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El repudiable crimen contra Samuel David González Pushaina, el bebé de siete meses, hijo de excombatientes de las Farc, asesinado el pasado 15 de abril, les cayó como un baldado de agua fría a quienes están en proceso de reincorporación. El asesinato ocurrió en momentos en que la incertidumbre y la desconfianza se apoderan de los exguerrilleros y cuando las garantías de seguridad son solo una de sus principales preocupaciones.
En plena Semana Santa, horas después de que el menor fuera asesinado, representantes de 15 espacios de reincorporación de todo el país se encontraron en Dabeiba (Antioquia) para recibir del Gobierno Nacional y de la ONU un proyecto que pretende acelerar el proceso de reincorporación y que beneficiará a unas 2.500 personas entre excombatientes y sus familias. Una iniciativa que recibieron como un “respiro”, pero que no disipa sus dudas por completo.
Desde el lunes empezaron a llegar al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Llano Grande, a 45 minutos del casco urbano de Dabeiba, los representantes de los otros 14 ETCR de La Guajira, Caquetá, Meta, Putumayo, Arauca, Tolima, Cauca, Guaviare y Antioquia. Las camionetas de los esquemas de protección de varios de ellos empezaron a formar una larga hilera frente a las viviendas de quienes residen en Llano Grande. Venían con desconfianza. Todo lo que sabían era que se trataba del lanzamiento de un nuevo proyecto, pero no lo veían con mayor optimismo.
Las preocupaciones
Antes de la llegada, al día siguiente, de la delegación del Gobierno Nacional y de varias agencias de la ONU, varios expresaron lo que les preocupa de cara al próximo mes de agosto, cuando finalizan varios de los compromisos pactados en La Habana, como la renta básica y la alimentación, y cuando expiran (al menos como figura jurídica) los ETCR. Esa es, de hecho, la principal intranquilidad que tienen los excombatientes. “Se esperaba que cuando se cumplieran los dos años de la renta básica, en agosto, los proyectos productivos estarían en marcha, pero la renta ya la van a retirar y los proyectos aún no son sostenibles”, resume Martín Batalla, quien acudió a la cita en representación de los excombatientes del espacio de reincorporación de Anorí.
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De la mano de esa preocupación, para los exguerrilleros el asunto que en este momento ocupa un lugar primordial en la discusión y sobre el que están puestos todos los ojos es la tierra. Básicamente, en todos los ETCR los predios están en arriendo y el Gobierno paga ese monto. Esa situación irá hasta agosto, cuando se deberá resolver si se compran los terrenos o si los excombatientes deben trasladarse a otros lugares.
“Lo que pide la gente en este momento es la asignación de las tierras porque así, en vez de irse a jornalear, se van a quedar donde puedan ser productivos. Que la gente pueda decir ‘aquí voy a hacer mi casa’, eso sí da seguridad”, explica Luis Arturo Garcés, Harrison, otrora comandante del frente 47 y quien hoy está a cargo del ETCR de Llano Grande.
El reclamo que sintetiza Garcés lo replicaron los representantes de otras zonas del país donde la situación es la misma. La sensación es que pueden seguir avanzando en los proyectos que tienen, pero sin la certidumbre de la tierra temen que los esfuerzos sean en vano.
A esa preocupación se le suman otras como las garantías de seguridad para los excombatientes, aun más cuando se aproxima una época electoral. Otro reclamo muy concreto que expresaron varios de ellos: perciben que desde la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) se promueve, en ocasiones, la reincorporación individual y no la colectiva.
“Desde la ARN se viene haciendo el juego para que los exguerrilleros, en vez de apostarles a proyectos colectivos, les opten por proyectos individuales, que no fue lo que se acordó en La Habana. Lo que se pactó en todo momento se acordó sobre el colectivo, porque esto no fue un proceso de desmovilización donde nos acabamos como organización, sino que se hizo el tránsito de la lucha armada a la lucha política sin armas”, explica Batalla, y su reclamo lo replicaron varios representantes del nuevo partido FARC.
