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Entre enero y septiembre de 2020, 135 líderes sociales fueron asesinados en Colombia, según verificó el Programa Somos Defensores, una de las organizaciones que con mayor rigor le hace seguimiento al tema. Esa cifra ya superaba el total de homicidios de líderes en 2019, que llegó a 124 casos. Así, cuando se hagan los balances sobre el año 2020, se dirá que ha sido el año más violento para los defensores de derechos humanos en las últimas dos décadas; pero también ha sido el año en que desde distintos sectores se han sumado esfuerzos para ayudar a contener la ola de asesinatos. Entre ellos, uno inédito: las 16 embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea, más Noruega y Suiza, se unieron para reclamar por la vida de los líderes sociales y decir “basta”. En realidad, la iniciativa nació en junio de 2019 y durante este año se consolidó. Hoy muchos líderes en los territorios saben que con la campaña “Defendamos la Vida” tienen el respaldo de la comunidad internacional y del país.
¿Había un vacío de acompañamiento diplomático a los líderes sociales?
“Defendamos la vida” surgió en medio de una reunión de los 16 embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea con la embajada en Colombia, en la que nos preguntábamos qué podríamos hacer adicional en materia de derechos humanos. Porque la campaña es solo la punta del iceberg sobre lo que hacemos en este tema. Tenemos el Fondo Europeo para la Paz, con 127 millones de euros; este año hemos aportado 60 millones de euros en cooperación y 26 millones en ayuda humanitaria. Y además toda la cooperación de nuestros Estados miembros. Había un fuerte deseo de hacer algo para dejar claro que no puede ser normalizado que en promedio cada semana dos líderes sean asesinados. Un asesinato es demasiado y alarmante. En esta campaña todos estamos diciendo “basta”.
¿Cómo es el acompañamiento a los líderes en el territorio?
Tenemos alrededor de cincuenta defensores y organizaciones cobijadas en la campaña. Son casos emblemáticos y son un espejo a los miles de defensores en el país: hay grupos de mujeres, campesinos, líderes de sustitución de cultivos, afrocolombianos e indígenas. Nosotros, por ejemplo, acompañamos a las Tejedoras de Vida en Putumayo. También tenemos situaciones en que un defensor o defensora está recibiendo amenazas. Como tenemos muy buenas relaciones con la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior y su dirección de Derechos Humanos, utilizamos nuestros buenos oficios para que se dé atención al caso y alertamos porque hay alguien que necesita una respuesta rápida. No estamos aquí para sustituir lo que hacen las instituciones, es más dar un apoyo político y dar visibilidad. Antes de la pandemia hacíamos visitas al terreno, a veces todos los consejeros o embajadores juntos, a dialogar con grupos amenazados y apoyarlos. Los criminales saben que ahora la sociedad internacional tiene su ojo puesto en los líderes sociales.
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¿Esa visibilidad ayuda a blindarlos o puede ponerlos en más riesgo?
Hay que ver los casos individuales y escuchar qué necesitan los defensores. Cuando he viajado a zonas del país donde hay conflicto, hay defensores que nos dicen que no quieren visibilidad; que quieren hablar con nosotros, pero sin resonancia en medios. Nos cuentan su caso y podemos, de forma más discreta, intentar ayudarles; pero la mayoría ha estado de acuerdo en que les demos visibilidad a sus casos. Antes de la pandemia, en una semana normal, recibimos cada día aquí en la delegación visitas de representantes de la sociedad civil y defensores que vienen a hablar con nosotros. Nosotros honramos su trabajo: todas las embajadas estamos trabajando para demostrar que estas personas son muy valiosas y su labor es pilar en una democracia.
En muchas ocasiones, antes de ser asesinados, los líderes sociales han recibido algún tipo de amenaza. ¿En Colombia las autoridades y la sociedad en general no se toman en serio las advertencias?
Hay esfuerzos, como el del defensor del Pueblo con las alertas tempranas, que son muy importantes. Tal vez un área donde hay que hacer mayores esfuerzos es en la coordinación entre todos los organismos que tienen que ver en este tema e involucrar también a nivel local a alcaldes y gobernadores. Hay que tener esfuerzos bien coordinados entre instituciones civiles y fuerza pública, así como inversiones fuertes socioeconómicas en los territorios con posibilidades legales económicas para las comunidades.
El Acuerdo de Paz también estableció promover un pacto contra la estigmatización, que según denuncian los líderes es hoy un asunto pendiente. ¿Cómo ha avanzado esta campaña en disminuir la estigmatización?
