“Los indígenas no somos los mayores terratenientes de Colombia”: CNTI

Hace 25 años, el 5 de julio de 1996, un multitudinario grupo de indígenas se tomó de manera pacífica la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en Bogotá. Los medios de comunicación nacional aseguraron que fue “por pura malicia indígena”, pero de lo que en verdad se trataba era de reivindicar sus derechos territoriales y étnicos usando formas de manifestación alejadas de la violencia.

“Aceptamos que ellos (los indígenas) hayan venido aquí buscando un apoyo moral y hemos tratado de atenderlos lo mejor posible. Nosotros tenemos que esperar a que ellos decidan irse, no podemos utilizar la fuerza para sacarlos de aquí. Parece que el doctor Serpa (Ministro de Interior del Gobierno de Samper Pizano) ha prometido una reunión con ellos para concertar sus pedidos. Ellos están en tono de paz” dijo en ese entonces el monseñor Alberto Giraldo.

La toma pacífica duró 46 días en total y tras reunirse con el Gobierno, los pueblos indígenas lograron, en dos decretos (1396 y 1397), la creación de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas.

Una de las principales peticiones en la agenda fue la concertación con los pueblos indígenas para otorgar licencias ambientales para proyectos de explotación minero o energética. Esta lucha quedó plasmada en el Artículo 7º del decreto 1397. Licencias ambientales. No se podrá otorgar ninguna licencia ambiental sin los estudios de impacto económico, social y cultural sobre los pueblos o comunidades indígenas, los cuales harán parte de los estudios de impacto ambiental. Los estudios se realizarán con la participación de las comunidades, sus autoridades y organizaciones.

En el documento público también se estipuló que “cuando de los estudios, o a consideración de la autoridad ambiental o del seguimiento con la participación de las comunidades afectadas, sus autoridades y organizaciones, se desprenda que se puede causar o se está causando desmedro a la integridad económica, social o cultural de los pueblos o comunidades indígenas, se negarán, suspenderán o revocarán las licencias, mediante resolución motivada”.

La toma pacífica de la Conferencia Episcopal, además, estuvo acompañada por otras acciones como bloqueos de vías principales, la toma por parte de los indígenas Wayúu a la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y una audiencia adelantada por los pueblos U’wa de los departamentos de Boyacá, Santander y Arauca, para protestar por la “invasión de la compañía petrolera OXY en sus territorios indígenas”.

La movilización indígena que lleva más de 50 años organizándose para proteger sus territorios continúa vigente hasta hoy. De acuerdo con Jairo Guerrero, delegado de las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), a través de la CNTI ha habido grandes logros, como los descritos anteriormente, pero hoy 25 años después, la Comisión ha intentado cambiar su enfoque coyuntural a uno más estructural para buscar soluciones de fondo. Y es que Guerrero asegura que “un indígena sin territorio no es nada porque no podemos ejercer nuestros derechos y nuestra justicia, nuestra ley de origen ley natural, educación, salud. Para nuestro plan de vida requerimos de la formalización de territorio”.

Según Guerrero, tanto los grupos armados y sobre todo una clase política del país ha intentado estigmatizar a los pueblos indígenas por reclamar la soberanía sobre sus territorios. “Hay un mito y es que algunos nos dicen que somos los mayores terratenientes del país, pero no lo somos. Se desconoce la vocación de nuestra tierra. De los casi 33 millones de hectáreas formalizadas a los pueblos indígenas, el 67 % está destinado a la protección y conservación ambiental, son zonas de páramo y no tienen formación de suelo. El 1 % son cuerpos de agua y el 17 % tiene una vocación del suelo forestal. Es decir, el 85 % son zonas de protección. Solo de la tierra que se ha formalizado, el 1 % es de vocación agrícola y el 2 % de vocación ganadera”.

Además de luchar y organizarse por la protección de sus territorios, los pueblos indígenas han sufrido de cerca los impactos del conflicto armado en Colombia. “El conflicto armado ha afectado históricamente a los pueblos indígenas con los asesinatos en contra de líderes/as, con los desplazamientos, confinamientos, las desapariciones forzadas y ha puesto en riesgo de extinción física y cultural a los pueblos indígenas en Colombia. (...) La guerra contribuye a que la misma pervivencia humana se vaya deteriorando y desapareciendo cultural, ambiental y ecológicamente”, explica Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico de la CNTI, ecólogo y líder indígena del pueblo arhuaco.