Acelerar la reincorporación
Con la desconfianza y todas esas preocupaciones con las que venían los excombatientes, escucharon atentamente la presentación del proyecto Fortaleciendo la Reincorporación Integral, de la mano del coordinador residente de la ONU en Colombia, Martín Santiago; la representante residente del PNUD en Colombia, Jessica Faieta; el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu; el consejero para la Estabilización y la Normalización, Emilio Archila; el director de la ARN, Andrés Stapper, y Pastor Alape, representante de la FARC en el Consejo Nacional de Reincorporación.
Se trata de un proyecto destinado a fortalecer 15 ETCR a escala nacional, financiado por el Fondo de las Naciones Unidas para la consolidación de la paz con US$3 millones ($9.000 millones). El propósito principal de la iniciativa es impulsar los proyectos productivos que ya están en marcha en esos espacios, pero que por dificultades de distinta índole aún no han despegado.
Para ello, este proyecto plantea, entre otras, brindar asistencia técnica integral a los proyectos productivos de los ETCR, fortalecer alianzas para el encadenamiento comercial y apoyar la comercialización. Básicamente, acelerar lo que ya está funcionando.
Por otro lado, en cinco de esos espacios, además del apoyo económico, ONU Mujeres y Unicef trabajarán en un componente social enfocado a responder a uno de los principales llamados que han hecho las mujeres en proceso de reincorporación: la falta de espacios de cuidado para sus hijos, que estaban llevándolas a tener que desempeñar esas labores y limitaba su participación en los proyectos productivos. Además del fortalecimiento de estos espacios, se apoyarán los procesos organizativos de las mujeres en estos ETCR, así como sus proyectos productivos.
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“Lo que se quería era acelerar estos esfuerzos. Ya ellos han llegado hasta cierto punto, entonces se necesita ahora ayudar en la comercialización, en la gestión, en la asistencia técnica. Se trata de hacerlos más fuertes, más viables”, explica Faieta, quien desde hace poco más de dos semanas está al frente del PNUD en Colombia, la principal agencia implementadora de este proyecto.
La respuesta del Gobierno
En medio del lanzamiento del proyecto, Emilio Archila abrió el espacio para que los delegados de los ETCR le manifestaran sus dudas y preocupaciones. Con los reclamos claros, no desperdiciaron el momento y uno tras otro elevaron al consejero las inconformidades que estaban en el ambiente. Le preguntaron por la tierra, las garantías de seguridad, los proyectos productivos y su futuro después de agosto.
Sobre la principal preocupación, la de la tierra, el consejero señaló que esta tiene dos esferas. “Hay un componente privado, que hace referencia a que hay que comprar la tierra para ponerla a disposición. Y un componente público, que es la inclusión de esa área dentro del plan de ordenamiento de cada una de las regiones”. También dijo que hay casos en los que se pondrán a disposición de los excombatientes otros terrenos, pues en los que están asentados actualmente no existen las condiciones para seguir en el proceso de reincorporación, porque, por ejemplo, algunos pueden estar dentro de parques naturales u otras zonas de reserva. Sin embargo, aún no dejó ver cuáles espacios de reincorporación van a continuar o cuáles deben trasladarse.
Consultado por Colombia 2020 sobre los reclamos de los exguerrilleros a la ARN por promover la reincorporación individual, Andrés Stapper señaló que ese no es el lineamiento de la entidad que preside. “Nosotros lo único que pretendemos es darle las habilidades y competencias a toda la población para que el proceso de reincorporación sea una decisión de cada persona. Si quiere hacer un proceso individual o quiere hacer un proceso colectivo. Acompañamos el proceso de fortalecimiento de las cooperativas en los territorios y también a aquellas personas que opten por otra decisión de vida”, puntualizó.
La desconfianza de los excombatientes no se disipó, pero los compromisos quedaron. Como el que le hizo Emilio Archila a Luis Arturo Garcés. “Archila personalmente me dijo que este espacio el Gobierno lo va a comprar, que estemos seguros de eso. Eso es una gran satisfacción y un gran alivio para nosotros”, dijo Harrison.