“Defendamos la Vida” es nuestra contribución, en la que los embajadores se ponen a disposición para apoyar en que no haya estigmatización en contra de los líderes. Pero es muy importante que son los colombianos quienes están logrando más sobre esto que está en el Acuerdo de Paz. Hemos visto buenas iniciativas en esa dirección. Por ejemplo, durante la campaña presidencial de 2018 cuando hubo un acuerdo entre los candidatos sobre un conducto para hablar de respeto sobre los otros. También hubo iniciativas así en las elecciones locales del año pasado, cuando el presidente Duque invitó a todos los partidos a un pacto para asegurar que todos estaban hablando con respeto, sin odio ni mentiras. Y también vimos recientemente la Peregrinación de las Farc que llegó a Bogotá, la cual al final de la movilización fue recibida por el presidente en la Casa de Nariño.
Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para defender los derechos humanos, han dicho organizaciones internacionales como Global Witness, Amnistía Internacional y el relator especial de la ONU para los Derechos Humanos. ¿El Gobierno colombiano está haciendo lo suficiente?
La situación es muy complicada, hay muchos factores complejos detrás de la violencia. Reconocemos también que el Gobierno ha tomado medidas y que hay instituciones del Estado haciendo esfuerzos, como la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Nacional de Protección y varias políticas en esta materia. Pero hasta el día en que no haya asesinatos lo que se hace no es suficiente. En eso todos podemos estar de acuerdo. Nosotros vemos la seguridad como cuatro pilares interdependientes: lo que se hace con la fuerza pública, lo que se hace a través de políticas públicas y el Estado civil, con la ayuda humanitaria a comunidades en zonas de violencia y las inversiones para el desarrollo económico y social.
¿Qué papel tiene el Gobierno en esfuerzos impulsados por ustedes, como esta campaña?
Creo que hay que ser justos. Nosotros acompañamos lo que hace el Gobierno y la sociedad civil. Todo nuestro acompañamiento en Colombia es alineado 100 % a lo que hace el Gobierno nacional. Somos orgullosos de nuestra cooperación. Le he mencionado las cifras, pero eso son gotas en el océano al lado de lo que hace el Gobierno. No creo que sea correcto decir que somos los únicos que estamos en el terreno. Yo veo al Gobierno en el terreno, nosotros muchas veces acompañamos a la oficina del consejero para la Estabilización, Emilio Archila, y a muchas otras entidades estatales las vemos allí; el defensor del Pueblo está siempre en el terreno con más de 2.000 personas trabajando allí y cuando nosotros viajamos muchas veces aprovechamos el apoyo de ellos, su logística, su ayuda. Esto no se trata de que nosotros hacemos una cosa y el Gobierno otra.
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Ustedes tienen experiencia en su continente de otros procesos de paz. ¿Tras firmarse pactos de esa naturaleza, han venido olas violentas contra quienes defienden lo pactado o los derechos humanos en general?
Lamentablemente la experiencia de otros procesos de paz muestra que es así. A veces es el mismo conflicto reciclándose, otras veces son dinámicas con nuevos actores. Yo trabajé en Guatemala hace 25 años, cuando se firmó el Acuerdo de Paz en 1996. En esa época no teníamos las maras en Guatemala y ahora hay una nueva dinámica de violencia con grupos como esos que surgieron después. También hay procesos en África, como Burundi, Mozambique, Sudán del Sur o la República Democrática del Congo, donde la violencia también ha vuelto. La experiencia muestra que para tener una paz duradera hay que tener un Acuerdo de Paz que sea más que desmovilización, desarme y una limitada reincorporación, y trate las raíces y las causas del conflicto. Por eso todo el mundo está mirando a Colombia, porque su Acuerdo de Paz es comprehensivo y tiene la posibilidad de tratar las causas de la violencia si se implementa en su totalidad.
Desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 250 excombatientes de las Farc...
Esos asesinatos son muy preocupantes; en los informes al Consejo de Seguridad, la Misión de Verificación de Naciones Unidas ha mencionado esto como una de las amenazas más fuertes contra el Acuerdo de Paz. Es muy importante proteger a los que han elegido la paz. Allí vemos también un compromiso por parte del Gobierno. Al inicio de la reincorporación cuando la mayoría de los excombatientes estaban en los espacios de reincorporación, tenían un batallón del Ejército alrededor. Yo he visitado muchos de estos espacios y siempre me ha impresionado cómo los excombatientes y la fuerza pública han tenido un respeto mutuo y en general han logrado protegerlos allí. Pero ahora, cuando la gran mayoría está viviendo afuera, están en una situación muy similar a la de los líderes locales, porque muchos de ellos se han convertido en líderes para el desarrollo rural de sus áreas y es muy importante protegerlos. Se requieren muchos esfuerzos y llevar la presencia integral del Estado a donde aún no ha llegado. En suma, seguir implementando el Acuerdo de Paz en su integralidad.