Para Niño, “la Comisión sigue comprometida por propender en la visibilización de las violaciones de derechos humanos, en exigir el cumplimiento del deber de las instituciones de garantizar los derechos fundamentales como el de la consulta previa. Sin embargo, si bien los primeros años fue complejo su funcionamiento, actualmente se ha venido fortaleciendo el espacio como lo fue con la creación del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) como una herramienta que busca crear líneas base para tomar mejores decisiones”.

El papel de la Comisión para los pueblos indígenas es fundamental porque actúa como mediadora entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Indígena. “Es un espacio legítimo que por medio del dialogo buscan solucionar las afectaciones e impactos que se están evidenciando en el territorio en materia de derechos fundamentales y territoriales”. Por medio de este espacio, los indígenas mantienen viva la convicción de que la palabra siempre seguirá siendo el bastón de mando “porque los pueblos indígenas siempre hemos creído y estamos convencidos de que el diálogo, es el mecanismo por el cual se resuelven los conflictos”, dice Niño.

La situación actual de los indígenas en Colombia es alarmante. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta la fecha han asesinado a 366 líderes indígenas, de los cuales 167 han ocurrido en el gobierno del presidente Iván Duque. De acuerdo con el seguimiento de la Comisión, en este país asesina un indígena cada tres días. Esto ha causado que cientos de miles de indígenas hayan tenido que desplazarse de sus resguardos e incluso migrar a las ciudades donde no están siendo asediados por grupos criminales o narcotraficantes que están interesados en controlar sus territorios. Esto ha pasado en el último año en Tumaco (Nariño) “Allí en nuestros pueblos ya no mandan las autoridades indígenas, sino lo que ordenan los grupos armados. A uno le duele, porque las Fuerzas Militares están cerca, no se sabe qué pasa. ¿Por qué no actúan?” cuenta Jairo Guerrero.

Actualmente la CNTI está conformada por cinco organizaciones indígenas como la Confederación Indígena Tayrona (CIT), Organización de los Pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Autoridades Indígenas de Colombia Gobierno Mayor y las Autoridades Indígenas de Colombia AICO por la Pachamama bajo el direccionamiento de sus delegados que buscan representar y defender los derechos de los 115 pueblos indígenas de Colombia en materia territorial”.

Por parte del Gobierno Nacional se encuentran las instituciones responsables en materia territorial como la Autoridad Nacional de Tierras (ANT), el Ministerio de Agricultura, Departamento Nacional de Planeación (DNP), Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior, Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

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Hace 25 años, el 5 de julio de 1996, un multitudinario grupo de indígenas se tomó de manera pacífica la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en Bogotá. Los medios de comunicación nacional aseguraron que fue “por pura malicia indígena”, pero de lo que en verdad se trataba era de reivindicar sus derechos territoriales y étnicos usando formas de manifestación alejadas de la violencia.

“Aceptamos que ellos (los indígenas) hayan venido aquí buscando un apoyo moral y hemos tratado de atenderlos lo mejor posible. Nosotros tenemos que esperar a que ellos decidan irse, no podemos utilizar la fuerza para sacarlos de aquí. Parece que el doctor Serpa (Ministro de Interior del Gobierno de Samper Pizano) ha prometido una reunión con ellos para concertar sus pedidos. Ellos están en tono de paz” dijo en ese entonces el monseñor Alberto Giraldo.

La toma pacífica duró 46 días en total y tras reunirse con el Gobierno, los pueblos indígenas lograron, en dos decretos (1396 y 1397), la creación de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas.

Una de las principales peticiones en la agenda fue la concertación con los pueblos indígenas para otorgar licencias ambientales para proyectos de explotación minero o energética. Esta lucha quedó plasmada en el Artículo 7º del decreto 1397. Licencias ambientales. No se podrá otorgar ninguna licencia ambiental sin los estudios de impacto económico, social y cultural sobre los pueblos o comunidades indígenas, los cuales harán parte de los estudios de impacto ambiental. Los estudios se realizarán con la participación de las comunidades, sus autoridades y organizaciones.

