. Allí alcanzó a escuchar a su padre dando declaraciones por su secuestro.
(Le sugerimos: Andrés Felipe Pérez, el caso de secuestro por el que las Farc pidieron perdón)
“La incertidumbre es muy dolorosa para el ser humano. Yo pasé dos semanas en una casa y luego me ilusionaron con la libertad para llevarme nuevamente a otro recorrido más largo, en el que completé el tiempo secuestrada”, relata. A ella la secuestraron las Farc, no porque ellos se lo confesaran sino porque ató cabos: los vio con camisas que decían frente Manuela Beltrán, y sus secuestradores hablaban de Marx y de la lucha armada. A veces jugaba ajedrez con ellos.
Juliana asegura que la no repetición es importante en el contexto actual y en especial para las víctimas y sus familiares, quienes sufren en cuerpo y también en mente este flagelo. Su abuelo murió de cáncer de estómago, ella dice: “debió haber sido tanta angustia”.
La resistencia de la familia Posada
A Alfonso Posada, el esposo de María Luisa, lo secuestraron el 15 de noviembre de 1988 cuando estaba cumpliendo 50 años. María Luisa lo recuerda como un hombre ejemplar, un conservador con valores inquebrantables. Alfonso fue el gerente de la tercera campaña presidencial de Belisario Betancur, luego fue el secretario general de Presidencia y años más tarde, ejerció como senador por el Departamento de Antioquia. Por ese motivo vivió junto a su familia en Medellín, durante una de las épocas más álgidas del conflicto armado, dominado por el terror del narcotráfico, la arremetida de la guerrilla y la consolidación de los paramilitares.
Justamente este fue el origen de su calvario. Alfonso también gerenciaba la finca Honduras cerca al río Sinú. En aquella época, Fidel Castaño, quien ya se perfilada como un temido paramilitar, compró una importante finca en la zona y empezó a convocar a los hacendados y empresarios que vivían a los alrededores para financiar un grupo “contraguerrilla”. Contactó a Alfonso para que le ayudara a financiar lo que más adelante conformaría las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Alfonso se negó de inmediato: “yo nunca financiaría un ejército que no sea el Ejército de Colombia". Fueron los hombres de Castaño quienes lo secuestraron.
María Luisa relata que mientras su esposo estuvo en cautiverio, el dolor, el peligro y la incertidumbre se apoderaron de su familia. Tuvo que exiliarse con sus hijos y cuando volvió, fue recuperando de a poco su vida. Recuerda que la última vez que habló con él sabía que algo malo iba a pasar, y así fue. En medio de confusos hechos, que luego fueron relatados por Rogelio de Jesús Escobar Mejía, alias “Relámpago”, uno de los doce hombres que cuidaban a Alfonso Ospina, Alfonso fue asesinado con un arma de fuego y los paramilitares le pidieron 100 millones de pesos a la familia Posada para que le entregaran el cadáver. Tuvieron que pagar ese monto para enterrar dignamente a su ser querido.
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Un padre y una hija en cautiverio
Aníbal Rodríguez, un empresario y arquitecto huilense, vivió durante 39 meses en cautiverio junto a su hija Natalia Rodríguez. Su historia se remonta el 21 de julio de 2001, cuando el edificio en el que vivía, Torres de Miraflores, fue tomado por el frente Téofilo Forero de las Farc. Los guerrilleros llegaron con lista en mano, según recuerda, y sabían que ahí vivían posibles víctimas que podían secuestrar.
De su edificio se llevaron a 15 personas, entre ellas su cuñado Jaime, su esposa y dos hijos, uno de 12 y otro de 15 años. Por su parte, Aníbal fue retenido con su esposa, y sus tres hijos. Natalia de 15 años, Luis Felipe de 14 años, y el menor de sólo 5 años. “Secuestraron a un niño de cinco años esa noche", recuerda Rodríguez.
De las 15 personas, seleccionaron a algunas entre ellas mujeres y niños y se los llevaron. Para los demás era el inicio de un terrible destino: duraron 39 meses secuestrados, a merced de sus secuestradores y dejando atrás a sus seres queridos. Dejando atrás la vida.
Rodríguez recuerda que ese secuestro, y otros hechos violentos que se vivieron en la zona, afectaron profundamente al departamento del Huila. Así lo relata: “Fue un secuestro muy impactante para la sociedad huilense porque todos los secuestrados eran empresarios, abogados o cafeteros. Personas prestantes que generaban empleo y estaban al frente de empresas”. A esto hay que sumarle lo que él denomina “el éxodo de empresarios que dejaron sus negocios” a causa del conflicto armado.
(Lea también: “La mentira es el arma de la guerra”, Ingrid Betancourt ante la Comisión de la Verdad)
Rodríguez asegura que todo esto llevó a una estigmatización del Huila y que las inversiones se paralizaron. “Del 2002 al 2010, se van recuperando las condiciones de seguridad al punto que la guerrilla de las Farc, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe fue virtualmente expulsada de la región y eso explica el cariño que en el departamento se le tiene a él en la región”, aseguró.
Después de esos años, Rodríguez empezó de cero y volvió a consolidarse en la región con una empresa de gran importancia en materia de construcción. “Esta fue una decisión de vida. A los empresarios nos corresponde mejorar las condiciones de vida y de la sociedad en su conjunto”, recalcó. Por este motivo, continuó con su empresa “generando ingresos y empleos para la gente".
El espacio de escucha culminó con una intervención de la comisionada de la verdad Lucía González quien resaltó la entrega de todas los participantes por un país en paz y en lucha contra la desigualdad social. Así mismo, recordó que en materia de verdad y reconciliación se ha venido avanzando. “Estamos recibiendo un reconocimiento de las Farc por los crímenes que cometieron que sentimos sincero y que fue muy difícil porque los secuestradores fueron los primeros que perdieron la dignidad humana”, concluyó.