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A punta de retroexcavadoras, hachas, motosierras, dragas y explosivos, los grupos armados ilegales han arrasado selvas, derribado árboles, extinguido animales, sacrificado plantas y secado los ríos de Colombia, dejando a su paso una huella ambiental que no solo es incalculable, sino en algunos casos casi imposible de reparar.
La mayoría de guerrillas, disidencias y estructuras criminales que más delitos ambientales han provocado están sentadas hoy en procesos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro, un momento crucial para poner sobre la mesa si habrá o no sanciones por los daños causados a la naturaleza y biodiversidad. Si el medio ambiente es otra víctima más de la dureza del conflicto, ¿cómo se condena este hecho?, ¿cuál es la medida de reparación? Y, sobre todo, ¿será suficiente para compensar los perjuicios?
El calor de las discusiones y negociaciones de la COP16, el evento mundial sobre biodiversidad que se realizó en Cali y cuyo lema era justamente “Paz con la naturaleza”, puso en la discusión la necesidad de que los actuales procesos de negociación y diálogos de paz no solo incluyan los temas ambientales en sus agendas, sino también empiecen a pensar cómo los grupos armados rendirán cuentas sobre sus acciones (y culpas) por sus afectaciones a los ecosistemas y cuáles serán los posibles caminos jurídicos.
Un reciente informe de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mostró el número de daños ambientales cometidos durante la apuesta de paz total de Petro —del 1.° de agosto de 2022 al 30 de septiembre de 2024—. Según el registro, en total hubo 233 graves afectaciones al medio ambiente en ese lapso. Es decir, que cada tres días se cometió por lo menos una grave afectación a la naturaleza.
Esa cifra es apenas el panorama durante la administración Petro. Los datos más generales de las autoridades son aún más sombríos. En los últimos 20 años, los grupos armados (o emisarios de actividades ilegales que estos controlan) han deforestado unos cuatro millones de hectáreas de bosque por sus actividades de minería ilegal, cultivos de uso ilícito y tala ilegal de madera. Además, cerca de seis millones de barriles de petróleo se han derramado en varias zonas, algunas de ellas fuentes hídricas, bosques y selvas que albergan cientos de especies de flora y fauna, por cuenta de los 1.600 atentados que en 40 años ha perpetrado el ELN contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas.
Aunque el estudio de la UIA concluyó que el Clan del Golfo —con quien el Gobierno está ad portas de instalar un diálogo— es el grupo que mayores daños y agresiones genera contra el medio ambiente, en la lista aparecen casi todas las estructuras ilegales: la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias Segunda Marquetalia (comandada por Iván Márquez), Estado Mayor Central (de Mordisco y sin diálogo con el Gobierno) y Estado Mayor de los Bloques (de Calarcá Córdoba y aún en la mesa de paz).
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Actualmente, solo tres de los nueve tableros de diálogo o acercamientos de Petro tienen entre sus preagendas de negociación el tema ambiental: la del ELN —que el Gobierno está buscando cómo destrabar desde el viernes en Caracas—; la que se lleva Comuneros del Sur, el frente que se separó del ELN, y la de la disidencia bajo el mando de Calarcá Córdoba.
Esta última tiene incluso acuerdos en esta materia, derivados de una larga lista de diálogos sociales que se han hecho en los últimos meses con las comunidades y organizaciones en Catatumbo, Antioquia, sur de Bolívar, Caquetá, Guaviare y Meta. Los pactos de conservación contenidos en su mayoría en los acuerdos firmados en el quinto ciclo de diálogo con esa disidencia incluyen nuevas solicitudes de Zonas de Reserva Campesina, protección de humedales, recuperación de las cuencas de los ríos e incluso planes de reforestación.
En el caso del ELN, cuya agenda es mucho más ambiciosa, pero al mismo tiempo poco concreta, uno de los ejes apunta a la construcción de “políticas, planes y programas relativos al ordenamiento ambiental y territorial” y dirigidos, entre otras, a la “restauración de la madre Tierra”. En la hoja de ruta de Comuneros se menciona que un punto es la “paz con la naturaleza para preservar la vida en la zona”.
¿Una justicia ambiental?
El tema es tan importante para el Gobierno —especialmente por la narrativa con la que el presidente Petro se quiere convertir en un referente del cambio climático en su agenda internacional—, que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz tiene un equipo ambiental que asesora al despacho y hay delegados expertos ambientales que están presentes en las negociaciones
Sin embargo, las mesas aún no saben cómo tocar el tema de los delitos ambientales. Según fuentes enteradas, al menos en algunos de los procesos de negociación política se ha pensado en dos salidas: un tipo de justicia ambiental o adoptar el modelo de justicia transicional restaurativa, como el de la Juridiscción Especial para la Paz (JEP), pero con un abordaje específico en afectaciones a ecosistemas.
“El caso de la JEP y unos más en Justicia y Paz ilustran cómo se han dado estas discusiones, porque el tribunal empezó a tratar el tema del territorio como víctima por los cientos de testimonios y peticiones de las comunidades, en especial las indígenas, que incluyen en su cosmovisión las afectaciones que ha tenido su entorno. El tribunal escuchó y ahora tiene eso muy presentes en sus investigaciones y sanciones”, explica Catalina Vallejo, docente de Derecho Ambiental e investigadora principal del proyecto de justicia transicional ecológica en la universidad Eafit.
Además, afirma que esa relación de justicia ambiental puede convertir a Colombia en un ejemplo para el mundo. Según la experta, es poco probable que se puedan crear nuevos tribunales dedicados solo a los temas ambientales, pero sí pueden aprovechar los ya existentes. En resumen, planes reales, acciones concretas.