En el documento público también se estipuló que “cuando de los estudios, o a consideración de la autoridad ambiental o del seguimiento con la participación de las comunidades afectadas, sus autoridades y organizaciones, se desprenda que se puede causar o se está causando desmedro a la integridad económica, social o cultural de los pueblos o comunidades indígenas, se negarán, suspenderán o revocarán las licencias, mediante resolución motivada”.

La toma pacífica de la Conferencia Episcopal, además, estuvo acompañada por otras acciones como bloqueos de vías principales, la toma por parte de los indígenas Wayúu a la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y una audiencia adelantada por los pueblos U’wa de los departamentos de Boyacá, Santander y Arauca, para protestar por la “invasión de la compañía petrolera OXY en sus territorios indígenas”.

La movilización indígena que lleva más de 50 años organizándose para proteger sus territorios continúa vigente hasta hoy. De acuerdo con Jairo Guerrero, delegado de las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), a través de la CNTI ha habido grandes logros, como los descritos anteriormente, pero hoy 25 años después, la Comisión ha intentado cambiar su enfoque coyuntural a uno más estructural para buscar soluciones de fondo. Y es que Guerrero asegura que “un indígena sin territorio no es nada porque no podemos ejercer nuestros derechos y nuestra justicia, nuestra ley de origen ley natural, educación, salud. Para nuestro plan de vida requerimos de la formalización de territorio”.

Según Guerrero, tanto los grupos armados y sobre todo una clase política del país ha intentado estigmatizar a los pueblos indígenas por reclamar la soberanía sobre sus territorios. “Hay un mito y es que algunos nos dicen que somos los mayores terratenientes del país, pero no lo somos. Se desconoce la vocación de nuestra tierra. De los casi 33 millones de hectáreas formalizadas a los pueblos indígenas, el 67 % está destinado a la protección y conservación ambiental, son zonas de páramo y no tienen formación de suelo. El 1 % son cuerpos de agua y el 17 % tiene una vocación del suelo forestal. Es decir, el 85 % son zonas de protección. Solo de la tierra que se ha formalizado, el 1 % es de vocación agrícola y el 2 % de vocación ganadera”.

Además de luchar y organizarse por la protección de sus territorios, los pueblos indígenas han sufrido de cerca los impactos del conflicto armado en Colombia. “El conflicto armado ha afectado históricamente a los pueblos indígenas con los asesinatos en contra de líderes/as, con los desplazamientos, confinamientos, las desapariciones forzadas y ha puesto en riesgo de extinción física y cultural a los pueblos indígenas en Colombia. (...) La guerra contribuye a que la misma pervivencia humana se vaya deteriorando y desapareciendo cultural, ambiental y ecológicamente”, explica Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico de la CNTI, ecólogo y líder indígena del pueblo arhuaco.

Para Niño, “la Comisión sigue comprometida por propender en la visibilización de las violaciones de derechos humanos, en exigir el cumplimiento del deber de las instituciones de garantizar los derechos fundamentales como el de la consulta previa. Sin embargo, si bien los primeros años fue complejo su funcionamiento, actualmente se ha venido fortaleciendo el espacio como lo fue con la creación del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) como una herramienta que busca crear líneas base para tomar mejores decisiones”.

El papel de la Comisión para los pueblos indígenas es fundamental porque actúa como mediadora entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Indígena. “Es un espacio legítimo que por medio del dialogo buscan solucionar las afectaciones e impactos que se están evidenciando en el territorio en materia de derechos fundamentales y territoriales”. Por medio de este espacio, los indígenas mantienen viva la convicción de que la palabra siempre seguirá siendo el bastón de mando “porque los pueblos indígenas siempre hemos creído y estamos convencidos de que el diálogo, es el mecanismo por el cual se resuelven los conflictos”, dice Niño.

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Actualmente la CNTI está conformada por cinco organizaciones indígenas como la Confederación Indígena Tayrona (CIT), Organización de los Pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Autoridades Indígenas de Colombia Gobierno Mayor y las Autoridades Indígenas de Colombia AICO por la Pachamama bajo el direccionamiento de sus delegados que buscan representar y defender los derechos de los 115 pueblos indígenas de Colombia en materia territorial”.

Por parte del Gobierno Nacional se encuentran las instituciones responsables en materia territorial como la Autoridad Nacional de Tierras (ANT), el Ministerio de Agricultura, Departamento Nacional de Planeación (DNP), Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior, Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

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