“Es vital impulsar esto como estrategia de negociación con los grupos armados porque hoy son, de facto, quienes ejercen como autoridad ambiental en los territorios. En la justicia transicional, todavía se está pensando cómo pueden ser esas sanciones, pero lo más importante es que lo central sea la interrelación de las comunidades con sus territorios, la recuperación de la gobernanza ancestral de los ecosistemas y, por supuesto, la reducción de la presencia de los grupos armados en esas regiones”, explica Vallejo.
Si bien los temas relacionados con los ecosistemas están en varios puntos del Acuerdo de Paz de 2016 firmado con la extinta guerrilla de las FARC, no hay un eje específico en el que se hable del impacto ambiental. Fuentes cercanas a esa negociación explican que esto ocurrió porque entonces no estaban tan presentes estas cuestiones, pero también porque las antiguas FARC ejercieron una “labor de autopreservación” de bosques como estrategia militar.
No obstante, la tarea de poner a la naturaleza como víctima del conflicto sí la asumió el Sistema Integral de la Verdad, Justicia y Reparación, en especial con la Comisión de la Verdad, que dedicó un capítulo entero (“Cuando los pájaros no cantaban”) a mostrar cómo la naturaleza no solo fue un escenario de operaciones, sino que también sufrió afectaciones por la guerra.
Además: La Comisión de la Verdad reconoce la naturaleza como víctima del conflicto armado
La Ley de Delitos Ambientales contempla penas de cinco a 13 años de prisión para quienes incurran en conductas como la deforestación o el ecocidio. Recientemente el país firmó el Acuerdo de Escazú, que, entre otras cosas, insta a la protección de los defensores ambientales. No hay que olvidar que Colombia ocupó el primer lugar en la lista de los países más peligrosos para los líderes ambientales. Durante 2023, según la organización Global Witness, fueron asesinadas 196 personas defensoras de la tierra y el ambiente en el mundo, y 79 de estas muertes fueron en Colombia.
Los grupos armados no aceptan su responsabilidad
En los últimos años se ha sentido con más fiereza el cambio en el actuar de los grupos armados, que han dado un viraje hacia una dura economía criminal con consecuencias negativas en el medio ambiente. Durante los últimos meses, esta crisis ha quedado expuesta en informes como el de la organización Crisis Group, sobre el creciente control de los actores armados en la Amazonia colombiana, el del CINEP sobre afectaciones del Clan del Golfo al Bajo Atrato e incluso el de la UIA.
Para Elizabeth Dickinson, analista sénior de Crisis Group, las mesas no solo deben incluir los temas ambientales en las negociaciones de paz, sino abordarlos de dos maneras. “La primera sería cómo proteger la naturaleza en el sentido puro, y la otra línea son las afectaciones a las mismas comunidades”, incluyendo las amenazas a líderes ambientales.
“Más que recuperar, el enfoque en este momento debe ser no perder más, porque estamos en una situación crítica: cada año estamos perdiendo bosque primario. Tenemos carreteras ilegales construidas en lo que ha sido el corazón de Chiribiquete, y sabemos que estas obras de infraestructura que se hacen en áreas protegidas, en zonas de alto riesgo ambiental, abren la caja de Pandora en cuanto a la expansión de cualquier tipo de economía, sea legal o ilegal”, explica la analista.
Pero no necesariamente la inclusión de temas sobre la naturaleza significa que los grupos armados acepten su responsabilidad en las afectaciones ambientales, lo cual podría poner aún más presión en las mesas de diálogo, a las que varios sectores les exigen resultados más concretos.
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Camilo González, jefe negociador del Gobierno con la disidencia de Calarcá, dijo a Colombia+20 que desde el primer acuerdo con ese grupo armado (es decir, antes de la separación interna que hubo con Iván Mordisco) ha sido una “afirmación reiterada” el respeto por la naturaleza, pero admite que hay dificultades en que se asuma tanto en esa como en otras mesas la responsabilidad por algunas acciones en los territorios. “El grupo ha tenido casi que desde el principio y como tarjeta de presentación su idea de que han tenido un papel de protectores de la naturaleza, pero ahí vienen las dificultades, porque falta una aceptación en hechos como deforestación, ganadería extensiva, la tala y ocupación de parques, entre otras. Al no encontrar fórmulas frente a eso se hace difícil avanzar. Hay una dificultad práctica en pasar del enunciado general donde se reconoce la necesidad del entorno ambiental a las medidas concretas para frenar esas prácticas o para eventualmente asumir consecuencias por las mismas”, explica González.
Expertos consultados por Colombia+20 afirman que otro de los obstáculos es la confluencia de varios grupos armados en una misma zona, lo que impediría precisar quiénes son los directos responsables de las afectaciones, y, por otro lado, que no se puede sacar de la ecuación a otros actores que influyen en el territorio y que, por las mismas dinámicas sociales, se ven envueltos en actividades ilegales. Por ejemplo, campesinos o indígenas que, por control o supervivencia, terminan involucrados en esas acciones. Lo que es cierto es que los grupos armados ejercen un papel de autoridad que tiene de fondo un tema más grande: las rentas ilícitas que sustentan la financiación y, en muchos casos, la existencia de esas estructuras armadas.
La destrucción ambiental en Colombia causada por actividades ilegales de grupos armados plantea un desafío crucial en las negociaciones de paz actuales. Pese a que algunas estructuras han reconocido la importancia de preservar el entorno, su aceptación de responsabilidad y compromiso real aún es limitada. La reciente COP16 enfatizó la importancia de tratar los ecosistemas como víctimas del conflicto armado, sugiriendo un enfoque de justicia ambiental restaurativa, similar al modelo de la JEP. Sin embargo, el reto de asegurar compromisos ambientales en un contexto de economías ilegales y control armado sobre el territorio exige medidas concretas y una coordinación efectiva entre todos los actores involucrados.
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